Concentración contra la violencia machista en diferentes puntos de España: 40 feminicidios en 2023

Feminicidio ha registrado 40 asesinatos de mujeres en al ámbito de la pareja o expareja y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en lo que va de año. Desde 2010 ha contabilizado 1.414 mujeres asesinadas por hombres. Todos los datos, pueden verse clasificados por tipo de asesinato en su web.

La violencia contra las mujeres no cesa, no parece ser una prioridad en la agenda política y las medidas siguen siendo insuficientes, faltan recursos y peor aún, falta voluntad política y social en el compromiso para la erradicación de la violencia machista.

Como repulsa a la violencia que se ejerce contra las mujeres, este viernes 2 de junio se han convocado varias concentraciones en diferentes puntos de España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Tenerife o Valencia, entre otros territorios.

Madrid, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Puerta del Sol 

Barcelona, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza San Jaume

Sevilla, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento) 

Granada, 2 de junio, a las 19:00, en la Plaza del Carmen  (frente al Ayuntamiento)

Jerez de la Frontera, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Plateros 

Valencia , 2 de junio, a las 19:00, en la Plaza del Ayuntamiento

Tenerife, 2 de junio, a las 20:00, en la Plaza de la Constitución la Orotava

Por las que ya no están ¡Paremos esto juntas!

 

 

 

 

 

 

 

 

La CIMTM participa en el informativo especial de COPE Sevilla dedicado a la Prostitución

Esta semana, la Coordinadora de la CIMTM en la sede de Sevilla, Rocío Vidarte, ha intervenido en radio Cope Sevilla junto a tres integrantes más de la Mesa de Coordinación de entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual (Rocío Maqueda, Remedios Rodríguez, María Pérez Lagares) y junto a la Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Macías, y la Directora del área de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García.

El informativo tuvo lugar el pasado miércoles 10 de mayo, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el que se establece la necesidad de informar y sensibilizar a la sociedad para ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud de este problema.

El programa giró en torno a la realidad de la prostitución, cuya existencia constituye un claro atentado a la dignidad humana y a la integridad física, psicológica y sexual, siendo considerada la esclavitud del siglo XXI.

Si acudimos el Código Penal o cualquier otro texto oficial en España nos encontraremos con que la prostitución no está contemplada, no hay ningún artículo que la defina como una actividad económica legítimamente legal, ni tampoco lo contrario. Sin embargo, existen algunas menciones, dado que tres actividades íntimamente relacionadas con la prostitución sí que están expresamente prohibidas: el proxenetismo, la trata y la prostitución con menores.

A pesar de la ausencia de una legislación clara con respecto a la prostitución, se han implantado en España medidas, tanto a nivel estatal como local, para ayudar a las personas que se encuentran en situación de prostitución.

La regulación de la prostitución corresponde únicamente al estado, pero los ayuntamientos tienen competencias respecto a la ordenación del territorio y a la regulación de las actividades económicas, y por ello pueden poner ciertos límites y barreras al ejercicio de la prostitución, por ejemplo, pueden denegar las licencias a los locales de alterne donde se ejerza la prostitución o actividades relacionadas con ella.

Sevilla, referente en la política pública abolicionista de la prostitución

Mientras que otros municipios y provincias de España ignoran o no apuestan por políticas públicas que aborden el problema de la prostitución desde la postura abolicionista que requiere, existen casos como el del Ayuntamiento de Sevilla capital, pionero en España en llevar a cabo una política pública abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, considerando que son instituciones patriarcales que materializan la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, sobre todo contra aquellas que se enfrentan a contextos socio-económicos y culturales donde el género, junto a otras situaciones de desigualdad social aumenta el riesgo de sufrir esta explotación.

La Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento, explicó que desde la administración tienen muy claro que sin prostitución no hay trata. Por ello, entre otras cuestiones, Sevilla impone multas de entre 750 y 3000 euros a los “clientes de la prostitución callejera” desde el año 2011.

“En nuestra ciudad no hay un anuncio de prostitución, no hay vallas que anuncien ningún local de alterne, eso está prohibido gracias a la normativa municipal de Sevilla”  expresó la Directora del área de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García.

Al ser preguntada por las actuaciones que se llevan a cabo desde el Municipio, la directora aclaró que el trabajo del Ayuntamiento se complementa con el de las entidades que trabajan e intervienen con las mujeres en situación de prostitución.

El trabajo de la Mesa de Coordinación de Prostitución

En este sentido, juega un papel fundamental la Mesa de Coordinación de entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual, compuesta por más de 20 asociaciones que se mencionan a lo largo del programa, y entre las que se encuentran Cruz Roja, AMUVI, Médicos del Mundo o esta Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, entre otras entidades, con las que se trabaja en red para ofrecer una intervención y atención integral a las mujeres que lo necesitan.

A lo largo del informativo serán Rocío Maqueda, Rocío Vidarte, Remedios Rodríguez, María Pérez Lagares, en representación de la Mesa de Coordinación de Prostitución de Sevilla, quienes expliquen los procedimientos de intervención en los distintos escenarios de prostitución, así como los principales obstáculos que encuentran en el día a día, y las principales reivindicaciones que claman desde las entidades que conforman la mesa.

Cabe destacar, que nuestra entidad cuenta con un centro de atención a la mujer en Sevilla, donde estamos a su disposición y ponemos todos nuestros recursos al alcance de las mujeres en situación de prostitución y en situación de violencia de en pareja, puedes encontrar aquí toda la información al respecto.

Puedes escuchar la entrevista completa en https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/especial-informativos-cope-sevilla-prostitucion-20230510_2253665 

La Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Macías, la Directora del área de Igualdad de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García, junto a cuatro integrantes de la Mesa de Coordinación de Prostitución

Comparte este artículo y colabora con nosotras en la concienciación social de la violencia de género.

Las mujeres y las niñas no están en venta: ¡No a la despenalización del comercio sexual en Noruega!

Nuestra entidad entiende la Prostitución y la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual como dos fenómenos intrínsecamente unidos que afectan mayoritariamente a las mujeres que se encuentran en extremas situaciones de vulnerabilidad, en su mayoría, procedentes de países con mayores dificultades. La Prostitución, es un claro atentado a la dignidad humana, a la integridad física, psicológica y sexual, estando considerada la esclavitud del siglo XXI. Es por tanto la forma de violencia sexual más invisible que se ejerce contra las mujeres y por este motivo a través de nuestros Programas Alternativa y Brújula intervenimos con mujeres en situación de prostitución y les ofrecemos información sobre recursos y trámites, asesoramientos especializados, derivaciones y acompañamientos a recursos, servicios e instituciones.

Como organización firmemente abolicionista, hemos apoyado esta  petición para evitar la despenalización del comercio sexual en Noruega

Si tu también eres una organización que defiende los derechos humanos de las mujeres, puedes apoyar la petición en nombre de tu organización o a título personal en este enlace 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de buscar soluciones orientadas a un desarrollo inclusivo, es decir, que impulsen un mundo más accesible y equitativo para todas las personas.

Sin duda, la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Este día se celebra en línea con la promesa de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta la existencia de una innegable discriminación hacia las personas en situación de discapacidad.

Pese a los avances de los últimos años, el capacitismo sigue siendo una realidad clara en nuestra sociedad, que se manifiesta incluso en forma de barreras físicas.

Doble discriminación: por el hecho de ser mujeres y por el hecho de estar en situación de discapacidad.

Los datos reflejan una realidad ineludible:

Una de cada tres mujeres con discapacidad sufre violencia machista, según Fundación ONCE, y el riesgo de ser víctimas de violencia machista es cuatro veces mayor, según un estudio del Parlamento Europeo.

Tal y como expresa la ONU, las personas con discapacidad son las más excluidas y olvidadas, y esto solo hace que la violencia sufrida por mujeres y niñas con discapacidad sea tremendamente invisibilizada. Es una violencia que se sufre desde la infancia, de manera continuada y estructural, lo cual contribuye a su normalización

El estudio “Mujer, discapacidad y violencia de género”, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas en 2020, evidencia la gran variedad de violencias que pueden sufrir las mujeres y niñas con discapacidad. El informe destaca que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo mucho mayor de sufrir violencias basadas en estereotipos sociales, sobre todo en base a la deshumanización (ser tratadas como “mentalmente peligrosas”) y tremenda infantilización que sufren por parte de la sociedad. Estos prejuicios solo contribuyen a su exclusión y aislamiento, facilitando que sean objeto de violencia machista y dificultando su detección.

La violencia machista en mujeres con discapacidad puede ser sobre todo de naturaleza física, psicológica, sexual y económica, con unas terribles consecuencias, que incluyen el abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación, arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilización forzosa y tratamiento psiquiátrico forzoso. Cabe destacar también el grave abandono de cuidados que pueden llegar a sufrir, debido a negligencias e invisibilización.

Aumentan las consecuencias psicológicas para la víctima

El estudio (corroborado por los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la mujer 2019) muestra que el 77% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica frente al 69,4% de las mujeres sin discapacidad acreditada que han sufrido esta violencia.

Las mujeres y niñas con discapacidad que se encuentran en una situación de violencia machista se enfrentan a una serie de barreras aún mayor que el resto de mujeres(Mujer, discapacidad y violencia de género, 2020):

  • Autoestima mermada y deteriorada
  • Falta de información y dificultad para acceder a los recursos formales frente a la violencia de género.
  • Falta o poca credibilidad  cuando deciden desvelar su situación.
  • La perpetuación del amor romántico con el miedo a perder a su agresor que además es el que le cuida y del que, muchas veces, depende para las actividades básicas de la vida diaria y la imposibilidad de defenderse físicamente del agresor.
  • Falta de concienciación y estereotipos nocivos por parte del funcionariado público, la judicatura, la fiscalía o la policía.

Todo lo anterior evidencia que la sensibilización es vital para la prevención y detección, por parte tanto de la sociedad y por parte de los diferentes servicios de los que las mujeres con discapacidad hacen uso: Servicios Sociales, Servicios de Salud, Centros ocupacionales, etc.

La cercanía de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas determina quién da la voz de alarma sobre los abusos, por lo que es absolutamente necesaria una formación específica a profesionales para que puedan actuar, sobre todo teniendo en cuenta que el cuidador es en gran parte de los casos el agresor, utilizando su posición y cercanía a la víctima para ejercer violencia.

Tampoco podemos olvidar que este tipo de violencia se previene cambiando nuestro imaginario, es decir, acabando con la conciencia social que perpetúa las desigualdades y discriminación estructurales hacia las personas en situación de discapacidad. Solo una sociedad sin barreras basadas en el género, discapacidad y otras realidades podrá ser una sociedad libre de violencias.

Aitana García Vilar-Colaboradora de la CIMTM

Más de 200 organizaciones apoyan las propuestas de las supervivientes de la prostitución para la aprobación de la ley abolicionista en España

Las medidas abolicionistas registradas por asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso de los Diputados han recibido un importante respaldo de la sociedad civil para la aprobación de la ley abolicionista en España. Hasta la fecha, han sumado la adhesión de 172 asociaciones y colectivos en España y otras 52 firmas internacionales.

Una llamada a los representantes políticos y a la sociedad civil

Esta iniciativa partió de la experiencia y las demandas de las propias mujeres supervivientes de la violencia del sistema prostitucional en nuestro país, del que han sido víctimas y a la vez testigos.

El documento fue elaborado y dirigido a todos los grupos parlamentarios por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT), y se abrió a nuevas adhesiones de entidades de la sociedad civil. Entre las proponentes está la superviviente y escritora feminista Amelia Tiganus, quien ha denunciado estar sufriendo el acoso del lobby proxeneta.

Más de 225 organizaciones y plataformas suscriben las propuestas de enmiendas, redactadas sobre la ley abolicionista que se tramita actualmente en el Congreso, denominada Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

En la lista, dirigida a los grupos parlamentarios el 30 de noviembre pasado en el Congreso, figuran entidades en contacto con las víctimas de la explotación sexual, colectivos feministas, académicos, profesionales y sociales: Docentes Profesionales Sanitarias Feministas, Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (APIG), Feministas por la Coeducación (Dofemco), Mujeres Juristas Themis, Front Abolicionista del País Valenciá, Fórum de Política Feminista, Federación de Mujeres Jóvenes, Mujeres por la Paz, Federación de Mujeres Progresistas, Coalición Internacional Para la Abolición de la Explotación Reproductiva (CIAMS), Women’s Declaration International España, Red Académica Internacional de Estudios Sobre Prostitución y Pornografía, Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), Tertulia Feminista Les Comadres, Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA), Col·lectiu Feminista Victoria Sau o Feministes de Catalunya, entre otros.

Las propuestas han sumado firmas de diversos territorios del Estado: Euskadi, Catalunya, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Navarra, Cantabria o Galicia, destacando la adhesión de muchos colectivos Radfem. Se adhieren, asimismo, partidos políticos como la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Feminista de España y el Partido Feministas al Congreso.

Apoyos internacionales a las supervivientes

En el ámbito internacional, la llamada de las supervivientes cuenta con apoyos desde Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bégica, Estados Unidos, Ucrania, Suiza y Nueva Zelanda; más numerosas firmas procedentes de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, una región del planeta donde el movimiento de las supervivientes está implicado en impulsar las políticas abolicionistas en España.

Así, entre las firmantes figuran la alemana Trauma and Prostitution o la estadounidense Prostitution Research & Education, dirigidas por influyentes abolicionistas globales. Las supervivientes han recibido también el apoyo de plataformas como Atlas Free, Coalition Against Trafficking in Women (CATW), Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Nordic Model Now! o The European Women’s Lobby.

Hacia la abolición del sistema prostitucional en España: una deuda histórica con las mujeres

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual propuesta de ley abolicionista con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de quienes han sido víctimas directas. Tanto ellas como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros como agresores sexuales, al ser los beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad. Consideran que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada.

El documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. Esta consideración, señalan, “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las proponentes consideran que es urgente la aprobación de esta ley abolicionista y que resulta imprescindible proporcionar permisos de residencia y de trabajo a las mujeres en prostitución que son inmigrantes y están en situación irregular, desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento indispensable de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo.

 

#GivingTuesday: un día para donar contra la violencia de género

Como una forma de dar respuesta al consumo desmedido, surge el Giving Tuesday, un movimiento mundial que trata de promover las buenas acciones y la participación y enaltecimiento de proyectos que ayuden a mejorar la vida de las personas y, de este modo, la sociedad.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres queremos abogar por esta iniciativa, el #GivingTuesday, que este año 2022 cae en martes 29 de noviembre, para celebrar la acción de dar, para promover la solidaridad entre personas, organizaciones y empresas, para hacer el bien; en definitiva, para hacer del mundo un lugar mejor.

Si quieres participar en este movimiento que busca el bienestar social, puedes optar por colaborar con la Comisión en la lucha contra la violencia de género y la explotación sexual.

Formas de colaborar con la CIMTM

  • Puedes hacer un donativo a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Por una parte, la web permite el pago mediante tarjeta de crédito, débito o PayPal. Por otro lado, es posible realizar una transferencia bancaria, poniendo el IBAN: ES47 2100 2135 8702 0039 4023 y el BIC/CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX.
  • Es posible darte de alta como socio o socia, realizando un pago anual de 72€, dos pagos anuales de 36€ al semestre o tres pagos anuales de 24€ al cuatrimestre. Dicho pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito/débito, PayPal, domiciliación bancaria, transferencia o ingreso.
  • Si formas parte de una empresa que esté interesada en hacer un donativo, contacta con nosotras a través de comision@malostratos.org. Te informaremos sobre nuestros proyectos y cómo colaborar.

Si compartes nuestros principios y objetivos, te necesitamos para continuar con nuestra labor de defensa de la mujer en nuestros ámbitos prioritarios: violencia de género y explotación sexual. Queda mucho por hacer en la defensa de un colectivo aún vulnerable, las mujeres y sus familias, y tu ayuda es inestimable.

El #GivingTuesday es un día mundial dedicado a dar y colaborar con causas sociales. Unirse es muy sencillo: solo necesitas ganas de hacer un mundo mejor.

Aporta tu granito de arena a una causa que afecta no solo a las mujeres maltratadas sino a toda la sociedad.

Proyección y coloquio de la película “Solas”, de Benito Zambrano.

El pasado 22 de noviembre, llevamos a cabo con motivo del 25N, la proyección y coloquio de la película “Solas”, de Benito Zambrano. El film constituye la ópera prima del director, y supuso un antes y un después en la historia del cine español a la hora de reflejar la violencia de género, sobre todo en su manifestación más sutil e implícita.

En la presentación del acto, la presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, puso en valor el papel de la cultura para sensibilizar a la sociedad en el rechazo de las diferentes formas de violencia machista.

Tras la proyección de «Solas», el público asistente pudo disfrutar de un coloquio con el director, Benito Zambrano, y Natividad Hernández-Claverie Gala, Psicóloga y colaboradora de la CIMTM.

Durante el coloquio, el director compartió con el público el fundamento de la película, relacionándolo directamente con sus orígenes y los de su familia, trabajadores y trabajadoras del campo andaluz. También hizo referencia al machismo imperante en la sociedad, cuya presencia sigue siendo destacable, lo cual hace de la película “Solas”, estrenada en 1999, una película de actualidad.

En este sentido, también quiso destacar los avances feministas que se han producido en las últimas décadas, recalcando que, pese a ser lentos e insuficientes, son esperanzadores y arrojan algo de luz en el camino hacia la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres,

En línea también con el argumento y la trama, Natividad Hernández-Claverie Gala profundizó en las dinámicas de maltrato que se pueden observar en «Solas», analizando las diferentes relaciones interpersonales de los personajes y haciendo referencia a situaciones que se pueden ver cada día en las mujeres que acuden a la Comisión y son atendidas a través de nuestro Programa Fortaleza. 

En este sentido, Natividad, destacó la repetición de patrones que se puede dar en hijas de mujeres en situación de maltrato cuando no hay una intervención adecuada a tiempo.

El coloquio no hubiese sido tan enriquecedor sin las aportaciones del público, cuya reflexión principal giró en torno al valor de la educación en la prevención de la violencia machista.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres queremos dar las gracias:

Al equipo de Cines Embajadores por hacer posible la recaudación económica a través de la venta de entradas, destinada íntegramente a las mujeres que son atendidas por nuestra organización, y por su implicación en la sensibilización y prevención de la violencia de género.

A Benito Zambrano, por su compromiso en la lucha por la igualdad y su delicada forma de abordar la violencia machista a través de sus películas, contribuyendo de esta forma a la sensibilización social.

A Natividad Hernández-Claverie Gala, por poner a disposición de las personas asistentes su amplia experiencia en el ámbito de la intervención con mujeres en situación de maltrato, además de arrojar luz en los patrones y dinámicas que se generan en este tipo de casos y sobre cómo actuar ante la violencia machista.

Y por último, a todas las personas que asistieron y se preocuparon por saber más sobre la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja.  Y a quienes plantearon sus dudas y compartieron sus ideas durante el coloquio, contribuyendo con su presencia a la recaudación de fondos para que nuestra entidad pueda continuar atendiendo a mujeres en situación de maltrato.

Sabemos lo difícil que es dar el primer paso, pero si conoces a alguien que sufre malos tratos o los vives en primera persona, llámanos al 900 100 009.

No estás sola. La violencia jamás está justificada.

Consulta la programación de talleres en el marco de nuestro Programa Brújula

El Programa Brújula de atención e intervención no residencial con mujeres en situación de prostitución, especialmente víctimas de trata con fines de explotación sexual, se desarrolla en nuestros Centros de Atención a la Mujer de Madrid, Sevilla, Pamplona y Bilbao.

El programa Brújula complementa al programa Alternativa, trabajando e interviniendo con las mujeres a medio y largo plazo, fuera de los escenarios de prostitución, donde ofrecemos apoyo profesional, intervenciones personalizadas en las áreas social, jurídica y psicológica. También se ofrecen e imparten talleres para la inserción social y laboral, de salud, jurídicos, de habilidades para la integración, cursos de castellano, etc.

Estos espacios cuentan con los recursos necesarios para ofrecer asesoramiento especializado respetando la intimidad de nuestras usuarias y los tiempos requeridos por cada una de ellas.

A continuación os dejamos la programación de los talleres que impartirán nuestras técnicas de intervención social en el centro de Atención a la Mujer de Madrid:

 

 

 

 

 

 

 

“Violencia contra las Mujeres: de la Ley a la Realidad”. Perspectiva de las asociaciones a través de la intervención

El pasado 14 de octubre, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez Novo, participó en las Jornadas virtuales: «Violencia contra las mujeres: de la Ley a la Realidad» organizadas por la COMPI. 

A través de estas jornadas formativas se pretendía obtener una radiografía sobre las realidades y cambios necesarios para mejorar la incidencia sociopolítica en la materia.

Compartimos lo más destacado de la intervención de Susana Martínez Novo y el enlace en el que puede verse completa su intervención:

 


Si bien es cierto que en España contamos con un elenco normativo indiscutiblemente avanzado en materia de igualdad y lucha contra la violencia de Género. Buen ejemplo de ello es:

  • Ley de igualdad. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
  • Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • La promulgación de legislación autonómica sobre Violencia de Genero. Ej: Ley 5/2005 de 20 de diciembre Integral contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid.
  • Convenio nº 210 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul y ratificado por España el 18 de marzo de 2014.
  • Medidas adoptadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de género, cuya aprobación culminó en Dic. 2017.
  • Ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y adolescencia frente a la Violencia.
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Sin embargo, desde la experiencia de las asociaciones que trabajamos en intervención con mujeres victimas de Violencia Machista, consideramos que es imprescindible hacer hincapié, en la brecha existente entre la legislación y su aplicación efectiva y especialmente en el ámbito judicial.

Según nos trasladan las mujeres usuarias de nuestros servicios, las jerarquías de valores e ideologías personales siguen impregnando la actuación de los profesionales de la Admin. De Justicia.

Respecto al ejercicio de la abogacía, se siguen recibiendo numerosas quejas dirigidas a la actuación de los y las letrados/as de oficio, tendentes en muchas ocasiones a llegar a acuerdos o mediaciones que no cumplen la reparación exigida en estos procesos.

En cuanto a los/as profesionales sanitarios, en ocasiones no sólo se cuestionan la obligación de denunciar de oficio si la víctima no manifiesta su deseo o conformidad al respecto, sino que incluso pueden llegar a minimizar los daños ya sea por actitudes sexistas o simplemente por una tendencia a evitar entrar en cuestiones que se producen en el ámbito de la pareja.

Observaciones en base a nuestra experiencia directa en intervención con mujeres víctimas de violencia de género

1. Persistencia de los estereotipos de género en la aplicación de la Ley.

  • Observamos que la Justicia no tiene en cuenta la violencia de género cotidiana, en forma de violencias verbales, humillaciones y vejaciones, que se producen en espacios privados y públicos. Existe por tanto,  una tendencia a minimizar estas violencias, aunque sean continuadas y reiteradas en el tiempo.
  • Detectamos, además que persiste un discurso sexista que reconduce los actos de violencia a un “conflicto familiar”, y no a una situación de dominación y control por parte de un miembro de la pareja.
  • Denunciamos que en escasas ocasiones se tiene en cuenta la violencia económica del hombre sobre la mujer en el ámbito familiar, a pesar de estar reconocida como tal en el Convenio de Estambul. Existe una tolerancia absoluta ante el estereotipo sexista en el que el hombre ocupa el roll de “titular de hecho” y “ gestor” de los recursos familiares.
  • Tampoco podemos olvidar la doble victimización que sufren las mujeres víctimas de agresiones sexuales. En muchos casos se justifica el acto delictivo trasladando la responsabilidad a la conducta de la propia víctima.

En este sentido, desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, elaboramos un informe sobre la percepción de la violencia en jóvenes, basado en nuestra experiencia en la formación impartida en institutos en la Comunidad de Madrid. Una de las conclusiones extraídas del informe es que “ la calle”, que históricamente se ha concebido como un espacio de socialización, pasa a concebirse por las jóvenes, como un espacio peligroso y en el mejor de los casos hostil. La población especialmente joven percibe con total impunidad este tipo de agresiones.

2. Se constata lo que podría denominarse una Violencia Estructural o Institucional, desde el momento en que se produce una respuesta inadecuada a las situaciones que afectan a la Violencia de Género.

  • La lentitud de los procesos judiciales, que afecta en general a toda la Administración de Justicia, en el caso de las mujeres Víctimas de violencia, es especialmente grave, ya que hace ineficaz en muchos casos una resolución adecuada y a tiempo de la violencia, que puede dar lugar a la retractación en la denuncia e incluso a la cronificación de las lesiones psíquicas y sus efectos.
  •  Se percibe una falta de especialización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Juzgados de Instrucción con competencias sobre V.G, en la materia civil, relativa a los procesos de divorcio, separación o medidas paterno filiales, derivados de la decisión de la mujer de proceder a la ruptura tras la denuncia.
  • Los regímenes de visitas de los agresores, se establecen en base a formularios estereotipados. Siguen siendo excepcionales los casos de suspensión del régimen de visitas o privación de la patria potestad.
  • Las medidas económicas, se establecen igualmente en base a parámetros preconcebidos, sobre la persistencia de la idea de que las mujeres que denuncian pertenecen a estratos de población de economías con pocos recursos, lo que deja en muchas ocasiones a las mujeres y los hijos en una situación de cuasi precariedad.
  • Del mismo modo, una vez establecidas las medidas económicas, los jueces dan poca importancia a los impagos de pensiones y otras cargas como puede ser el impago de la hipoteca que pesa sobre el domicilio familiar, que deberían ser tramitados con carácter de urgencia, por la precariedad que se origina para las víctimas.

3. Internet ha proporcionado un nuevo espacio para la expresión y transmisión del sexismo, al que la Justicia en la práctica tiene difícil acceso y más difícil todavía se hace la persecución del culpable por el espacio anónimo en que en muchas ocasiones se produce. Creando una sensación de total impunidad.

En esta línea, nos parece especialmente preocupante la falta de respuesta normativa a la violencia ejercida a través de la pornografía en redes, que incide directamente en la normalización de la violencia sexual sobre las mujeres y niñas, desde las etapas más jóvenes de la adolescencia.

Desde nuestra percepción, todo tipo de pornografía supone “per se” una violencia de género, en cuanto implica la utilización del cuerpo de la mujer como objeto sexual, por lo que no admite diferenciaciones conceptuales (una «pornografía violenta» y una «pornografía no violenta») marcadas por un indudable sexismo.

¿Qué reivindicamos desde nuestra entidad?

1. El principio inspirador de la actuación de la Administración de Justicia y de la interpretación y aplicación de la Ley en todos los ámbitos, debe siempre ser el de hacer justicia con perspectiva de género. 

2. Se debe continuar incidiendo en la Formación y especialización, tanto en la rama penal como en la civil relacionadas con la Violencia de género, de los profesionales de la Administración de Justicia. Se necesita que la formación en Género sea obligatoria para el acceso a la carrera judicial y con mayor contenido curricular cuando se trate del acceso a destinos en Juzgados especializados en Violencia Contra la mujer.

3. Necesidad de dotar a la Administración de Justicia de recursos económicos y personales, que eviten la Violencia institucional sufrida por males como son la lentitud de los procesos, insuficiencia de profesionales y equipos multidisciplinares para la elaboración de los informes psico- sociales.

4. En cuanto a la reparación del daño es importante que las indemnizaciones sean adecuadas a las agresiones sufridas.

5. Consideramos necesario la realización de un diagnóstico de las resoluciones judiciales condenatorias y las indemnizaciones acordadas en casos de Violencia de genero incluida la violencia sexual a fin de valorar como se está actuando en cuanto a:

• Reparación del daño físico, psicológico y moral.

• Criterios para su valoración.

• Seguimiento de su cumplimiento. Pues nos preocupa especialmente que en muchos casos el responsable se declara insolvente y no existe responsabilidad subsidiaria por parte del estado , de forma que finalmente no se cumple la reparación del daño en su vertiente indemnizatoria.

6. Los tribunales no cuentan con las organizaciones especializadas de la Sociedad Civil. De hecho, en nuestra experiencia práctica observamos que se minusvaloran los informes de las organizaciones especializadas y en la mayor parte de los casos prevalecen exclusivamente los informes elaborados por los propios profesionales del equipo psico social o forense del Juzgado.

7. En cuanto a la violencia ejercida por medio de las redes y en especial la la pornografía, habría que empezar por concienciar al legislador del mensaje que se transmite por medio de la pornografía y las consecuencias que tiene para nuestra sociedad la normalización de las relaciones donde la mujer no deja de ser un mero objeto de satisfacción al servicio del hombre.

8. Respecto a la normativa actualmente existente, seguiremos insistiendo en la necesidad de dar cumplimiento al Pacto de Estado y proceder a la aprobación de una legislación abolicionista del sistema prostitucional con todas las reformas normativas que ello conlleva, incluida la reforma del Código Penal, la Ley de extranjería y demás relacionadas con dicha materia.

 

Susana Martínez Novo, Presidenta de la CIMTM

Malos tratos

Supervivientes de la prostitución y asociaciones proponen medidas abolicionistas en la ley española contra el proxenetismo

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso.

Asociaciones de base y de supervivientes de la prostitución han presentado a todos los grupos parlamentarios un documento con sus propuestas sobre la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que actualmente se tramita en el Congreso. La iniciativa ha sido registrada por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT).

Las representantes de estos colectivos feministas acudieron el pasado 7 de octubre a la carrera de San Jerónimo para formalizar el registro. El momento de entrar en la sede de la Cámara baja con sus propuestas bajo el brazo fue vivido como un paso importante por las activistas abolicionistas, en especial por aquéllas que son hoy supervivientes de una forma extrema de violencia sobre las mujeres, como es la prostitución. Acudieron al acto Amelia Tiganus, por Emargi; Vanessa Silva y Kamila Ferreira por Las Independientes; Graciela Atencio por La Sur y María Barrones, por la CIMTM.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema. Las firmantes reconocen, de un lado, el esfuerzo de las parlamentarias que promueven avances hacia la abolición de la prostitución en España, y de otro la necesidad de ampliar la Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

La primera de estas propuestas se refiere a la lucha contra el proxenetismo, dado que las asociaciones y las supervivientes apuntan a que la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual” en el articulado es poco concreta y puede suponer una vía de escape para los responsables.

Tanto las supervivientes como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros, beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad.

En el segundo punto propuesto, acerca de las penas para los prostituidores, las supervivientes lo tienen claro: les corresponden sanciones penales como agresores sexuales, ya que la situación de prostitución no puede justificar que haya mujeres cuya libertad sexual tenga menor protección que la de las demás. Considerar que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada lleva necesariamente a conceptualizar la prostitución como una forma de violencia sobre las mujeres, y estas son las premisas que fundan la petición.

En tercer lugar, el documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista, con el objetivo de lograr la máxima protección equiparable para ellas. Se propone este refuerzo conceptual y legal, sin perjuicio del desarrollo y aplicación de normas y políticas específicas sobre violencia sexual –como sí recoge la Proposición de Ley en trámite– como para las víctimas del sistema prostitucional, en su caso.

Tal como recoge el documento, la consideración como víctimas de violencia machista “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base, ante la fachada del Congreso.

Las proponentes consideran esencial para el impacto de la ley proporcionar a las mujeres en prostitución permisos de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Por experiencia saben hasta qué punto la situación administrativa irregular impide a las mujeres avanzar en cualquier camino de restablecimiento personal tras la violencia sufrida.

Asociaciones y supervivientes piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento imprescindible de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo. Proponen también la creación de una comisión de seguimiento con participación de expertas y supervivientes del movimiento abolicionista, así como un fondo económico de reparación para las víctimas.

Momento de la entrega del documento con las Propuestas abolicionistas en el Congreso, el pasado 7 de octubre. De izquierda a derecha: María Barrones, Kamila Ferreira, Amelia Tiganus, Graciela Atencio y Vanessa Silva.


TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS REGISTRADAS:

A todos los grupos parlamentarios

Propuestas de asociaciones de base y de las supervivientes de la prostitución sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

El objetivo de este documento es reforzar y ampliar la citada Proposición de Ley con la experiencia de las organizaciones de base y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema prostitucional. Reconocemos los esfuerzos de las/os parlamentarias/os para avanzar en la lucha por la abolición de la prostitución y su compromiso de incluir a la sociedad civil en este proceso, a la vez que consideramos necesaria la ampliación en el periodo de enmiendas de la citada Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

  • PRIMERA PROPUESTA:

Con respecto al punto Dos del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Justificación: proponemos la supresión de la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual”, ya que consideramos que dificultará la lucha contra el proxenetismo. En efecto, el criterio del ánimo de lucro, por una parte, puede resultar difícil de probar y corre el riesgo de condicionar la penalización de los proxenetas al descubrimiento de los beneficios económicos derivados de la prostitución ajena.

Por otro lado, el criterio “de manera habitual” también corre el riesgo de dejar una vía de escape a los proxenetas, Éstos podrían adaptarse y evitar la responsabilidad legal favoreciendo los alquileres temporales, que ya son frecuentes, y desarrollar así la práctica de lo que se conoce como “prostitución 2.0”.

Asimismo, el concepto “habitual” resulta vago: ¿qué significa “de manera habitual”? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Más de una vez? Esta indeterminación jurídica puede dificultar la persecución de todas las formas de proxenetismo.

  • SEGUNDA PROPUESTA:

Con respecto al punto Tres del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación, será considerado coacción y castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En el caso de obtención de actos de naturaleza sexual mediante coacción económica u otras, será castigado con pena de prisión de dos a cuatro años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderles por las agresiones sexuales cometidas sobre la persona prostituida.

4. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Justificación: proponemos la sanción con pena de prisión a los prostituidores o compradores de sexo, es decir, aquellos que convengan y lleven a cabo prácticas de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otras prestaciones no solo en el tipo agravado con víctimas menores o vulnerables, sino con todas las víctimas.

Esta sanción se justifica en el derecho a la libertad e indemnidad sexual de las víctimas, que imposibilita la validez de un consentimiento sexual bajo coacción económica u otras.

Es por tanto la compra de sexo una forma de violencia sexual, y por consiguiente una actuación constitutiva de delito contra la libertad sexual de la víctima. Se entiende como condición de vulnerabilidad la necesidad económica, de modo que la víctima no tiene alternativa real y efectiva para cubrir sus necesidades básicas o las de menores o personas dependientes a su cargo.

Se conoce la gran expansión de la trata con fines de explotación sexual en todos los países que han instaurado la prostitución como “actividad legal” (por ejemplo, Países Bajos o Alemania).

Los países que han admitido el “proxenetismo consentido” validan que la mujer pueda autorizar su explotación, lo cual es contrario a instrumentos internacionales (Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014: apartados 1, 2, y 29) y al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contiene tres medidas muy claras para reducir la demanda de prostitución (Medidas de la mesa del Congreso 197, 198 y 199).

No puede obviarse que la prostitución, bajo el paraguas del “proxenetismo consentido”, afecta a mujeres sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables, y consentir el negocio constituye una protección del explotador que siempre se escudará en el “consentimiento” de la mujer.

Existe una clara vinculación entre el “proxenetismo consentido” y las mujeres en situación de pobreza, marginación y extremadamente vulnerables. Para erradicar la prostitución es necesario neutralizar al “cliente de la prostitución”.

Ningún instrumento internacional ni la normativa vigente en el Estado español reconoce el “trabajo sexual” ni este puede constituir un derecho.

  • TERCERA PROPUESTA:

Con respecto a la Disposición final primera, redactada en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el apartado 2 del artículo 187 y en el artículo 187 bis del Código Penal.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.”

Proponemos la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el Título VIII Delitos contra la libertad sexual, Capítulo V De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.

Se reconocen como víctimas de violencia machista o violencia de género a todas las mujeres y niñas en situación de prostitución, y les serán de aplicación todas las medidas legales destinadas a su protección integral.”

Justificación: proponemos el reconocimiento de las mujeres víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. De modo que sean de aplicación para ellas, sin perjuicio de otras específicas, las protecciones y medidas recogidas no solo en la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, sino también en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado contra la violencia de género y cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico que ampare a las víctimas de la violencia machista.

Esta propuesta se justifica en dos argumentos:

De un lado, lograr la máxima protección legal equiparable para las mujeres en situación de prostitución, gracias a la experiencia y normativa conseguida en nuestro país en la lucha contra la violencia machista. Así, si bien la citada Ley Orgánica 1/2004 fue redactada de forma restringida a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, la ratificación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa en 2014 y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 10/2022, implican la necesidad de consolidar una legislación con una interpretación de la violencia de género o violencia machista no restrictiva a un tipo de relación entre víctima y victimario.

De otro lado, la consideración como víctimas de violencia machista o violencia de género –entendida en esta acepción ampliada– traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución. Se justifica esta necesidad en la realidad de la existencia de un sistema prostitucional que actúa como una verdadera industria criminal basada en la explotación sexual de mujeres y niñas, cuya legitimación social es incompatible con el principio de igualdad entre los sexos que se predica en nuestra sociedad.

Incidimos especialmente en la necesidad de este reconocimiento con perspectiva de género para todo lo relativo a las víctimas en situación administrativa irregular, propiciada por la mecánica de actuación de las redes de tratantes y proxenetas. Es imprescindible para estas víctimas atender a sus derechos humanos por encima de normativas de inmigración, y proporcionarles permiso de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas de violencia machista y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo.

Esta disposición es esencial para el impacto de la ley: un gran número de víctimas son extranjeras en situación irregular y la precariedad de su situación migratoria refuerza el dominio de los proxenetas sobre ellas y dificulta su salida de la prostitución.

  • CUARTA PROPUESTA:

Adición de artículos:

Adición de la creación de una Comisión mixta de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Ley. Esta Comisión incluiría a parlamentarios/as, expertas/os abolicionistas y a mujeres supervivientes del sistema prostitucional. Como órgano consultivo, se reuniría al menos una vez al año y haría propuestas y recomendaciones para la buena implementación de la Ley. Lo que hemos aprendido de la experiencia de los países que han adoptado políticas abolicionistas es que la lucha por aplicar el modelo es al menos tan dura como la lucha por conseguir la Ley. Esta comisión sería una herramienta muy valiosa para apoyar una aplicación ambiciosa de la Ley.

Adición de la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, dirigidas a la sociedad en general y a los agentes implicados.

Adición de la creación de un Fondo Económico suficiente para cubrir las necesidades de las políticas de reparación y reinserción integral de las víctimas, con cargo a los Presupuestos Generales de Estado, para cuya dotación podría destinarse el valor de los bienes incautados a los delincuentes del sistema prostitucional.

PROPUESTAS

En Madrid, a 7 de octubre de 2022