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Cartel Convenio de Estambul

Las tareas pendientes de España en el décimo aniversario del Convenio de Estambul

A diez años de la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, creemos conveniente hacer un diagnóstico de la aplicación y los avances alcanzados en España desde el 1 de agosto de 2014, cuando entró en vigor el Convenio de Estambul.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación,  un hecho reconocido por el Convenio de Estambul, que contempla todas las formas de violencia contra la mujer que puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Para evaluar el nivel de cumplimiento de la legislación española y sus prácticas en materia de violencia contra las mujeres, se encargó a un grupo independiente de expertos (GREVIO) la tarea de vigilar la aplicación de la convención en todos los estados.

Así, en diciembre de 2020 se publicó el primer informe de evaluación del GREVIO, sobre las medidas legislativas y de otra índole que dan efecto a las disposiciones del Convenio de Estambul en el estado español.

A pesar de los avances efectuados y de los reconocimientos del grupo de expertos en materia de violencia de género al Gobierno de España,  aún quedan grandes retos y desafíos por delante para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones en nuestro país.

En este sentido, el GREVIO efectuó en su informe un listado de propuestas y recomendaciones dirigidas a las autoridades españolas.

Recomendaciones del GREVIO:

• Mejorar la implementación del Convenio de Estambul en relación a todas aquellas formas de violencia que reciben en este momento menos atención en la legislación, las políticas públicas y programas españoles, adoptando para ello un enfoque holístico en la prevención, protección y persecución de tales formas de violencia. Esto es de particular importancia en relación con la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y el aborto/esterilización forzosos.

• Fortalecer las medidas de prevención y luchar contra la violencia que afecta a las mujeres que están o podrían estar expuestas a discriminación interseccional, lo cual abarca mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, incluidas las gitanas, las mujeres migrantes y solicitantes de asilo, mujeres LGTBI.

Garantizar que la recogida y recopilación de datos se extienda a todas las formas de violencia contra la mujer contempladas en el Convenio de Estambul, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina.

Mantener y desarrollar esfuerzos para involucrar a la sociedad en general, en particular a hombres y niños, a través de programas de prevención, campañas y otras medidas de base comunitaria como forma de prevenir y luchar contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Continuar con los esfuerzos de sensibilización en torno a la violencia contra las mujeres y a que su implementación incluya todas las formas de violencia contempladas por el Convenio de Estambul, en particular la violencia sexual y la violencia digital.

• Aumentar los esfuerzos proporcionando información a todas las víctimas de violencia contra la mujer.

Adoptar un enfoque coordinado y amplio en la prestación de servicios médicos y forenses a las víctimas de violación y agresión sexual que vincule a las fuerzas y cuerpos de seguridad a otras agencias oficiales relevantes y profesionales médicos capacitados para satisfacer las necesidades de estas víctimas de manera compasiva y sensible a sus experiencias traumáticas.

• Proporcionar o coordinar servicios de apoyo especializados para mujeres desde un enfoque de género en todas las comunidades autónomas y para todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul.

• Tomar medidas promoviendo, en todas las comunidades autónomas, un completo mapeo de los servicios de apoyo especializados existentes en casos de violación y violencia sexual, acecho, acoso sexual, matrimonio forzoso, mutilación genital femenina y aborto/esterilización forzosos con el fin de subsanar, según las necesidades, las lagunas en la prestación de servicios.

Acelerar la ampliación del alcance de la línea nacional.

• Tomar medidas a fin de establecer un número suficiente de centros que deriven a las víctimas en situaciones de violación o violencia sexual que sean accesibles a víctimas de estos delitos. Garantizando apoyo psicológico y jurídico y la derivación a organizaciones especializadas.

• Revisar el nivel de gravedad requerido para determinar que una conducta sea calificada como acecho en virtud del artículo 172 del Código Penal español.

• Proseguir con las modificaciones del Código Penal a fin de que el delito de violación tipifique la falta de consentimiento de forma que se pueda articular en la práctica de forma eficaz por las fuerzas de seguridad, la fiscalía y el poder judicial.

Introducir formación y orientaciones para todos los integrantes del sistema de justicia penal que garanticen la comprensión del significado de lo que es la violación y la violencia sexual en tanto que delitos basados en la ausencia de consentimiento, no en la utilización de la fuerza.

Alinear la definición de acoso sexual del Código Penal español con la establecida en el artículo 40 del Convenio de Estambul ampliando su alcance a fin de asegurar su aplicabilidad en todos los ámbitos de la vida, públicos y privados, y eliminando cualquier requisito de intimidación, hostilidad o humillación objetivas y graves.

Dotar a todas las autoridades policiales pertinentes de los recursos, conocimientos y competencias que les permita dar una respuesta pronta y eficaz a todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul, en particular en relación con la violencia sexual, el matrimonio forzoso y el acecho.

Reforzar la asunción de la perspectiva de género y la calidad del trabajo de las unidades de valoración forense en relación a todos los casos en los que emiten denuncias a los tribunales, en particular en relación con los delitos de violación y agresión sexual, así como de violencia de la pareja o expareja.

• Identificar y abordar a la mayor brevedad todos los factores legislativos y procesales que contribuyen a que exista un umbral de suficiencia probatoria excesivo en los juicios en relación a la violación, tomando como referencia el principio de ahorrar a las víctimas la experiencia traumática que supone los procedimientos judiciales y de investigación.

• Garantizar que las víctimas de todas las formas de violencia cubiertas por el Convenio de Estambul tengan acceso de jure y de facto a asistencia letrada en una etapa temprana del procedimiento.

Principales logros en los primeros diez años del Convenio de Estambul: 

En el informe lanzado por el European Women’s Lobby (EWL) titulado “Hacia una Europa libre de violencia machista contra mujeres y niñas” , se detallan los logros alcanzados hasta la fecha en los 23 países que han ratificado el tratado, subrayando el papel clave de la Convención en la promoción de cambios positivos en las medidas de prevención, enjuiciamiento y protección para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Entre los principales hallazgos:

  • En 14 de los 23 países analizados (61%), se han intensificado los esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica.
  • En 15 de los 23 países analizados (65%), las mejoras en las investigaciones y el enjuiciamiento ya son visibles.
  • 19 de los 23 países examinados (83%) han mejorado los servicios de protección para mujeres víctimas de violencia y víctimas de violencia doméstica.
  • En referencias específicas a España, el informe destaca que la aplicación de las disposiciones del Convenio de Estambul se ha incluido como una prioridad clave en los planes de los gobiernos para los próximos años.

Creciente oposición al Convenio

Sin embargo, el informe también alerta sobre la creciente oposición política contra el Convenio de Estambul presenciada en algunos países europeos y el bloqueo político que impide la adhesión de la UE al tratado. Recordemos la lamentable salida por parte de Turquía del Convenio de Estambul como el ejemplo más reciente de esta preocupante oposición que atañe a los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En este sentido y para finalizar reiteramos la urgente necesidad de que los países que aún no han ratificado el Convenio de Estambul, den un paso adelante, ratifiquen y apliquen el Convenio sin reservas, y se comprometan con el mecanismo de rendición de cuentas del GREVIO para intercambiar ejemplos de buenas prácticas.

Cartel Convenio de Estambul

Malos tratos

Condenamos y lamentamos los crímenes machistas acontecidos en la última semana

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres  quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.

La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.

Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales (1.092 desde 2004, en que empezaron a contabilizarse)

Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.

La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.

Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.

Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.

Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.

Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.

Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse.

La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.

En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato.

Renovamos nuestro compromiso por la Igualdad con la FEMP

Como muestra del compromiso conjunto por seguir trabajando contra todo tipo de discriminación por razón de género y violencia contra las mujeres, el pasado 15 de marzo, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez Novo, asistió a la firma de renovación del convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de igualdad y contra la violencia de género.

Para la Comisión, es un honor seguir explorando sinergias con la FEMP y ofrecer a las entidades locales nuestro apoyo y colaboración en relación a sus actividades de intervención y sensibilización sobre violencia de género.

Precisamente, gracias a esta colaboración, pusimos en marcha una exposición de dibujos creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, en la que son los propios menores los que ilustran sobre el papel las situaciones de maltrato que han vivido.

Tras su paso por Sevilla, los dibujos llegarán al País Vasco el próximo 18 de mayo con el objetivo de concienciar de los efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren.

En la Jaula de oro, un podcast sobre Violencia de Género que ayuda a más mujeres

Necesitamos que se hable más sobre Violencia de género para conseguir la sensibilización y concienciación de la sociedad a los más altos niveles.

Con ese rigor y calidad que reivindicamos a la hora de visibilizar la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, surge ‘En la Jaula de Oro’, un podcast que rompe con los estereotipos de “mujer maltratada” y se construye con un relato en primera persona de las violencias que la protagonista no supo ver, pero que ahora ha tenido el valor de contar.

En este formato, que aúna la narrativa de ficción con la credibilidad y el rigor de un documental, se cuenta la historia de Gabriela. Una mujer víctima de violencia machista que se vio involucrada en un caso de corrupción en el que se menciona a su ex marido. Además, cuenta con entrevistas a profesionales que trabajan activamente contra la violencia de género como Vicky Rosell, Ana Requena, Gloria Poyatos o Coral Herrera.

Escuchando este podcast puedes ayudar a muchas mujeres que, como la protagonista, han sufrido la violencia machista en primera persona.

Los beneficios generados por la escucha de “En la Jaula de Oro” irán destinados a la Asociación de Mujeres Juezas de España, conocidas por su inmensa labor de defensa de la justicia y la libertad.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento la Asociación de Mujeres Juezas de España por donar todos los beneficios recaudados con la escucha a nuestra entidad, para que sigamos trabajando por erradicar la violencia de género que sufren las mujeres y menores de edad.

La historia de Gabriela es la de muchas mujeres que por culpa de la violencia institucional se ven obligadas a luchar por la custodia de sus hijos e hijas, mientras se enfrentan a los cuestionamientos de una sociedad estructuralmente machista.

¡Gracias por escucharlo!

La Plataforma CEB rechaza la salida de Turquía del Convenio de Estambul y pide a la UE que reaccione

Como integrantes activas de la Plataforma Cedaw-Estambul-Beijing (CEB), nos hacemos eco de una de sus últimas manifestaciones de compromiso a favor de los derechos de las mujeres y la lucha internacional contra la violencia de género. 

En el texto, que puede leerse a continuación, La CEB hace un llamamiento al Gobierno de España para que muestre su rechazo ante la salida de Turquía del Convenio de Estambul.

 

Las negociaciones de cooperación con Turquía impiden una condena institucional rotunda de la UE a Erdogan ante la salida por decreto del país del Convenio de Estambul

Junto al anuncio del pasado 20 de marzo, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha hecho efectiva la salida de Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia machista que anunció en un boletín oficial tras tomar la decisión por decreto.

Después de meses de presiones por parte de sectores ultraconservadores, Erdogan ha confirmado que, pese a ser el primer país que ratificó el acuerdo, más conocido como Convenio de Estambul, Turquía abandona este compromiso continental orientado a prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Precisamente, la ciudad turca de Estambul fue la sede donde 14 países del Consejo de Europa firmaron este convenio que, por primera vez, reconoce violencias machistas más allá de la violencia en el marco de la pareja o expareja, como la mutilación genital femenina o la violencia sexual.

Miles de mujeres se han manifestado estos días en contra de esta decisión sin conseguir la acción de la Unión Europea en este sentido, que el pasado mes de marzo celebró la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que se discutieron los términos de negociación para la cooperación bilateral con Turquía y en la que no se reprendió al país por su salida del Convenio.

Desde la Plataforma Cedaw-Estambul-Beijing (CEB), como modo de representación de la sociedad civil en estas instancias, lamentan y condenan esta decisión. El abandono del pacto pone en peligro los derechos y la seguridad de las mujeres y niñas del país. Solo en el año 2020, la plataforma We Will End Femicide registró 300 mujeres asesinadas en Turquía.

La Plataforma CEB, formada por organizaciones feministas, trabaja por el seguimiento y cumplimiento del Convenio de Estambul y otros importantes acuerdos como la Convención de CEDAW y la Declaración de Beijing.

La ratificación del Convenio de Estambul es fundamental ya que compromete a los países firmantes a garantizar medidas de protección y prevención ante todos los tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas por el hecho de serlo. Además, contribuye a la sensibilización general de la población en un momento en el que vuelve a ponerse en cuestión la necesidad de que exista legislación específica ante la violencia machista.

El Convenio de Estambul es de aplicación directa en los países que lo ratifican. Las medidas que garanticen su cumplimiento son, por tanto, necesarias y obligatorias.

España firmó el Convenio en el año 2011 y lo ratificó en 2014. Además, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en nuestro país en el año 2017, recoge la importancia de este acuerdo internacional y establece medidas destinadas al desarrollo del convenio.

Pese a ello, las instituciones españolas continúan dando una respuesta que en muchos aspectos resulta insuficiente, al igual que mínima ha sido la reacción de las instituciones públicas ante la salida de Turquía del Convenio de Estambul y el retroceso que a todas luces supone a nivel internacional como referente frente a la lucha contra la violencia de género.

Por ello, la Plataforma CEB solicita contundentemente al Gobierno español y a la presidenta de la Comisión Europea, que muestren su rechazo expreso ante la decisión de Erdogan y exijan como condición para seguir cooperando con Turquía, el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas turcas y su reincorporación al Convenio de Estambul.

Sin perjuicio de lo anterior, nos sumamos a las declaraciones posteriores de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hizo “un llamamiento a los Estados miembros para que terminen de ratificarlo”.

La Plataforma insiste en fomentar la ratificación por parte de los países que aún no lo han hecho, garantizar la implementación en los países que han firmado el acuerdo, incluyendo a España, y alcanzar un compromiso político y presupuestario real y adaptado a las necesidades del contexto para implementar las medidas del Convenio y del resto de acuerdos internacionales en materia de igualdad y contra la violencia contra las mujeres y niñas.

Desde esta Plataforma mostramos nuestra más sincera solidaridad con el movimiento feminista turco y con las miles de mujeres y niñas turcas cuyos derechos en este caso se están viendo cercenados ante la impasible falta de respuesta internacional.

Plataforma SOMBRA Cedaw-Estambul-Beijing

Combatir el sexismo en la justicia

Si bien es cierto que España cuenta con un elenco normativo indiscutiblemente avanzado en materia de igualdad, no podemos obviar la gran brecha existente entre la legislación y su aplicación efectiva.

El sexismo y los estereotipos de género en el sistema judicial representan un obstáculo para el buen funcionamiento de la justicia.

En este sentido, el papel de los jueces es determinante desde el inicio de los procedimientos judiciales, ya que les corresponde iniciar el proceso e instruir la causa, lo que conlleva pedir información, decretar las medidas provisionales, etc.

La propia denominación de los hechos investigados puede estar sesgada desde un inicio por valores sexistas. Por ejemplo, no es lo mismo iniciar un expediente como violencia habitual, que partir simplemente de un mal trato “ocasional”, lo que en muchas ocasiones va a condicionar posteriormente el transcurso de la investigación.

Los estereotipos de género en la aplicación de la Ley

  • Lo cierto es que, a día de hoy, la Justicia tiene poco en cuenta la violencia de género cotidiana, en forma de violencias verbales en espacios públicos y privados. Las humillaciones y vejaciones, se minimizan, aunque sean continuadas y reiteradas en el tiempo.
  • Una de las conclusiones claves de nuestro informe sobre la percepción de la violencia en jóvenes, es que “ la calle” históricamente concebida como un espacio de socialización, ha pasado a concebirse por la mayoría de las jóvenes, como un espacio peligroso y en el mejor de los casos hostil.
  • Son muy pocas las sentencias que tienen en cuenta la violencia económica, a pesar de estar reconocida como tal en el Convenio de Estambul.
  • La violencia sexual, como las violaciones en grupo se están cometiendo cada vez con más frecuencia, y en muchos casos se justifica el acto delictivo trasladando la responsabilidad a la conducta de la propia víctima , lo que produce una doble victimización- . Véase el caso de la “ Manada”.
  • En ocasiones persiste el discurso sexista que reconduce los actos de violencia a un “conflicto familiar”, y no a una situación de dominación y control por parte de un miembro de la pareja, en este caso el hombre, sobre la mujer.

Violencia institucional

Desde el momento en que se produce una respuesta inadecuada a las situaciones de sexismo y en especial las que afectan a la Violencia de Género nos encontramos con lo que podría denominarse violencia institucional.

La lentitud de los procesos judiciales hace ineficaz en muchos casos una resolución adecuada y a tiempo de la violencia, que puede dar lugar a la retractación en la denuncia e incluso a la cronificación de las lesiones psíquicas y sus efectos.

  • Los procesos penales pueden tardar más de dos años o tres cuando se tramitan como proceso abreviado.
  • Los procesos civiles se demoran por la necesidad de informes psico- sociales que tardan más de un año en emitirse.
  • Las medidas provisionales en muchos casos se toman sin el correspondiente informe psico – social, lo que da lugar a resoluciones mal o insuficientemente motivadas.

Así mismo consideramos necesaria una mayor especialización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en materia civil, es decir la relativa a los procesos derivados de la decisión de la mujer de proceder a la ruptura de la pareja tras la denuncia.

  • Los regímenes de visitas de los agresores, se establecen en ocasiones en base a formularios estereotipados, que no tienen en cuenta la tipificación de los hechos penales enjuiciados- mal trato habitual, lesiones, mal trato de obra etc…., la reiteración de los mismos, la violencia sufrida y/o presenciada por los menores etc….
  • Las medidas económicas, se establecen en ocasiones en base a parámetros preconcebidos, sobre la persistencia de la idea de que las mujeres que denuncian pertenecen a estratos de población de economías con pocos recursos, lo que deja en muchas ocasiones a las mujeres y los hijos en una situación de cuasi precariedad.

Internet, un caldo de cultivo para el sexismo

Internet ha proporcionado un nuevo espacio para la expresión y transmisión del sexismo, al que la Justicia en la práctica tiene difícil acceso.

La persecución del culpable se hace mucho más difícil por el espacio anónimo en que en muchas ocasiones se produce. Pero especialmente preocupante resulta la falta de respuesta normativa a la violencia ejercida a través de la pornografía en redes, que incide directamente en la normalización de la violencia sexual sobre las mujeres y niñas, desde las etapas más jóvenes de la adolescencia.

Propuestas para la mejora del sistema judicial

La primera, pilar de todas las demás, consiste en aplicar la perspectiva de género a todos los ámbitos de la Administración de Justicia. Partiendo de esta premisa, surgen otras propuestas más específicas como son:

  • Formación

Es necesario garantizar una formación periódica y adecuada para los miembros de la carrera judicial, sobre los efectos nocivos de los sesgos y estereotipos de género, especialmente en los casos de violencia contra mujeres y niñas.

Esto supone la obligatoriedad de este tipo de formaciones para el acceso a la carrera judicial y con mayor contenido curricular cuando se trate del acceso a destinos en Juzgados especializados en Violencia Contra la mujer.

  • Incremento de recursos humanos y materiales.

Necesidad de dotar a la Administración de Justicia de recursos económicos y personales que eviten la sobrecarga que pesa en la justicia y consiguiente demora de los procesos.

  • Fomento de la intervención en los procesos de profesionales especializados.

Tanto los adscritos al Juzgado, como los designados por las partes, incluidas las ONGs y demás organizaciones de la Sociedad Civil.

La realidad es que en muchas ocasiones, los tribunales no cuentan con las organizaciones de la Sociedad Civil. Minusvaloran los informes de las organizaciones especializadas y en la práctica prevalecen exclusivamente los informes elaborados por los propios profesionales del equipo psico social o forense del Juzgado.

  • La adecuada reparación del daño.

Sería muy ilustrativo comenzar por un diagnóstico previo mediante el examen de las resoluciones judiciales condenatorias y las indemnizaciones acordadas en casos de Violencia de genero incluida la violencia sexual.

Es necesario determinar siempre la correspondiente y adecuada reparación del daño físico y psicológico , así como el daño moral.

Para cumplir con lo anterior se hace también necesario establecer unos criterios homogéneos para su valoración.

Por último se recomienda hacer un exhaustivo seguimiento de su cumplimiento. Resulta preocupante que en muchos casos el responsable se declara insolvente y no existe responsabilidad subsidiaria por parte del estado , de forma que finalmente no se cumple la reparación del daño en su vertiente indemnizatoria.

El proceso judicial en los casos de violencia de género

El proceso judicial en casos de violencia de género

 

Susana Martínez Novo

Abogada y Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Directo en instagram comision malos tratos

¿Hablamos? – Directos en Instagram sobre Violencia de Género

El pasado 11 de marzo dimos el pistoletazo de salida a nuestra serie de directos en Instagram. Además de dar la oportunidad a todas y todos de expresar vuestras dudas, el objetivo de los videos es concienciar sobre la violencia de género y ofrecer claves y pautas a la hora de identificarla, prevenirla y erradicarla.

Cristina Sánchez, una de nuestras psicólogas especializadas en violencia de género, nos ofreció durante la primera sesión, claves fundamentales sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra la mujer, dirigidas tanto a la víctima, como a su entorno social o familiar.

En la tarde del 8 de abril, continuaremos respondiendo a vuestras dudas. En esta ocasión, relacionadas con el ámbito jurídico. Para ello, contaremos con la presencia de Susana Martínez Novo, presidenta de la CIMTM y abogada especializada en violencia de género.

Conéctate:

  • Si sufres malos tratos y tienes dudas sobre el proceso de denuncia
  • Si desconoces los recursos y derechos que te corresponden
  • Si conoces a alguien que esté pasando por una situación de violencia con su pareja y crees que nuestra información puede ser de utilidad

Directo en instagram comision malos tratos

Este directo no será el último. Pronto anunciaremos más encuentros con otros miembros de nuestro equipo que nos permitirán seguir explorando el complicado mundo de las violencias machistas a través de la conversación.

Mientras, te invitamos a ver el video completo del directo dedicado al abordaje de casos desde el punto de vista de la psicología. Pincha en la siguiente imagen para acceder:

 

Directo en instagram

 

Pautas a seguir: 

Si eres víctima de malos tratos, llama gratuitamente al 900 100 009 y una de nuestras trabajadoras sociales te proporcionará todo el asesoramiento necesario en función de tu caso.

Si formas parte del entorno, o conoces a alguna mujer que sufra violencia de género, tu actitud puede ser determinante para salvar su vida y ayudarla a salir de esa situación.

No culpabilices a la víctima, recuerda que el agresor es el único responsable. Es muy importante que no la dejes sola y la apoyes en todo momento. Normalmente los agresores aíslan a las mujeres de su círculo más cercano.

Si formas parte del entorno del agresor, jamás toleres actitudes o comentarios violentos y machistas por su parte. El silencio sólo te hace cómplice de perpetuar la violencia ejercida contra las mujeres.

Carta por los derechos de las mujeres en Turquía

Lamentamos la salida de Turquía del Convenio de Estambul

Como integrantes activas tanto del Lobby Europeo de Mujeres ,como del LEM España, queremos hacernos eco de una de las últimas acciones tomadas por estas plataformas, directamente relacionada con los derechos de las mujeres y la lucha internacional contra la violencia de género. 

El texto, que puede leerse a continuación, quiere llamar la atención del Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y del Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, respecto a la lamentable decisión anunciada por el presidente Erdogan, de retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul.

A continuación, compartimos una traducción de la carta original remitida en inglés a la que puede accederse a través del siguiente link: Letter to HRVP Borrell and the Portuguese Presidency of the Council

 

Su Excelencia el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell,

Su Excelencia el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal

Nos dirigimos a ustedes en relación con el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de hoy, en el que se celebrará un intercambio de opiniones sobre la vecindad del sur y Turquía. Las abajo firmantes nos dirigimos a ustedes conjuntamente como Presidenta y Vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres (LEM), que representa a más de 2.000 asociaciones de mujeres asociaciones de mujeres de toda Europa, con miembros de los países en vías de adhesión a la UE, incluida la coordinación del LEM para Turquía – Avrupa Kadin Lobisi Turkiye Koordinasyonu (AKL-TK).

El LEM desea expresar su grave preocupación y condena por la orden ejecutiva presidencial emitida por el presidente Erdogan el 20 de marzo de 2021, en el que anuncia su intención de retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul. Esta impactante decisión se produce 10 años después de que Turquía, entonces también dirigida por gobierno del primer ministro Erdogan, fuera el primer país en firmar el Convenio, como un mensaje al mundo de su compromiso político y su ambición de eliminar la violencia masculina contra las mujeres y las niñas.

El Convenio de Estambul es el instrumento legislativo más completo hasta la fecha, que establece medidas para hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas

Esta decisión, que representa un claro retroceso en los derechos de todas las mujeres y niñas, no puede ser tolerada, y contraviene directamente los valores fundamentales de la UE según el artículo 2 del TUE, el artículo 8 del TFUE (cláusula de “integración de la perspectiva de género”) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en su artículo 23. Esta decisión es una manifestación de la creciente reacción política contra los derechos de las mujeres en Europa, en la que nuestros miembros de la Coordinación del LEM para Turquía, han estado luchando en primera línea junto al movimiento de mujeres en Turquía y en toda Europa, dentro de un espacio cada vez más reducido para la sociedad civil.

A la luz de esto, el LEM reconoce que esta decisión de retirarse aún no ha entrado en vigor, y que Turquía todavía tiene la oportunidad de revertir esta decisión y dar un paso adelante para garantizar activamente la protección de todas las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, de acuerdo con sus obligaciones legales actuales con el Convenio de Estambul.

Excelencias, les pedimos que intervengan urgentemente en esta crisis y exijan al gobierno de Turquía que revoque su decisión de retirarse del Convenio de Estambul. Les instamos a que pidan a Turquía que cumpla con sus actuales obligaciones legales con el Convenio de Estambul y aplique plenamente las disposiciones de del Convenio sin ninguna reserva, en solidaridad con la defensa de los derechos fundamentales de la UE.

También agradecemos la oportunidad de reunirnos con ustedes urgentemente para garantizar que se toman medidas significativas no sólo para evitar este retroceso, sino para garantizar el avance continuo de los derechos de todas las mujeres y las niñas, que se han enfrentado a los impactos devastadores de la COVID-19.

Al igual que con su enfoque de la pandemia del COVID-19, Europa tiene ahora la oportunidad de unirse en solidaridad y adoptar medidas concertadas para proteger los valores fundamentales de la UE, incluida la igualdad entre mujeres y hombres.

Atentamente,

Gwendoline Lefebvre
Presidenta European Women’s Lobby

Ana Sofia Fernandes
Vice-Presidenta European Women’s Lobby
Presidenta de la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres (PPDM) – Portuguese Platform for Women’s Rights

Aslihan Tekin
Miembro del Consejo del LEM, Coordinación del LEM para Turquía

Campaña Covid-19

Violencia de Género durante el estado de alarma

Es inevitable echar la vista atrás y recordar cómo era nuestra vida antes de que el Covid-19 irrumpiera de lleno en todo el mundo. Justo el pasado domingo 14 de marzo se cumplía un año desde que el Gobierno decretara el estado de alarma, y comenzara así una larga etapa de confinamientos domiciliarios y medidas restrictivas para contener la propagación del virus.

La llegada de la pandemia ha puesto en relieve los problemas que ya arrastrábamos desde antes, y en el caso de la violencia de género no ha sido para menos.

Las denuncias presentadas a lo largo del 2020 bajaron un 10% con respecto a 2019. Es decir, más de 17.000 mujeres no denunciaron violencia machista, en gran media por el confinamiento, sin que se pueda afirmar que la caída se deba a un descenso real de los casos de maltrato, sino a las dificultades añadidas que las víctimas han tenido para denunciar.

Por recordar cifras, entre los meses de marzo y junio del año pasado, hasta ocho mujeres fueron asesinadas a manos de sus hijos en España, y cinco de estos casos se produjeron durante el estado de alarma. Lamentablemente, lo que vino después del confinamiento no fue mejor y hasta un total de 59 mujeres fueron asesinadas en 2020 por violencia de género.

Pese a todas las limitaciones sobrevenidas con el estado de alarma, desde la Comisión pusimos todo nuestro esfuerzo en adaptarnos a la nueva situación, y continuamos con nuestra labor para no dejar desamparadas a las mujeres que se encontraban en situación de maltrato.

El confinamiento extremó la vulnerabilidad de todas las mujeres, al verse obligadas a convivir en el mismo espacio con sus maltratadores. Al inicio de la pandemia se multiplicó el nivel de llamadas al 900 100 009, no solo de mujeres en situación de violencia, sino también de profesionales para solicitar información sobre los servicios que continuaban abiertos, y qué recursos ofrecían las administraciones públicas.

Una vez que la población fue conociendo los recursos que tenía a su disposición, el tráfico de llamadas se normalizó y volvió a los niveles de periodos anteriores a la pandemia.

En cuanto al contenido de las intervenciones telefónicas durante la pandemia, pasaron de ser mayoritariamente informativas o de seguimiento, a estar protagonizadas por servicios de contención. Es decir, enfocamos la asistencia telemática a mujeres en ofrecerles pautas para protegerse ante situaciones de violencia imprevista en el seno del hogar, y evitar así escenarios de tensión en el domicilio o situaciones que pusieran en riesgo su integridad.  El objetivo, en definitiva, era contener la situación en la medida de lo posible ante la dificultad de operar presencialmente en pleno estado de alarma.

Cartel informativo comisión

La ejecución en el estado de alarma de nuestro programa Fortaleza y Alternativa

Durante este periodo, aunque en todas nuestras sedes (Madrid, Andalucía, Navarra y País Vasco) se paralizó la atención presencial, continuamos la atención individual por parte de nuestro equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales del Programa Fortaleza, para seguir ofreciendo atención social, psicológica y jurídica por Skype y por teléfono, a mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

En cuanto al programa de detección de víctimas de trata con fines de explotación sexual (Programa Alternativa), todas las intervenciones presenciales en escenarios de prostitución quedaron suspendidas, pero se habilitó un servicio de atención psicológica y jurídica vía telefónica. Así como de traducción e interpretación en las interacciones con sanitarios y la administración.

Nuestro equipo de profesionales se ha servido de las herramientas tecnológicas para no dejar desatendidas a las usuarias, precisamente cuando necesitaban una mayor seguridad y estabilidad, dado el encerramiento que la pandemia podía suponer de cara a la reiteración de la agresión en los domicilios.

A medida que se han ido suavizando las restricciones de movilidad, nos hemos ido adaptando a las nuevas necesidades y demandas, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Recientemente hemos iniciado una serie de directos en Instagram para resolver dudas y ofrecer asesoramiento  psicológico, jurídico o socio-laboral. En el próximo directo, resolveremos cuestiones jurídicas y dudas generales sobre las pautas a seguir para presentar una denuncia de violencia de género.

Otra de las líneas de actuación en materia de prevención es nuestro programa “Conectadas” , un proyecto orientado a prevenir situaciones de riesgo, y destinado a que las chicas y mujeres jóvenes puedan identificar la violencia que están sufriendo y conozcan los recursos que tienen a su disposición.  Este servicio se realiza de forma tanto presencial como vía WhatsApp en el número 669 473 301.

La pandemia ha puesto de manifiesto la escasez de recursos estructurales

En este sentido, aunque es cierto  que las administraciones públicas y los Gobiernos han hecho esfuerzos, como planes de contingencia dirigidos a víctimas de violencia y a víctimas de mujeres en situación de prostitución, no debemos olvidar que la pandemia ha sido un detonante que ha puesto de manifiesto la escasez de recursos estructurales destinados a estas mujeres. Es necesario resaltar que si las ONG no hubiéramos colaborado en campañas de difusión de información o no hubiéramos prestado apoyo y atención a las mujeres, desde las administraciones públicas no hubieran tenido la capacidad suficiente para cubrir la demanda de casos que seguían produciéndose.

La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad

Pese a los avances experimentados en el plano legislativo, en el cual España es sin duda referente internacional, existe todavía una desigualdad social patente, doblemente negativa cuando hablamos de mujeres en situación de discapacidad.

Desde la perspectiva de la violencia que sufren las mujeres, aquella que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad presenta dos características, que suponen una barrera inicial a la lucha contra este tipo de agresiones:

LA INVISIBILIDAD. Es notorio que las mujeres con discapacidad por sus circunstancias específicas sufren mayores abusos, y sin embargo lo hacen de una forma mucho más silenciosa e invisible.

LA NORMALIZACION que se produce al sufrir estas violencias desde edades muy tempranas, de forma continuada y estructural.

De ahí que romper la invisibilidad que todavía existe respecto a las personas discapacitadas, MEDIANTE LA DETECCIÓN Y LA  PREVENCION se convierta en un factor esencial.

No podemos olvidar que sin una detección previa no hay posibilidad de denuncia y acceso a la Justicia.

Esto hace que sea muy importante que desde los Servicios de Salud así como desde los Servicios Sociales, Centros de Dia o residenciales, Centros ocupacionales, etc. a los que acude la víctima se extremen las medidas de detección de situaciones de violencia de que puedan estar sufriendo.

En el mismo sentido, que los profesionales de dichos servicios tengan una formación específica y directrices adecuadas para lograr una intervención, que pueda favorecer espacios de intimidad con la mujer discapacitada sin la presencia del cuidador –en alto porcentaje agresor- y para explorarla de forma acorde a su situación personal.

Veamos algunos datos relevantes, extraídos de la Macroencuesta 2019 de la Delegación de Gobierno contra la V.G.

  • El 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de alguna pareja o expareja dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Este porcentaje asciende al 23,4% en el caso de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual.
  • Entre las mujeres que tienen una discapacidad y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en su vida, el 14,3% dicen que la discapacidad es consecuencia de estos episodios de violencia sexual.
  • La violencia sexual tiene consecuencias en la salud de las mujeres afectadas que perduran en el tiempo y esto hace que asistan con mayor frecuencia a diversos servicios de atención sanitaria, aunque los episodios de violencia sexual hayan sucedido en el pasado. Así, por ejemplo, el 43,7% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 58,8% de las que han sido violadas afirman haber utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad suyo en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 28,3% de las que nunca han sufrido violencia sexual.

En relación a los factores que generan una dependencia de la víctima con su agresor, algunos de los cuales afectan a todas las víctimas de violencia de género, como la emocional o la económica, y otros como la dependencia física que inciden en mayor medida en las mujeres dependientes, me resulta interesante señalar un estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial, en relación a las personas dependientes, en el que se habla de otro tipo de conducta violenta, consistente en la dejación de las actividades de cuidado, de la siguiente forma:

Negligencia y abandono: Rechazo, negativa o fallo para iniciar, continuar o completar la atención de las necesidades de cuidado, ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte de la persona responsable de su cuidado. Como, por ejemplo, no aportar medidas económicas o cuidados básicos como comida, hidratación, higiene personal, vestido, cobijo, asistencia sanitaria, administración de medicamentos, confort, protección y vigilancia de situaciones potencialmente peligrosas, dejarla sola largos periodos de tiempo, no procurarle afecto, etc. La tendencia es a hablar de negligencia cuando el fallo se produce en los cuidados que debería proporcionar un profesional y de abandono cuando es el cuidador familiar el que no cumple con la responsabilidad de cuidado.

Barreras de acceso a la Justicia

Como señala en un estudio “Mujeres con discapacidad y Violencia de Género” la Magistrada María Tardón Olmos:

Por el hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente del agresor, por su mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros. El propio cuidador ejerce, así, de barrera, en su relación con el exterior.

Por tener mayores dificultades para expresar los malos tratos sufridos debido a problemas de comunicación.

 Por la dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de todo género de barreras arquitectónicas y de la comunicación.

Por tener una menor credibilidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos estamentos sociales.

Por vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia: familias desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales.

Dichas barreras se vienen dividiendo en dos tipos:

  1. Barreras de carácter subjetivo, entendido en el sentido de afectación del ámbito subjetivo de la persona.
  • Dependencia emocional. Dependencia física, incluida la atención a las necesidades de cuidado por parte de la persona responsable. Dependencia económica.

De nuevo, los agresores suelen ser personas conocidas, en un 99% de los casos. El 30% corresponden a abusos sexuales intrafamiliares. La cercanía de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas determina quién da la voz de alarma sobre los abusos: el 73% de los casos que llegan a la UAVDI vienen derivados de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, Servicios Sociales y Centros de Salud. En otro 19% es la familia la que acude a la unidad y, por último, un 2% de las víctimas acuden por ellas mismas a pedir ayuda. (El diario 4/12/2014.)

  • Desconfianza de las mujeres ante la respuesta por parte de la Administración de justicia.
  • Miedo a la pérdida de la guarda y custodia o a la guarda compartida impuesta por parte de los Juzgados y Tribunales como sistema de custodia preferente.

Cuestiones como la de la guarda y custodia de los hijos, resulta una barrera recurrente, puesto que se parte de la visión de que las mujeres con discapacidad no pueden cuidar de sus hijos de igual manera a las demás mujeres, con base a la propia naturaleza del rol que socialmente se las ha adjudicado.

En efecto, los procedimientos de divorcio y juicios de tutela pueden centrarse en la discapacidad de la madre y no en su comportamiento como progenitora, equiparando así implícitamente la discapacidad de la mujer con la incompetencia para ejercer como madre. Sin embargo, los recursos existentes, los medios tecnológicos disponibles y la ayuda que debe recibir la madre son la clave para no victimizar e incluso coartar los derechos de las mujeres con discapacidad.

 

2. Barreras estructurales, que afectan a la accesibilidad y al tratamiento que desde las instituciones se ofrece a las víctimas.

  • Barreras arquitectónicas y de accesibilidad a los recursos: La primera barrera parte de la necesidad de accesibilidad en los propios Tribunales. Numerosos estudios referidos específicamente a la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad, muestran que existen trabas para el acceso de una mujer con discapacidad a la información, así como barreras arquitectónicas y de accesibilidad a los recursos, incluidos por tanto los relativos a la Administración de Justicia.

 

  • Falta de recursos y personal especializado antes y después de la presentación de la denuncia. Es necesario que los Juzgados cuenten desde un primer momento con medios humanos y personales especializados, como servicios de intérpretes para personas con discapacidad.

 

  • Atención y asesoramiento letrado antes y después de la denuncia. Para que el acceso de la mujer a la Justicia se realice de forma adecuada y con suficientes garantías. Se debe potenciar la creación de Servicios de Orientación Jurídica a personas con discapacidad y familiares. Con suficiente especialización.

 

  • Unidades forenses de valoración integral del riesgo. Consideramos que el sistema de valoración actual, que se realiza por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no es integral, ni suficientemente fiable. Dichas unidades deberían contar con profesionales especialmente capacitados para la atención a mujeres con discapacidad, que realizaran una evaluación periódica, antes, durante y después del proceso judicial en su caso.

 

  • Escasa formación en género y discapacidad.

Consideramos necesario incidir en la formación de los profesionales que intervienen en el proceso de la violencia en general y en especial en relación a las personas con discapacidad, por sus especiales características y los factores de riesgo añadidos que tienen por su condición de discapacidad.

Esto incluye, juristas, trabajadores sociales, personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, medios de comunicación, etc.

Es necesaria la formación y capacitación en género y discapacidad, que incluya el conocimiento de conceptos tales como el feminismo, totalmente tergiversados y malinterpretados, así como módulos de sensibilización y capacitación específicos sobre personas con discapacidad.

Laura Galindo, psicóloga y especialista en la materia, señala la necesidad de formación de los agentes y del personal de los juzgados con los que entran en contacto las mujeres con discapacidad intelectual: “Si les hacen las preguntas con un tono rígido y de manera insistente, por ejemplo, la persona tiende a responder lo que se espera de ella. Ahí puede haber cambios de versión, pero no significa que la víctima esté mintiendo. Hay que enseñar de qué modo hacer las preguntas“.

Prácticas no deseables

Por parte de algunos sectores judiciales se detectan prácticas no deseables y falta de empatía.

  • Ejemplo de ello es que, en más de una ocasión, se cuestiona a la víctima antes que al agresor. En efecto, si esto ocurre con las víctimas de violencia de género en un importante número de ocasiones, cuanto más, con las mujeres con discapacidad. Así las mujeres con discapacidad cognitiva, por ejemplo, que pueden tener más dificultad para recordar la secuencia de los acontecimientos, y en su consecuencia más probabilidades de que se les reste credibilidad ante los tribunales.

 

  • El hecho de que no se valore debidamente el testimonio de las mujeres con discapacidad supone un problema en los casos de violencia basada en el género y agresión sexual, en los que el testimonio de las partes y la credibilidad de los testigos son especialmente importantes.

 

  • Se admite la estrategia de las denuncias cruzadas sin mayor repercusión para el agresor. Por el contrario son mucho más escasas las ocasiones en las que se admite la eximente de legítima defensa en favor de la víctima.

 

  • Solo en ocasiones excepcionales se procede en fase de instrucción a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, respecto de los presuntos hechos imputados a la víctima, incluso a falta de indicios racionales que sustenten una acusación mínimamente fundamentada.

 

  • El resultado en la mayoría de las ocasiones es la retractación en las denuncias, entendida en el sentido de retirar la acusación particular y acogerse al derecho a no declarar, haciendo extremadamente difícil la continuación del proceso o la conclusión del mismo mediante sentencia condenatoria.

 

 

Por último, no puedo acabar sin señalar que, a mi modo de ver, mientras los agresores sigan siendo invisibles, estamos colaborando con su impunidad.

Hemos de ser conscientes de que el problema no es la mujer, ni lo es la discapacidad, sino la conciencia social que permite que perduren desigualdades estructurales que afectan en mayor medida a determinados sectores de la población.

En conclusión, solo una sociedad sin barreras y tolerante, basada en el conocimiento y en el respeto a la persona como “ser humano”, sin distinción de sexo, ni de otras circunstancias personales, como en este caso, la discapacidad, podrá ser una sociedad libre de violencias.

 

Susana Martínez Novo

Abogada y Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres