MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres apoya la convocatoria de manifestación y el manifiesto, que reproducimos a continuación, del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres.

Este 25N, y siempre, Juntas Somos Más Fuertes.


Como cada año, desde 1996, el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y organizaciones del movimiento feminista de Madrid convocamos este acto del 25N en memoria de todas las mujeres asesinadas, en solidaridad con sus familias. Según datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, en 2021 las víctimas mortales suman ya 37.

En nuestra Comunidad 7 mujeres han sido asesinadas, y la hija de solo 11 años de una de ellas. Y desde el 2003, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hombres.

Estamos aquí para no olvidar los 44 asesinatos de niñas y niños por violencia machista desde 2013. Por los 330 hijas e hijos en orfandad por el asesinato de sus madres.

Estamos aquí para denunciar todas y cada una de las violencias que sufrimos las mujeres por parte de hombres: asesinatos, malos tratos, amenazas, violencia vicaria, violencia reproductiva, violencia sexual, violencia económica, violencia institucional…

Para recordar a las instituciones que en mayo de 2021, mes en el que se levantó el estado de alarma, hemos vivido semanas trágicas: ese mes 7 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una de ellas embarazada, y también fue asesinado el hijo de dos años de esta; mientras que en junio fueron 9 las mujeres asesinadas, y en julio, 7.

Estamos aquí porque la crisis de la COVID ha hecho más evidente la necesidad de que la economía de los cuidados forme parte de la estrategia de los Estados. Necesitamos políticas eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública.

Estamos aquí porque también se ha agravado la sobrecarga para las madres, en un país en el que la mitad de las familias monomarentales se sitúan bajo el umbral de la pobreza.

Estamos aquí porque decenas de miles mujeres en riesgo de exclusión social sobreviven en el umbral de la pobreza. Mujeres prostituidas, mujeres explotadas reproductivamente, mujeres gitanas, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres refugiadas, mujeres indigentes, mujeres recluidas en instituciones o detenidas, mujeres con discapacidad, mujeres de más edad, mujeres empleadas domésticas… son duramente afectadas por la precariedad laboral y un régimen de virtual esclavitud.

Y aquí quisiéramos hacer un aparte para solidarizarnos con las compañeras auxiliares del servicio de ayuda a domicilio que acampan frente al Ministerio de Trabajo y hacernos eco de todas sus reivindicaciones. Solidarizarnos con la menor violada grupalmente en Igualada y condenar el crimen y a sus autores sin paliativos. Y condenar la reciente sentencia del Tribunal Supremo de absolución de dos hombres adultos tras agredir sexualmente a una menor de 13 años. ¡Basta ya de violencia contra las mujeres! ¡Estamos #HARTAS!

En definitiva, estamos aquí porque estamos #HARTAS de las violencias que se ejercen contra las mujeres.

Así, DENUNCIAMOS:

• Que nos siguen matando por ser mujeres.

• Que este 2021, a falta de un mes para que finalice, se han quedado huérfanos y huérfanas 24 hijos e hijas menores de edad por el terrorismo machista. Además, 5 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres, a los que hay que sumar a la pequeña Ana, cuyo cuerpo sigue sin encontrarse en Tenerife. La violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres, y al no estar recogida por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado su inclusión en la ley no ha tenido efectos reales.

• Que nuestra legislación no contempla la violencia institucional que sufrimos las mujeres día tras día.

Que más de 657.336 mujeres que viven hoy en España dentro Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (SistemaVioGén).

• Que miles de mujeres no constan en las estadísticas y también sufren el terrorismo machista, porque no se contabilizan todos los feminicidios, que son 70 en lo que va de año en España.

Que no se puede seguir consintiendo que el Estado permita se explote a las mujeres sexualmente en un país que está tristemente a la cabeza de mujeres prostituidas de Europa.

Que en España más de 2.800.000 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y el 99,6% de los agresores son varones. En el caso de las violaciones, se registra una media de 6 violaciones al día, lo que significa una violación cada cuatro horas. Y que el 36,5% de ellas no denunciaron por temor a no ser creídas.

Que el Estado es cómplice de la explotación reproductiva de las mujeres.

Que, una vez más, la feminización de la pobreza se ha evidenciado en las colas del hambre, la precariedad laboral, la exclusión social y el desempleo, que se está cebando con nosotras. Claro ejemplo de ello es la brecha salarial del 25,4% en la Comunidad de Madrid, con las graves consecuencias que se plasman también en las pensiones, que de media son un 35% inferiores a las de los hombres. También son las mujeres las que ejercen el 95,2% del empleo a tiempo parcial involuntariamente.

• Que las mujeres mayores de 45 años desempleadas es de 127.123, casi igual al total de mujeres y hombre en desempleo en el tramo 30-44 años, que es de 127.715.

• Que el negacionismo de la violencia machista que la ultraderecha pretende instalar en nuestro país, y la imposición del transgenerismo que pretende el borrado de las mujeres, son también formas de violencia contra las mujeres ejercida por hombres. Nos parece extremadamente preocupante la abierta defensa de los dos partidos del Gobierno de un Proyecto de Ley “Trans” que no es otra cosa que una ley para permitir, de manera general, la autodeterminación del sexo registral y que abre la puerta a la vulneración de derechos de las mujeres y la infancia contraviniendo tratados internacionales ratificados por España, como la Convención de la CEDAW y el Convenio de Estambul, cuando indican que el género no es identidad, sino “el contexto social opresivo sobre el que se construye la jerarquía sexual” que combate el feminismo. El Gobierno de la Nación debe entender que promulgar leyes de autodeterminación del sexo registral pone en peligro los derechos de las mujeres, de la infancia y de las personas homosexuales.

Que ser mujer no es un sentimiento, y así se evidencia en la persistencia de la violencia machista que busca perpetuar la desigualdad entre ambos sexos. La sexta macroencuesta de violencias contra la mujer en España del 2019 muestra las alarmantes cifras de violencias contra la mujer en nuestro país. Una de cada dos mujeres (57,3%) residente en España de 16 o más años ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, una de cada cinco en los últimos doce meses. Paralelamente, y más alarmante aún si cabe, los datos del Barómetro Juventud y Género 2021, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), desvelan que uno de cada cinco jóvenes varones cree que la violencia machista no existe y que es solo un “invento ideológico”.

Por último, denunciamos los intentos del Gobierno de confundir respecto de sus intenciones en relación con el tratamiento que el Estado ha de dar a la prostitución y hacemos público nuestro rechazo al nombramiento como experta española para el GREVIO de Patricia Faraldo Cabana, una activista por la regulación de la prostitución, lo que supone posicionar a España del lado de quienes en el ámbito europeo defienden los intereses de proxenetas y puteros.

Estas y muchas otras denuncias demuestran que el machismo es una pandemia persistente para la que no hay más vacuna que la lucha feminista, y por ello,

EXIGIMOS:

Legislar en cumplimiento del Convenio de Estambul, para que las futuras leyes incluyan en su protección a numerosas mujeres maltratadas e incluso asesinadas por hombres (solamente por el hecho de ser mujeres) que no han sido sus parejas o exparejas; así como la ampliación de los tipos de violencia más allá de la física y de la psicológica, incorporando las violencias que acoge el Convenio de Estambul: sexual, el acoso, violencia económica, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, imposición del velo patriarcal y esterilización forzosa, además de la violencia vicaria(que a pesar de estar recogida en la ley las comunidades y la Administración General del Estado no han dado curso procedimental, lo que la convierte en inoperante) y la violencia institucional. En este sentido, recordemos que el Estado es responsable de la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando se incumple esta obligación, por acción o por omisión se incurre en violencia institucional y difícilmente se puede pedir responsabilidades al Estado si esta violencia no es reconocida.

Y en este mismo sentido (el desarrollo del Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW), hacemos hincapié en que la custodia compartida impuesta o el falso síndrome de alienación parental son estrategias de coacción y castigo a las mujeres. Por ello, exigimos la eliminación de la figura del coordinador parental (en sustitución del síndrome de alienación parental), ya que constituye una nueva forma de coacción a las madres.

Medidas para la independencia económica de las mujeres maltratadas, así como un acuerdo entre la administración pública, los agentes sociales y las empresas para garantizar su seguridad sin que sufran menoscabo en sus derechos laborales, estableciendo la obligatoriedad para todas las empresas de un plan de prevención y ayuda a las mujeres que sufren violencias machistas.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT (de empleadas domésticas) y el avance decidido en el cumplimento del 190 de la OIT, recordando en este sentido que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en el trabajo, con importantes efectos a nivel laboral económico, psíquico, emocional, físico y social.

Una reforma del sistema judicial que revictimiza a las mujeres. Es necesario crear nuevos juzgados especializados en violencia machista en todas sus instancias, con formación obligatoria para todo el personal que actúe en ellos.

Una Ley abolicionista del sistema prostitucional, donde la prostitución sea reconocida como terrorismo machista, que persiga al proxeneta y sancione al putero. El falso discurso de la libre elección blanquea la criminalidad de la explotación sexual de niñas y mujeres.

De manera urgente políticas públicas de calado contra la pandemia de la violencia sexual. Políticas que abarquen desde la sensibilización social a la coeducación, la prevención, la formación, la protección, la atención integral y la reparación a las víctimas. En este país, mientras la criminalidad general baja, la violencia sexual sube de forma alarmante, y las mujeres nos encontramos entre la inacción de quienes nos gobiernan y el negacionismo de la ultraderecha, que desvía los focos de la verdad.

El fin de los entornos de impunidad total en los que la violencia sexual está institucionalizada, como es el caso de la pornografía. El porno enseña a violar, y el Estado debe legislar para su erradicación.

La ilegalización y prohibición universal de los “vientres de alquiler”. La tipificación expresa del delito de los vientres de alquiler en los ordenamientos y la consideración de negocio ilícito su promoción. Exigimos derogar la Instrucción de 2010, sobre el régimen registral de la filiación, que ampara la importación de bebés a la carta. Las Administraciones deben promover la inspección, sanción y cierre de las agencias destinadas a esta actividad ilegal en nuestro país.

La reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años si permiso parental, revirtiendo así la reforma del PP; que regule la objeción de conciencia frente al borto. Todo ello con la garantía efectiva de las prestaciones en la sanidad pública en todo el territorio español. También exigimos la gratuidad de todos los métodos anticonceptivos, y el acceso gratuito de mujeres solas y lesbianas con pareja a Tratamientos de Reproducción Asistida.

Una Ley que dé repuesta a todas las necesidades de las familias monomarentales (80% de las familias monoparentales) y lesbomarentales en el reconocimiento de ambas madres, así como a la equiparación en derechos de las familias de hecho, en particular la pensión de “viudedad” de las parejas no casadas, entre otras, como la igualdad en la corresponsabilidad.

Medidas urgentes para la erradicación de la pobreza de las mujeres, ocasionada por una falta absoluta de políticas de empleo digno basadas en la igualdad efectiva.

La retirada en el Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, de todos los artículos referidos a la “identidad de género” y la autodeterminación del sexo registral, además del apartado de sanciones que violan el derecho a la libertad de expresión, así como una regulación clara y contundente sobre la prohibición de la hormonación infantil. En este sentido, rechazamos que se pulverice el significado de la palabra “mujeres” y se empleen denominaciones como “cuerpos menstruantes” o “personas gestantes”. Denunciamos que es violencia contra las mujeres ocultar estadísticamente la realidad diferenciada que vivimos mujeres y hombres. Es violencia contra las mujeres eliminar el criterio “sexo” a la hora de diferenciar espacios seguros para mujeres: baños, vestuarios, módulos de prisiones….Es violencia contra las mujeres eliminar el principio de juego limpio en las categorías deportivas femeninas y sobre todo es violencia institucional contra las mujeres que las niñas que reniegan del modelo de mujer propuesto en la sociedad actual sean dirigidas a hormonaciones y cirugías en un nuevo modelo de terapia correctiva.

El impulso del Consejo de Participación de las Mujeres para abordar medidas y seguimiento sobre violencia de género y promoción de la igualdad, entre otras.

En el ámbito regional, también exigimos:

Crear una Ley de Igualdad y el Instituto de la Mujer de la Comunidad de Madrid, recordando que somos la única comunidad, junto con La Rioja, Ceuta y Melilla, que carece de esta ley.

Responsabilidades sobre la pésima gestión de fondos no gastados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Comunidad de Madrid arrastra la mala gestión de estos fondos, con absoluta opacidad en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. Lo que se traduce en una deficiente atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, la prostitución y otras violencias.

En cumplimiento del Convenio de Estambul, exigimos que se legisle a nivel autonómico para se contemplen todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular la prostitución, la pornografía, la violencia vicaria y la institucional. Y medidas contra la violencia hacia las mujeres por motivos religiosos o tradicionales, como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o la imposición del velo patriarcal a mujeres y niñas.

Un Pacto Regional contra la Violencia Machista.

Evaluación final de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021 y la Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021, y puesta en marcha de un nuevo único Plan (en la máxima de que la violencia machista es la expresión más evidente de la desigualdad entre hombres y mujeres), elaborado con la participación de las organizaciones feministas de mujeres que incluya propuestas concretas del movimiento en estas materias.

Establecer el Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

Reforma del Decreto del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, para brindar la posibilidad de integración de aquellas organizaciones feministas que así lo soliciten, y acometer medidas y seguimiento en materia de violencia de género y promoción de la igualdad, entre otras.

Implementación de políticas de empleo digno para las mujeres, en cumplimiento de las leyes de igualdad. Y el cumplimiento eficaz de las políticas de inserción laboral y ayudas para las mujeres víctimas de violencia machista: el total de contratos bonificados por violencia de género en 2020 en Madrid ha sido de 53, lo que constata un año más la escasa repercusión de los acuerdos de colaboración suscritos por el Gobierno regional con las empresas para la inserción laboral de víctimas de violencia de género. En lo que respecta a los contratos de sustitución, solo se hicieron 30 en nuestra Comunidad en 2020, lo que pone de manifiesto que se trata de una medida que tampoco está funcionando. En cuanto a las ayudas recibidas por el Artículo 27 de la Ley 2004 de Violencia de Género, en Madrid tan solo se dieron 14 ayudas en 2020.

Dotación económica, instrumentos y medidas logísticas para la participación real y efectiva de las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista, tanto en los días conmemorativos, como para la elaboración de proyectos y programas en la materia, y la participación en la elaboración y seguimiento de las normas y planes.

#HARTAS
DE VIOLENCIAS MACHISTAS CONTRA LAS MUJERES
¡SOLUCIONES YA!