Encuentro en Madrid del día 15 de junio de 2022 para apoyar la proposición de ley abolicionista

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La Conferencia internacional por la abolición de la prostitución, organizada por la CAP, y de la que forman parte esta Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Escuela Abolicionista Internacional por España, reunió el miércoles 15 de junio a un importante panel de supervivientes del sistema prostitucional de España y de seis países diferentes. Asimismo, en esta conferencia han intervenido diputadas españolas y embajadores especiales contra la trata.

El acto fue presentado por Ghada Jabbour (presidenta de CAP), con las siguientes palabras: “Apoyamos el impulso Abolicionista en España, país pionero en políticas de violencia contra las mujeres que ahora considera la adopción del Modelo Abolicionista que despenaliza a las personas prostituidas, brindándoles servicios de salida y focalizando la demanda”.

Asimismo, intervinieron en la presentación Graciela Atencio, (directora de la Escuela Abolicionista Internacional por España) y Asunción Miura, vicepresidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, quien recordó que, “a la hora de diseñar políticas públicas, no podemos olvidar que la prostitución es una forma de violencia incompatible con el Estado de derecho».

 

A continuación, tuvo lugar el primer panel con el llamamiento nacional e internacional de las supervivientes para abolir la prostitución en España.

Pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar conjuntamente a nueve mujeres activistas y supervivientes del sistema prostitucional, y aunque la vivencia y el testimonio de cada una de ellas sea diferente, todas coincidieron en que la abolición de la prostitución es la única vía posible no solo para resarcir el sufrimiento y la violencia vivida, sino para poner fin a la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por esta razón, todas apoyaron unánimemente la proposición de ley abolicionista presentada recientemente por el PSOE, con el apoyo del PP, en el Congreso de los Diputados.

El segundo panel se centró en responder al llamamiento de las supervivientes y fue presentado por Jonathan Machler, director ejecutivo de CAP, quien dio paso a las representantes parlamentarias:

Andrea Fernández Benítez, secretaria de Igualdad del PSOE y Diputada por León, transmitió un mensaje tranquilizador y optimista, aclarando que esta propuesta de ley pasará a la Comisión de Justicia y estará aprobada antes de final de año, ya que cuenta con una amplia mayoría de votos en la cámara.

Por su parte, Marta González Vázquez, Representante del Grupo Parlementario Popular (GPP) en el Congreso, reconoció que desde ambos partidos comparten la aspiración común de que “nuestro país se incorpore a los países que sancionan el proxenetismo, la demanda y protegen a las víctimas, es decir, abolicionistas”.

Para finalizar el acto y con la intención de apoyar la posibilidad de incluir a España en los países realmente abolicionistas, intervinieron los representantes oficiales del OSCE, de Suecia y Francia: Valiant Richey, Representante Especial y Coordinadora de la Lucha contra la Trata de Personas de la OSCE. Jean-Claude Brunet, Embajador en Misión Especial de Francia para la Lucha contra las Amenazas Criminales Transnacionales. Y Anna Ekstedt, Embajadora en Misión Especial de Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas.

Así, en esta tercera mesa , los embajadores expusieron los datos que reflejan los beneficios de la ley abolicionista en Francia y Suecia:

En palabras de Jean-Claude Brunet, lo que motivó a los legisladores franceses la adopción del modelo abolicionista fueron las graves tendencias identificadas: “más del 90% de las mujeres en situación de prostitución eran mujeres migrantes y la mayoría vivía en los barrios más pobres. Muchas querían salir de la prostitución»

Suecia fue el primer país que criminalizó la demanda de prostitución tanto con multas como con penas de cárcel en ciertas circunstancias. Según explicó Anna Ekstedt, Embajadora en Misión Especial de Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas, ”la adopción del modelo abolicionista, ha hecho de Suecia un país menos atractivo para los traficantes”.

Por su parte, Valiant Richey, en representación de la OSCE, apostó por las legislaciones que sancionen la demanda de prostitución como una de las herramientas necesarias más efectivas en materia de prevención de la explotación sexual.

Como conclusión final del encuentro, podemos destacar la importancia de la aprobación de esta proposición de ley para que España sea un país abolicionista.

Condenamos y lamentamos el terrible asesinato de un menor de diez años a manos de su padre

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Estamos de luto ante el primer crimen por violencia vicaria del año

Comenzamos este mes de abril lamentando el triste hecho de que un inocente niño de 10 años haya sido asesinado por su padre durante el cumplimiento del régimen de visitas del menor, para celebrar el que fuese su undécimo cumpleaños.

Se trata del primer crimen por violencia vicaria cometido en 2022, y el número 47 desde 2013 en que se empezaron a recabar estadísticas.

Ante estos hechos, desde la CIMTM recordamos que los derechos y la protección de los hijos e hijas siempre van por delante de los supuestos derechos del padre. Nuestra experiencia en los años de atención a mujeres y menores víctimas de malos tratos, nos demuestra que un maltratador jamás será un buen padre.

Los menores se convierten en víctimas directas al ser testigos de la violencia que sufren sus madres, algo que desde nuestra entidad llevamos denunciando y visibilizando por medio de nuestra exposición itinerante “Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género”.

Por medio de los dibujos creados por los niños y niñas que han sido atendidos por nuestra entidad, reflejamos lo que ellos y ellas no pueden expresar mediante palabras, y recordamos que estos crímenes son solo la punta del iceberg del dolor diario que sufren quienes son testigos directos de la violencia machista que se ejerce contra sus madres.

Este lamentable hecho nos hace reiterar que, según la reforma al artículo 94 del Código Civil en vigor desde el pasado 3 de septiembre, “No se fijará en los juzgados un régimen de visitas, y lo suspenderá si existe, cuando el padre esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, agredir o abusar de la pareja o de los hijos, y tampoco si aprecia indicios fundados de violencia doméstica o de género”.

Si bien, el principal objetivo de la reforma es proteger a los menores y combatir la violencia vicaria, hoy nos hallamos horrorizadas de nuevo ante este último crimen, más aún, cuando pesaba sobre el maltratador una orden de alejamiento por parte de la madre.

Pese a las buenas intenciones y los avances legislativos, nos encontramos ante un error de coordinación entre los juzgados, y rogamos un mayor esfuerzo, diligencia y seguimiento por parte de las instituciones competentes para poner fin a irregularidades que suponen un grave riesgo para la vida de niños y niñas inocentes.

Recordamos que, según el último dictamen emitido por la Fiscalía, hay aproximadamente 879 casos de presos por violencia de género que siguen recibiendo visitas de menores en los centros penitenciarios, a pesar de su prohibición en la ley.

Esta forma de proceder por parte de los operadores de justicia refleja una interpretación discriminatoria de la legislación, basada en prejuicios y estereotipos de género todavía muy arraigados, como ya ha alertado la ONU a España en varias ocasiones por medio de varios informes.

El objetivo de la violencia vicaria es provocar el sufrimiento de por vida de la madre. Y una vez más, lo han vuelto a conseguir.

Todo nuestro apoyo y cariño a la madre y familia del menor.

 

 

Malos tratos

Más de 200 asociaciones firmamos un manifiesto contra el antifeminismo de VOX

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Las organizaciones que suscribimos el manifiesto promovido desde la Asociación de Mujeres, Juristas Themis, reclamamos que se extreme la diligencia debida institucional a la que obliga el artículo 5.2 del Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), impidiendo cualquier incumplimiento de las obligaciones específicas para la prevención, detección temprana, sensibilización, apoyo, reparación y protección frente a esta violencia establecidas el marco jurídico vigente.

La atribución de responsabilidades de gobierno de una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres que es el objeto de nuestra lucha, obliga a mantener encendidas todas las alarmas y a extremar la vigilancia ante cualquier disposición o acto que implique un retroceso en las obligaciones de prevención, detección temprana, apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección de mujeres y menores expuestos y reparación del daño ante cualquier manifestación de la violencia de las que son víctimas específicas las mujeres, como es la violencia en el ámbito íntimo, la violencia sexual o la violencia económica, a las que están desproporcionadamente expuestas las mujeres por razones históricas y estructurales en todos los espacios por los que transitan sus vidas: la familia, la pareja, el trabajo, los espacios educativos, deportivos o de ocio.

Nos alarma especialmente el anuncio de adjudicación de las competencias de la hoy denominada “Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades” a quienes

– Desprecian este último concepto por activa y por pasiva

– Rechazan las leyes de promoción de la igualdad y contra la violencia de género y el acoso sexual y por razón de sexo

– No creen que haya que promover el acceso a recursos básicos a quien por origen tiene dificultades para acceder a ellos entre otras razones por precariedad económica o imposiciones derivadas del género.

– Promulgan un modelo de familia jerárquico y patriarcal y la aplicación del Síndrome de Alienación Parental para aplicar una inconstitucional “presunción de mendacidad” a las mujeres que denuncian actos de violencia, dejando en desamparo a sus hijos e hijas.

– No quieren ver y niegan los datos y evidencias de esta violencia o los que acreditan la persistencia de otros factores de discriminación como el trabajo no retribuido que las mujeres siguen prestando en el seno de la familia y la consiguiente brecha de empleo de 20 puntos entre hombres y mujeres con menores a su cargo.

– Dificultan e impiden el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva.

– Defienden que sus hijas e hijos forman parte de su patrimonio personal y se arrogan la facultad exclusiva de adoctrinarles ideológicamente en la negación de la evidencia de la violencia y la desigualdad.

El movimiento de mujeres del que formamos parte denunciará ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones que les conciernen, que pueda impulsarse desde el gobierno de Castilla y León y que implique contravenir los derechos fundamentales de los que como personas son titulares las mujeres y la normativa que los ampara y desarrolla, tanto en nuestra Constitución que tiene como valor superior y derecho la igualdad (artículos 1 y 14) y la promoción de las condiciones de igualdad de oportunidades real (artículo 9.2), así como en tratados internacionales como el Convenio contra la Violencia hacia la mujer del Consejo de Europa o el Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de Naciones Unidas, normativa estatal como la Ley Orgánica contra la Violencia de Género de 2004 o la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, o incluso de las propias normas promulgadas hasta ahora por el propio parlamento de Castilla y León.

Éste es nuestro compromiso con la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y por la igualdad real, para el que pedimos el apoyo y diligencia debida que les concierne:

– Al poder legislativo, diputadas y diputados, senadoras y senadores, procuradores y procuradoras de las Cortes de Castilla y León; al Gobierno de España y al Defensor del Pueblo, para que ante cualquier desviación o contravención de estas obligaciones que llegue a su conocimiento planteen los correspondientes recursos de inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

– Al Defensor del Pueblo Ministerio Fiscal, para que igualmente plantee los recursos de amparo por las vulneraciones de derecho individuales a las que alude el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

– A la Comisión de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares, para que recaben los datos sobre implementación de medidas de formación a profesionales (artículo 15 del Convenio de Estambul), protección y apoyo a las víctimas y a los menores expuestos (artículos 18 y 26 del Convenio de Estambul) y su acreditación conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004.

¿A qué se enfrentan las mujeres ucranianas?

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El 24 de febrero de 2022, recibimos la terrible noticia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tras ocho años de conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk, ya en 2018 Amnistía Internacional denunciaba un gravísimo incremento de la violencia sexual contra las mujeres a manos de militares, y en 2019 un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas alertaba que el riesgo de sufrir violencia de género para las mujeres desplazadas era tres veces mayor que para las no desplazadas.

Con todo ello, las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que 12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la ofensiva militar de Rusia y según ACNUR, más de 368.000 personas, en su mayoría mujeres y niñas, se han visto obligadas a huir de Ucrania.

¿A qué se enfrentan las mujeres ucranianas?

En los últimos tiempos, Ucrania se ha convertido en un destino popular para la prostitución y el tráfico sexual . Hablamos de un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas y niños víctimas de trata transnacional con fines de explotación sexual.

La independencia de Ucrania de la URSS vio a la nación intentar pasar de una economía planificada a una economía de mercado. Este proceso de transición provocó dificultades económicas en la nación, con casi el 80% de la población forzada a la pobreza en la década que siguió a su independencia.

La situación de las mujeres en Ucrania antes de la guerra ya era de extrema pobreza, sobre todo desde la irrupción de la Covid-19. Este contexto ha aumentado la brecha salarial de las mujeres ucranianas, que trabajan de media 6 horas más y cobran un 30% menos que los hombres.

La precariedad tiene un impacto definitivo sobre la vida de las mujeres, pues provoca que ellas sean más vulnerables y estén expuestas a redes criminales que las someten a una terrible explotación sexual y reproductiva.

Ucrania tiene el mayor número de víctimas de trata con fines de explotación sexual que cualquier otra nación de Europa del Este después de la disolución de la Unión Soviética. En 1998, el Ministerio del Interior de Ucrania estimó que 400.000 mujeres ucranianas fueron víctimas de explotación sexual durante la década anterior.

En este sentido, denunciamos que las mujeres en contextos de conflictos armados sufren un incremento exponencial de la violencia de género y la violencia sexual:

Las mujeres son utilizadas como arma de guerra para borrar y destruir al adversario. Mas allá de humillar destruir y castigar, estas violaciones buscan perpetuar el control social, redibujar las fronteras étnicas y destruir a la comunidad del adversario.

Un fenómeno menos conocido en España es el de las “esposas por catálogo” (matrimonios forzados), muy popular en Canadá, Alemania o EEUU: se trata de agencias donde las mujeres de países del este se ofrecen para casarse con hombres occidentales y que esconden tramas de trata, tráfico y explotación sexual.

No debemos olvidar que estas violencias no acaban en el camino, sino que continúan y se reproducen en los campos de refugiadas. Recordemos que la ONU ha registrado desde hace casi dos décadas más de 1700 acusaciones de víctimas de agresión sexual (aunque se estima que son muchísimas más) a manos del personal civil y militar de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas.

Esta guerra pone de manifiesto lo que hay detrás de la explotación reproductiva de las mujeres. El comité de Bioética en España se pronunció sobre esta realidad, dejando de manifiesto que “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas, todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor, concluimos que ser padre o madre no es un derecho sino un deseo”.

Con todo ello, condenamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mostramos nuestra solidaridad con las víctimas de este terrible conflicto y hacemos un llamamiento internacional para que los gobiernos no permanezcan indiferentes y tomen las medidas pertinentes:

– Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

– Prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas.

– Insistir a los medios de comunicación en que narren esta realidad y no traten de blanquear la explotación reproductiva de las mujeres ucranianas. A menudo se transmite un discurso liberal que justifica la explotación de las mujeres que están abandonadas a su suerte.

– Reiterar la necesidad de legislar contra la gestación subrogada y abolir, por tanto, los “vientres de alquiler” en Ucrania. La CIMTM ya reclamó, junto con 200 organizaciones, la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania.

– Además, como miembros activos de la Plataforma CEB suscribimos el posicionamiento contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia y nos adherimos a las medidas de urgencia que se deben tomar al respecto para salvaguardar los derechos de las mujeres y menores en Ucrania.

Posicionamiento de la plataforma Cedaw-Estambul-Beijing Sombra España contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia

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Las organizaciones miembras de la Plataforma Cedaw-Estambul- Beijing Sombra España queremos manifestar que, como ciudadanas y feministas europeas, condenamos esta guerra.

Es irreconciliable con los valores y objetivos del movimiento feminista que defiende sociedades justas con igualdad de oportunidades para todas las personas, diálogo socio-político y la resolución pacífica de los conflictos. Consecuentemente, rechazamos la violencia, la militarización y el fomento de valores como el dominio y el uso de la fuerza.

Las guerras implican mayor violencia, pobreza, inseguridad, vidas rotas para varias generaciones forzadas a abandonar sus hogares y redes familiares, quedando en una situación de vulnerabilidad a la precariedad, la desigualdad, la explotación y la violencia sexual, entre otros, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, menores, Tercera Edad, minorías diversas, y personas con discapacidad.

Es por ello que las feministas de la PCEB manifestamos:

Nuestro completo rechazo a la guerra impulsada por Putin sobre Ucrania y el pueblo ucraniano;

Nuestra solidaridad con la sociedad civil rusa que se manifiesta de forma pacífica en contra de la guerra y en contra de las ambiciones imperialistas y totalitarias de Putin. Destacamos el papel clave de las mujeres rusas en la Resistencia feminista contra la guerra y respaldamos su Manifiesto.

Nuestro apoyo a los millones de víctimas de otros conflictos “olvidados”: Malí, Congo, Etiopía, Níger, Sahara, Yemen, Siria, Libia, Palestina, Afganistán, y un largo etc.

Consideramos que urge:

  • Habilitar, por parte de la comunidad internacional, todos los mecanismos necesarios para el cese inmediato de la invasión y la recuperación de la libertad e independencia del pueblo ucraniano, así como la dotación, a través de la cooperación internacional, de todos los medios necesarios para restablecer la paz en todos los rincones del mundo.
  • Promover e Implementar en su totalidad los marcos normativos de protección como CEDAW, el Convenio de Estambul y la Resolución 1325 sobre “Mujeres, Paz y Seguridad” tanto en países en conflicto como en territorio UE y nacional;
  • Poner en marcha sin más dilaciones la Plataforma de Acción de Beijing aprobada en 1995 y aún pendiente que insta a los estados a:
  • Proteger a las mujeres y menores que huyen de Ucrania. Algunas organizaciones denuncian la presencia de redes de trata de explotación y tráfico de personas actuando a sus anchas sin ningún control. Los estados europeos y la UE deben poner más recursos y personal en las fronteras con Ucrania y detener y encausar a los tratantes y traficantes;
  • Promover la Cultura de Paz y valores de Diálogo, Tolerancia, Respeto e Igualdad en las escuelas y medios de comunicación, reflejado en los presupuestos nacionales;
  • Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de decisión sobre la resolución de los conflictos y misiones diplomáticas;
  • Reducir los gastos militares y el comercio armamentístico, destinando esos fondos a políticas sociales y a promover la Igualdad, la Justicia y la Paz en línea con los marcos de derechos humanos y el ODS16.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmamos la presente.

 

Madrid, 6 de marzo de 2022

Malos tratos

«Cómplices del maltrato» campaña de la CIMTM contra la violencia de género

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La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en colaboración con la agencia de publicidad CLV, lanza la campaña “Cómplices del maltrato” con la que persigue concienciar a la sociedad sobre la necesidad de actuar ante la violencia de género.

Desde 2003 (en que se empezaron a contabilizar) 1126 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas a causa de la violencia de género, un dato que no puede dejar indiferente a nadie, ya que la violencia machista es un problema estructural que nos interpela a toda la sociedad.

Sin embargo, los datos demuestran que el entorno familiar apenas acude a los juzgados o a la policía para denunciar, a pesar de que la violencia de género se reconoce como un delito público y todo el mundo puede hacerlo. Más aún, cuando de los 43 casos de asesinatos registrados en 2021, no existía ninguna denuncia previa en 34 de ellos, bien por la víctima o por alguien de su entorno.

Por eso, cuando hablamos de “Cómplices del maltrato”, nos referimos a todas aquellas personas y profesionales, que aun conociendo a mujeres en situación de maltrato deciden por motivos diversos callarse y mirar hacia otro lado, convirtiéndose con su silencio en cómplices.

En 2021, sólo 9 de los 43 agresores tenían denuncias previas por maltrato, y según la Macroencuesta de 2015, las mujeres no denuncian por las siguientes razones:

– Normalizan el maltrato y no lo consideran grave (44,6%)

– Miedo a represalias (25,5%)

– Vergüenza (21%)

Y una vez que se presenta la denuncia, existe el riesgo de que la retire debido a la manipulación y presión del maltratador (20,9%)

Si aspiramos a vivir en una sociedad igualitaria en la que ninguna mujer sufra violencia o discriminación por el mero hecho de serlo, será imprescindible involucrarse colectivamente en la lucha contra la violencia de género, mostrar nuestro apoyo incondicional a las víctimas, y nuestro rechazo al agresor, alzar la voz más allá de fechas señaladas, como el 25N y el 8M, para demostrar a las mujeres que no están solas, que las creemos, que el amor no debe doler y que la violencia jamás está justificada.

Todos y todas podemos hacer algo para evitar que las mujeres tarden una media de ocho años y ocho meses en verbalizar los malos tratos:

– Por el miedo a la reacción del agresor (50%)

– Por creer que podían resolverlo solas (45%)

– No reconocerse como victimas (36%)

– Sentirse culpables de la situación (32%)

Y una vez denuncian, acompañarlas en el proceso judicial y testificar sobre los hechos conocidos, para que cuente con las herramientas adecuadas para poder acreditar la realidad de sus vivencias.

Si algo hemos aprendido en los años de experiencia en intervención con mujeres en situación de maltrato, es que las víctimas denuncian cuando pueden, y el hecho de retrasar la denuncia o verbalizar los malos tratos, jamás deberá restar credibilidad a su testimonio.

Rechazar colectivamente la violencia y apoyar a las víctimas, es lo menos que podemos hacer para que las mujeres den el primer paso y acompañarlas en el proceso cuando seamos llamadas/os a ello es mostrar nuestra solidaridad con una justicia reparadora e igualitaria, pues nadie está exento de verse en una situación similar.

Si no sabes cómo actuar ante un caso de violencia de género, te invitamos a la sala en la que Irina Núñez de Arenas, una de nuestras psicólogas especializadas en Violencia machista, ofrecerá claves dirigidas tanto al entorno como a las víctimas.

Fecha y Hora: Viernes 28 de enero a las 12H
Lugar: ClubHouse: @cimtm1

Jornadas: ‘’Percepciones y vivencias de l@s Adolescentes frente a la Violencia de Género ¿Avances o retrocesos?”

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16 de diciembre 10am – 14.30pm en la Casa del Reloj (Matadero) y online en Facebook y YouTube

Organiza Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

• Un 69% de adolescentes define la violencia de género como una violencia de un género contra otro.

• Solo un 26% de adolescentes define la violencia de género como una violencia que se ejerce contra ellas específicamente ‘’por ser mujeres’’.

• Un 56% de adolescentes no considera violencia de género ‘’hacer chistes sexistas’’.

• El 95% de las situaciones de violencia de género callejeras las han expresado las chicas participantes, como víctimas de la misma.

*Datos extraídos del informe ‘’Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid’’.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) organiza un encuentro de expertas y expertos en el que se analizará la realidad de la violencia machista tal y como la viven y la entienden las y los jóvenes de hoy en día.

Desde la CIMTM llevamos años apostando por la educación en igualdad desde edades tempranas como la mejor herramienta para prevenir y erradicar todas las formas de violencias machistas.

A través de estas jornadas, dirigidas especialmente a profesionales y estudiantes de diversos ámbitos, entre los que destacamos el social y educativo, así como a todas aquellas personas sensibilizadas con la lucha por la igualdad, compartiremos nuestra experiencia impartiendo talleres de coeducación y formación en violencia de género en IES de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa Fortaleza de atención integral a víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

Los resultados de las encuestas realizadas a 1.578 estudiantes de educación secundaria, así como las observaciones realizadas por el equipo mixto de formadores de la CIMTM, supondrán el punto de partida de este encuentro. Del mismo modo, están recogidas en el informe “Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid”.

La interiorización de los mitos del amor romántico, qué opinan de los celos, las diversas vivencias en función del sexo de situaciones tan cotidianas como coger el metro serán algunos de los temas a abordar.

Además de las experiencias descritas vividas por el equipo de formación de la CIMTM, representado en este encuentro por Laura Campillo y Daniel M. Méndez, conoceremos el punto de vista institucional de la mano de Joaquín Coronado, Jefe del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quien abordará los recursos locales y nuevas normativas así como el funcionamiento del Servicio ATENPRO.

Finalizaremos con Pilar Fernández Pérez, Fiscal de Sala contra la Violencia de Género, que hablará de las medidas legales de protección frente a la Violencia de Género en jóvenes y adolescentes.

Información Importante:

Para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y evitar la propagación del Covid-19:

– El aforo queda reducido a la mitad, habrá distancia interpersonal entre asistentes, dispensadores de gel hidroalcohólico en la sala, así como obligatoriedad de llevar la mascarilla en el interior de la sala.

– La reserva de localidades solo será efectiva a través del registro en el siguiente link.

– Para seguir las jornadas online, no es necesario inscribirse: https://www.youtube.com/watch?v=mGPd50Io0zA

*Se entregará certificado de participación (4h) a aquellas personas que lo soliciten y hayan asistido de manera presencial.

– Para más información y gestión de entrevistas: 913 08 27 04 / prensa@malostratos.org

– Para cubrir el evento, rogamos confirmación de asistencia: 913 08 27 04 / prensa@malostratos.org

La Plataforma Sombra CEDAW- Estambul-Beijing denuncia falta de transparencia del gobierno ante el examen de CEDAW

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La Plataforma CEDAW-Estambul-Beijing Sombra (espacio que agrupa más de 200 organizaciones feministas, de mujeres y sociales) ha remitido una carta al Gobierno en la que presenta una queja formal por la falta de transparencia y comunicación que se está produciendo con relación dicho examen y la solicitud de aplazamiento realizada por el gobierno a CEDAW, la cual no ha sido informada en tiempo y forma a las organizaciones de la sociedad civil, dificultando el trabajo y la participación.

La Plataforma recuerda en su misiva que, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos un rol importante en el mantenimiento de la responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno, dentro del país y frente a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que está reconocido por estos organismos y que es fundamental para la participación social y política de las organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, solicitan al gobierno y a los organismos que, atendiendo al principio de transparencia, informen debidamente de los procesos, aplazamientos y actuaciones que se desarrollen en el marco del seguimiento y monitoreo de los convenios internacionales y las políticas públicas que derivan de ellos. 

Reproducimos a continuación, la carta emitida por la Plataforma CEDAW- Estambul- Beijing Sombra

Att.:

Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno

Sra. Irene Montero Gil, Ministra de Igualdad.

Sr. José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Sra. Adela Díaz Bernárdez, Directora de la Oficina de Derechos Humanos.

Madrid, a 20 de septiembre de 2021

Estimadas, estimados,

Reciban un saludo de quienes conformamos la Plataforma Sombra CEDAW- Estambul-Beijing, espacio que agrupa más de 200 organizaciones feministas, de mujeres y sociales que nos reconocemos en la lucha contra todas las violencias hacia las mujeres, en defensa de la igualdad y de los derechos humanos que llevamos 8 años trabajando en el seguimiento de la aplicación del gobierno de España de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, más específicamente de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Convenio del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011).

En el marco del informe periódico de España ante CEDAW previsto en el período de sesiones de octubre- noviembre 2021, basado en el Listado de cuestiones y preguntas CEDAW/C/ESP/QPR/9 enviadas en agosto 2019, queremos presentar una queja formal por la falta de transparencia y comunicación que se está produciendo con relación dicho examen y la solicitud de aplazamiento realizada por el gobierno a CEDAW, la cual no ha sido informada en tiempo y forma a las organizaciones de la sociedad civil, dificultando su trabajo de seguimiento, incidencia e incumpliendo así todos los principios de participación y transparencia.

Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos un rol importante en el mantenimiento de la responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno, dentro del país y frente a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que está reconocido por estos organismos y que es fundamental para la participación social y política de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, los procedimientos de la CEDAW establecen que la sociedad civil sea informada debidamente y reciban el informe oficial para su consideración en el informe sombra.

Por ello, en el ejercicio de nuestro derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos que son de nuestro interés, solicitamos al gobierno y a los organismos que, atendiendo al principio de transparencia, informen debidamente de los procesos, aplazamientos y actuaciones que se desarrollen en el marco del seguimiento y monitoreo de los convenios internacionales y las políticas públicas que derivan de ellos.

Atentamente,

Comisión de Coordinación – Plataforma Sombra CEDAW-Estambul-Beijing

Lidia Fernández Montes, Lucía Candeira, Beatriz Sagrado Roberto, Rosabel Agirregomezkorta, Silvia Escribá Baixauli.

La situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid es insostenible

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A/A Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
A/A Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
A/A María Concepción Dancausa Treviño Consejera de Familia, Juventud y Política social

 

Madrid, 22 de septiembre de 2021

 

Ante la situación de la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comunidad de Madrid, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

– El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el aborto Legal y Seguro, es una jornada que se celebra en todo el mundo para reivindicar la legalización del aborto y el acceso al mismo en condiciones de seguridad y calidad dentro de los sistemas de salud, concienciando sobre las muertes de mujeres que ocurren como consecuencia de abortos inseguros y clandestinos.

– Las condiciones de inseguridad se producen asimismo en países como el nuestro, a pesar del recorrido de once años desde que se aprobó la ley 2/2010 de salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, puesto que existen barreras al acceso a la IVE como prestación sanitara universal para todas las mujeres.

– Existe una importante diferencia territorial en España respecto a la práctica del aborto y al acceso de las mujeres a la IVE en función de las CCAA.

En concreto en la Comunidad de Madrid, tenemos que denunciar todas las trabas que hacen que la IVE siga sin ser una prestación normalizada ni se realice en los centros públicos, como cualquier otra prestación sanitaria integrada en la cartera de servicios de la sanidad pública.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pretendía revertir las medidas que contemplaba el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, pero al vincularse a la residencia legal, sigue siendo una importante barrera para el acceso a la IVE para las mujeres migrantes.

– Algunas CCAA han dado órdenes para habilitar el acceso a la IVE de las mujeres sin residencia legal, pero en la Comunidad de Madrid debe acreditarse residencia al menos durante 90 días para poder tener tarjeta sanitaria, y sin ella no es posible la financiación pública de la IVE.

– Negar el derecho al aborto a las mujeres por su situación administrativa, que justamente pueden ser las mujeres en situación más vulnerable, además de faltar a la responsabilidad ética que como sistema de salud tienen sobre la atención a la salud de las personas que se encuentran en su territorio, vulnera la dignidad y la autonomía de las mujeres, forzando a una maternidad no deseada o poniendo en riesgo su salud al abocarlas al aborto clandestino. 

– Reiteradamente las feministas nos hemos movilizado también para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, y que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, revertiendo la reforma de la ley 2/2010 que el Partido Popular hizo en 2015.

– Queremos que cesen los ataques continuos a las clínicas acreditadas, que a día de hoy son los únicos centros que realizan las IVEs en la CM, que se respete el ejercicio de las/los profesionales y la libertad de las mujeres sin cortapisas ni intimidaciones.

La Comunidad de Madrid debe actuar para frenar el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a los centros. Con su inacción, alegando que no es de su competencia, en la práctica está respaldando las acciones de los grupos anti-elección, a costa de vulnerar los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando la ciudadanía se ha manifestado de manera espontánea ante otras instituciones, si se envía a la fuerza pública.

– Reclamamos el ejercicio de la IVE como prestación sanitaria dentro de la sanidad pública. En 2018 se notificaron en la Comunidad de Madrid 18.914 IVEs, pero las notificaciones son de las 7 clínicas autorizadas de la CM y solamente hay dos de hospitales públicos.

Los datos de 2018 corresponden a 2017. Según el informe de 2019 del Ministerio de Sanidad (el ultimo publicado), en Comunidad de Madrid no se ha realizado ninguna IVE en centros públicos.

El 71,4% de las IVEs son de menos de 9 semanas de gestación, pero de más de 15 semanas hay un 4,3%. Son pocas, pero son los casos más graves y de mayor impacto emocional porque normalmente se trata de embarazos deseados, y en estas circunstancias, la sanidad pública madrileña se desentiende de estas mujeres para derivarlas a una clínica autorizada. La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que en estos casos el aborto se realice preferentemente en hospitales públicos.

En la Comunidad de Madrid se está haciendo un uso fraudulento de la ley y una perversión del derecho individual a la objeción de conciencia, pues todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid no pueden ser objetores. La realidad es que no existen registros ni se pide por parte de la Consejería de Sanidad conocer las/los profesionales que objetan. Simplemente se da por hecho que toda la prestación de la IVE está concertada, incluso los casos que mayores medios técnicos requieren para su resolución.

La situación de la IVE en la Comunidad de Madrid es insostenible. Las mujeres de Madrid reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa.

La Interrupción voluntaria del embarazo y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su maternidad hace muchos años que son asumidas de forma mayoritaria como un derecho básico por la sociedad española. No se deben aceptar trabas en función de la ideología personal, ni ceder a los sectores más retrógrados pese al ruido que provocan.

Apelamos directamente a su Presidenta, señora Isabel Díaz Ayuso, al Consejero de Sanidad señor Enrique Ruiz Escudero y a la Consejera de Familia, Juventud y Política social señora María Concepción Dancausa a comprometerse a adoptar las medidas aquí planteadas.

A fin de exponerles directamente nuestras propuestas, consideren este escrito registrado como solicitud formal de entrevista.

Reciban un saludo

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Cuarto Propio en Wikipedia
Fórum Feminista de Madrid
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
UGT Madrid
Asociación de Mujeres Feministas de Huelva
Secretaría de las Mujeres de CCOO-Madrid
COMARCA SUR DE CCOO
FSC CCOO Madrid
CONSEJO DE SALUD DE CARABANCHEL
Comarca Norte CCOO
Feministas Usera
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Emargi
Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad
Federación de asociaciones de mujeres de la comunidad de Madrid (FAMCM)
8M MoratalazMesa de Feminismos del Foro Local de Moratalaz
Araba Abolizionista
Mujeres Feministas Escorial
ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA ASOCIACIÓN SALUD
AMAL
Red Feminista de Mujeres Rurales del occidente de Asturias
Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI
IU
Mujeres Sembrando
Dofemco
Colectivo Escuela No-sexista de Asturies
Pretendemos Gitanizar el Mundo
FÓRUM de Política Feminista
Frente Abolición Prostitución
FSC CCOO CATALUÑA
Más Madrid
Asociación Círculo Feminista
Asoc. Feminista de Asturias-AFA Clara Campoamor
FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES
FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE AROUSA
Mujeres Progresistas Retiro
Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista
Feminista
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas Comusión 8M Perales del Rio
Mats
Asociación feminista luz ultravioleta
Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
Movimiento Feminista Madrid
Colectivo Luna de Mujeres de Villena
Matria
Unidas Podemos Becerril de la Sierra
Médicos del Mundo Madrid

Llamamiento internacional ante la situación de emergencia de las mujeres y niñas afganas

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La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha puesto en alerta a todas las organizaciones feministas que luchamos cada día por erradicar la terrible violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

El régimen talibán que se impuso desde 1996 hasta el año 2001 implicó una terrible persecución hacia las mujeres: los talibanes prohibieron a las mujeres y niñas los derechos más elementales, como trabajar fuera de casa , el acceso a la educación y la sanidad, hablar en público y mostrar su cuerpo.

Sin embargo, los 20 años de ocupación del territorio por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN, no han supuesto la panacea para las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, donde su situación no ha mejorado mucho, aunque sí se han producido ciertos avances en las áreas urbanas donde muchas mujeres han podido acceder a la universidad y al trabajo, ostentar cargos públicos o participar en política.

Conviene recordar datos que explican por qué Afganistán es uno de los países más peligrosos para la vida de las mujeres: dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80 por ciento de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y afrontan matrimonios forzosos antes de los 16 años.

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA), lleva denunciando la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas desde 1977, y leyendo la lista de restricciones y maltratos que imponen los talibanes a las mujeres, podemos hacernos una idea de la infernal vida que les espera si no hacemos nada para impedirlo.

En Afganistán no hay leyes que defiendan a estas mujeres. Los maltratos, las agresiones y los abusos no terminan en un juicio, sino en tribunales talibanes o “mecanismos tradicionales de solución de controversias” integrados por hombres que discriminan sistemáticamente a las mujeres.

Con este panorama previo esbozado, no nos engañemos, los talibanes solo son la cara más salvaje del machismo estructural incrustado en la sociedad afgana. El resultado es una cultura de permanente impunidad de los delitos contra la mujer y de los abusos a los derechos de la mujeres y niñas.

Durante todos estos años muchísimas mujeres activistas, periodistas, políticas, juezas y diputadas han sido inhabilitadas en el parlamento y ahora se enfrentan a la persecución, a la violencia y a las amenazas de muerte inminentes de los talibanes.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres nos unimos al llamamiento a la comunidad internacional para que no se sacrifiquen los logros que tanto les ha costado alcanzar a las mujeres afganas, y que se ofrezcan garantías de refugio, apoyo y protección de sus derechos humanos.

En esta línea, la Comisión se ha adherido a los manifiestos emitidos por: FÓRUM de Política Feminista y periodistas activistas en colaboración con Clásicas y Modernas con los que se exige a los gobiernos que abran sus puertas y protejan a las mujeres y niñas afganas.

No basta con que los gobiernos u organismos internacionales muestren su indignación públicamente, sino que, ante cualquier atentado a los derechos humanos, se imponga la toma de decisiones políticas y medidas urgentes.

Ante esta crisis humanitaria en la que no podemos mirar hacia otro lado y abandonar a las mujeres a su suerte, exigimos a los gobiernos e instituciones competentes, la adopción de medidas urgentes y en especial:

– Mantener abiertas las fronteras para que todas las personas que deseen abandonar Afganistán, huyendo de un poder fanático impuesto por la fuerza de las armas. puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

–  Diseñar e implantar de manera urgente, un plan de asilo y acogida a la ciudadanía afgana, siendo especialmente ágil y directa en el caso de las mujeres y niñas en especial situación de riesgo, sea por haber desempeñado tareas profesionales prohibidas por los talibanes, asistido a escuelas y universidades u otros motivos.

– Velar porque se respete el derecho de las mujeres en Afganistán a circular libremente y con seguridad, y a seguir estudiando y trabajando sin restricciones ni temor a represalias.

– Prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas.

– Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

– Garantizar a través de un compromiso público que no se sacrificarán los derechos de las mujeres, especificando que cualquier acuerdo político deberá garantizar de forma explícita los derechos de las mujeres.

– La aplicación de los principios de igualdad que rigen el Convenio de Estambul y el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) a la que Afganistán se adhirió sin reservas en 2003.

 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres