Bebés y sus cuidadoras en un hotel de Ucrania

200 organizaciones reclamamos la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha solicitado, junto a más de 200 organizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres, la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania.

La alegalidad del país europeo en materia de vientres de alquiler lo ha convertido en uno de los principales destinos para obtener un bebé a través de esta práctica. En Ucrania no está regulado, pero tampoco prohibido por la ley.

La pandemia de COVID-19 nos ha dejado unas duras imágenes que ilustran la problemática que supone la explotación reproductiva de las mujeres para comerciar con bebés. La recepción de un hotel en Kiev se convirtió en una especie de “supermercado” de bebés, con decenas de niños y niñas separados de sus madres, a cargo de un grupo de mujeres cuidadoras con precarias condiciones de trabajo.

Bebés y sus cuidadoras en un hotel de Ucrania

Fuente: Plataforma CIAMS

El confinamiento y el cierre de fronteras impiden a los compradores desplazarse a Ucrania para recoger a los bebés, con lo que los menores permanecen confinados, bajo la responsabilidad de una empresa que no cuenta con autorización legal de tutela, guarda y custodia de menores. 

De hecho, como denuncia la plataforma CIAMS, la empresa a la que corresponden esas fotografías continúa sus actividades en Ucrania a pesar del escándalo en el que estuvo involucrada en 2018 por trata de seres humanos, falsificación documental y evasión fiscal.

Las consecuencias económicas derivadas de la crisis que estamos viviendo llevará a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad que será aprovechada por estas empresas para su explotación.

“Las organizaciones que suscribimos esta petición, exigimos un cierre inmediato del turismo reproductivo y una prohibición de todas las formas de comercio de niños y mujeres”, expresa la carta enviada al presidente de Ucrania, en la que recordamos el pronunciamiento de varios organismos internacionales, que han calificado esta práctica como una “socavación de la dignidad humana de la mujer” (Parlamento UE) y como la “venta de niños” (Relator ONU).