La situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid es insostenible

A/A Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
A/A Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
A/A María Concepción Dancausa Treviño Consejera de Familia, Juventud y Política social

 

Madrid, 22 de septiembre de 2021

 

Ante la situación de la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comunidad de Madrid, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

– El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el aborto Legal y Seguro, es una jornada que se celebra en todo el mundo para reivindicar la legalización del aborto y el acceso al mismo en condiciones de seguridad y calidad dentro de los sistemas de salud, concienciando sobre las muertes de mujeres que ocurren como consecuencia de abortos inseguros y clandestinos.

– Las condiciones de inseguridad se producen asimismo en países como el nuestro, a pesar del recorrido de once años desde que se aprobó la ley 2/2010 de salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, puesto que existen barreras al acceso a la IVE como prestación sanitara universal para todas las mujeres.

Existe una importante diferencia territorial en España respecto a la práctica del aborto y al acceso de las mujeres a la IVE en función de las CCAA.

En concreto en la Comunidad de Madrid, tenemos que denunciar todas las trabas que hacen que la IVE siga sin ser una prestación normalizada ni se realice en los centros públicos, como cualquier otra prestación sanitaria integrada en la cartera de servicios de la sanidad pública.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pretendía revertir las medidas que contemplaba el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, pero al vincularse a la residencia legal, sigue siendo una importante barrera para el acceso a la IVE para las mujeres migrantes.

– Algunas CCAA han dado órdenes para habilitar el acceso a la IVE de las mujeres sin residencia legal, pero en la Comunidad de Madrid debe acreditarse residencia al menos durante 90 días para poder tener tarjeta sanitaria, y sin ella no es posible la financiación pública de la IVE.

Negar el derecho al aborto a las mujeres por su situación administrativa, que justamente pueden ser las mujeres en situación más vulnerable, además de faltar a la responsabilidad ética que como sistema de salud tienen sobre la atención a la salud de las personas que se encuentran en su territorio, vulnera la dignidad y la autonomía de las mujeres, forzando a una maternidad no deseada o poniendo en riesgo su salud al abocarlas al aborto clandestino. 

– Reiteradamente las feministas nos hemos movilizado también para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, y que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, revertiendo la reforma de la ley 2/2010 que el Partido Popular hizo en 2015.

Queremos que cesen los ataques continuos a las clínicas acreditadas, que a día de hoy son los únicos centros que realizan las IVEs en la CM, que se respete el ejercicio de las/los profesionales y la libertad de las mujeres sin cortapisas ni intimidaciones.

La Comunidad de Madrid debe actuar para frenar el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a los centros. Con su inacción, alegando que no es de su competencia, en la práctica está respaldando las acciones de los grupos anti-elección, a costa de vulnerar los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando la ciudadanía se ha manifestado de manera espontánea ante otras instituciones, si se envía a la fuerza pública.

Reclamamos el ejercicio de la IVE como prestación sanitaria dentro de la sanidad pública. En 2018 se notificaron en la Comunidad de Madrid 18.914 IVEs, pero las notificaciones son de las 7 clínicas autorizadas de la CM y solamente hay dos de hospitales públicos.

Los datos de 2018 corresponden a 2017. Según el informe de 2019 del Ministerio de Sanidad (el ultimo publicado), en Comunidad de Madrid no se ha realizado ninguna IVE en centros públicos.

El 71,4% de las IVEs son de menos de 9 semanas de gestación, pero de más de 15 semanas hay un 4,3%. Son pocas, pero son los casos más graves y de mayor impacto emocional porque normalmente se trata de embarazos deseados, y en estas circunstancias, la sanidad pública madrileña se desentiende de estas mujeres para derivarlas a una clínica autorizada. La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que en estos casos el aborto se realice preferentemente en hospitales públicos.

En la Comunidad de Madrid se está haciendo un uso fraudulento de la ley y una perversión del derecho individual a la objeción de conciencia, pues todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid no pueden ser objetores. La realidad es que no existen registros ni se pide por parte de la Consejería de Sanidad conocer las/los profesionales que objetan. Simplemente se da por hecho que toda la prestación de la IVE está concertada, incluso los casos que mayores medios técnicos requieren para su resolución.

La situación de la IVE en la Comunidad de Madrid es insostenible. Las mujeres de Madrid reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa.

La Interrupción voluntaria del embarazo y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su maternidad hace muchos años que son asumidas de forma mayoritaria como un derecho básico por la sociedad española. No se deben aceptar trabas en función de la ideología personal, ni ceder a los sectores más retrógrados pese al ruido que provocan.

Apelamos directamente a su Presidenta, señora Isabel Díaz Ayuso, al Consejero de Sanidad señor Enrique Ruiz Escudero y a la Consejera de Familia, Juventud y Política social señora María Concepción Dancausa a comprometerse a adoptar las medidas aquí planteadas.

A fin de exponerles directamente nuestras propuestas, consideren este escrito registrado como solicitud formal de entrevista.

Reciban un saludo

ORGANIZACIONES FIRMANTES

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