Las medidas abolicionistas registradas por asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso de los Diputados han recibido un importante respaldo de la sociedad civil para la aprobación de la ley abolicionista en España. Hasta la fecha, han sumado la adhesión de 172 asociaciones y colectivos en España y otras 52 firmas internacionales.
Una llamada a los representantes políticos y a la sociedad civil
Esta iniciativa partió de la experiencia y las demandas de las propias mujeres supervivientes de la violencia del sistema prostitucional en nuestro país, del que han sido víctimas y a la vez testigos.
El documento fue elaborado y dirigido a todos los grupos parlamentarios por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT), y se abrió a nuevas adhesiones de entidades de la sociedad civil. Entre las proponentes está la superviviente y escritora feminista Amelia Tiganus, quien ha denunciado estar sufriendo el acoso del lobby proxeneta.
Más de 225 organizaciones y plataformas suscriben las propuestas de enmiendas, redactadas sobre la ley abolicionista que se tramita actualmente en el Congreso, denominada Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
En la lista, dirigida a los grupos parlamentarios el 30 de noviembre pasado en el Congreso, figuran entidades en contacto con las víctimas de la explotación sexual, colectivos feministas, académicos, profesionales y sociales: Docentes Profesionales Sanitarias Feministas, Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (APIG), Feministas por la Coeducación (Dofemco), Mujeres Juristas Themis, Front Abolicionista del País Valenciá, Fórum de Política Feminista, Federación de Mujeres Jóvenes, Mujeres por la Paz, Federación de Mujeres Progresistas, Coalición Internacional Para la Abolición de la Explotación Reproductiva (CIAMS), Women’s Declaration International España, Red Académica Internacional de Estudios Sobre Prostitución y Pornografía, Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), Tertulia Feminista Les Comadres, Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA), Col·lectiu Feminista Victoria Sau o Feministes de Catalunya, entre otros.
Las propuestas han sumado firmas de diversos territorios del Estado: Euskadi, Catalunya, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Navarra, Cantabria o Galicia, destacando la adhesión de muchos colectivos Radfem. Se adhieren, asimismo, partidos políticos como la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Feminista de España y el Partido Feministas al Congreso.
Apoyos internacionales a las supervivientes
En el ámbito internacional, la llamada de las supervivientes cuenta con apoyos desde Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bégica, Estados Unidos, Ucrania, Suiza y Nueva Zelanda; más numerosas firmas procedentes de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, una región del planeta donde el movimiento de las supervivientes está implicado en impulsar las políticas abolicionistas en España.
Así, entre las firmantes figuran la alemana Trauma and Prostitution o la estadounidense Prostitution Research & Education, dirigidas por influyentes abolicionistas globales. Las supervivientes han recibido también el apoyo de plataformas como Atlas Free, Coalition Against Trafficking in Women (CATW), Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Nordic Model Now! o The European Women’s Lobby.
Hacia la abolición del sistema prostitucional en España: una deuda histórica con las mujeres
El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual propuesta de ley abolicionista con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de quienes han sido víctimas directas. Tanto ellas como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros como agresores sexuales, al ser los beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad. Consideran que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada.
El documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. Esta consideración, señalan, “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.
Las proponentes consideran que es urgente la aprobación de esta ley abolicionista y que resulta imprescindible proporcionar permisos de residencia y de trabajo a las mujeres en prostitución que son inmigrantes y están en situación irregular, desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento indispensable de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo.
