Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, apoyamos el Informe Sombra elaborado por la Plataforma CEDAW-Estambul-Beijing, de la que formamos parte, y compartimos su contenido a fin de recabar más firmas y apoyo al mismo, antes del próximo 2 de diciembre de 2022.
Podéis leer el informe en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1BingNpuybEvGGLJ0__sSL35GztJRxXYT/view?usp=sharing
El 30 de julio es la fecha elegida por Naciones Unidas para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, así como promocionar y proteger sus derechos.
Desde la Comisión para la Investigación de malos Tratos a Mujeres, con ocasión de esta conmemoración, consideramos esencial visibilizar que el máximo exponente de la trata a nivel global, sin menospreciar otras formas de esta terrible actividad, es la que se realiza con fines de explotación sexual, siendo la que mayoritariamente afecta a mujeres y niñas. (El 84 por ciento de la trata de personas tiene fines de explotación sexual, y el 94 por ciento son mujeres y niñas, según las cifras de ONU mujeres)
Al igual que no se puede obviar que la existencia de la prostitución es la base de cultivo de la trata con fines de explotación sexual.
Por ello, aprovechamos una vez más este día para reclamar medidas de carácter integral que den respuesta a esta lacra y entre ellas, la penalización del proxenetismo en todas sus formas, la tercería locativa, así como la penalización de la demanda de prostitución.
Las organizaciones de mujeres nos encontramos impotentes a la hora de trabajar con las mujeres en situación de trata y prostitución, si a estas alturas no contamos con recursos esenciales como son los mecanismos de apoyo terapéutico y posibilidades de inserción laboral, con perspectivas laborales reales, pues todo lo demás desincentiva cualquier actuación dirigida a su recuperación y no hace sino solapar la realidad en que viven inmersas, que no es otra que volver a ser prostituidas.
La penalización de la trata, con independencia de la voluntad de la víctima y la inclusión de medidas dirigidas a dar visibilidad a la industria de la pornografía como otra forma de trata incluyéndose medidas de prohibición de la pornografía y explotación de las mujeres a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías resulta igualmente clave en la lucha por la erradicación de la prostitución y contra la trata, pues constituye una herramienta fundamental en el consumo de prostitución y facilita la captación de mujeres víctimas de explotación sexual. Como acaba de corroborar el informe recientemente publicado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo Europeo (GRETA)
Todavía queda mucho por hacer, pero desde nuestra entidad continuaremos luchando hoy y todos los días, para que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones en favor de los derechos de todas las mujeres y niñas tratadas y prostituidas.
NI HOY NI NUNCA, NUESTROS CUERPOS PUEDEN SER CONSIDERADOS MERCANCÍA.
Durante el mes de agosto, nuestro teléfono nacional de atención a la mujer (900 100 009) no estará disponible.
Se retomará la atención en su horario habitual (de lunes a viernes, de 9am a 9pm) a partir del 1 de septiembre.
Lamentamos las molestias ocasionadas y compartimos para aquellas que lo pueda necesitar, una lista con los teléfonos y recursos de atención a la mujer disponibles:
Instituto Canario de Igualdad
SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DEL 112 (24 horas)
En el mes de mayo conocimos una noticia en la que podía leerse lo siguiente: «Una menor de 15 años denuncia a un conocido por violarla en agosto del año pasado cerca del parque de Torre Ramona de Zaragoza (…) Fue gracias a una charla sobre la violencia de género durante un campamento de verano cuando la chica fue consciente de la situación y decidió denunciar«.
El relato de este hecho, lejos de sorprendernos, nos recordó con impotencia nuestro día a día impartiendo Talleres de Coeducación y Prevención de la violencia machista con adolescentes entre 14 y 17 años de edad.
Han sido incontables las situaciones en las que, durante el transcurso de una charla, chicas que estaban manteniendo sus primeras relaciones afectivo-sexuales, se miraban emocionadas entre ellas al sentirse identificadas en la explicación del ciclo de la violencia de género. Y no es para menos, sabiendo que chicas cercanas a su edad están siendo asesinadas a causa de la violencia machista.
Sin ir más lejos, la semana pasada, la DGVG confirmaba el crimen machista de una joven de 19 años de edad, a manos de su expareja de 20 años, en Parla.
Por otro lado, los delitos relacionados con la violencia sexual aumentan de manera preocupante: en 2021 se registraron 2.143 denuncias por agresión sexual (seis violaciones al día), y esto supone un 34% más que en 2020. De estas agresiones sexuales, un alto porcentaje se cometen en grupo.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres defendemos firmemente la educación como la herramienta más eficaz para lograr prevenir y erradicar la violencia de género en las generaciones venideras. Sabemos de primera mano que los y las adolescentes demandan y valoran positivamente los talleres de Coeducación.
Sin embargo, en base a nuestra experiencia, dos horas de prevención en violencia de género no es suficiente para conseguir un cambio de paradigma. Urge que también sea el personal docente de los centros educativos, así como el resto de profesionales de todos los ámbitos en contacto directo con adolescentes, quienes aseguren la continuidad de una educación con perspectiva de género y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Por esta razón, estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma online de formación a profesionales de todos los ámbitos para la prevención y sensibilización de la violencia de género. Este proyecto educativo forma parte de nuestro Programa Fortaleza para la erradicación de la violencia de género y será totalmente gratuito y accesible.
Las inscripciones podrán realizarse a partir de septiembre y quedarán abiertas de forma indefinida dado el carácter asincrónico de los cursos ofrecidos.
De igual manera, seguimos ofreciendo de manera desinteresada a los centros educativos, Talleres de Coeducación y Prevención de la violencia machista.
Para solicitar más información sobre estos talleres, puedes escribir al siguiente correo: formación@malostratos.org
Pulsa sobre la imagen que aparece a continuación, para leer toda la información relativa a nuestras propuestas de formación
El Lobby Europeo de Mujeres en España , con el apoyo del European Women’s Lobby (EWL), organizó un ciclo de seminarios dedicado a uno de los mecanismos internacionales más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres: La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Para conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con la CEDAW, el El LEM contó con mujeres expertas en la lucha por los derechos de las mujeres y su protección frente a todas las formas de violencia machista, entre ellas, la Presidenta y abogada de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez Novo, quien abordó los retos a los que se enfrenta la CEDAW en la actualidad y su influencia y recomendaciones en las políticas nacionales.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) no solo obliga a los Estados Partes a sancionar la discriminación frente a la mujer, sino también a prevenirla, siendo de aplicación tanto en el espacio público como en el privado.
La Convención abarca no solo la protección de los derechos de las mujeres frente al Estado, sino que aborda también los hechos entre particulares afirmando que los Estados deben garantizar la no discriminación en el plano «horizontal».
El análisis de la documentación del procedimiento CEDAW, constituye una herramienta válida para estudiar el estado de los derechos humanos de las mujeres y las políticas de igualdad en España, así como para conocer las demandas y aspiraciones del movimiento feminista en torno a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Y ello porque tanto las Observaciones finales a los estados y entre ellos a España, como los informes sombra aportan información relevante sobre los impactos a nivel nacional de la implementación de la Convención y sus recomendaciones.
1. La igualdad sustantiva, que va más allá de la mera igualdad legal, aspirando a un cambio real y tangible en el status de las mujeres.
2. La no discriminación, principio definido en el artículo 1 de la Convención y que comprende tanto la discriminación directa como la indirecta, por medio de una norma o política.
3. La diligencia debida por parte de los Estados que voluntariamente aceptan las obligaciones que comporta la Convención en materia de legislación (art. 2), de políticas activas (art. 3) y de rendición de cuentas mediante los procedimientos previstos en el Tratado (Facio y Morgan, 2009).
1. El Impacto de la convención sirve de inspiración y legitimación internacional de las leyes de igualdad y contribuye a la proyección internacional del movimiento feminista.
2. El Impacto del proceso de revisión en el que tienen participación activa distintos agentes:
– El Estado, que debe rendir cuentas.
– La Sociedad Civil, mediante el movimiento feminista, que elabora los llamados Informes Sombra.
– El comité, que tras un análisis de la situación de cada país emite sus observaciones finales.
3. El Protocolo Facultativo como mecanismo para denunciar la violación de los derechos reconocidos en la convención, siempre que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna del país.
El resultado de la aplicación del Protocolo es doble, pues supone, la reparación del daño a la víctima y la capacidad para hacer recomendaciones de carácter general que eviten nuevos casos similares.
En cuanto al impacto de las denuncias efectuadas por particulares por medio del Protocolo facultativo, en España, el caso de Angela González Carreño debería servir de ejemplo, no solo a las resoluciones judiciales en materia de familia, sino también a las buenas prácticas de todos los agentes que intervienen.
Ángela González denunció a la Administración de Justicia española frente a la CEDAW, que emitió un informe de condena al Estado español por falta de diligencia debida en las actuaciones judiciales. Recordemos que Angela González había interpuesto 51 denuncias exigiendo que se prohibieran las visitas no supervisadas de su hija con su padre, condenado por malos tratos. Ninguna de ellas tuvo efecto, hasta que en una de estas visitas el padre la asesinó y posteriormente se quitó la vida con el mismo arma.
La CEDAW en España ha servido para legitimar leyes que suponían importantes avances en materia de igualdad , como lo fue la ley 1/2004 de Medidas integrales contra la Violencia de Género y la ley 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
A inicios del año 2013, un nutrido grupo de más de 60 asociaciones feministas y de desarrollo, crea la Plataforma CEDAW SOMBRA, que actualmente cuenta con más de 200 organizaciones que siguen trabajando día a día en el seguimiento del cumplimiento por parte de España de la Convención CEDAW.
Desde entonces, CEDAW SOMBRA ha presentado varios informes:
La Plataforma CEDAW SOMBRA está formada por un amplio número de organizaciones feministas, entre ellas La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
En cuanto a la estructura de la organización, existen distintas Comisiones de trabajo, formadas por mujeres expertas para abordar las diversas temáticas objeto de análisis:
Debemos destacar la importancia de los informes sombra. Éstos se basan en la propia experiencia y conocimientos de las organizaciones feministas y sirven de contrapunto a la información oficial que emite el Gobierno del estado en las revisiones periódicas.
En las observaciones finales del Comité se introducen paulatinamente distintos temas, entre ellos: la necesidad de formación y coordinación en la intervención en materia de Violencia de género, brecha salarial, estereotipos de género en la publicidad, educación sexual o la necesidad de implementar medidas de acción positiva.
Según la experiencia como abogada de Susana Martínez Novo
Los instrumentos internacionales, a excepción de que sean necesarios para fundamentar aspectos procesales como la competencia judicial, son absolutamente ajenos a la praxis de los jueces, que los ven como una declaración genérica de intenciones y no como algo aplicable al caso concreto.
Si bien es cierto que España estaba avanzando notablemente tanto a nivel legislativo como social, también lo es que las crisis económicas y sanitarias ponen de manifiesto que sigue existiendo una discriminación estructural hacia las mujeres, que se hace más patente en estas situaciones.
El Ejemplo más inmediato lo encontramos en el indiscutible impacto que ha tenido el COVID en la Violencia de género, tanto en materia de empleo, afectando de manera desproporcionada en el desempleo a las mujeres, como en el área de los cuidados, que han recaído fundamentalmente en las mujeres.
En palabras de Susana Martínez Novo;
El gran reto ahora es acabar con estas discriminaciones estructurales, y para ello es necesario insistir en que falta perspectiva de género en las políticas públicas. Tanto a la hora de legislar y de aplicar la legislación, como de cara a la adopción y fomento de medidas de acción positiva que incluyan esta perspectiva de género.
Como concusión de este ciclo dedicado a la CEDAW podemos destacar la necesidad inmediata de evaluar el impacto de género que ha tenido la crisis del COVID 19 y la adopción de medidas de acción positiva para la recuperación y salida de la crisis que incluyan esta perspectiva de género, pues solo así se garantizará el cumplimiento de la Convención CEDAW.
Si te perdiste el último Ciclo de seminarios sobre La CEDAW organizado por El Lobby Europeo de Mujeres en España, con el apoyo del European Women’s Lobby (EWL), puedes ver el evento completo cliqueando sobre la siguiente imagen.
La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha puesto en alerta a todas las organizaciones feministas que luchamos cada día por erradicar la terrible violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo.
El régimen talibán que se impuso desde 1996 hasta el año 2001 implicó una terrible persecución hacia las mujeres: los talibanes prohibieron a las mujeres y niñas los derechos más elementales, como trabajar fuera de casa , el acceso a la educación y la sanidad, hablar en público y mostrar su cuerpo.
Sin embargo, los 20 años de ocupación del territorio por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN, no han supuesto la panacea para las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, donde su situación no ha mejorado mucho, aunque sí se han producido ciertos avances en las áreas urbanas donde muchas mujeres han podido acceder a la universidad y al trabajo, ostentar cargos públicos o participar en política.
Conviene recordar datos que explican por qué Afganistán es uno de los países más peligrosos para la vida de las mujeres: dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80 por ciento de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y afrontan matrimonios forzosos antes de los 16 años.
La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA), lleva denunciando la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas desde 1977, y leyendo la lista de restricciones y maltratos que imponen los talibanes a las mujeres, podemos hacernos una idea de la infernal vida que les espera si no hacemos nada para impedirlo.
En Afganistán no hay leyes que defiendan a estas mujeres. Los maltratos, las agresiones y los abusos no terminan en un juicio, sino en tribunales talibanes o “mecanismos tradicionales de solución de controversias” integrados por hombres que discriminan sistemáticamente a las mujeres.
Con este panorama previo esbozado, no nos engañemos, los talibanes solo son la cara más salvaje del machismo estructural incrustado en la sociedad afgana. El resultado es una cultura de permanente impunidad de los delitos contra la mujer y de los abusos a los derechos de la mujeres y niñas.
Durante todos estos años muchísimas mujeres activistas, periodistas, políticas, juezas y diputadas han sido inhabilitadas en el parlamento y ahora se enfrentan a la persecución, a la violencia y a las amenazas de muerte inminentes de los talibanes.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres nos unimos al llamamiento a la comunidad internacional para que no se sacrifiquen los logros que tanto les ha costado alcanzar a las mujeres afganas, y que se ofrezcan garantías de refugio, apoyo y protección de sus derechos humanos.
En esta línea, la Comisión se ha adherido a los manifiestos emitidos por: FÓRUM de Política Feminista y periodistas activistas en colaboración con Clásicas y Modernas con los que se exige a los gobiernos que abran sus puertas y protejan a las mujeres y niñas afganas.
No basta con que los gobiernos u organismos internacionales muestren su indignación públicamente, sino que, ante cualquier atentado a los derechos humanos, se imponga la toma de decisiones políticas y medidas urgentes.
Ante esta crisis humanitaria en la que no podemos mirar hacia otro lado y abandonar a las mujeres a su suerte, exigimos a los gobiernos e instituciones competentes, la adopción de medidas urgentes y en especial:
– Mantener abiertas las fronteras para que todas las personas que deseen abandonar Afganistán, huyendo de un poder fanático impuesto por la fuerza de las armas. puedan hacerlo en condiciones de seguridad.
– Diseñar e implantar de manera urgente, un plan de asilo y acogida a la ciudadanía afgana, siendo especialmente ágil y directa en el caso de las mujeres y niñas en especial situación de riesgo, sea por haber desempeñado tareas profesionales prohibidas por los talibanes, asistido a escuelas y universidades u otros motivos.
– Velar porque se respete el derecho de las mujeres en Afganistán a circular libremente y con seguridad, y a seguir estudiando y trabajando sin restricciones ni temor a represalias.
– Prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas.
– Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
– Garantizar a través de un compromiso público que no se sacrificarán los derechos de las mujeres, especificando que cualquier acuerdo político deberá garantizar de forma explícita los derechos de las mujeres.
– La aplicación de los principios de igualdad que rigen el Convenio de Estambul y el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) a la que Afganistán se adhirió sin reservas en 2003.
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Ciertos contextos exacerban las masculinidades tóxicas, y son particularmente favorables a que los hombres paguen su frustración con sus parejas, agrediéndolas físicamente . Los encuentros deportivos son uno de esos contextos.
La relación entre una derrota deportiva y un aumento drástico de la violencia contra las mujeres se viene observando desde hace varios años, sobre todo en acontecimientos destacados como la Copa Mundial de Fútbol.
Desde 2014, Inglaterra ha decidido llamar la atención sobre este fenómeno con una campaña de sensibilización a gran escala. Así, en 2014, la asociación británica «Tender- Acting to End Abuse » compartió en Youtube este impactante vídeo en el que se ve a una mujer esperando con miedo el resultado del partido de Inglaterra en la Copa Mundial, seguido del mensaje: «Nadie deseaba más la victoria de Inglaterra que las mujeres ».
La campaña de sensibilización se basa en los resultados de un estudio llevado a cabo y publicado por la Universidad de Lancaster en 2014 , según el cual la media de incidentes de violencia doméstica en los días en los que Inglaterra jugaba era de 79,3 frente a los 58,2, en aquellos días en los que el equipo no jugaba.
El estudio demuestra que durante los grandes torneos se combinan varios factores de violencia: se celebran en verano asociándose a temperaturas más cálidas, a un mayor consumo de alcohol y a una mayor proximidad entre los individuos.
De este modo, «el prestigioso torneo de la Copa Mundial concentra los factores de riesgo en un periodo corto y volátil, intensificando así los conceptos de masculinidad, rivalidad y agresión ».
En la misma línea, las alarmantes cifras de la Eurocopa 2021, confirman esta hipótesis: La violencia doméstica se incrementa en un 26% cuando el equipo nacional gana y en un significativo 38% cuando pierde, según el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido.
Este notable incremento de la violencia machista no es un hecho aislado de Reino Unido, también se observa en otros países: un estudio titulado «¿Son compatibles el fútbol y el respeto de las mujeres? », demuestra que la misma tendencia se constata en Bélgica, con múltiples agresiones machistas producidas durante la Copa del 2018, y en Sudáfrica, con un aumento del 30% de la violencia de género en la Copa Mundial de 2010.
Tal y como explica la periodista francesa Emilie Tön , «los grandes acontecimientos deportivos no provocan la violencia doméstica, ya que los agresores son los únicos responsables de sus actos, (…) pero los niveles de consumo de alcohol asociados a la naturaleza altamente emocional de estos acontecimientos parecen aumentar la frecuencia de los incidentes ».
Por otro lado, el estudio «Son compatibles el fútbol y el respeto de las mujeres» insiste en que el fútbol no es el único deporte implicado: según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la violencia machista también aumenta durante los partidos de fútbol americano, especialmente durante la famosa SuperBowl. En este sentido, todo apunta a que se repite el mismo fenómeno en todas las manifestaciones deportivas en las que se desarrolla el culto a la virilidad.
Con todo ello, y a la luz e los datos arrojados por los estudios previamente mencionados, se puede confirmar la relación existente entre los grandes eventos deportivos y la violencia machista.
Si bien los Juegos Olímpicos de este año parecen haber puesto a las mujeres en el punto de mira y han contribuido a combatir los estereotipos, también deberían servir para recordar que el deporte nunca es una excusa para la violencia machista.
Marie Vilar, Voluntaria de la CIMTM
El ciclo se seminarios organizado por el proyecto ECOVIO, pretende contextualizar y dimensionar la violencia económica que se produce como resultado de la violencia machista, así como buscar soluciones y respuestas a la misma.
La presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, participó en el seminario programado para el día 7 de julio, focalizado en la atención y asesoramiento a la mujer que sufre violencia económica.
En nuestra organización somos conocedoras del impacto que tiene este tipo de violencia por los testimonios que nos trasladan las usuarias de nuestro programa de intervención con mujeres víctimas de malos tratos, sin embargo, consideramos que el control económico hacía las mujeres todavía es un aspecto inexplorado de la violencia de género.
En este sentido, es verdaderamente importante poner el punto de mira en la violencia económica, ya que se trata de una violencia con profundas raíces estructurales, que desfavorece y perjudica doblemente a las mujeres en cualquier situación que pueda afectar de alguna manera a la economía.
La violencia económica es una realidad invisible, tanto a ojos de la sociedad como para las instituciones. La CIMTM en el año 2010 hizo sus primeras jornadas sobre violencia económica intentando visibilizar este tipo de violencia, ya que se reiteraba en la mayoría de relatos que nos trasladaban las usuarias de nuestros servicios.
En base a nuestra experiencia, las mujeres que sufren violencia económica han normalizado esa situación y no la visibilizan como un posible control o una posible forma de violencia.
Muchas de las mujeres que la sufren, desconocen que en una sociedad legal de gananciales, muy habitual en los matrimonios sujetos al régimen común, el salario o la nómina del esposo no es privativo, sino que son ingresos de ambos, porque si la mujer no trabaja o tiene un salario inferior, lo que sí está aportando es su trabajo y esfuerzo personal al hogar, a los hijos, o el cuidado. También existe el desconocimiento generalizado de que en una economía común, ambos tienen derecho a participar y a estar informados en igualdad de condiciones.
Por todo ello, es muy importante ayudar a las mujeres a identificar que se ejerce violencia económica contra ellas en cualquier situación que suponga un constreñimiento a su libertad de actuación o un control de sus recursos.
Este tipo de violencia recae principalmente sobre las mujeres, sus hijos e hijas y la familia de la progenitora materna.
Según la Macroencuesta realizada en 2019 de Violencia contra la Mujer, se estima que 2.350.684 mujeres residentes en España, de 16 o más años (el 11,5%), han sufrido violencia económica de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas.
Una de las consecuencias que la violencia económica tiene sobre los menores, es que merma su capacidad para poder opinar o manifestar sus deseos, ya que éstos van a estar siempre dominados y controlados por quien tiene la capacidad económica, que suele ser la pareja masculina.
La legislación penal no contempla expresamente la violencia económica. En base a nuestra experiencia, en los juzgados se suele incluir como un maltrato habitual de carácter psicológico.
Pese a que el Convenio de Estambul en su artículo 3, sí que hace alusión expresa a la violencia económica como una manifestación más de entre todas las formas de violencia. Lo cierto es que la aplicación efectiva del convenio de Estambul en nuestra legislación todavía no se ha producido.
Si queremos tener una herramienta más directa para poder paliar la violencia económica hacía las mujeres, debería producirse una adaptación de las normas impuestas por el Convenio de Estambul, de tal manera que podamos tipificarlo.
Es importante que los juzgados entiendan que aunque todavía no haya una manifestación directa en el Código Penal, la interpretación de la ley ayuda mucho. Un ejemplo de ello es la reciente sentencia del 21 de marzo del 2021, en la cual se contempla que el impago de pensiones y la insolvencia provocada por parte de quien estaba obligado al pago de cargas matrimoniales o pensiones, constituían una forma de violencia de género.
Esta sentencia supone un gran avance, porque se reconoce que la violencia económica es una forma más de perpetuar el control o la violencia una vez se produce la ruptura de la pareja. El agresor pretende generar nuevamente esa dependencia económica por el impago de las prestaciones alimenticias o cargas hipotecarias.
Ante este panorama, la CIMTM en el año 2002, creó un departamento de orientación socio-laboral para nuestras usuarias, ya que la independencia económica, la salida laboral y el acceso al empleo es la única forma de paliar la dependencia económica, y por tanto, uno de los obstáculos que impide la denuncia.
A su vez, hemos desarrollado convenios con determinadas organizaciones y entidades que también promueven la inserción laboral de mujeres más desfavorecidas o de personas en situación de mayor vulnerabilidad. Cuando estas entidades tienen un paquete de ofertas de empleo, derivamos a nuestras usuarias para que consigan una inserción laboral.
En este sentido, la terapia psicológica debe ir unida a la orientación socio-laboral. Las mujeres que sufren o han sufrido malos tratos presentan unos niveles de autoestima muy bajos. Están tan acostumbradas a escuchar que no valen, por parte de sus parejas o exparejas, que ellas misma acaban por creérselo.
La sobrecarga del teletrabajo y el cuidado de las personas dependientes recaen en mayor proporción sobre las mujeres. Esto implica un mayor riesgo de dependencia económica para aquellas mujeres que se hayan quedado en ERTE o hayan perdido sus trabajos.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres interactuamos de una forma activa con las administraciones públicas, para conseguir que tanto en los planes de contingencia frente a la crisis provocada por la COVID-19, como los consiguientes planes de recuperación social y económica, incluyan necesariamente la perspectiva de género.
Por todo ello, consideramos que el acceso al empleo y la educación son aspectos fundamentales para acabar con la violencia de género que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.
La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.
Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales (1.092 desde 2004, en que empezaron a contabilizarse)
Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.
La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.
Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.
Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.
Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.
En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.
Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.
Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse.
La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.
En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato.
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