La Plataforma Sombra CEDAW- Estambul-Beijing denuncia falta de transparencia del gobierno ante el examen de CEDAW

La Plataforma CEDAW-Estambul-Beijing Sombra (espacio que agrupa más de 200 organizaciones feministas, de mujeres y sociales) ha remitido una carta al Gobierno en la que presenta una queja formal por la falta de transparencia y comunicación que se está produciendo con relación dicho examen y la solicitud de aplazamiento realizada por el gobierno a CEDAW, la cual no ha sido informada en tiempo y forma a las organizaciones de la sociedad civil, dificultando el trabajo y la participación.

La Plataforma recuerda en su misiva que, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos un rol importante en el mantenimiento de la responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno, dentro del país y frente a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que está reconocido por estos organismos y que es fundamental para la participación social y política de las organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, solicitan al gobierno y a los organismos que, atendiendo al principio de transparencia, informen debidamente de los procesos, aplazamientos y actuaciones que se desarrollen en el marco del seguimiento y monitoreo de los convenios internacionales y las políticas públicas que derivan de ellos. 

Reproducimos a continuación, la carta emitida por la Plataforma CEDAW- Estambul- Beijing Sombra

Att.:

Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno

Sra. Irene Montero Gil, Ministra de Igualdad.

Sr. José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Sra. Adela Díaz Bernárdez, Directora de la Oficina de Derechos Humanos.

Madrid, a 20 de septiembre de 2021

Estimadas, estimados,

Reciban un saludo de quienes conformamos la Plataforma Sombra CEDAW- Estambul-Beijing, espacio que agrupa más de 200 organizaciones feministas, de mujeres y sociales que nos reconocemos en la lucha contra todas las violencias hacia las mujeres, en defensa de la igualdad y de los derechos humanos que llevamos 8 años trabajando en el seguimiento de la aplicación del gobierno de España de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, más específicamente de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Convenio del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011).

En el marco del informe periódico de España ante CEDAW previsto en el período de sesiones de octubre- noviembre 2021, basado en el Listado de cuestiones y preguntas CEDAW/C/ESP/QPR/9 enviadas en agosto 2019, queremos presentar una queja formal por la falta de transparencia y comunicación que se está produciendo con relación dicho examen y la solicitud de aplazamiento realizada por el gobierno a CEDAW, la cual no ha sido informada en tiempo y forma a las organizaciones de la sociedad civil, dificultando su trabajo de seguimiento, incidencia e incumpliendo así todos los principios de participación y transparencia.

Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos un rol importante en el mantenimiento de la responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno, dentro del país y frente a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que está reconocido por estos organismos y que es fundamental para la participación social y política de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, los procedimientos de la CEDAW establecen que la sociedad civil sea informada debidamente y reciban el informe oficial para su consideración en el informe sombra.

Por ello, en el ejercicio de nuestro derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos que son de nuestro interés, solicitamos al gobierno y a los organismos que, atendiendo al principio de transparencia, informen debidamente de los procesos, aplazamientos y actuaciones que se desarrollen en el marco del seguimiento y monitoreo de los convenios internacionales y las políticas públicas que derivan de ellos.

Atentamente,

Comisión de Coordinación – Plataforma Sombra CEDAW-Estambul-Beijing

Lidia Fernández Montes, Lucía Candeira, Beatriz Sagrado Roberto, Rosabel Agirregomezkorta, Silvia Escribá Baixauli.

La situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid es insostenible

A/A Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
A/A Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
A/A María Concepción Dancausa Treviño Consejera de Familia, Juventud y Política social

 

Madrid, 22 de septiembre de 2021

 

Ante la situación de la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comunidad de Madrid, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

– El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el aborto Legal y Seguro, es una jornada que se celebra en todo el mundo para reivindicar la legalización del aborto y el acceso al mismo en condiciones de seguridad y calidad dentro de los sistemas de salud, concienciando sobre las muertes de mujeres que ocurren como consecuencia de abortos inseguros y clandestinos.

– Las condiciones de inseguridad se producen asimismo en países como el nuestro, a pesar del recorrido de once años desde que se aprobó la ley 2/2010 de salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, puesto que existen barreras al acceso a la IVE como prestación sanitara universal para todas las mujeres.

Existe una importante diferencia territorial en España respecto a la práctica del aborto y al acceso de las mujeres a la IVE en función de las CCAA.

En concreto en la Comunidad de Madrid, tenemos que denunciar todas las trabas que hacen que la IVE siga sin ser una prestación normalizada ni se realice en los centros públicos, como cualquier otra prestación sanitaria integrada en la cartera de servicios de la sanidad pública.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pretendía revertir las medidas que contemplaba el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, pero al vincularse a la residencia legal, sigue siendo una importante barrera para el acceso a la IVE para las mujeres migrantes.

– Algunas CCAA han dado órdenes para habilitar el acceso a la IVE de las mujeres sin residencia legal, pero en la Comunidad de Madrid debe acreditarse residencia al menos durante 90 días para poder tener tarjeta sanitaria, y sin ella no es posible la financiación pública de la IVE.

Negar el derecho al aborto a las mujeres por su situación administrativa, que justamente pueden ser las mujeres en situación más vulnerable, además de faltar a la responsabilidad ética que como sistema de salud tienen sobre la atención a la salud de las personas que se encuentran en su territorio, vulnera la dignidad y la autonomía de las mujeres, forzando a una maternidad no deseada o poniendo en riesgo su salud al abocarlas al aborto clandestino. 

– Reiteradamente las feministas nos hemos movilizado también para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, y que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, revertiendo la reforma de la ley 2/2010 que el Partido Popular hizo en 2015.

Queremos que cesen los ataques continuos a las clínicas acreditadas, que a día de hoy son los únicos centros que realizan las IVEs en la CM, que se respete el ejercicio de las/los profesionales y la libertad de las mujeres sin cortapisas ni intimidaciones.

La Comunidad de Madrid debe actuar para frenar el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a los centros. Con su inacción, alegando que no es de su competencia, en la práctica está respaldando las acciones de los grupos anti-elección, a costa de vulnerar los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando la ciudadanía se ha manifestado de manera espontánea ante otras instituciones, si se envía a la fuerza pública.

Reclamamos el ejercicio de la IVE como prestación sanitaria dentro de la sanidad pública. En 2018 se notificaron en la Comunidad de Madrid 18.914 IVEs, pero las notificaciones son de las 7 clínicas autorizadas de la CM y solamente hay dos de hospitales públicos.

Los datos de 2018 corresponden a 2017. Según el informe de 2019 del Ministerio de Sanidad (el ultimo publicado), en Comunidad de Madrid no se ha realizado ninguna IVE en centros públicos.

El 71,4% de las IVEs son de menos de 9 semanas de gestación, pero de más de 15 semanas hay un 4,3%. Son pocas, pero son los casos más graves y de mayor impacto emocional porque normalmente se trata de embarazos deseados, y en estas circunstancias, la sanidad pública madrileña se desentiende de estas mujeres para derivarlas a una clínica autorizada. La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que en estos casos el aborto se realice preferentemente en hospitales públicos.

En la Comunidad de Madrid se está haciendo un uso fraudulento de la ley y una perversión del derecho individual a la objeción de conciencia, pues todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid no pueden ser objetores. La realidad es que no existen registros ni se pide por parte de la Consejería de Sanidad conocer las/los profesionales que objetan. Simplemente se da por hecho que toda la prestación de la IVE está concertada, incluso los casos que mayores medios técnicos requieren para su resolución.

La situación de la IVE en la Comunidad de Madrid es insostenible. Las mujeres de Madrid reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa.

La Interrupción voluntaria del embarazo y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su maternidad hace muchos años que son asumidas de forma mayoritaria como un derecho básico por la sociedad española. No se deben aceptar trabas en función de la ideología personal, ni ceder a los sectores más retrógrados pese al ruido que provocan.

Apelamos directamente a su Presidenta, señora Isabel Díaz Ayuso, al Consejero de Sanidad señor Enrique Ruiz Escudero y a la Consejera de Familia, Juventud y Política social señora María Concepción Dancausa a comprometerse a adoptar las medidas aquí planteadas.

A fin de exponerles directamente nuestras propuestas, consideren este escrito registrado como solicitud formal de entrevista.

Reciban un saludo

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Cuarto Propio en Wikipedia
Fórum Feminista de Madrid
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
UGT Madrid
Asociación de Mujeres Feministas de Huelva
Secretaría de las Mujeres de CCOO-Madrid
COMARCA SUR DE CCOO
FSC CCOO Madrid
CONSEJO DE SALUD DE CARABANCHEL
Comarca Norte CCOO
Feministas Usera
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Emargi
Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad
Federación de asociaciones de mujeres de la comunidad de Madrid (FAMCM)
8M MoratalazMesa de Feminismos del Foro Local de Moratalaz
Araba Abolizionista
Mujeres Feministas Escorial
ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA ASOCIACIÓN SALUD
AMAL
Red Feminista de Mujeres Rurales del occidente de Asturias
Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI
IU
Mujeres Sembrando
Dofemco
Colectivo Escuela No-sexista de Asturies
Pretendemos Gitanizar el Mundo
FÓRUM de Política Feminista
Frente Abolición Prostitución
FSC CCOO CATALUÑA
Más Madrid
Asociación Círculo Feminista
Asoc. Feminista de Asturias-AFA Clara Campoamor
FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES
FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE AROUSA
Mujeres Progresistas Retiro
Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista
Feminista
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas Comusión 8M Perales del Rio
Mats
Asociación feminista luz ultravioleta
Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
Movimiento Feminista Madrid
Colectivo Luna de Mujeres de Villena
Matria
Unidas Podemos Becerril de la Sierra
Médicos del Mundo Madrid

Llamamiento internacional ante la situación de emergencia de las mujeres y niñas afganas

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha puesto en alerta a todas las organizaciones feministas que luchamos cada día por erradicar la terrible violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

El régimen talibán que se impuso desde 1996 hasta el año 2001 implicó una terrible persecución hacia las mujeres: los talibanes prohibieron a las mujeres y niñas los derechos más elementales, como trabajar fuera de casa , el acceso a la educación y la sanidad, hablar en público y mostrar su cuerpo.

Sin embargo, los 20 años de ocupación del territorio por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN, no han supuesto la panacea para las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, donde su situación no ha mejorado mucho, aunque sí se han producido ciertos avances en las áreas urbanas donde muchas mujeres han podido acceder a la universidad y al trabajo, ostentar cargos públicos o participar en política.

Conviene recordar datos que explican por qué Afganistán es uno de los países más peligrosos para la vida de las mujeres: dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80 por ciento de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y afrontan matrimonios forzosos antes de los 16 años.

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA), lleva denunciando la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas desde 1977, y leyendo la lista de restricciones y maltratos que imponen los talibanes a las mujeres, podemos hacernos una idea de la infernal vida que les espera si no hacemos nada para impedirlo.

En Afganistán no hay leyes que defiendan a estas mujeres. Los maltratos, las agresiones y los abusos no terminan en un juicio, sino en tribunales talibanes o “mecanismos tradicionales de solución de controversias” integrados por hombres que discriminan sistemáticamente a las mujeres.

Con este panorama previo esbozado, no nos engañemos, los talibanes solo son la cara más salvaje del machismo estructural incrustado en la sociedad afgana. El resultado es una cultura de permanente impunidad de los delitos contra la mujer y de los abusos a los derechos de la mujeres y niñas.

Durante todos estos años muchísimas mujeres activistas, periodistas, políticas, juezas y diputadas han sido inhabilitadas en el parlamento y ahora se enfrentan a la persecución, a la violencia y a las amenazas de muerte inminentes de los talibanes.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres nos unimos al llamamiento a la comunidad internacional para que no se sacrifiquen los logros que tanto les ha costado alcanzar a las mujeres afganas, y que se ofrezcan garantías de refugio, apoyo y protección de sus derechos humanos.

En esta línea, la Comisión se ha adherido a los manifiestos emitidos por: FÓRUM de Política Feminista y periodistas activistas en colaboración con Clásicas y Modernas con los que se exige a los gobiernos que abran sus puertas y protejan a las mujeres y niñas afganas.

No basta con que los gobiernos u organismos internacionales muestren su indignación públicamente, sino que, ante cualquier atentado a los derechos humanos, se imponga la toma de decisiones políticas y medidas urgentes.

Ante esta crisis humanitaria en la que no podemos mirar hacia otro lado y abandonar a las mujeres a su suerte, exigimos a los gobiernos e instituciones competentes, la adopción de medidas urgentes y en especial:

– Mantener abiertas las fronteras para que todas las personas que deseen abandonar Afganistán, huyendo de un poder fanático impuesto por la fuerza de las armas. puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

–  Diseñar e implantar de manera urgente, un plan de asilo y acogida a la ciudadanía afgana, siendo especialmente ágil y directa en el caso de las mujeres y niñas en especial situación de riesgo, sea por haber desempeñado tareas profesionales prohibidas por los talibanes, asistido a escuelas y universidades u otros motivos.

– Velar porque se respete el derecho de las mujeres en Afganistán a circular libremente y con seguridad, y a seguir estudiando y trabajando sin restricciones ni temor a represalias.

– Prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas.

– Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

– Garantizar a través de un compromiso público que no se sacrificarán los derechos de las mujeres, especificando que cualquier acuerdo político deberá garantizar de forma explícita los derechos de las mujeres.

– La aplicación de los principios de igualdad que rigen el Convenio de Estambul y el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) a la que Afganistán se adhirió sin reservas en 2003.

 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Malos tratos

Una aclaración sobre los principios feministas y la interseccionalidad

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres suscribe y apoya la declaración que reproducimos a continuación y hacemos un llamamiento masivo a su adhesión. 

Creemos que la noción de que “el trabajo sexual es un trabajo” es fundamentalmente incompatible con los valores establecidos en una declaración llamada “La Afirmación de los Principios Feministas” que afirma oponerse a la explotación y la discriminación en todas sus formas.

Sabemos que el comercio sexual se aprovecha sistemáticamente de la pobreza y perjudica de forma desproporcionada a las mujeres de color, menores, mujeres trans y otras comunidades marginadas.

Cualquier esfuerzo por legitimarlo como una alternativa a la educación y al empleo es contraproducente para nuestro objetivo colectivo a largo plazo de la igualdad de género.

La prostitución es una clara expresión de los sistemas de poder patriarcales que siguen oprimiéndonos. La norma heterosexual masculina ha conducido a la opresión sistémica y a la discriminación estructural de las mujeres y de cualquiera que no se ajuste a este status quo y lo amenace.

Una norma universal, basada en principios verdaderamente interseccionales, reconoce la rica diversidad de la humanidad en lugar de perpetuar estereotipos y roles de género dañinos construidos socialmente que sostienen y promueven la desigualdad de sexo y género.

Debemos reconocer que el derecho de los hombres a los cuerpos de otras personas es un sello distintivo de la esclavitud, el colonialismo y otras formas de racismo, genocidio y dominación. El sistema de prostitución es antitético a la igualdad.

Por lo tanto, reafirmamos los principios feministas de la universalidad de los derechos humanos, la no discriminación y la ausencia de violencia, así como el entendimiento de que los derechos humanos son inherentes a toda persona, independientemente de su sexo o género.

Rechazamos la inclusión de la prostitución como objetivo de la igualdad de género.

Luchamos colectivamente por un mundo libre de prostitución en el que todos los seres humanos tengan garantizado el derecho a la igualdad socioeconómica, a la salud, a la dignidad y a una vida libre de violencia.

Esta es la visión feminista que nos esforzamos por hacer realidad.

Súmate y firma la declaración

 

Apoyamos el manifiesto a favor de la agenda feminista, contra las leyes trans

Reproducimos a continuación el manifiesto promovido por la Confluencia Movimiento Feminista, al que se adhiere y apoya la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres: 

El retroceso en la protección de nuestros derechos como mujeres es ya desgraciadamente una realidad incontestable. La ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular, está llegando a una situación criminal tanto en nuestro país como en el resto del mundo, subvirtiendo todas nuestras reivindicaciones y penetrando en todo nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestro análisis es claro: quienes decían ser nuestros aliados y se autodenominan “el gobierno más feminista de la historia” están transformando las leyes contra la agenda feminista por la que hemos luchado durante los últimos 300 años. Ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres. Además, independientemente del color político, se están utilizando los parlamentos autonómicos como puertas de atrás para transformar todas las leyes sobre las que tienen competencias, haciendo aumentar la desprotección y afianzando el retroceso en materia de violencia, derechos sexuales y reproductivos y discriminación material y simbólica de las mujeres en todos los ámbitos, así como sobre los derechos más básicos de la infancia y adolescencia.

Esto ha llevado a que el movimiento feminista tome las calles hoy para exigir tanto al gobierno central como a los autonómicos:

El cumplimiento íntegro de la agenda feminista y la paralización y derogación de las leyes trans

Sí, en plural, leyes trans, porque incluyen toda la normativa que sustituye la categoría jurídica “sexo” por “identidad de género”. La cual pretende ser ampliada mediante las conocidas como Ley Trans, Ley LGTBI y Ley Zerolo, a punto de entrar en el Parlamento, que introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se “equivoquen” en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros. Libertad de expresión que ya ha sido coartada en otros lugares, como es el caso de Escocia, en donde asistimos, hace dos semanas, a la detención y apertura de juicio contra Marion Millar por el simple hecho de publicar en Twitter un lazo de las sufragistas. De mujeres sufragistas.

En esta línea, exigimos la derogación de todas las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como es el caso de la Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia), recientemente aprobada, y algunas disposiciones de la Ley Celáa (de educación), que generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en IGUALDAD, sin tergiversar su significado en términos de “diversidad”, como ya está ocurriendo.

Además, exigimos la derogación de la normativa trans autonómica compuesta, entre otras, por 15 leyes de “autodeterminación de género”, 14 protocolos educativos y 15 protocolos sanitarios, que está permitiendo, aún sin existir una ley estatal que reconozca el derecho de autodeterminación del sexo, la implantación de políticas educativas sexistas, la vulneración de los derechos de las mujeres basados en el sexo (permitiendo el acceso de hombres a nuestros espacios y pervirtiendo las estadísticas) y la hormonación infantil indiscriminada. Y ello a pesar de que países de nuestro entorno (como Reino Unido, Suecia o Finlandia) que aprobaron estas leyes estén dando marcha atrás y prohibiendo el uso de bloqueadores de la pubertad por sus irreversibles y nocivos efectos secundarios.

En fin, denunciamos y nos indignamos ante el uso de la normativa trans para que violadores y asesinos entren en prisiones de mujeres. No podemos dejar de hacer mención hoy aquí al asesinato de Vanesa Santana en Fuerteventura, cuyo violador y asesino, Jonathan Robaina, se autodeterminó mujer el primer día del juicio (apenas tres días después de que se aprobase por unanimidad la Ley Trans en el Parlamento Canario), lo que, de no ser por el equipo de forenses que, contraviniendo la normativa autonómica de afirmación de la “identidad de género”, negó la existencia de disforia de género, se hubiera traducido, una vez más, en el traslado de un violador y feminicida a un módulo de mujeres al amparo de la Instrucción 7/2006 y la Ley Trans 3/2007, con la consiguiente puesta en peligro de la integridad de las reclusas. Algo que desde el Ministerio de Igualdad y el resto del Gobierno se ha negado hasta la saciedad que las leyes trans permitieran. “#EstoNoIbaAPasar” -decían-, pero ha pasado.

En este escenario, ante la ofensiva dirigida desde las instituciones contra los derechos de la mitad de la población y las evasivas del Gobierno, este #26J, el movimiento feminista vuelve a llenar las calles de dignidad para exigir públicamente:

La modificación y ampliación de la ley de violencia contra las mueres con todos los supuestos, protocolos, medidas y financiación adecuados para luchar de forma efectiva 

#ContraElTerrorismoMachista #NiUnaMás #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #ContraLaViolenciaMachista #ContraLaViolenciaVicaria

La aprobación de una ley abolicionista de la prostitución que prohiba todo acceso sexual a las mujeres por un precio: una ley digna de una sociedad democrática y no un simulacro de persecución de la explotación sexual como la ley de trata que se debatirá en breve en el Congreso

#LeyAbolicionistaYa #ContraElSistemaProstitucional #AboliciónProstitución #AboliciónPornografía #ProstituciónEsEsclavitud #NiSexoNiTrabajo #LaViolaciónNoEsFicción

La derogación de la instrucción del Ministerio de Justicia que permite el registro en España de bebés nacidas/os de la explotación reproductiva de mujeres empobrecidas de otros países. 

#STOPVientresDeAlquiler #STOPtráficodebebés #STOPtráficodeóvulos #NoSomosVasijas #NoALaExplotaciónReproductiva

El fin de la tramitación de leyes “Trans” que borran a las mujeres y destruyen nuestros derechos, los de la infancia, los de las personas homosexuales y los de las personas que sufren disforia de género, así como la derogación de todos los artículos que introducen la agenda Queer en nuestro ordenamiento jurídico.

#NoLeyesTrans #NoAutoIDGénero #SexoNoEsGénero #LeyesTransSonMisoginia #SerMujerNoEsUnSentimiento #NoALaHormonaciónyLaMutilaciónDeMenores #LaInfanciaNoSeToca #StopModasCriminales

Exigencias a las que no podemos dejar de sumar la denuncia del pacto de silencio que impide que se escuchen las voces críticas de las feministas y de multitud de voces expertas en los medios de comunicación públicos, ante la ofensiva que destruye nuestros derechos, y la connivencia de estos con la propaganda de la agenda Queer, financiada por los lobbies farmacéuticos y económicos de las grandes corporaciones internacionales.

Mujeres, compañeras, hermanas, el feminismo está en marcha y la Historia nos ha demostrado que la lucha sirve y es imprescindible. Hecho que hemos tenido ocasión de volver a comprobar recientemente al conocer el fallo del Tribunal de Apelación Laboral en favor de Maya Forstater, un año y medio después de haber sido despedida del Centro para el Desarrollo Global del Reino Unido, por tuitear y escribir sobre las implicaciones de la autodeterminación de sexo para los derechos de las mujeres.

Este #26J el movimiento feminista vuelve a elevar su voz centenaria para proclamar que: 

#NoNosCallarán
#NoNosBorrarán
#NoPasarán

Porque juntas somos invencibles y no pararemos hasta conseguir la libertad:

¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha feminista!

Respuesta del Ministerio ante la situación de alerta machista

Ante la oleada de asesinatos machistas de las últimas semanas, consideramos relevante compartir la respuesta dada por las instituciones. Compartimos por tanto la nota de prensa enviada el 17 de junio de 2021 por el Ministerio de Igualdad. 


Igualdad impulsa la coordinación interinstitucional para mejorar los servicios contra la violencia de género ante la situación de alarma machista

La delegada ha informado sobre las actuaciones, medidas y reuniones llevadas a cabo durante el último mes para la mejora y modernización de los protocolos y herramientas contra la violencia de género

17 de junio de 2021.– La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación a través de videoconferencia para actualizar los datos del servicio 016 del mes de mayo, así como para informar sobre las medidas y actuaciones en las que está trabajando el Gobierno como respuesta ante el repunte de asesinatos.

Rosell ha explicado el trabajo que está realizando el Ministerio de Igualdad desde el pasado 21 de mayo, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, convocó una reunión urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para la puesta en marcha del Plan de mejora y actualización de las herramientas y protocolos contra la violencia de género.

Desde entonces Igualdad ha impulsado la coordinación interinstitucional para mejorar los servicios contra la violencia de género ante la situación de alarma machista. Con ese objetivo, la ministra Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada Victoria Rosell, han mantenido varios encuentros de trabajo con distintas entidades para trabajar de manera coordinada en la lucha contra la violencia de género. Entre ellos una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska o con la Fiscal de Sala Delegada para la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato.

Por otro lado, el pasado 28 de mayo, con motivo del 10º aniversario del Convenio de Estambul, tuvo lugar el encuentro entre todas las personas que han ocupado el cargo de delegada o delegado del Gobierno contra la Violencia de Género desde 2005. Este acto sirvió para valorar la situación y el futuro de las políticas contra las violencias machistas y afirmar de forma conjunta que estas deben ser políticas de estado gobierne quien gobierne.

Avances normativos

La reciente aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Ejercicio de su Capacidad Jurídica, han significado el cumplimiento de algunas medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que implican, por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas ante un indicio de violencia, aunque este no se dé por vía penal; o también la consideración de la violencia vicaria como forma de violencia de género. Estos avances, ha afirmado la Delegada, “se asientan sobre la creencia de que un maltratador no puede ser un buen padre”.

Además, el pasado 11 de junio se recibió el informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, con un respaldo unánime al texto. Rosell ha recordado que esta ley, que va a ir previsiblemente al Consejo de Ministros en las próximas semanas, “va a suponer un hito y el cierre de una brecha de protección que existía en nuestro país desde aquel otro hito que fue la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral Contra la Violencia de Género”, al extender el concepto de violencia de género y su ámbito de aplicación a todas las formas de violencia contra las mujeres más allá de la pareja o la expareja.

Violencia machista

La delegada ha informado también de que en el mes de mayo fueron asesinadas 7 mujeres por violencia de género y 6 en lo que llevamos de junio, un total de 20 en lo que llevamos de año y 1.098 desde 2003. A su vez, si se confirmara oficialmente el asesinato de las dos niñas canarias serían 4 menores asesinados por violencia de género en 2021 y 41 desde 2013. En cuanto a los menores huérfanos y huérfanas por violencia de género, la cifra asciende a 7 menores de edad huérfanos en 2021 y 311 desde 2013.

Rosell ha trasladado la solidaridad del Gobierno con las familias de las mujeres y menores asesinados y su compromiso para brindarles el apoyo psicológico, jurídico y social necesario. “Estos asesinatos son solo la punta del iceberg de una violencia estructural y normalizada contra las mujeres”, ha afirmado. “Hay una gran cantidad de violencia física, psíquica, sexual económica y vicaria que queda oculta. El negacionismo es cómplice de la violencia de género, porque el silencio es el mejor cómplice del agresor”.

Accede al documento original y completo: Nota de Prensa del Ministerio de Igualdad 17.06.2021

Estamos de luto

La CIMTM muestra su más absoluto rechazo ante un nuevo asesinato de menores inocentes a manos de su padre

Hoy estamos de luto

Anna y Olivia, uno y seis años. Rocío Caíz, 17 años.
Conocemos hoy también la noticia de que Juana Rivas ya ha ingresado en prisión para cumplir condena. Intentaba proteger a sus hijos.

”Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente está condena es para mis hijos”. Así expresa Juana su sentir en el día de hoy. Esperará, entre rejas, el indulto que tantas hemos pedido.

Beatriz Zimmerman, nunca volverá a ver a sus hijas.
Y no olvidamos a todas las demás, que han perdido la vida tras el fin del estado de alarma. Las prefirieron muertas a libres.

Más y más vidas destrozadas. Hoy, las y los feministas estamos de luto

Por supuesto el sistema puede ser reforzado, las leyes mejoradas, los recursos para víctimas, más y mejor dotados. Pero si seguimos permitiendo que se niegue la evidencia. Si seguimos permitiendo que, como un mantra vacío de sentido, se repita una y otra vez ”ni machismo, ni feminismo”, seguiremos lamentando muertes como la de Olivia, como la de Rocío Caíz.

Hagamos pedagogía en las calles, eduquemos a nuestras hijas e hijos en igualdad. Y no olvidemos que lo que se está llevando este sistema patriarcal, profundamente injusto y violento, son vidas.

Violencia vicaria, violencia institucional, patriarcado, machismo, desigualdad. Palabras. Palabras que quizá, tememos, no se están entendiendo.

Por tanto hoy, desde la tristeza más profunda, solo nos queda apelar a la sociedad en su conjunto:

– Al movimiento feminista: permanezcamos unidas. Que las diferencias no nos impidan seguir trabajando de la mano por todas ellas y por las que vendrán.

– A todos los hombres justos que se saben iguales a sus compañeras, madres, hermanas: declaraos abiertamente feministas. Defended la igualdad, no caigáis en las trampas del lenguaje.

– A los medios de comunicación: compañeras y compañeros, llamemos a las cosas por su nombre y desechemos todo tipo de comentarios banales acerca del asesino. Era un buen padre, muy trabajador, muy amable con sus vecinos. La comunicación es poder. Hagamos uso del mismo con responsabilidad.

– A los negacionistas de la violencia machista, que se han embarcado en una lucha estéril: el movimiento feminista no niega la violencia intrafamiliar. Es más, la condena, igual que condena cualquier tipo de violencia. Por favor, abrid los ojos ya. No neguéis la evidencia. Nos están matando, es así. Y lo están haciendo porque somos mujeres.

– A la comunidad educativa en su conjunto: exigid referentes femeninos en todas las áreas. Sin empoderamiento, jamás habrá igualdad.

– Y por supuesto, a quienes tienen el poder de hacer justicia en los tribunales: no permitáis una incorrecta o parcial aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Tenemos herramientas. Apliquémoslas. Es tarde para Anna, Olivia y Rocío. Pero no permitamos que tras ellas haya más.

Por todos los feminicidios, por todas ellas Y SUS HIJAS/OS, por todo el dolor y la injusticia que hoy sentimos.

 

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Indulto para Juana Rivas

La Plataforma 7N contra las violencias machistas expresa su rotundo rechazo a la decisión del titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada que ordena el ingreso en prisión de Juana Rivas y exigimos al Gobierno que la petición de indulto para ella se resuelva de forma favorable con urgencia, y, mientras tanto, se suspenda la orden de ingreso en prisión al estar tramitándose la petición de indulto en virtud del art. 4.1 del Código Penal.

Pero no sólo reclamamos su indulto, también exigimos que le devuelvan de forma urgente la custodia de sus dos hijos, arrebatada judicialmente en virtud del falso síndrome de alienación parental, no teniendo en cuenta que son los tres, tanto ella como sus hijos, víctimas de violencia machista.

El CGPJ recomendó la no aplicación del falso SAP, y también la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de Junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, recién publicada en el BOE (BOE-A-2021-9347) prohíbe su uso

Su aplicación por los Juzgados contraviene los dictámenes de la Cedaw y del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Luis Pedernera, presidente de la comisión de los derechos del niño de Naciones Unidas ha instado a España a prohibir el falso SAP, y la Relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer resalta el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia de nuestro país y recuerda que España ya fue condenada en 2014 por el caso de Ángela González Carreño sin que hasta la fecha se adoptaran muchas de las medidas propuestas, y solicitó a España resultados de una investigación y tomar medidas ante el caso de Irune Costumero, algo que tampoco ha tenido respuesta.

A principios de Julio se resuelve de forma definitiva la custodia de los hijos de Juana Rivas en Italia

Exigimos que el Estado español actúe en aplicación de la reciente Ley de infancia y de las normativas internacionales, e interceda para que se investigue la violencia machista ejercida sobre los dos niños y se les escuche, especialmente a Gabriel, el hijo mayor, que ha expresado de forma reiterada un petición desesperada de ayuda ante el maltrato de su progenitor.

Juana Rivas es una víctima, y sus actos están motivados por la protección de sus hijos, también víctimas, ante un sistema que los abandona. Su desobediencia ha estado motivada por el intento de proteger a sus hijos, que es lo que habría hecho cualquier madre, y debería considerarse como una mujer luchadora que defiende a sus hijos de malos tratos, sin embargo el sistema judicial la castiga, castigando con ello también a sus hijos al separarlos de su madre. La responsabilidad plena es del Estado español que no sólo no protege a las víctimas, sino que además las castiga por tratar de defenderse y defender a sus hijos de la violencia machista, que ya fue demostrada judicialmente. Cuando la población grita “Juana somos todas” y “Juana está en mi casa” es el grito del clamor popular de que se haga justicia, y esto debería ser escuchado.

Estamos observando con estupor el constante dolor provocado por sentencias injustas, porque tanto en el caso de Juana, como en el del resto de madres en situaciones análogas, no se trata de sentencias desproporcionadas: son sentencias injustas.

Nuestra indignación se agrava con determinadas actuaciones judiciales, como la inminente premura del Juez Piñar de ordenar el ingreso en prisión adelantándose a la tramitación del indulto y al juicio sobre la custodia de los niños, cuando por otra parte observamos una ralentización excesiva de los procedimientos en los que existen indicios de violencia, la falta de investigación en casos de abusos sexuales y maltrato, que no se estudien los casos en profundidad desoyendo incluso informes médicos públicos y de especialistas que alertan de la presencia de violencia machista, y a pesar de las pruebas, se suceden retiradas de custodias y los desgarradores arrancamientos de niñas y niños de sus madres, la falta de órdenes de protección a mujeres, niñas y niños, y la revictimización constante que sufren.

Es inadmisible que en un estado de derecho se vulnere el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, así como el derecho fundamental al acceso a la justicia y a un proceso judicial con todas las garantías, siendo de especial gravedad cuando se trata de personas especialmente vulnerables como son los menores y que nuestra legislación reconoce como víctimas directas de la violencia de género. Observamos con indignación como los agentes públicos, especialmente los judiciales, proceden en demasiadas ocasiones con arbitrariedad y sin tener en cuenta las regulaciones de protección ante la violencia de género y la infancia. El sistema, dando la espalda a las mujeres y menores que solicitan protección, les condena a vivir en el desamparo y en una constante situación de riesgo, y además les castiga al tratar de escapar de ella.

Machismo estructural

Todo ello nos indica un machismo estructural por parte de nuestras instituciones que ejercen un abuso de poder contra las mujeres y sus hijos, que no sólo son víctimas de violencia machista, sino también de la violencia institucional, que es aún más grave, porque procede de aquellos órganos públicos que deben velar por la protección y seguridad de la víctima, dejándola en situación de desamparo.

Estamos siendo testigos de sentencias que alarman a la sociedad, que pretenden ser un castigo ejemplar y un aviso a navegantes, y que dejan en un estado de indefensión a las víctimas ante la violencia institucional. Y nos preocupa mucho porque esto no es un caso aislado, ni de varios casos mediáticos, se trata de miles y miles de madres anónimas. ¿Pedimos indulto para todas? No podemos suplicar de forma continuada la libertad de mujeres inocentes, mujeres que aunque consigan un indulto para no ingresar en la cárcel, se sienten ya encarceladas por el sufrimiento inmenso de haberles arrebatado a sus hijas e hijos sólo por el hecho de haberlos protegido, una protección que les ha negado el Estado, que además los ha castigado entregando a los niños víctimas de violencia machista a sus abusadores sexuales y maltratadores. Estamos ante la perversión de un sistema cómplice del maltrato y ejecutor de la violencia machista.

Esta justicia machista y patriarcal no nos protege a las mujeres ni a nuestros hijos, y por tanto no nos representa. Jueces y juezas suponen una amenaza de los derechos fundamentales de muchas mujeres y de niñas y niños de nuestro país. Es un sistema castigador, que pretende aleccionar a las mujeres que piden y esperan justicia para ellas y para sus hij@s, víctimas de la violencia machista.

Desde la Plataforma 7N contra las violencias machistas reclamamos que se ponga fin a la violencia institucional y la impunidad de este sistema de desprotección hacia las mujeres y sus hijas e hijos, y

Exigimos:

Indulto para Juana Rivas y su no ingreso en prisión. Que se reconozca la violencia ejercida sobre ella y sus hijos con la consiguiente restauración de la custodia a favor de ella, con medidas de protección ante el maltrato.

Indultos y restauración inmediata de custodias a favor de las madres protectoras de sus hijas e hijos frente a la violencia machista, sin régimen de visitas ni patria potestad para los maltratadores y abusadores sexuales: Irune Costumero, Sara (#mamaestacastigada), María Sevilla, Patricia González, María Ugarte (#marianoseva), Ana María Bayo, Silvia Aquiles (#justiciaparasilviaysushijos), María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, así como el resto de madres en situaciones similares.

Regulación específica de la violencia institucional, con especial atención a la mala praxis de los operadores jurídicos, y un desarrollo específico y completo de la prohibición del uso y apología del falso síndrome de alienación parental, con aplicación de penas, sanciones e inhabilitaciones profesionales. Exigimos que se ponga fin a la impunidad de los agentes públicos que ejerzan violencia institucional y que la desprotección y el castigo que ejercen las instituciones contra las madres protectoras y sus hijos víctimas de violencia machista sea calificado como delito de lesa humanidad.

Cartel Manifestación Juana Rivas

La prostitución no es trabajo, es violencia patriarcal

Suscribimos y reproducimos a continuación la nota de prensa emitida por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) al respecto del adelanto hecho por el Consejo General del Poder Judicial en referencia al Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

Esperaremos a conocer el texto íntegro de la Sentencia antes de pronunciarnos al respecto como organización que, junto a la Plataforma 8 de marzo de Sevilla y con el respaldo de la PAP, interpuso la demanda en primer lugar, solicitando la nulidad de los estatutos de OTRAS, argumentando que la prostitución es violencia, no un trabajo, y que por lo tanto no puede ser sindicable.


La prostitución no es trabajo, es violencia patriarcal

Señalamos que se ha cumplido el objetivo principal del Recurso inicial ante la Audiencia Nacional, que era impedir que la prostitución pudiera ser considerada como un trabajo y ese es el resultado.

El Tribunal Supremo establece claramente que: “con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo”.

Como consecuencia de ello, imposibilita que los proxenetas puedan organizarse empresarialmente y, por tanto, no cabe como pretendía el seudo-sindicato OTRAS, blanquear el proxenetismo.

En consecuencia, si no existe patronal y no existe relación laboral, es evidente, que es pura falsedad hablar de organización sindical, parece que, aunque el fondo de la Sentencia así lo reconoce, el TS no ha tenido la valentía de decirlo así de claro.

Lamentamos que el Tribunal Supremo, antes de trasladar la Sentencia a las partes, haya lanzado la noticia como si de un periódico amarillista se tratara, sin duda, con efectos desconcertantes y posiblemente de desinformación. Esta práctica del Consejo General del Poder Judicial es muy nociva pues representa un modelo de  desinformación, intoxicación y falta de respeto a las partes en los procedimientos.

Esperamos a tener definitivamente el texto de la Sentencia, que el Tribunal Supremo dice la tendrá en los próximos días, para entrar en el fondo del asunto. No obstante, sólo con lo apreciado en la nota informativa, se confirma lo que el Movimiento Feminista defiende y es que la prostitución no es un trabajo, sino una de las formas más extremas de violencia patriarcal y, por lo tanto, inasumible por un estado democrático asentado en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Hoy, con más razón exigimos la aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional –LOASP-  porque la prostitución no es un trabajo, es violencia patriarcal.


Más información:

Malos tratos

Condenamos y lamentamos los crímenes machistas acontecidos en la última semana

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres  quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.

La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.

Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales (1.092 desde 2004, en que empezaron a contabilizarse)

Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.

La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.

Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.

Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.

Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.

Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.

Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse.

La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.

En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato.