Condenamos y lamentamos los crímenes machistas acontecidos en la última semana

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres  quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.

La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.

Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales (1.092 desde 2004, en que empezaron a contabilizarse)

Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.

La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.

Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.

Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.

Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.

Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.

Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse.

La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.

En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato.