La Plataforma 7N contra las violencias machistas expresa su rotundo rechazo a la decisión del titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada que ordena el ingreso en prisión de Juana Rivas y exigimos al Gobierno que la petición de indulto para ella se resuelva de forma favorable con urgencia, y, mientras tanto, se suspenda la orden de ingreso en prisión al estar tramitándose la petición de indulto en virtud del art. 4.1 del Código Penal.

Pero no sólo reclamamos su indulto, también exigimos que le devuelvan de forma urgente la custodia de sus dos hijos, arrebatada judicialmente en virtud del falso síndrome de alienación parental, no teniendo en cuenta que son los tres, tanto ella como sus hijos, víctimas de violencia machista.

El CGPJ recomendó la no aplicación del falso SAP, y también la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de Junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, recién publicada en el BOE (BOE-A-2021-9347) prohíbe su uso

Su aplicación por los Juzgados contraviene los dictámenes de la Cedaw y del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Luis Pedernera, presidente de la comisión de los derechos del niño de Naciones Unidas ha instado a España a prohibir el falso SAP, y la Relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer resalta el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia de nuestro país y recuerda que España ya fue condenada en 2014 por el caso de Ángela González Carreño sin que hasta la fecha se adoptaran muchas de las medidas propuestas, y solicitó a España resultados de una investigación y tomar medidas ante el caso de Irune Costumero, algo que tampoco ha tenido respuesta.

A principios de Julio se resuelve de forma definitiva la custodia de los hijos de Juana Rivas en Italia

Exigimos que el Estado español actúe en aplicación de la reciente Ley de infancia y de las normativas internacionales, e interceda para que se investigue la violencia machista ejercida sobre los dos niños y se les escuche, especialmente a Gabriel, el hijo mayor, que ha expresado de forma reiterada un petición desesperada de ayuda ante el maltrato de su progenitor.

Juana Rivas es una víctima, y sus actos están motivados por la protección de sus hijos, también víctimas, ante un sistema que los abandona. Su desobediencia ha estado motivada por el intento de proteger a sus hijos, que es lo que habría hecho cualquier madre, y debería considerarse como una mujer luchadora que defiende a sus hijos de malos tratos, sin embargo el sistema judicial la castiga, castigando con ello también a sus hijos al separarlos de su madre. La responsabilidad plena es del Estado español que no sólo no protege a las víctimas, sino que además las castiga por tratar de defenderse y defender a sus hijos de la violencia machista, que ya fue demostrada judicialmente. Cuando la población grita “Juana somos todas” y “Juana está en mi casa” es el grito del clamor popular de que se haga justicia, y esto debería ser escuchado.

Estamos observando con estupor el constante dolor provocado por sentencias injustas, porque tanto en el caso de Juana, como en el del resto de madres en situaciones análogas, no se trata de sentencias desproporcionadas: son sentencias injustas.

Nuestra indignación se agrava con determinadas actuaciones judiciales, como la inminente premura del Juez Piñar de ordenar el ingreso en prisión adelantándose a la tramitación del indulto y al juicio sobre la custodia de los niños, cuando por otra parte observamos una ralentización excesiva de los procedimientos en los que existen indicios de violencia, la falta de investigación en casos de abusos sexuales y maltrato, que no se estudien los casos en profundidad desoyendo incluso informes médicos públicos y de especialistas que alertan de la presencia de violencia machista, y a pesar de las pruebas, se suceden retiradas de custodias y los desgarradores arrancamientos de niñas y niños de sus madres, la falta de órdenes de protección a mujeres, niñas y niños, y la revictimización constante que sufren.

Es inadmisible que en un estado de derecho se vulnere el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, así como el derecho fundamental al acceso a la justicia y a un proceso judicial con todas las garantías, siendo de especial gravedad cuando se trata de personas especialmente vulnerables como son los menores y que nuestra legislación reconoce como víctimas directas de la violencia de género. Observamos con indignación como los agentes públicos, especialmente los judiciales, proceden en demasiadas ocasiones con arbitrariedad y sin tener en cuenta las regulaciones de protección ante la violencia de género y la infancia. El sistema, dando la espalda a las mujeres y menores que solicitan protección, les condena a vivir en el desamparo y en una constante situación de riesgo, y además les castiga al tratar de escapar de ella.

Machismo estructural

Todo ello nos indica un machismo estructural por parte de nuestras instituciones que ejercen un abuso de poder contra las mujeres y sus hijos, que no sólo son víctimas de violencia machista, sino también de la violencia institucional, que es aún más grave, porque procede de aquellos órganos públicos que deben velar por la protección y seguridad de la víctima, dejándola en situación de desamparo.

Estamos siendo testigos de sentencias que alarman a la sociedad, que pretenden ser un castigo ejemplar y un aviso a navegantes, y que dejan en un estado de indefensión a las víctimas ante la violencia institucional. Y nos preocupa mucho porque esto no es un caso aislado, ni de varios casos mediáticos, se trata de miles y miles de madres anónimas. ¿Pedimos indulto para todas? No podemos suplicar de forma continuada la libertad de mujeres inocentes, mujeres que aunque consigan un indulto para no ingresar en la cárcel, se sienten ya encarceladas por el sufrimiento inmenso de haberles arrebatado a sus hijas e hijos sólo por el hecho de haberlos protegido, una protección que les ha negado el Estado, que además los ha castigado entregando a los niños víctimas de violencia machista a sus abusadores sexuales y maltratadores. Estamos ante la perversión de un sistema cómplice del maltrato y ejecutor de la violencia machista.

Esta justicia machista y patriarcal no nos protege a las mujeres ni a nuestros hijos, y por tanto no nos representa. Jueces y juezas suponen una amenaza de los derechos fundamentales de muchas mujeres y de niñas y niños de nuestro país. Es un sistema castigador, que pretende aleccionar a las mujeres que piden y esperan justicia para ellas y para sus hij@s, víctimas de la violencia machista.

Desde la Plataforma 7N contra las violencias machistas reclamamos que se ponga fin a la violencia institucional y la impunidad de este sistema de desprotección hacia las mujeres y sus hijas e hijos, y

Exigimos:

– Indulto para Juana Rivas y su no ingreso en prisión. Que se reconozca la violencia ejercida sobre ella y sus hijos con la consiguiente restauración de la custodia a favor de ella, con medidas de protección ante el maltrato.

– Indultos y restauración inmediata de custodias a favor de las madres protectoras de sus hijas e hijos frente a la violencia machista, sin régimen de visitas ni patria potestad para los maltratadores y abusadores sexuales: Irune Costumero, Sara (#mamaestacastigada), María Sevilla, Patricia González, María Ugarte (#marianoseva), Ana María Bayo, Silvia Aquiles (#justiciaparasilviaysushijos), María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, así como el resto de madres en situaciones similares.

– Regulación específica de la violencia institucional, con especial atención a la mala praxis de los operadores jurídicos, y un desarrollo específico y completo de la prohibición del uso y apología del falso síndrome de alienación parental, con aplicación de penas, sanciones e inhabilitaciones profesionales. Exigimos que se ponga fin a la impunidad de los agentes públicos que ejerzan violencia institucional y que la desprotección y el castigo que ejercen las instituciones contra las madres protectoras y sus hijos víctimas de violencia machista sea calificado como delito de lesa humanidad.