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La CIMTM participa en el informativo especial de COPE Sevilla dedicado a la Prostitución

Esta semana, la Coordinadora de la CIMTM en la sede de Sevilla, Rocío Vidarte, ha intervenido en radio Cope Sevilla junto a tres integrantes más de la Mesa de Coordinación de entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual (Rocío Maqueda, Remedios Rodríguez, María Pérez Lagares) y junto a la Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Macías, y la Directora del área de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García.

El informativo tuvo lugar el pasado miércoles 10 de mayo, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el que se establece la necesidad de informar y sensibilizar a la sociedad para ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud de este problema.

El programa giró en torno a la realidad de la prostitución, cuya existencia constituye un claro atentado a la dignidad humana y a la integridad física, psicológica y sexual, siendo considerada la esclavitud del siglo XXI.

Si acudimos el Código Penal o cualquier otro texto oficial en España nos encontraremos con que la prostitución no está contemplada, no hay ningún artículo que la defina como una actividad económica legítimamente legal, ni tampoco lo contrario. Sin embargo, existen algunas menciones, dado que tres actividades íntimamente relacionadas con la prostitución sí que están expresamente prohibidas: el proxenetismo, la trata y la prostitución con menores.

A pesar de la ausencia de una legislación clara con respecto a la prostitución, se han implantado en España medidas, tanto a nivel estatal como local, para ayudar a las personas que se encuentran en situación de prostitución.

La regulación de la prostitución corresponde únicamente al estado, pero los ayuntamientos tienen competencias respecto a la ordenación del territorio y a la regulación de las actividades económicas, y por ello pueden poner ciertos límites y barreras al ejercicio de la prostitución, por ejemplo, pueden denegar las licencias a los locales de alterne donde se ejerza la prostitución o actividades relacionadas con ella.

Sevilla, referente en la política pública abolicionista de la prostitución

Mientras que otros municipios y provincias de España ignoran o no apuestan por políticas públicas que aborden el problema de la prostitución desde la postura abolicionista que requiere, existen casos como el del Ayuntamiento de Sevilla capital, pionero en España en llevar a cabo una política pública abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, considerando que son instituciones patriarcales que materializan la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, sobre todo contra aquellas que se enfrentan a contextos socio-económicos y culturales donde el género, junto a otras situaciones de desigualdad social aumenta el riesgo de sufrir esta explotación.

La Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento, explicó que desde la administración tienen muy claro que sin prostitución no hay trata. Por ello, entre otras cuestiones, Sevilla impone multas de entre 750 y 3000 euros a los “clientes de la prostitución callejera” desde el año 2011.

“En nuestra ciudad no hay un anuncio de prostitución, no hay vallas que anuncien ningún local de alterne, eso está prohibido gracias a la normativa municipal de Sevilla”  expresó la Directora del área de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García.

Al ser preguntada por las actuaciones que se llevan a cabo desde el Municipio, la directora aclaró que el trabajo del Ayuntamiento se complementa con el de las entidades que trabajan e intervienen con las mujeres en situación de prostitución.

El trabajo de la Mesa de Coordinación de Prostitución

En este sentido, juega un papel fundamental la Mesa de Coordinación de entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual, compuesta por más de 20 asociaciones que se mencionan a lo largo del programa, y entre las que se encuentran Cruz Roja, AMUVI, Médicos del Mundo o esta Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, entre otras entidades, con las que se trabaja en red para ofrecer una intervención y atención integral a las mujeres que lo necesitan.

A lo largo del informativo serán Rocío Maqueda, Rocío Vidarte, Remedios Rodríguez, María Pérez Lagares, en representación de la Mesa de Coordinación de Prostitución de Sevilla, quienes expliquen los procedimientos de intervención en los distintos escenarios de prostitución, así como los principales obstáculos que encuentran en el día a día, y las principales reivindicaciones que claman desde las entidades que conforman la mesa.

Cabe destacar, que nuestra entidad cuenta con un centro de atención a la mujer en Sevilla, donde estamos a su disposición y ponemos todos nuestros recursos al alcance de las mujeres en situación de prostitución, en el marco del Programa Alternativa, subvencionado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y en el marco del Programa Brújula, Proyecto subvencionado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria y cofinanciado por el FSE+


Puedes escuchar la entrevista completa en https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/especial-informativos-cope-sevilla-prostitucion-20230510_2253665 

Puedes leer la noticia en este enlace https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/noticias/sevilla-una-ciudad-pionera-lucha-contra-prostitucion-20230519_2717536

La Delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Macías, la Directora del área de Igualdad de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García, junto a cuatro integrantes de la Mesa de Coordinación de Prostitución

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Las mujeres y las niñas no están en venta: ¡No a la despenalización del comercio sexual en Noruega!

Nuestra entidad entiende la Prostitución y la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual como dos fenómenos intrínsecamente unidos que afectan mayoritariamente a las mujeres que se encuentran en extremas situaciones de vulnerabilidad, en su mayoría, procedentes de países con mayores dificultades. La Prostitución, es un claro atentado a la dignidad humana, a la integridad física, psicológica y sexual, estando considerada la esclavitud del siglo XXI. Es por tanto la forma de violencia sexual más invisible que se ejerce contra las mujeres y por este motivo a través de nuestros Programas Alternativa y Brújula intervenimos con mujeres en situación de prostitución y les ofrecemos información sobre recursos y trámites, asesoramientos especializados, derivaciones y acompañamientos a recursos, servicios e instituciones.

Como organización firmemente abolicionista, hemos apoyado esta  petición para evitar la despenalización del comercio sexual en Noruega

Si tu también eres una organización que defiende los derechos humanos de las mujeres, puedes apoyar la petición en nombre de tu organización o a título personal en este enlace 

Nuestras aportaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de seres humanos

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres consideramos pertinente realizar las siguientes modificaciones para mejorar el texto normativo y la aplicación material de la ley, especialmente las relativas a la explotación sexual:

Como cuestión preliminar, señalar que el anteproyecto de ley, en términos globales, nos resulta un tanto sorprendente y preocupante debido a diferentes cuestiones, referidas esencialmente al enfoque que se ha otorgado a la trata con fines de explotación sexual, (que es la trata con mayor prevalencia en nuestro país), y el espíritu abolicionista de esta organización, en el sentido que pasamos a exponer en este documento. Además, señalar que, no se debe olvidar que existe la trata con fines de explotación sexual porque existe la prostitución, por lo que es fundamental una normativa abolicionista con medidas efectivas que penalice a los responsables de dicha y proteja a las víctimas.

1. A lo largo de todo el texto normativo se constante referencia a “servicios sexuales” dentro de los diferentes fines que tiene la trata.

Desde esta organización consideramos que el término “servicios sexuales”, tiene una connotación íntimamente ligada al concepto de trabajo, – que no cabe en una línea abolicionista de la explotación sexual y la prostitución- por lo que entendemos que dicho término debería ineludiblemente ser sustituido por el de “explotación sexual” y/ o “prostitución”, en toda la ley. Expresión que más ajustada a la realidad y que supondría un verdadero posicionamiento político abolicionista.

2. Existe una ausencia general en todo el texto a la alusión de la pornografía especialmente en las medidas educativas, preludio del consumo de prostitución, que contribuye a la creación de relaciones sexuales violentas.

3. En relación a la DISPOSICIÓN FINAL CUARTA, relativa a la modificación del Código Penal.

Artículo 177 quater, que pretende penalizar o sancionar el uso de la explotación de la víctima.

Consideramos que la demanda de la explotación sexual – prostitución, constituye un papel esencial en la perpetuación del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

En este sentido, consideramos que, aunque en el artículo 177 quater apartado 1, se hace referencia en primer momento a la penalización del consumo de los mal llamados “servicios, prestaciones o actividades”, más adelante, en el mismo art. 177 quarter apartado 3, se establece que “Quedará exento de pena quien, habiendo utilizado ocasionalmente los servicios, actividades o prestaciones de una víctima de los delitos previstos en el artículo 177 ter, denunciare el hecho a la autoridad”.

Así pues, esta excepción abre una vía clara a la impunidad de este tipo de conductas, al dejar al arbitrio de los tribunales, conceptos indeterminados y difíciles de probar como lo es la ocasionalidad versus la habitualidad. Máxime cuando los organismos que trabajamos en este ámbito somos conscientes de que los focos de trata y explotación migran constantemente de localización y no existen datos, estadísticas ni listas, que permitan evidenciar el uso que de la explotación realizada comete una misma persona/as.

Así pues sería necesario que se suprimiera esta excepción y en todo caso que se explique qué se entiende por el abstracto concepto de ocasionalidad y como se va a evidenciar la habitualidad. Todo ello so pena de que al final este artículo suponga una exención generalizada de los consumidores de prostitución.

4. Respecto al Título Preliminar.

Artículo 2, apartado d) Con respecto a la colaboración con países fronterizos, recogida en el art.2.d, solicitamos sea incorporada la expresión “que respeten los derechos humanos y en concreto los de las mujeres y niñas y eviten la externalización de fronteras”.

5. Artículo 3.2.  Solicitamos, además, introducir en la definición de explotación, los vientres de alquiler o explotación reproductiva. También se debe incluir en el art.177bis.

6. Respecto a las medidas sanitarias.

En las medidas sanitarias, se han de incorporar medidas específicas de formación a profesionales, para que puedan ser actores inmediatos, en la identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En relación con las mismas medidas en el ámbito sanitario, es necesario incorporar un párrafo específico dentro del art.15 que establezca que “le corresponderá a las administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de los grados, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

7. En el párrafo 4 del artículo 24, consideramos que se debe cambiar “podrá” por “deberá” quedando redactado de la siguiente forma:

A efectos del procedimiento de identificación formal previsto en la ley, el Mecanismo Nacional de Derivación deberá tener en cuenta los informes en materia socio-asistencial de las administraciones públicas competentes.

8. Rogamos especifiquen quién y cómo se formará la Unidad Multidisciplinar Identificación.

9. En relación al Título III. Derechos de las víctimas. Entre los derechos de las víctimas, encontramos el derecho a la formación.

Consideramos que este es un aspecto positivo, pero que para que fuera realmente efectivo, por lo menos en lo que se refiere a la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, sería necesario incluir la formación con remuneración y acompañamiento psicológico. Pues en base a nuestra experiencia esta es la única vía de conseguir que las victimas de este tipo de trata salgan de las redes y de la explotación.

10. Es complejo y difícil ejecutar de forma material el art.46.6 que requiere la desvinculación de la víctima con la red para la reagrupación familiar, puesto que, diversos informes de instancias internacionales evidencian el papel que juegan las propias familias en la trata de mujeres y niñas. Es preocupante que no hay ningún tipo de reforma material en relación con la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que mejore sustancialmente la situación de las víctimas de trata, en su mayoría indocumentadas.

11. En relación al Título VI. Cooperación Institucional e Internacional:

– En lo que se refiere a los planes de retorno, se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones las víctimas de trata han sido engañadas o coaccionadas para viajar hasta España por una situación de vulnerabilidad en su país, por lo que en primer lugar se debe favorecer su integración en nuestro país, salvo que la víctima reclame volver a su país de origen.

– Además, no se recomienda hacer acuerdos bilaterales o de retorno con países considerados “no seguros” o países que vulneran gravemente los derechos de sus ciudadanos/as, ya que podría ponerse en grave riesgo la vida de la víctima.

– En cuanto al art. 71 Cooperación con embajadas y consulados, se debe revisar la aplicación de la ley de asilo 12/2009 en su artículo 38 que prevé que se puede solicitar protección internacional en las embajadas, pero es algo que no se lleva a la práctica, favoreciendo de este modo que las personas que necesitan migrar caigan en las redes de tráfico y trata ya que no tienen otra opción para llegar a Europa para solicitar protección internacional y salvar su vida de forma legal y segura. Para que las embajadas puedan colaborar en que no haya víctimas de trata, se debe comenzar por cumplir la ley y que se pueda pedir asilo en las mismas, como está contemplado.

Art.72. Cooperación con organismos y agencias internacionales en la persecución del delito, la cooperación con estas agencias debe condicionarse a que hagan una actuación acorde a los Derechos Humanos. Agencias como FRONTEX son empresas altamente militarizadas, enfocadas al control de las fronteras, como una fortaleza en lugar de como protección de los derechos de las personas migradas. FRONTEX tiene investigaciones abiertas por devoluciones en caliente, entre otras.

Por último, señalar que, sería adecuado cuantificar el coste aproximado de salida de las víctimas de la situación de explotación, tomando en consideración sus diferentes especificidades, puesto que este es un proceso complicado y de altos costes, que la Ley debe prever, tanto en el ámbito de la intervención social, como del necesario acompañamiento psico- terapéutico que requieren las víctimas, para poder lograr con éxito su reinserción laboral y social a todos los niveles.

Más de 200 organizaciones apoyan las propuestas de las supervivientes de la prostitución para la aprobación de la ley abolicionista en España

Las medidas abolicionistas registradas por asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso de los Diputados han recibido un importante respaldo de la sociedad civil para la aprobación de la ley abolicionista en España. Hasta la fecha, han sumado la adhesión de 172 asociaciones y colectivos en España y otras 52 firmas internacionales.

Una llamada a los representantes políticos y a la sociedad civil

Esta iniciativa partió de la experiencia y las demandas de las propias mujeres supervivientes de la violencia del sistema prostitucional en nuestro país, del que han sido víctimas y a la vez testigos.

El documento fue elaborado y dirigido a todos los grupos parlamentarios por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT), y se abrió a nuevas adhesiones de entidades de la sociedad civil. Entre las proponentes está la superviviente y escritora feminista Amelia Tiganus, quien ha denunciado estar sufriendo el acoso del lobby proxeneta.

Más de 225 organizaciones y plataformas suscriben las propuestas de enmiendas, redactadas sobre la ley abolicionista que se tramita actualmente en el Congreso, denominada Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

En la lista, dirigida a los grupos parlamentarios el 30 de noviembre pasado en el Congreso, figuran entidades en contacto con las víctimas de la explotación sexual, colectivos feministas, académicos, profesionales y sociales: Docentes Profesionales Sanitarias Feministas, Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (APIG), Feministas por la Coeducación (Dofemco), Mujeres Juristas Themis, Front Abolicionista del País Valenciá, Fórum de Política Feminista, Federación de Mujeres Jóvenes, Mujeres por la Paz, Federación de Mujeres Progresistas, Coalición Internacional Para la Abolición de la Explotación Reproductiva (CIAMS), Women’s Declaration International España, Red Académica Internacional de Estudios Sobre Prostitución y Pornografía, Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), Tertulia Feminista Les Comadres, Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA), Col·lectiu Feminista Victoria Sau o Feministes de Catalunya, entre otros.

Las propuestas han sumado firmas de diversos territorios del Estado: Euskadi, Catalunya, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Navarra, Cantabria o Galicia, destacando la adhesión de muchos colectivos Radfem. Se adhieren, asimismo, partidos políticos como la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Feminista de España y el Partido Feministas al Congreso.

Apoyos internacionales a las supervivientes

En el ámbito internacional, la llamada de las supervivientes cuenta con apoyos desde Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bégica, Estados Unidos, Ucrania, Suiza y Nueva Zelanda; más numerosas firmas procedentes de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, una región del planeta donde el movimiento de las supervivientes está implicado en impulsar las políticas abolicionistas en España.

Así, entre las firmantes figuran la alemana Trauma and Prostitution o la estadounidense Prostitution Research & Education, dirigidas por influyentes abolicionistas globales. Las supervivientes han recibido también el apoyo de plataformas como Atlas Free, Coalition Against Trafficking in Women (CATW), Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Nordic Model Now! o The European Women’s Lobby.

Hacia la abolición del sistema prostitucional en España: una deuda histórica con las mujeres

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual propuesta de ley abolicionista con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de quienes han sido víctimas directas. Tanto ellas como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros como agresores sexuales, al ser los beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad. Consideran que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada.

El documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. Esta consideración, señalan, “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las proponentes consideran que es urgente la aprobación de esta ley abolicionista y que resulta imprescindible proporcionar permisos de residencia y de trabajo a las mujeres en prostitución que son inmigrantes y están en situación irregular, desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento indispensable de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo.

 

Consulta la programación de talleres en el marco de nuestro Programa Brújula

El Programa Brújula de atención e intervención no residencial con mujeres en situación de prostitución, especialmente víctimas de trata con fines de explotación sexual, se desarrolla en nuestros Centros de Atención a la Mujer de Madrid, Sevilla, Pamplona y Bilbao.

El programa Brújula complementa al programa Alternativa, trabajando e interviniendo con las mujeres a medio y largo plazo, fuera de los escenarios de prostitución, donde ofrecemos apoyo profesional, intervenciones personalizadas en las áreas social, jurídica y psicológica. También se ofrecen e imparten talleres para la inserción social y laboral, de salud, jurídicos, de habilidades para la integración, cursos de castellano, etc.

Estos espacios cuentan con los recursos necesarios para ofrecer asesoramiento especializado respetando la intimidad de nuestras usuarias y los tiempos requeridos por cada una de ellas.

A continuación os dejamos la programación de los talleres que impartirán nuestras técnicas de intervención social en el centro de Atención a la Mujer de Madrid:

 

 

 

 

 

 

 

Malos tratos

Supervivientes de la prostitución y asociaciones proponen medidas abolicionistas en la ley española contra el proxenetismo

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso.

Asociaciones de base y de supervivientes de la prostitución han presentado a todos los grupos parlamentarios un documento con sus propuestas sobre la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que actualmente se tramita en el Congreso. La iniciativa ha sido registrada por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT).

Las representantes de estos colectivos feministas acudieron el pasado 7 de octubre a la carrera de San Jerónimo para formalizar el registro. El momento de entrar en la sede de la Cámara baja con sus propuestas bajo el brazo fue vivido como un paso importante por las activistas abolicionistas, en especial por aquéllas que son hoy supervivientes de una forma extrema de violencia sobre las mujeres, como es la prostitución. Acudieron al acto Amelia Tiganus, por Emargi; Vanessa Silva y Kamila Ferreira por Las Independientes; Graciela Atencio por La Sur y María Barrones, por la CIMTM.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema. Las firmantes reconocen, de un lado, el esfuerzo de las parlamentarias que promueven avances hacia la abolición de la prostitución en España, y de otro la necesidad de ampliar la Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

La primera de estas propuestas se refiere a la lucha contra el proxenetismo, dado que las asociaciones y las supervivientes apuntan a que la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual” en el articulado es poco concreta y puede suponer una vía de escape para los responsables.

Tanto las supervivientes como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros, beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad.

En el segundo punto propuesto, acerca de las penas para los prostituidores, las supervivientes lo tienen claro: les corresponden sanciones penales como agresores sexuales, ya que la situación de prostitución no puede justificar que haya mujeres cuya libertad sexual tenga menor protección que la de las demás. Considerar que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada lleva necesariamente a conceptualizar la prostitución como una forma de violencia sobre las mujeres, y estas son las premisas que fundan la petición.

En tercer lugar, el documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista, con el objetivo de lograr la máxima protección equiparable para ellas. Se propone este refuerzo conceptual y legal, sin perjuicio del desarrollo y aplicación de normas y políticas específicas sobre violencia sexual –como sí recoge la Proposición de Ley en trámite– como para las víctimas del sistema prostitucional, en su caso.

Tal como recoge el documento, la consideración como víctimas de violencia machista “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base, ante la fachada del Congreso.

Las proponentes consideran esencial para el impacto de la ley proporcionar a las mujeres en prostitución permisos de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Por experiencia saben hasta qué punto la situación administrativa irregular impide a las mujeres avanzar en cualquier camino de restablecimiento personal tras la violencia sufrida.

Asociaciones y supervivientes piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento imprescindible de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo. Proponen también la creación de una comisión de seguimiento con participación de expertas y supervivientes del movimiento abolicionista, así como un fondo económico de reparación para las víctimas.

Momento de la entrega del documento con las Propuestas abolicionistas en el Congreso, el pasado 7 de octubre. De izquierda a derecha: María Barrones, Kamila Ferreira, Amelia Tiganus, Graciela Atencio y Vanessa Silva.


TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS REGISTRADAS:

A todos los grupos parlamentarios

Propuestas de asociaciones de base y de las supervivientes de la prostitución sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

El objetivo de este documento es reforzar y ampliar la citada Proposición de Ley con la experiencia de las organizaciones de base y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema prostitucional. Reconocemos los esfuerzos de las/os parlamentarias/os para avanzar en la lucha por la abolición de la prostitución y su compromiso de incluir a la sociedad civil en este proceso, a la vez que consideramos necesaria la ampliación en el periodo de enmiendas de la citada Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

  • PRIMERA PROPUESTA:

Con respecto al punto Dos del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Justificación: proponemos la supresión de la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual”, ya que consideramos que dificultará la lucha contra el proxenetismo. En efecto, el criterio del ánimo de lucro, por una parte, puede resultar difícil de probar y corre el riesgo de condicionar la penalización de los proxenetas al descubrimiento de los beneficios económicos derivados de la prostitución ajena.

Por otro lado, el criterio “de manera habitual” también corre el riesgo de dejar una vía de escape a los proxenetas, Éstos podrían adaptarse y evitar la responsabilidad legal favoreciendo los alquileres temporales, que ya son frecuentes, y desarrollar así la práctica de lo que se conoce como “prostitución 2.0”.

Asimismo, el concepto “habitual” resulta vago: ¿qué significa “de manera habitual”? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Más de una vez? Esta indeterminación jurídica puede dificultar la persecución de todas las formas de proxenetismo.

  • SEGUNDA PROPUESTA:

Con respecto al punto Tres del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación, será considerado coacción y castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En el caso de obtención de actos de naturaleza sexual mediante coacción económica u otras, será castigado con pena de prisión de dos a cuatro años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderles por las agresiones sexuales cometidas sobre la persona prostituida.

4. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Justificación: proponemos la sanción con pena de prisión a los prostituidores o compradores de sexo, es decir, aquellos que convengan y lleven a cabo prácticas de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otras prestaciones no solo en el tipo agravado con víctimas menores o vulnerables, sino con todas las víctimas.

Esta sanción se justifica en el derecho a la libertad e indemnidad sexual de las víctimas, que imposibilita la validez de un consentimiento sexual bajo coacción económica u otras.

Es por tanto la compra de sexo una forma de violencia sexual, y por consiguiente una actuación constitutiva de delito contra la libertad sexual de la víctima. Se entiende como condición de vulnerabilidad la necesidad económica, de modo que la víctima no tiene alternativa real y efectiva para cubrir sus necesidades básicas o las de menores o personas dependientes a su cargo.

Se conoce la gran expansión de la trata con fines de explotación sexual en todos los países que han instaurado la prostitución como “actividad legal” (por ejemplo, Países Bajos o Alemania).

Los países que han admitido el “proxenetismo consentido” validan que la mujer pueda autorizar su explotación, lo cual es contrario a instrumentos internacionales (Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014: apartados 1, 2, y 29) y al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contiene tres medidas muy claras para reducir la demanda de prostitución (Medidas de la mesa del Congreso 197, 198 y 199).

No puede obviarse que la prostitución, bajo el paraguas del “proxenetismo consentido”, afecta a mujeres sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables, y consentir el negocio constituye una protección del explotador que siempre se escudará en el “consentimiento” de la mujer.

Existe una clara vinculación entre el “proxenetismo consentido” y las mujeres en situación de pobreza, marginación y extremadamente vulnerables. Para erradicar la prostitución es necesario neutralizar al “cliente de la prostitución”.

Ningún instrumento internacional ni la normativa vigente en el Estado español reconoce el “trabajo sexual” ni este puede constituir un derecho.

  • TERCERA PROPUESTA:

Con respecto a la Disposición final primera, redactada en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el apartado 2 del artículo 187 y en el artículo 187 bis del Código Penal.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.”

Proponemos la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el Título VIII Delitos contra la libertad sexual, Capítulo V De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.

Se reconocen como víctimas de violencia machista o violencia de género a todas las mujeres y niñas en situación de prostitución, y les serán de aplicación todas las medidas legales destinadas a su protección integral.”

Justificación: proponemos el reconocimiento de las mujeres víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. De modo que sean de aplicación para ellas, sin perjuicio de otras específicas, las protecciones y medidas recogidas no solo en la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, sino también en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado contra la violencia de género y cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico que ampare a las víctimas de la violencia machista.

Esta propuesta se justifica en dos argumentos:

De un lado, lograr la máxima protección legal equiparable para las mujeres en situación de prostitución, gracias a la experiencia y normativa conseguida en nuestro país en la lucha contra la violencia machista. Así, si bien la citada Ley Orgánica 1/2004 fue redactada de forma restringida a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, la ratificación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa en 2014 y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 10/2022, implican la necesidad de consolidar una legislación con una interpretación de la violencia de género o violencia machista no restrictiva a un tipo de relación entre víctima y victimario.

De otro lado, la consideración como víctimas de violencia machista o violencia de género –entendida en esta acepción ampliada– traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución. Se justifica esta necesidad en la realidad de la existencia de un sistema prostitucional que actúa como una verdadera industria criminal basada en la explotación sexual de mujeres y niñas, cuya legitimación social es incompatible con el principio de igualdad entre los sexos que se predica en nuestra sociedad.

Incidimos especialmente en la necesidad de este reconocimiento con perspectiva de género para todo lo relativo a las víctimas en situación administrativa irregular, propiciada por la mecánica de actuación de las redes de tratantes y proxenetas. Es imprescindible para estas víctimas atender a sus derechos humanos por encima de normativas de inmigración, y proporcionarles permiso de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas de violencia machista y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo.

Esta disposición es esencial para el impacto de la ley: un gran número de víctimas son extranjeras en situación irregular y la precariedad de su situación migratoria refuerza el dominio de los proxenetas sobre ellas y dificulta su salida de la prostitución.

  • CUARTA PROPUESTA:

Adición de artículos:

Adición de la creación de una Comisión mixta de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Ley. Esta Comisión incluiría a parlamentarios/as, expertas/os abolicionistas y a mujeres supervivientes del sistema prostitucional. Como órgano consultivo, se reuniría al menos una vez al año y haría propuestas y recomendaciones para la buena implementación de la Ley. Lo que hemos aprendido de la experiencia de los países que han adoptado políticas abolicionistas es que la lucha por aplicar el modelo es al menos tan dura como la lucha por conseguir la Ley. Esta comisión sería una herramienta muy valiosa para apoyar una aplicación ambiciosa de la Ley.

Adición de la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, dirigidas a la sociedad en general y a los agentes implicados.

Adición de la creación de un Fondo Económico suficiente para cubrir las necesidades de las políticas de reparación y reinserción integral de las víctimas, con cargo a los Presupuestos Generales de Estado, para cuya dotación podría destinarse el valor de los bienes incautados a los delincuentes del sistema prostitucional.

PROPUESTAS

En Madrid, a 7 de octubre de 2022

La prostitución asiática en España- Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de mujeres

La prostitución en España, es una actividad no regulada pero sí castigada en caso de proxenetismo y trata. En 2020 la Policía Nacional y la Guardia Civil efectuaron 133 operaciones contra grupos organizados que se saldaron con la detención de 196 traficantes y la liberación de 215 víctimas

La inexistencia de una “cultura de datos sobre la prostitución” es una realidad en España. Esa ausencia de datos, así como su unificación no permite dimensionar la realidad de la prostitución en España; los datos generados por ONG´s son la punta de un iceberg cuyo tamaño no se conoce.

Existe estadística oficial sobre la trata con fines de explotación sexual, que recoge las intervenciones policiales al respecto, y que aunque orienta, tampoco da cuenta de la hondura de la trata con fines de explotación sexual. En este sentido, en Europa, los artículos 19 y 20 de la Directiva europea 2011/36/ UE sobre prevención y lucha la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas, insta a recopilar y presentar estadísticas sobre la trata de seres humanos que ha dado lugar a informes estadísticos que la Comisión Europea viene publicando desde el año 2014, pues si algo no se cuantifica y se dimensiona, no se visibiliza y no se conoce su alcance.

De acuerdo con las novedades aportadas en el último informe sobre la trata de personas de la Comisión Europea, la incidencia de las mujeres procedentes de terceros países es cada vez mayor. De modo que, en Europa, al no cubrirse la demanda, las principales víctimas proceden de Nigeria y China, seguidas de Brasil, Rusia y Argelia.

Con motivo del Día Mundial contra la Explotación Sexual, ponemos de relieve la prostitución asiática en España:

La Comisión tiene constancia de este tipo de prostitución desde el año 2013, y de forma periódica sale en su unidad móvil desde el año 2014. Esto nos ha permitido conocer la prostitución de mujeres asiáticas, que no sólo gira en torno a los centros de uñas, sino sobre todo en pisos y chalés repartidos a lo largo de toda la geografía española, especialmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Pais Vasco y Andalucía, tal y como revela el primer estudio que realizó nuestra entidad sobre el número de escenarios de prostitución y mujeres chinas prostituidas en el estado español.

Desde que se publicó este informe, ya hay casi más de 50 espacios de este tipo de prostitución sólo en la Comunidad de Madrid. Dichos espacios están repletos de mujeres procedentes del gigante asiático, traídas a través de las redes de trata que sacan beneficio de su situación de pobreza.

Puesto que la mayoría de ellas no hablan español, el objetivo de nuestras intervenciones es ser una alternativa a su única red de apoyo, que es la red de trata. Este es el único modo de facilitar su salida del entorno de explotación en el que se encuentran ejerciendo 24/7.

De los datos extraídos de las Memorias Anuales de intervención con mujeres chinas en situación de prostitución del Programa Alternativa, entre 2011 y 2021 destacamos que:

– Un 19% de las mujeres en situación de prostitución atendidas en el Programa Alternativa son de origen chino. Suponen una de cada cinco mujeres del total (113 expresaron estar en situación de trata con fines de explotación sexual). Su edad media ronda los 46 años y el 11% de ellas, tienen hijos/as.

– Con respecto a la frase más repetida en cada una de las mujeres chinas en situación de prostitución es «no tengo alternativa, sino no estaría aquí».

En el Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de mujeres, suscribimos las palabras del Parlamento Europeo: la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales.

La prostitución no puede considerarse un trabajo, porque en ningún trabajo un jefe o cliente te penetra. En ningún trabajo, tu cuerpo es la oficina, en ningún trabajo, el 71% de las trabajadoras son atacadas físicamente, el 63% son violadas, el 68% presentan un trastorno de estrés postraumático y el 89% quieren dejarlo salvo que no tiene otra opción para sobrevivir.

Que no nos engañen, la prostitución no puede ser considerada un trabajo.

Encuentro en Madrid del día 15 de junio de 2022 para apoyar la proposición de ley abolicionista

La Conferencia internacional por la abolición de la prostitución, organizada por la CAP, y de la que forman parte esta Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Escuela Abolicionista Internacional por España, reunió el miércoles 15 de junio a un importante panel de supervivientes del sistema prostitucional de España y de seis países diferentes. Asimismo, en esta conferencia han intervenido diputadas españolas y embajadores especiales contra la trata.

El acto fue presentado por Ghada Jabbour (presidenta de CAP), con las siguientes palabras: “Apoyamos el impulso Abolicionista en España, país pionero en políticas de violencia contra las mujeres que ahora considera la adopción del Modelo Abolicionista que despenaliza a las personas prostituidas, brindándoles servicios de salida y focalizando la demanda”.

Asimismo, intervinieron en la presentación Graciela Atencio, (directora de la Escuela Abolicionista Internacional por España) y Asunción Miura, vicepresidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, quien recordó que, “a la hora de diseñar políticas públicas, no podemos olvidar que la prostitución es una forma de violencia incompatible con el Estado de derecho».

 

A continuación, tuvo lugar el primer panel con el llamamiento nacional e internacional de las supervivientes para abolir la prostitución en España.

Pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar conjuntamente a nueve mujeres activistas y supervivientes del sistema prostitucional, y aunque la vivencia y el testimonio de cada una de ellas sea diferente, todas coincidieron en que la abolición de la prostitución es la única vía posible no solo para resarcir el sufrimiento y la violencia vivida, sino para poner fin a la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por esta razón, todas apoyaron unánimemente la proposición de ley abolicionista presentada recientemente por el PSOE, con el apoyo del PP, en el Congreso de los Diputados.

El segundo panel se centró en responder al llamamiento de las supervivientes y fue presentado por Jonathan Machler, director ejecutivo de CAP, quien dio paso a las representantes parlamentarias:

Andrea Fernández Benítez, secretaria de Igualdad del PSOE y Diputada por León, transmitió un mensaje tranquilizador y optimista, aclarando que esta propuesta de ley pasará a la Comisión de Justicia y estará aprobada antes de final de año, ya que cuenta con una amplia mayoría de votos en la cámara.

Por su parte, Marta González Vázquez, Representante del Grupo Parlementario Popular (GPP) en el Congreso, reconoció que desde ambos partidos comparten la aspiración común de que “nuestro país se incorpore a los países que sancionan el proxenetismo, la demanda y protegen a las víctimas, es decir, abolicionistas”.

Para finalizar el acto y con la intención de apoyar la posibilidad de incluir a España en los países realmente abolicionistas, intervinieron los representantes oficiales del OSCE, de Suecia y Francia: Valiant Richey, Representante Especial y Coordinadora de la Lucha contra la Trata de Personas de la OSCE. Jean-Claude Brunet, Embajador en Misión Especial de Francia para la Lucha contra las Amenazas Criminales Transnacionales. Y Anna Ekstedt, Embajadora en Misión Especial de Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas.

Así, en esta tercera mesa , los embajadores expusieron los datos que reflejan los beneficios de la ley abolicionista en Francia y Suecia:

En palabras de Jean-Claude Brunet, lo que motivó a los legisladores franceses la adopción del modelo abolicionista fueron las graves tendencias identificadas: “más del 90% de las mujeres en situación de prostitución eran mujeres migrantes y la mayoría vivía en los barrios más pobres. Muchas querían salir de la prostitución»

Suecia fue el primer país que criminalizó la demanda de prostitución tanto con multas como con penas de cárcel en ciertas circunstancias. Según explicó Anna Ekstedt, Embajadora en Misión Especial de Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas, ”la adopción del modelo abolicionista, ha hecho de Suecia un país menos atractivo para los traficantes”.

Por su parte, Valiant Richey, en representación de la OSCE, apostó por las legislaciones que sancionen la demanda de prostitución como una de las herramientas necesarias más efectivas en materia de prevención de la explotación sexual.

Como conclusión final del encuentro, podemos destacar la importancia de la aprobación de esta proposición de ley para que España sea un país abolicionista.

La ley francesa del 13 de abril de 2016 para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas

Es más necesario que nunca apoyar la ley abolicionista francesa

El pasado 13 de abril se celebró el quinto aniversario de la Ley francesa de lucha contra el sistema prostitucional y acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución.

Esta ley, que penaliza a los puteros y protege a las mujeres en situación de prostitución, es un ejemplo para Europa y muchos países del mundo.

 

 

El aniversario de la ley supuso una oportunidad para dar visibilidad a los logros conseguidos desde la entrada en vigor de la misma por parte de la sociedad civil abolicionista francesa. Sin embargo, el lobby reglamentarista también aprovechó esta señalada fecha par llevar el texto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que supone una «vulneración del derecho a la vida de las personas en situación de prostitución».

Pilares de la ley abolicionista francesa 

Aunque todavía esté en su fase de implementación, la ley francesa abolicionista ya ha demostrado su eficacia en la lucha contra el sistema prostitucional. Como destaca el informe FACT-S, redactado por un colectivo de asociaciones abolicionistas francesas, la ley ayuda cada año a más de 3000 personas en situación de prostitución en el territorio nacional.

Más del 86% de las personas que han solicitado el acceso a un programa de salida de la prostitución (PSP) lo han obtenido. En cuanto a la integración socio-económica de las mujeres después del PSP, los resultados también son positivos : el 87,5% de las personas que han beneficiado de un PSP desde 2017 encontraron un trabajo estable al salir del programa.

A pesar de los logros alcanzados, la sociedad civil abolicionista insiste en la necesidad de acelerar la implementación de la ley y  hace un llamamiento al Estado francés para que otorgue a la ley los recursos necesarios para alcanzar sus fines.

Demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Por otro lado, a pesar de haber probado su eficacia, la ley tiene los mismos detractores desde su promulgación en 2016 hasta hoy. Estos, provenientes mayoritariamente del lobby reglamentarista, ya habían atacado la ley ante el Tribunal Constitucional francés en 2016 (sin éxito) y vuelven este año con una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los artículos de la Convención europea de Derechos Humanos supuestamente vulnerados por la ley, y en particular por la penalización del putero, son el artículo 2 (derecho a la vida), el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos y degradantes), y el artículo 8 (derecho a la vida privada).

Las organizaciones abolicionistas francesas se están movilizando para defender la ley, y necesitan el apoyo del movimiento abolicionista en Europa y en todo el mundo, para evitar una sentencia condenatoria que podría tener consecuencias muy graves.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, como entidad que trabaja con mujeres en situación de prostitución, especialmente víctimas de trata y explotación sexual, ahora más que nunca, apoyamos a la ley francesa.

¡El feminismo será abolicionista o no será!

Marie Vilar, Voluntaria de la CIMTM

 

 

 

Malos tratos

Una aclaración sobre los principios feministas y la interseccionalidad

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres suscribe y apoya la declaración que reproducimos a continuación y hacemos un llamamiento masivo a su adhesión. 

Creemos que la noción de que «el trabajo sexual es un trabajo» es fundamentalmente incompatible con los valores establecidos en una declaración llamada «La Afirmación de los Principios Feministas» que afirma oponerse a la explotación y la discriminación en todas sus formas.

Sabemos que el comercio sexual se aprovecha sistemáticamente de la pobreza y perjudica de forma desproporcionada a las mujeres de color, menores, mujeres trans y otras comunidades marginadas.

Cualquier esfuerzo por legitimarlo como una alternativa a la educación y al empleo es contraproducente para nuestro objetivo colectivo a largo plazo de la igualdad de género.

La prostitución es una clara expresión de los sistemas de poder patriarcales que siguen oprimiéndonos. La norma heterosexual masculina ha conducido a la opresión sistémica y a la discriminación estructural de las mujeres y de cualquiera que no se ajuste a este status quo y lo amenace.

Una norma universal, basada en principios verdaderamente interseccionales, reconoce la rica diversidad de la humanidad en lugar de perpetuar estereotipos y roles de género dañinos construidos socialmente que sostienen y promueven la desigualdad de sexo y género.

Debemos reconocer que el derecho de los hombres a los cuerpos de otras personas es un sello distintivo de la esclavitud, el colonialismo y otras formas de racismo, genocidio y dominación. El sistema de prostitución es antitético a la igualdad.

Por lo tanto, reafirmamos los principios feministas de la universalidad de los derechos humanos, la no discriminación y la ausencia de violencia, así como el entendimiento de que los derechos humanos son inherentes a toda persona, independientemente de su sexo o género.

Rechazamos la inclusión de la prostitución como objetivo de la igualdad de género.

Luchamos colectivamente por un mundo libre de prostitución en el que todos los seres humanos tengan garantizado el derecho a la igualdad socioeconómica, a la salud, a la dignidad y a una vida libre de violencia.

Esta es la visión feminista que nos esforzamos por hacer realidad.

Súmate y firma la declaración