La violencia económica, un maltrato invisible para la sociedad y las instituciones
El ciclo se seminarios organizado por el proyecto ECOVIO, pretende contextualizar y dimensionar la violencia económica que se produce como resultado de la violencia machista, así como buscar soluciones y respuestas a la misma.
La presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, participó en el seminario programado para el día 7 de julio, focalizado en la atención y asesoramiento a la mujer que sufre violencia económica.
En nuestra organización somos conocedoras del impacto que tiene este tipo de violencia por los testimonios que nos trasladan las usuarias de nuestro programa de intervención con mujeres víctimas de malos tratos, sin embargo, consideramos que el control económico hacía las mujeres todavía es un aspecto inexplorado de la violencia de género.
En este sentido, es verdaderamente importante poner el punto de mira en la violencia económica, ya que se trata de una violencia con profundas raíces estructurales, que desfavorece y perjudica doblemente a las mujeres en cualquier situación que pueda afectar de alguna manera a la economía.
La violencia económica es una realidad invisible, tanto a ojos de la sociedad como para las instituciones. La CIMTM en el año 2010 hizo sus primeras jornadas sobre violencia económica intentando visibilizar este tipo de violencia, ya que se reiteraba en la mayoría de relatos que nos trasladaban las usuarias de nuestros servicios.
La normalización de la violencia económica
En base a nuestra experiencia, las mujeres que sufren violencia económica han normalizado esa situación y no la visibilizan como un posible control o una posible forma de violencia.
Muchas de las mujeres que la sufren, desconocen que en una sociedad legal de gananciales, muy habitual en los matrimonios sujetos al régimen común, el salario o la nómina del esposo no es privativo, sino que son ingresos de ambos, porque si la mujer no trabaja o tiene un salario inferior, lo que sí está aportando es su trabajo y esfuerzo personal al hogar, a los hijos, o el cuidado. También existe el desconocimiento generalizado de que en una economía común, ambos tienen derecho a participar y a estar informados en igualdad de condiciones.
Por todo ello, es muy importante ayudar a las mujeres a identificar que se ejerce violencia económica contra ellas en cualquier situación que suponga un constreñimiento a su libertad de actuación o un control de sus recursos.
Quién sufre esta violencia
Este tipo de violencia recae principalmente sobre las mujeres, sus hijos e hijas y la familia de la progenitora materna.
Según la Macroencuesta realizada en 2019 de Violencia contra la Mujer, se estima que 2.350.684 mujeres residentes en España, de 16 o más años (el 11,5%), han sufrido violencia económica de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas.
Una de las consecuencias que la violencia económica tiene sobre los menores, es que merma su capacidad para poder opinar o manifestar sus deseos, ya que éstos van a estar siempre dominados y controlados por quien tiene la capacidad económica, que suele ser la pareja masculina.
¿Cómo es la legislación?
La legislación penal no contempla expresamente la violencia económica. En base a nuestra experiencia, en los juzgados se suele incluir como un maltrato habitual de carácter psicológico.
Pese a que el Convenio de Estambul en su artículo 3, sí que hace alusión expresa a la violencia económica como una manifestación más de entre todas las formas de violencia. Lo cierto es que la aplicación efectiva del convenio de Estambul en nuestra legislación todavía no se ha producido.
Si queremos tener una herramienta más directa para poder paliar la violencia económica hacía las mujeres, debería producirse una adaptación de las normas impuestas por el Convenio de Estambul, de tal manera que podamos tipificarlo.
Es importante que los juzgados entiendan que aunque todavía no haya una manifestación directa en el Código Penal, la interpretación de la ley ayuda mucho. Un ejemplo de ello es la reciente sentencia del 21 de marzo del 2021, en la cual se contempla que el impago de pensiones y la insolvencia provocada por parte de quien estaba obligado al pago de cargas matrimoniales o pensiones, constituían una forma de violencia de género.
Esta sentencia supone un gran avance, porque se reconoce que la violencia económica es una forma más de perpetuar el control o la violencia una vez se produce la ruptura de la pareja. El agresor pretende generar nuevamente esa dependencia económica por el impago de las prestaciones alimenticias o cargas hipotecarias.
Ante este panorama, la CIMTM en el año 2002, creó un departamento de orientación socio-laboral para nuestras usuarias, ya que la independencia económica, la salida laboral y el acceso al empleo es la única forma de paliar la dependencia económica, y por tanto, uno de los obstáculos que impide la denuncia.
A su vez, hemos desarrollado convenios con determinadas organizaciones y entidades que también promueven la inserción laboral de mujeres más desfavorecidas o de personas en situación de mayor vulnerabilidad. Cuando estas entidades tienen un paquete de ofertas de empleo, derivamos a nuestras usuarias para que consigan una inserción laboral.
En este sentido, la terapia psicológica debe ir unida a la orientación socio-laboral. Las mujeres que sufren o han sufrido malos tratos presentan unos niveles de autoestima muy bajos. Están tan acostumbradas a escuchar que no valen, por parte de sus parejas o exparejas, que ellas misma acaban por creérselo.
La pandemia provocada por la COVID-19 tiene rostro de mujer
La sobrecarga del teletrabajo y el cuidado de las personas dependientes recaen en mayor proporción sobre las mujeres. Esto implica un mayor riesgo de dependencia económica para aquellas mujeres que se hayan quedado en ERTE o hayan perdido sus trabajos.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres interactuamos de una forma activa con las administraciones públicas, para conseguir que tanto en los planes de contingencia frente a la crisis provocada por la COVID-19, como los consiguientes planes de recuperación social y económica, incluyan necesariamente la perspectiva de género.
Por todo ello, consideramos que el acceso al empleo y la educación son aspectos fundamentales para acabar con la violencia de género que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
