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Concentración contra la violencia machista en diferentes puntos de España: 40 feminicidios en 2023

Feminicidio ha registrado 40 asesinatos de mujeres en al ámbito de la pareja o expareja y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en lo que va de año. Desde 2010 ha contabilizado 1.414 mujeres asesinadas por hombres. Todos los datos, pueden verse clasificados por tipo de asesinato en su web.

La violencia contra las mujeres no cesa, no parece ser una prioridad en la agenda política y las medidas siguen siendo insuficientes, faltan recursos y peor aún, falta voluntad política y social en el compromiso para la erradicación de la violencia machista.

Como repulsa a la violencia que se ejerce contra las mujeres, este viernes 2 de junio se han convocado varias concentraciones en diferentes puntos de España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Tenerife o Valencia, entre otros territorios.

Madrid, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Puerta del Sol 

Barcelona, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza San Jaume

Sevilla, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento) 

Granada, 2 de junio, a las 19:00, en la Plaza del Carmen  (frente al Ayuntamiento)

Jerez de la Frontera, 2 de junio a las 19:00, en la Plaza Plateros 

Valencia , 2 de junio, a las 19:00, en la Plaza del Ayuntamiento

Tenerife, 2 de junio, a las 20:00, en la Plaza de la Constitución la Orotava

Por las que ya no están ¡Paremos esto juntas!

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervivientes de la prostitución y asociaciones presentan en el Congreso propuestas abolicionistas para la ley contra el proxenetismo

 

Pulsa aquí para leer el texto íntegro de las Propuestas abolicionistas

 

Formularios de adhesión:

Versión en español: https://forms.gle/J1ZzJ4TThqM9L5yH7
English version: https://forms.gle/kFPFJu4gHyaiL2th8
Version française: https://forms.gle/ABjnuDGrfQXWrvtZ6


Asociaciones de base y de supervivientes de la prostitución han presentado a todos los grupos parlamentarios un documento con sus propuestas sobre la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que actualmente se tramita en el Congreso. La iniciativa ha sido registrada por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT), y está abierta a nuevas adhesiones por parte de asociaciones, colectivos y plataformas de la sociedad civil.

Las representantes de estos colectivos feministas acudieron el pasado 7 de octubre a la carrera de San Jerónimo para formalizar el registro.

Acudieron al acto Amelia Tiganus, por Emargi; Vanessa Silva y Kamila Ferreira por Las Independientes –las tres son supervivientes del sistema prostitucional–; Graciela Atencio por La Sur y María Barrones, por la CIMTM.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual Proposición de Ley Orgánica con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las propias supervivientes.

La primera de estas propuestas se refiere a la lucha contra el proxenetismo, dado que las proponentes apuntan a que la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual” en el articulado es poco concreta y puede suponer una vía de escape para los responsables.

Tanto las supervivientes como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros, beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad. En el segundo punto propuesto, acerca de las penas para los prostituidores, las supervivientes lo tienen claro: les corresponden sanciones penales como agresores sexuales, ya que la situación de prostitución no puede justificar que haya mujeres cuya libertad sexual tenga menor protección que la de las demás. Consideran que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada.

En tercer lugar, el documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista, con el objetivo de lograr la máxima protección equiparable para ellas. Se propone este refuerzo conceptual y legal, sin perjuicio del desarrollo y aplicación de normas y políticas específicas sobre violencia sexual –como sí recoge la Proposición de Ley en trámite– como para las víctimas del sistema prostitucional, en su caso.

Tal como recoge el documento, la consideración como víctimas de violencia machista “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las proponentes consideran esencial para el impacto de la ley proporcionar a las mujeres en prostitución permisos de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Por experiencia saben hasta qué punto la situación administrativa irregular impide a las mujeres avanzar en cualquier camino de restablecimiento personal tras la violencia sufrida.

Asociaciones y supervivientes piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento imprescindible de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo. Proponen también la creación de una comisión de seguimiento con participación de expertas y supervivientes del movimiento abolicionista, así como un fondo económico de reparación para las víctimas.

Petición de firmas en apoyo a Amelia Tiganus

Respecto al acoso que está sufriendo Amelia Tiganus, la cara más conocida de las proponentes, participó también en el programa La Roca (La Sexta) del 9 de octubre. Tras esta aparición en televisión, Tiganus denunció “ataques organizados” y la suspensión de su cuenta de Instagram, su mayor altavoz, con 38.000 seguidoras. “El lobby proxeneta me la tiene jurada, como a muchas de mis compañeras. Pero a mí lo que me preocupa es esta sociedad adormecida, los medios de comunicación al servicio del sistema opresor y la clase política que gobierna por y para los privilegios sexistas, racistas y clasistas”, manifestó pocos días después.

La profesora de sociología en la Universidade da Coruña Rosa Cobo ha lanzado una petición en la plataforma Change.org“Todas somos Amelia Tiganus”– que en menos de 24 horas ha sobrepasado las 5.000 firmas. La profesora Cobo es una de las autoras feministas de referencia en España y una destacada defensora del abolicionismo de la prostitución. Rosa Cobo ha calificado también a esa Plataforma como “el lobby económico proxeneta”. “La industria de la explotación sexual tiene miedo a que desde el Parlamento se haga una legislación abolicionista. El proxenetismo tiene miedo al feminismo, a la fuerza que ha cobrado el abolicionismo”, añade la profesora, que califica de “cacería” lo que enfrentan estos días Amelia Tiganus y el abolicionismo.

Si tu también quieres apoyar a Amelia Tiganus, pulsa sobre este enlace.  

Malos tratos

Supervivientes de la prostitución y asociaciones proponen medidas abolicionistas en la ley española contra el proxenetismo

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base en el Congreso.

Asociaciones de base y de supervivientes de la prostitución han presentado a todos los grupos parlamentarios un documento con sus propuestas sobre la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que actualmente se tramita en el Congreso. La iniciativa ha sido registrada por las asociaciones Las Independientes, Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) y Acción contra la Trata (ACT).

Las representantes de estos colectivos feministas acudieron el pasado 7 de octubre a la carrera de San Jerónimo para formalizar el registro. El momento de entrar en la sede de la Cámara baja con sus propuestas bajo el brazo fue vivido como un paso importante por las activistas abolicionistas, en especial por aquéllas que son hoy supervivientes de una forma extrema de violencia sobre las mujeres, como es la prostitución. Acudieron al acto Amelia Tiganus, por Emargi; Vanessa Silva y Kamila Ferreira por Las Independientes; Graciela Atencio por La Sur y María Barrones, por la CIMTM.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar y ampliar la actual Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, con la experiencia de las organizaciones y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema. Las firmantes reconocen, de un lado, el esfuerzo de las parlamentarias que promueven avances hacia la abolición de la prostitución en España, y de otro la necesidad de ampliar la Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

La primera de estas propuestas se refiere a la lucha contra el proxenetismo, dado que las asociaciones y las supervivientes apuntan a que la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual” en el articulado es poco concreta y puede suponer una vía de escape para los responsables.

Tanto las supervivientes como el movimiento feminista en España reclaman en todos los foros la necesidad de sancionar a los puteros, beneficiarios últimos de un sistema que hoy pone a su disposición mujeres para ser violadas por precio con toda impunidad.

En el segundo punto propuesto, acerca de las penas para los prostituidores, las supervivientes lo tienen claro: les corresponden sanciones penales como agresores sexuales, ya que la situación de prostitución no puede justificar que haya mujeres cuya libertad sexual tenga menor protección que la de las demás. Considerar que la libertad sexual no puede ser legítimamente comprada lleva necesariamente a conceptualizar la prostitución como una forma de violencia sobre las mujeres, y estas son las premisas que fundan la petición.

En tercer lugar, el documento propone el reconocimiento de las víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista, con el objetivo de lograr la máxima protección equiparable para ellas. Se propone este refuerzo conceptual y legal, sin perjuicio del desarrollo y aplicación de normas y políticas específicas sobre violencia sexual –como sí recoge la Proposición de Ley en trámite– como para las víctimas del sistema prostitucional, en su caso.

Tal como recoge el documento, la consideración como víctimas de violencia machista “traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución”.

Las representantes de asociaciones de supervivientes y de base, ante la fachada del Congreso.

Las proponentes consideran esencial para el impacto de la ley proporcionar a las mujeres en prostitución permisos de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas, y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo. Por experiencia saben hasta qué punto la situación administrativa irregular impide a las mujeres avanzar en cualquier camino de restablecimiento personal tras la violencia sufrida.

Asociaciones y supervivientes piden también la adición de artículos en la Ley, para la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, un elemento imprescindible de las políticas abolicionistas del que el articulado que se tramita en la Cámara carece por completo. Proponen también la creación de una comisión de seguimiento con participación de expertas y supervivientes del movimiento abolicionista, así como un fondo económico de reparación para las víctimas.

Momento de la entrega del documento con las Propuestas abolicionistas en el Congreso, el pasado 7 de octubre. De izquierda a derecha: María Barrones, Kamila Ferreira, Amelia Tiganus, Graciela Atencio y Vanessa Silva.


TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS REGISTRADAS:

A todos los grupos parlamentarios

Propuestas de asociaciones de base y de las supervivientes de la prostitución sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

El objetivo de este documento es reforzar y ampliar la citada Proposición de Ley con la experiencia de las organizaciones de base y el conocimiento de las realidades de la prostitución de las supervivientes del sistema prostitucional. Reconocemos los esfuerzos de las/os parlamentarias/os para avanzar en la lucha por la abolición de la prostitución y su compromiso de incluir a la sociedad civil en este proceso, a la vez que consideramos necesaria la ampliación en el periodo de enmiendas de la citada Proposición de Ley, con el fin de dar una respuesta efectiva a las víctimas y avanzar hacia la erradicación de la prostitución.

  • PRIMERA PROPUESTA:

Con respecto al punto Dos del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 bis. El que destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.»”

Justificación: proponemos la supresión de la mención “con ánimo de lucro y de manera habitual”, ya que consideramos que dificultará la lucha contra el proxenetismo. En efecto, el criterio del ánimo de lucro, por una parte, puede resultar difícil de probar y corre el riesgo de condicionar la penalización de los proxenetas al descubrimiento de los beneficios económicos derivados de la prostitución ajena.

Por otro lado, el criterio “de manera habitual” también corre el riesgo de dejar una vía de escape a los proxenetas, Éstos podrían adaptarse y evitar la responsabilidad legal favoreciendo los alquileres temporales, que ya son frecuentes, y desarrollar así la práctica de lo que se conoce como “prostitución 2.0”.

Asimismo, el concepto “habitual” resulta vago: ¿qué significa “de manera habitual”? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Más de una vez? Esta indeterminación jurídica puede dificultar la persecución de todas las formas de proxenetismo.

  • SEGUNDA PROPUESTA:

Con respecto al punto Tres del Artículo Único, redactado en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Proponemos la siguiente redacción:

“Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 187 ter.

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación, será considerado coacción y castigado con multa de doce a veinticuatro meses.

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.

3. En el caso de obtención de actos de naturaleza sexual mediante coacción económica u otras, será castigado con pena de prisión de dos a cuatro años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderles por las agresiones sexuales cometidas sobre la persona prostituida.

4. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.»”

Justificación: proponemos la sanción con pena de prisión a los prostituidores o compradores de sexo, es decir, aquellos que convengan y lleven a cabo prácticas de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otras prestaciones no solo en el tipo agravado con víctimas menores o vulnerables, sino con todas las víctimas.

Esta sanción se justifica en el derecho a la libertad e indemnidad sexual de las víctimas, que imposibilita la validez de un consentimiento sexual bajo coacción económica u otras.

Es por tanto la compra de sexo una forma de violencia sexual, y por consiguiente una actuación constitutiva de delito contra la libertad sexual de la víctima. Se entiende como condición de vulnerabilidad la necesidad económica, de modo que la víctima no tiene alternativa real y efectiva para cubrir sus necesidades básicas o las de menores o personas dependientes a su cargo.

Se conoce la gran expansión de la trata con fines de explotación sexual en todos los países que han instaurado la prostitución como “actividad legal” (por ejemplo, Países Bajos o Alemania).

Los países que han admitido el “proxenetismo consentido” validan que la mujer pueda autorizar su explotación, lo cual es contrario a instrumentos internacionales (Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014: apartados 1, 2, y 29) y al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contiene tres medidas muy claras para reducir la demanda de prostitución (Medidas de la mesa del Congreso 197, 198 y 199).

No puede obviarse que la prostitución, bajo el paraguas del “proxenetismo consentido”, afecta a mujeres sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables, y consentir el negocio constituye una protección del explotador que siempre se escudará en el “consentimiento” de la mujer.

Existe una clara vinculación entre el “proxenetismo consentido” y las mujeres en situación de pobreza, marginación y extremadamente vulnerables. Para erradicar la prostitución es necesario neutralizar al “cliente de la prostitución”.

Ningún instrumento internacional ni la normativa vigente en el Estado español reconoce el “trabajo sexual” ni este puede constituir un derecho.

  • TERCERA PROPUESTA:

Con respecto a la Disposición final primera, redactada en la Proposición de Ley en los siguientes términos:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el apartado 2 del artículo 187 y en el artículo 187 bis del Código Penal.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.”

Proponemos la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Reconocimiento del carácter de víctimas.

Se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas del artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, a las personas que estén en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en el Título VIII Delitos contra la libertad sexual, Capítulo V De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual.

Se reconocen como víctimas de violencia machista o violencia de género a todas las mujeres y niñas en situación de prostitución, y les serán de aplicación todas las medidas legales destinadas a su protección integral.”

Justificación: proponemos el reconocimiento de las mujeres víctimas de la prostitución como víctimas de violencia machista. De modo que sean de aplicación para ellas, sin perjuicio de otras específicas, las protecciones y medidas recogidas no solo en la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, sino también en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado contra la violencia de género y cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico que ampare a las víctimas de la violencia machista.

Esta propuesta se justifica en dos argumentos:

De un lado, lograr la máxima protección legal equiparable para las mujeres en situación de prostitución, gracias a la experiencia y normativa conseguida en nuestro país en la lucha contra la violencia machista. Así, si bien la citada Ley Orgánica 1/2004 fue redactada de forma restringida a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, la ratificación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa en 2014 y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 10/2022, implican la necesidad de consolidar una legislación con una interpretación de la violencia de género o violencia machista no restrictiva a un tipo de relación entre víctima y victimario.

De otro lado, la consideración como víctimas de violencia machista o violencia de género –entendida en esta acepción ampliada– traslada a la sociedad española y al ordenamiento jurídico la concepción de la prostitución como una forma de violencia machista. Es precisamente esta conceptualización el anclaje más seguro para las políticas públicas que se deriven de ella, en el marco del abordaje de derechos humanos o abordaje abolicionista de la prostitución. Se justifica esta necesidad en la realidad de la existencia de un sistema prostitucional que actúa como una verdadera industria criminal basada en la explotación sexual de mujeres y niñas, cuya legitimación social es incompatible con el principio de igualdad entre los sexos que se predica en nuestra sociedad.

Incidimos especialmente en la necesidad de este reconocimiento con perspectiva de género para todo lo relativo a las víctimas en situación administrativa irregular, propiciada por la mecánica de actuación de las redes de tratantes y proxenetas. Es imprescindible para estas víctimas atender a sus derechos humanos por encima de normativas de inmigración, y proporcionarles permiso de residencia y de trabajo desde el momento de su reconocimiento como víctimas de violencia machista y la suspensión de cualquier expediente abierto con anterioridad por este motivo.

Esta disposición es esencial para el impacto de la ley: un gran número de víctimas son extranjeras en situación irregular y la precariedad de su situación migratoria refuerza el dominio de los proxenetas sobre ellas y dificulta su salida de la prostitución.

  • CUARTA PROPUESTA:

Adición de artículos:

Adición de la creación de una Comisión mixta de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Ley. Esta Comisión incluiría a parlamentarios/as, expertas/os abolicionistas y a mujeres supervivientes del sistema prostitucional. Como órgano consultivo, se reuniría al menos una vez al año y haría propuestas y recomendaciones para la buena implementación de la Ley. Lo que hemos aprendido de la experiencia de los países que han adoptado políticas abolicionistas es que la lucha por aplicar el modelo es al menos tan dura como la lucha por conseguir la Ley. Esta comisión sería una herramienta muy valiosa para apoyar una aplicación ambiciosa de la Ley.

Adición de la implementación de medidas de prevención, formación y sensibilización contra el sistema prostitucional, dirigidas a la sociedad en general y a los agentes implicados.

Adición de la creación de un Fondo Económico suficiente para cubrir las necesidades de las políticas de reparación y reinserción integral de las víctimas, con cargo a los Presupuestos Generales de Estado, para cuya dotación podría destinarse el valor de los bienes incautados a los delincuentes del sistema prostitucional.

PROPUESTAS

En Madrid, a 7 de octubre de 2022

Malos tratos

Condenamos y lamentamos los crímenes machistas acontecidos en la última semana

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres  quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.

La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.

Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales (1.092 desde 2004, en que empezaron a contabilizarse)

Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.

La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.

Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.

Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.

Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.

Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.

Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse.

La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.

En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato.

Foto de archivo de un coche de policía

12 mujeres asesinadas solo en el mes de agosto

El mes de agosto se cierra con terribles cifras de violencia machista, con hasta 6 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y otras 6 mujeres asesinadas a manos de otros hombres de su familia, como hijos, yernos o hermanos.

Estos son los casos confirmados en las estadísticas oficiales como violencia de género:

  • El 3 de agosto, una mujer de 44 años aparecía muerta en la Línea de la Concepción, Cádiz. La encontró un vecino en unos jardines donde la víctima solía pernoctar. Falleció por una hemorragia interna, perteneciente a un fuerte golpe en un costado. Posteriormente se confirmó que el causante de la paliza mortal fue su pareja.
  • El 5 de agosto, una mujer de 83 años era asesinada con un fuerte golpe en la cabeza por su marido. Fue en Corral Rubio, un pequeño pueblo de Albacete de 350 habitantes. La víctima tenía cinco hijos, todos ellos mayores de edad. Su marido, tras cometer el crimen, saltó desde el tejado y se fracturó varias costillas. Murió días después a causa de esas lesiones. No había denuncias previas.
  • El 15 de agosto, un hombre acuchillaba en plena calle a su pareja cuando esta acudía a su puesto de trabajo. La víctima había solicitado ayuda el día anterior en el cuartel de la Guardia Civil. «Ya no aguanto más», comunicó a su entorno cercano. Por su testimonio, los agentes no apreciaron «indicios de amenazas o agresión en su declaración» pero varias personas de su entorno se ofrecían a acompañarla a casa porque sabían del peligro que corría. No llegó a interponer una denuncia aquel día. Horas más tarde era asesinada. Su agresor se cortó el cuello en el mismo lugar del crimen. Su caso demuestra la importancia de la formación del personal que atiende a la víctima al acudir a un recurso.
  •  El 19 de agosto fallecía, después de un mes en la UCI de un hospital de Murcia, una mujer que había sido golpeada brutalmente por su marido con un martillo en la cabeza. La víctima tenía 62 años y ambos se encontraban en trámites de separación. Su agresor fue detenido y es investigado por un delito de maltrato habitual.
  • El 29 de agosto, de nuevo en Murcia, un hombre asesinaba a su pareja de un tiro con una escopeta. El asesino acababa de salir de la cárcel por tráfico de drogas. Tras cometer el crimen llamó al trabajo de la víctima para comunicar que no iría a su puesto por estar indispuesta y huyó. Más tarde fue localizado y detenido.
  • El 30 de agosto, aparecía el cadáver de una mujer en el maletero de un coche, ubicado en un descampado de Valencia. La víctima era una joven de 33 años a la que su entorno buscaba hace días. La autopsia determinó que había sido asesinada hacía una semana, asfixiada tras pedirle a su pareja que se marchara de casa. Desde entonces, el agresor está en paradero desconocido. El día de su muerte, los vecinos escucharon gritos, golpes y hasta arcadas, pero finalmente no llamaron a la Policía.

En las no oficiales, que no se incluyen en las estadísticas de la Delegación de Gobierno Contra la Violencia de Género, encontramos otros seis asesinatos de mujeres y el asesinato de un menor en el ámbito familiar :

  • El 4 de agosto un hombre con antecedentes de violencia machista asesinaba y descuartizaba a su suegra porque, según confesó después a la Policía, «iba a alertar a la Guardia Civil de que estaba incumpliendo la orden de alejamiento» que tenía contra su pareja. Ocurrió en Chapinería, un pequeño municipio madrileño, donde se encontró el cadáver de la mujer, de 72 años, repartido hasta en cinco bolsas de basura, sin que su cabeza llegara nunca a aparecer.
  • El 14  de agosto, una mujer de 63 años fue asesinada por su hijo, con un brutal golpe en la cabeza con una báscula. Tras cometer el crimen, el agresor llamó a emergencias y confesó el asesinato.
  • El 16 de agosto, un hombre acuchillaba a sus dos hijos mientras dormían. En el ataque fallecía el hijo mayor, de 12 años, mientras que su hermana de 10 resultó gravemente herida. Ocurría en una vivienda de Castellón, donde la familia se encontraba veraneando. La mujer del agresor y madre de las víctimas se encontraba en el domicilio y necesitó asistencia médica por un ataque de ansiedad. El caso no está señalado por la DGVG como violencia de género.
  • El 21 de agosto, en Galicia, ocurría un doble feminicidio familiar. Un hombre cogía un arma de fuego y mataba a su hermana, de 62 años, y a la hija de esta, una joven de 23 años. El asesino cometió el crimen en una vivienda alejada, en pleno monte.
  • Solo un día más tarde, el 22 de agosto, otro hombre asesinaba con un arma blanca a su hermana, una mujer de 51 años. El agresor fue detenido poco después de cometer el crimen.
  • El 24 de agosto, de nuevo un hombre asesinaba a su hermana. En esta ocasión, en una vivienda de Murcia. La víctima, de 47 años, había acudido al domicilio familiar para cuidar de su madre dependiente. El asesino, sin mediar palabra, le clavó un cuchillo en el tórax y en el cuello. Posteriormente, se entregó a la Guardia Civil.
Mesa redonda sobre feminicidio

Acudimos a la mesa redonda sobre feminicidio en Bruselas

El pasado 14 de febrero la CIMTM asistió en Bruselas a la mesa redonda sobre feminicidio organizada por el Consejo de las mujeres de Bélgica en colaboración con el Comité Asesor para la emancipación del Parlamento Federal Belga.

Participaron como ponentes diversos representantes de las instituciones belgas, como la Ministra Federal de Igualdad de Oportunidades Belga y el Fiscal General de la región de Lieja, así como ponentes pertenecientes a ONGs de distintos países (España, Francia, Bélgica…) que pusieron de manifiesto las escalofriantes cifras que deja la violencia machista cada año en el conjunto de la Unión Europea.

La secretaria General del Lobby Europeo de Mujeres en España (LEM), Teresa Nevado, fue la encargada de analizar los casos de feminicidio en España. En su ponencia expuso cómo opera la legislación española en materia de violencia de género y violencia sexual, así como cuáles son las principales medidas que recoge el Pacto de Estado.

En España, el Pacto de Estado, de acuerdo con el Convenio de Estambul, incluye la expansión del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o la expareja, incluyendo la trata, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la violencia sexual.

Nevado destacó como principal problema que en España no existe un programa nacional completo para prevenir la violencia sexual. «Necesitamos un sistema organizado, con capacitación, lugares de atención, protocolos, etc. para ayudar a las víctimas», explicó.

En dicha mesa redonda se evidenció la necesidad de incluir el feminicidio como una categoría separada del derecho penal a fin de que el problema se torne visible y evitable.

También se constató la necesidad de uniformar las estadísticas sobre feminicidio que se realizan en la Unión Europea, y unificar los criterios para contabilizarlos, pues algunos de los países que la integran no cuentan con datos fiables.

 

Mesa redonda sobre feminicidio