Malos tratos

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RECIBIMOS CON CAUTELA LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE DEJAR EN MANOS DE LA FISCALÍA LA IMPUGNACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE PROXENETAS

La Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución hemos recibido con cautela la noticia del Ministerio de Trabajo en la que expresa su voluntad de que los Estatutos del Sindicato “Otras” sean impugnados por la Fiscalía General del Estado.

En el transcurso de estos casi tres meses, es decir, desde que el pasado 4 de agosto se publicara la inscripción del sindicato OTRAS, el Ministerio se ha caracterizado por una gestión errática, variando la versión cada vez que se le ha interpelado al respecto, y ahora deja la responsabilidad en la Fiscalía General del Estado.

Esperamos, que la voluntad expresada en este momento sea la definitiva y que la Fiscalía esté en sintonía y se adhiera a la petición de impugnación y nulidad de los Estatutos, realizada por el movimiento feminista.

Las organizaciones de mujeres hemos desplegado, en estos meses, todos los esfuerzos posibles para parar lo que es un atropello a la dignidad, a la igualdad y a los derechos humanos de las mujeres; por ello hemos presentado tanto la nulidad de pleno derecho en vía administrativa, como la correspondiente demanda ante la Audiencia Nacional.

Todo ello ha supuesto una inversión de recursos y esfuerzos, que se hubieran podido evitar si se hubiera actuado con diligencia desde el Ministerio y el Gobierno.

Malos tratos

Solicitud de nulidad de pleno derecho del procedimiento para la inscripción del sindicato OTRAS

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en una solicitud conjunta han solicitado a la Dirección General de Trabajo adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la NULIDAD DE PLENO DERECHO del procedimiento seguido por la administración para la inscripción del sindicato OTRAS.

Esta petición ha sido efectuada por el movimiento feminista ante la certeza de que la inscripción del sindicato atenta contra los derechos humanos de las mujeres, ya que la prostitución es una de las formas más execrables de violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas, suponiendo una de las expresiones de dominación y violencia patriarcal, de todo punto incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dicha violencia.

Nuestra organización, que ya interpuso una demanda judicial instando la NULIDAD DE PLENO DERECHO de los estatutos y del acta de constitución del sindicato ante la Audiencia Nacional, complementa su actuación volviendo a actuar esta vez contra el Gobierno y solicitándole al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que enmiende su negligencia institucional en este asunto, puesto que cualquier negligencia o inacción gubernamental, podría suponer la normalización de la prostitución y la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.

La petición ante la Administración se realiza tras la dejación del propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en efectuarlo de oficio tal como había asegurado, así como ante la alarma generada con sus declaraciones en los medios de comunicación acerca de que no actuarán de oficio, permaneciendo a la espera de una resolución judicial.

La errática actuación de la Administración ante un asunto de esencial trascendencia para todas las mujeres y, por ende, para toda la sociedad, pone en cuestión las declaradas posiciones abolicionistas del actual gobierno, así como el compromiso del mismo en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, por lo que conlleva de vulneración de derechos humanos la admisión de un Sindicato denominado de trabajadoras sexuales (OTRAS) en el Estado español.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Malos tratos

Podemos admite ante organizaciones del movimiento feminista que no tiene posicionamiento sobre la prostitución

El movimiento feminista se reunió el pasado viernes 5 de octubre en el Congreso de los Diputados con representantes de Podemos para exigir un claro posicionamiento abolicionista desde el partido.

Amelia Tiganus, superviviente de prostitución y trata y activista de Feminicidio.net, encabezó la comitiva de 15 representantes de 13 organizaciones abolicionistas: Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, Plataforma Abolicionista Canaria, Plataforma de Permisos Parentales Iguales e Intransferibles por nacimiento o adopción (PPiiNA), Fórum de Política Feminista, Fórum Feminista de Madrid, Partido Feminista, Libres y Combativas, Movimiento Democrático de Mujeres, Plataforma Feminista 7N contra las violencias machistas de Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Asociación Feminista Tiemar, Comunicadoras 8M, y Feminicidio.net-Asociación La Sur.

El grupo de mujeres fue recibido por Sofía Castañón, diputada por Asturias y portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados; Ángela Rodríguez, diputada por Pontevedra y portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad; Rita Bosaho, diputada por Alicante y vocal de la Comisión de Igualdad; y Beatriz Gimeno, diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Mujer.

Durante una hora las portavoces de las organizaciones abolicionistas expusieron sus argumentos y preguntaron a las diputadas por el posicionamiento de Podemos sobre prostitución, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y las elecciones europeas. Ante las preguntas, Sofía Castañón explicó que su partido se encontraba en un proceso de debate interno, por lo que evitó posicionarse, al igual que el resto de diputadas.

“Lo que nos destruye no es la trata, que puede ser un concepto vacío asociado a que una mujer está encadenada y no lo está la mayoría de las veces. La trata, en realidad, es ese proceso a través del cual llegamos a ser explotadas sexualmente. Lo que nos daña es ser penetradas por boca, vagina y ano por hombres que no deseamos. No hay consentimiento aunque nos resignemos a tolerar esa situación de extrema violencia. El lobby proxeneta tergiversa el Protocolo de Palermo y hace propaganda para cambiar la percepción social sobre el consentimiento de la víctima haciendo ver que hay una prostitución mala que es la trata, y una prostitución buena que es la prostitución voluntaria, cuando en realidad solo hay una prostitución que siempre es mala, y lo único que varía son las circunstancias a través de las cuales se llega a ella”, aseguró Tiganus, que planteó la abolición de la prostitución como el único camino para erradicar la trata. Ante la posición de debate abierto por parte de Podemos, la superviviente de prostitución insistió: “Yo me enfrento no solo el estigma de la puta, sino también a toda una mafia, a proxenetas, a puteros, a hombres machistas que aunque no sean puteros no quieren renunciar al privilegio de acceder al cuerpo de las mujeres”.

La Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, representada por Rosario Carracedo, reclamó a Podemos que se pronuncie y se sume a las iniciativas para desmantelar la industria del sexo y el proxenetismo apoyando la peticiones de penalización de todas las formas de proxenetismo. También recordó la oposición del movimiento abolicionista a la reforma del Código Penal en 1995, cuando alertó de que suponía una despenalización del proxenetismo y que “luego permitió que España, que era un país de tránsito de la trata, se convirtiera en un país de destino”.

Las Organizaciones Abolicionistas EXIGEN:

  • Que los organismos internacionales competentes ADOPTEN una Convención Universal sobre PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES y NIÑAS CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA PATRIARCAL.
  • Que esa Convención Universal defina todas las formas de violencia como prácticas incompatibles con los derechos humanos de las mujeres, incluidas la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Que los Estados adopten en su legislación interna normas que penalicen todas las formas de proxenetismo y establezcan mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las supervivientes.
  • Que los Estados promuevan normativas que sancionen la demanda de prostitución, pues los puteros son responsables directos de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
  • Que los Estados eliminen cualquier legislación o normativa que penalice o sancione a las mujeres en situación de prostitución, así como cualquier antecedente penal o administrativo que pudiera devenir de normativa anteriores.
  • Que los Estados garanticen a las mujeres en situación de prostitución los mecanismos y recursos suficientes para salir de esta forma extrema de explotación y violencia.
  • Que los Estados adopten una normativa que impida cualquier forma de explotación reproductiva de las mujeres, blindando sus ordenamientos jurídicos para impedir que bajo ninguna normativa, se pueda normalizar o validar los contratos de vientres de alquiler.
  • El movimiento feminista abolicionista exige a los partidos que se dicen “de izquierdas”, que desarrollen políticas abolicionistas que se traduzcan en compromiso económico y medidas concretas, para acabar con la prostitución.

La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por ello las mujeres feministas unimos nuestras voces para denunciar la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de los Gobiernos para abolir estas prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia.

Las Organizaciones asistentes y sus representantes en la convocatoria han sido:

Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, representada por Rosario Carracedo Bullido.

Plataforma Abolicionista Canaria, representada por Esther Torrado Martín-Palomino.

Plataforma de Permisos Parentales Iguales e Intransferibles por nacimiento o adopción (PPiiNA), representada por Ángeles Briñón García.

Fórum de Política Feminista, representado por Lucía Mazarrasa Alvear (Fórum Estatal) y Fórum Feminista de Madrid, representado por Henar Sastre Domingo.

Partido Feminista, representado por Roma González Sanz.

Libres y Combativas, representada por Ana García Rubio y Bárbara Areal Casset.

Movimiento Democrático de Mujeres, representado por Nora Gabriela García Nieves.

Plataforma Feminista 7N contra las violencias machistas de Madrid, representada por Alba Pérez Ciudad.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, representada por Sara Vicente Collado.

Asociación Feminista Tiemar, representada por Vicenta Monge García.

Comunicadoras 8M, representadas por Yolanda Martos Wensell.

Feminicidio.net-Asociación La Sur, representada por Amelia Tiganus, Graciela Atencio y Nerea Novo.

Asistieron a la reunión también María Yolanda Rodríguez Villegas y Beatriz Sagrado Roberto.

Contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres

MANIFIESTO CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES

Mujeres feministas de diferentes lugares del mundo, ante el 25 de noviembre de 2018, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres:

DENUNCIAMOS

Que el sistema patriarcal ha creado un conjunto de mecanismos económicos, políticos y culturales que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres y hacen posible la explotación sexual y reproductiva.

Que la violencia ejercida en la prostitución por hombres de todo el mundo y aprendida en la pornografía devalúa la imagen de las mujeres, normaliza la violencia sexual masculina y favorece la desigualdad entre hombres y mujeres.

Que en las últimas décadas, el capitalismo neoliberal ha mercantilizado todos los ámbitos de la actividad humana, incluidas la sexualidad y la reproducción. Y así ha reducido a millones de mujeres y niñas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, a la condición de mercancías para la explotación sexual y reproductiva.

Que el discurso del capitalismo neoliberal sobre la libertad individual y el consentimiento es el fundamento ideológico que legitima la explotación de niñas y mujeres en la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler.

Que el lobby pro-prostitución integrado por puteros y proxenetas, instalados algunos de ellos en cualificados ámbitos de poder, presiona para que la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler sean legalizados y considerados actividades libres, ocultando de esa forma la criminalidad, la violencia, la trata y la esclavitud que están en el origen esos negocios.

EXIGIMOS

Que los organismos internacionales competentes ADOPTEN una Convención Universal sobre PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES y NIÑAS CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA PATRIARCAL.

  • Que esa Convención Universal defina todas las formas de violencia como prácticas incompatibles con los derechos humanos de las mujeres, incluidas la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Que los Estados adopten en su legislación interna normas que penalicen todas las formas de proxenetismo y establezcan mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las supervivientes.
  • Que los Estados promuevan normativas que sancionen la demanda de prostitución, pues los puteros son responsables directos de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
  • Que los Estados eliminen cualquier legislación o normativa que penalice o sancione a las mujeres en situación de prostitución, así como cualquier antecedente penal o administrativo que pudiera devenir de normativa anteriores.
  • Que los Estados garanticen a las mujeres en situación de prostitución los mecanismos y recursos suficientes para salir de esta forma extrema de explotación y violencia.
  • Que los Estados adopten una normativa que impida cualquier forma de explotación reproductiva de las mujeres, blindando sus ordenamientos jurídicos para impedir que bajo ninguna normativa, se pueda normalizar o validar los contratos de vientres de alquiler.

La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por ello las mujeres feministas unimos nuestras voces para denunciar la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de los Gobiernos para abolir estas prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA Y COMUNICADO EN OTROS IDIOMAS AQUÍ

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COMUNICADO INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN GLOBAL DEL ALQUILER DE VIENTRES

Las organizaciones de la sociedad civil y de los Derechos Humanos de las mujeres abajo firmantes venimos a denunciar que…

1. El alquiler de vientres (también conocido como “subrogación” o “maternidad subrogada”) es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial.

2. El alquiler de vientres pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho de las mujeres a la filiación y otros derechos fundamentales. En el caso de los menores, vulnera el derecho de estos a conocer su origen. De hecho, la práctica del alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva, reportando millonarios beneficios a agencias de intermediación y clínicas.

3. El alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a).

4. El deseo de ser padre o madre de niños/as que posean el material genético propio no es un derecho ni un derecho humano. Los deseos no son automáticamente derechos.

5. La subrogación “altruista” no existe. No se puede denominar como “altruista” una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece “compensaciones económicas”. La práctica del alquiler de vientres es más bien una práctica “mezquina y egoísta” que tiende a conformar un sistema de “criadas reproductivas” y convierte a los menores en objetos reproductivos de compraventa a la carta.

6. La industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos. Estas tácticas incluyen la identificación y captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social para que presten sus capacidades reproductivas.

7. Muchos países del mundo tienen un Estado de Derecho muy débil, por lo que la legalización de cualquier aspecto sobre el alquiler de vientres (como la mal llamada subrogación “altruista”) supone de facto la legalización completa de esta práctica y la legitimidad de la explotación reproductiva de las mujeres. Esta legalización abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas.

8. La industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de Naciones Unidas para legalizar esta práctica. Detrás de estas presiones hay puramente intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera “técnica de reproducción asistida” y una cuestión sobre la “libre elección” de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres que alquilan su vientre.

9. Naciones Unidas y dos de sus agencias están actualmente intentando influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”). Estas dos agencias de la ONU son el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés).

10. Recordamos a la práctica totalidad de los gobiernos y estados del mundo que, de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, ni pueden ni deben permitir el futuro traslado internacional de los niños y niñas nacidos/as a través del alquiler de vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos de menores y mujeres.

Y por todo ello …

1. Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncien públicamente en la Asamblea de la ONU a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres.

2. Demandamos a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales.

3. Exigimos la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de esta industria.

4. Exhortamos a los gobiernos donantes de Naciones Unidas que consideren sus aportaciones económicas a las agencias de la ONU que apoyan de forma más o menos velada la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”), a saber: el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).

5. Reclamamos a los gobiernos del mundo que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

Listado completo de organizaciones firmantes en ESTE LINK.
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Malos tratos

DEMANDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE ‘’TRABAJADORAS SEXUALES’’, OTRAS

DEMANDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE ‘’TRABAJADORAS SEXUALES’’, OTRAS

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución recurre, a través de dos de sus organizaciones, la resolución de la Dirección General de Trabajo admitiendo la inscripción del Sindicato Otras
12/09/18

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en el día de hoy han interpuesto demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, contra la constitución del Sindicato de “Trabajadoras Sexuales”, denominado bajo las siglas de OTRAS.

El movimiento feminista es abolicionista porque entiende que la prostitución y todas las formas de explotación sexual de las mujeres y niñas, son expresiones de dominación y violencia patriarcal, incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dichos comportamientos.

El movimiento feminista con esta actuación pretende impedir que cualquier negligencia institucional o inacción gubernamental, consolide la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.

Con la interposición de este recurso, esperamos que el Tribunal competente resuelva a favor de todas las mujeres y lance el mensaje a la sociedad de que las mujeres no podemos ni queremos ser vendidas ni compradas y que no va a existir complicidad alguna con la Industria de la Prostitución, ni con sus colaboradores, los proxenetas y prostituidores.

colectivos pamplona

Rueda de prensa de colectivos feministas y del movimiento popular en Pamplona

03/07/2018 – Pamplona

Hoy diferentes agentes sociales, pertenecientes tanto al movimiento feminista como al movimiento popular queremos dejar de manifiesto lo siguiente: Desde hace muchos años, el movimiento feminista de manera coordinada con el movimiento popular, cada cual desde su ámbito y respetando, como debe de ser, nuestras particularidades hemos trabajado por unas fiestas igualitarias, libres de cualquier agresión sexista y en las que todas y todos tengamos cabida.

A pesar de la lectura intencionada de algunos sectores y principalmente de algunos medios de comunicación, la lucha contra las agresiones sexistas no empezó el 7 de julio de 2016 ni la de aquella madrugada fue, ni será, la única que hemos vivido.

Entendemos la indignación por el proceso judicial iniciado tras aquella denuncia, las decisiones judiciales, la propia sentencia y los últimos sucesos de los que hemos tenido constancia pero esto no puede ser excusa para que nuestra lucha sea instrumentalizada ni para hacer análisis simplistas de lo que es la violencia contra las mujeres.

La violencia machista pasa por la prevención, la educación y la construcción de otro tipo de relaciones sociales. Sin embargo, dentro del marco jurídico actual, aunque nuestro objetivo final sea transitar hacia otros modelos no punitivos, exigimos que el estado no ampare a los agresores, proporcionalidad, que a las agresiones se las llame por su nombre y que se garantice la seguridad de la mujer agredida y del resto de mujeres.

Quienes estamos hoy aquí llevamos décadas de lucha contra las agresiones sexistas en el ámbito festivo. Nosotras no trabajamos a golpe de titular y la respuesta ejemplar que la ciudadanía de Iruñea ha dado, año tras año, a las agresiones sexistas, no ha sido casual. Es el fruto de un trabajo constante promovido por el del movimiento feminista, acompañado por el movimiento popular y desde 2014 respaldado también por las instituciones.

Año tras año trabajamos duramente para que los Sanfermines sean un espacio lo más seguro posible para las mujeres, libres de agresiones, poniendo en marcha campañas, renovando protocolos, reuniéndonos y tomando decisiones pero sobre todo, y esto lo más importante, compartiendo y acordando entre todas y todos, contrastando y pensando de manera colectiva nuestras decisiones.

Los sanfermines son unas fiestas de dimensión internacional pero por encima de todo son las fiestas de quienes vivimos y tenemos nuestro proyecto vital en esta ciudad y así creemos debe de seguir siendo.

Durante las últimas semanas fundamentalmente a través de RRSS han aparecido diferentes iniciativas de dudosa procedencia, muchas anónimas y otras que con la supuesta intención de empoderar a las mujeres atacan a una ciudad que ha sido y es ejemplo internacional de la lucha contra las agresiones sexistas.

Unas iniciativas que en muchos casos están promocionadas por agentes externos a nuestra ciudad y a los colectivos que participan en la fiesta, sin debate, sin consenso, sin contraste alguno y sin un objetivo claro. Estos llamamientos, aunque no sea su intención, ningunean el trabajo que estamos realizando desde aquí e influyen negativamente en las dinámicas locales que ya están consensuadas y previstas realizar este año.

A esto hay que sumarle que por el tipo de iniciativas que se proponen es evidente que se realizan desde el desconocimiento tanto del trabajo que se realiza en nuestra ciudad, como en sus fiestas y de la idiosincrasia de las mismas y que además entendemos que pueden ser poco afortunadas y contraproducentes en la lucha contra las agresiones sexistas. Entendemos por lo tanto que son una injerencia externa que condiciona y debilita el trabajo de tantos y tantos colectivos de Iruñea.

Por todo esto, desde aquí queremos pedir responsabilidad política y colectiva. Las iniciativas son bienvenidas, pero siempre siguiendo los cauces de comunicación necesarios, contrastándolas con los movimientos de Iruñea y adecuándolas a nuestra situación específica. Nuestras convocatorias han sido pensadas minuciosamente, están enmarcadas en campañas globales y tienen unos objetivos a largo plazo.

Queremos hacer por lo tanto un llamamiento a la responsabilidad y la altura de miras. Hay dinámicas coyunturales y muy oportunistas que en poco o en nada ayudan a la lucha por unas fiestas libres de agresiones y a las mujeres que sufren o han sufrido agresiones. Como no nos hemos cansado de repetir desde 2016, centrarse en un único caso invisibiliza el resto de agresiones, les quita importancia y sobre todo pone el foco en elementos que poco tienen que ver con la realidad. Todas las agresiones son importantes, todas las mujeres que sufren o han sufrido agresiones necesitan de nuestra solidaridad y ninguna de las agresiones ya sean de baja o de alta intensidad tienen justificación alguna.

Para terminar nos reafirmamos en nuestro compromiso a seguir trabajando por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista y a seguir articulándonos y organizándonos para luchar contra la violencia sexista. Y desde aquí, a 3 días del 6 de julio tanto el movimiento feminista como el movimiento popular de Iruñea queremos hacer un llamamiento a todas las mujeres* a disfrutar de los sanfermines con nosotras. Estas son nuestras fiestas, nosotras ponemos las reglas y tenemos que exigir nuestro espacio en ellas: Tomando las plazas, riendo, bailando, organizándolas, tomando las calles, los escenarios… En definitiva disfrutando y gozando de las fiestas como nos dé la gana.

En esta rueda de prensa estamos representantes de colectivos feministas, Bilgune Feminista, Emakume Internazionalistak, FARRUKAS, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista (de la que la CIMTM forma parte) y Andrea-Lunes lila. Y de colectivos del movimiento popular, Gora Iruñea! y la Federación de Peñas de Iruñea.

Malos tratos

LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA FORMA DE ADOCTRINAMIENTO SEXUAL DE LAS MUJERES

26/04/2018

Una vez que ha salido la Sentencia de la manada, EHULEAK-Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres de Navarra, quiere hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha supuesto uno de los casos más mediáticos sobre violencia sexual en los últimos años.

De este caso se esperaba todo, se esperaba un cambio de mentalidad. Sin embargo, la actuación mediática, tan solo sirve para ocultar la dramática dimensión de la violencia sexual.

El tratamiento informativo amarillista de algunos de los casos de violencia extrema contra las mujeres, conlleva a la desinformación y a una confusión, que tan solo sirve para empoderar a aquella parte de la sociedad con valores machistas y sexistas, revictimizando a la mujer que ha sufrido la agresión.

La reducción a un caso concreto de lo que ocurre cada día y al 99% de la población femenina alguna vez en su vida, es ocultar el fenómeno de la violencia sexual en todas sus dimensiones, pero sobre todo, el comportamiento de aquellos otros agresores sexuales que no se sienten identificados con la conducta mostrada en los medios de comunicación.

El cuestionamiento a la mujer agredida en el ámbito judicial y en todos los ámbitos de su vida es otra característica común que redunda en la justificación a la conducta de los agresores en estos casos y trae como consecuencia la doble victimización de las mujeres que han sufrido una agresión sexista.

Pero lo más importante es que la no condena con contundencia de este tipo de conductas lanza un mensaje social de impunidad, de que todo vale para los hombres, que les empodera en todas sus acciones y pone en cuestión a todas las mujeres.

Rita Segato habla de las estructuras elementales de la violencia para mencionar entre otras la violencia simbólica o la violencia sexual normalizada, dos de las fórmulas que de no ser desactivadas están produciendo violencia sexual por parte de los hombres hacia las mujeres de muy diversas formas.

En la actualidad, no se puede hablar de casos aislados cuando se habla de violencia sexual, sino que se trata de un patrón de comportamiento que cumple con las finalidades para las que se ejerce:

– Obtener el control sexual sobre nuestros cuerpos
– Imponer a todas las mujeres el discurso del miedo si no cumplimos con el mandato social otorgado a todas nosotras

Los agresores sexuales no solo quieren obtener su placer a la fuerza y sin nuestro consentimiento, sino que también quieren aplicar el castigo que le corresponde a las mujeres que han roto con el mandato social.

De ahí la importancia que hoy en día tiene que la justicia y el feminismo se unan para definir conceptos en términos de reproche social a estas conductas, para desactivar estos mecanismos de ejercicio de dominación sobre las mujeres y para acabar con la impunidad en estas conductas.

Si no hay justicia, no se pueden producir los cambios sociales que son necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres de la sociedad.

Las organizaciones feministas reclamamos que en todos y cada uno de los casos en que se produce violencia sexual se tenga en cuenta el testimonio de la mujer que ha visto violentada su libertad sexual.

Una definición del consentimiento que imponga la obtención explícita del mismo a los varones y que no obligue a las mujeres a tener que expresar un NO sería deseable jurídicamente hablando.

De este modo se contribuiría a desmantelar el actual sistema de creencia de los hombres con derecho a tocar, manosear, besar o exhibir sin obtención del consentimiento de manera explícita por parte de la mujer.

Otra barrera que hay que romper jurídicamente hablando es el contenido violento o intimidatorio. Queda claro que la superioridad numérica, la diferencia de edad, el acometimiento, la introducción a la fuerza en un baño, local, portal, ascensor, habitación, es un hecho coactivo en sí mismo y no necesita del empleo de otros métodos de violencia añadida. Por tanto, el empleo de todos ellos juntos, es suficiente prueba de la violencia ejercida y de que se ha cometido una agresión sexual.

El atentado a la libertad sexual se produce cuando se coarta, limita o anula la libre decisión de una persona en relación con su actividad sexual, y esto se puede realizar de muy diversas formas, no solo mediante el ejercicio de una violencia física.

La diferencia jurídica entre agresión sexual y abuso sexual está delimitada por el empleo de la violencia física, psicológica o intimidación. La exigencia a las mujeres agredidas de una actuación heroica ante la conducta violenta de los agresores sexuales, supone poner en riesgo de sufrir más agresiones a las mujeres.

A corto plazo, ellos cumplirán Sentencia y tendrán derecho a una segunda oportunidad, y ¿Ellas?, ¿Cuándo superarán el cuestionamiento social?

Tras sufrir una agresión sexual, los protocolos de intervención no incluyen el acompañamiento a las mujeres mientras deciden si acudir o no al hospital, si denunciar o no, precisamente cuando se encuentran solas, en momentos en que tienen dificultades para ponerse en contacto con su red de apoyo.

Este apoyo especializado es necesario para una intervención psicológica posterior, sea en el proceso de denuncia, terapia, o durante y después del juicio. Y debe hacerse por profesionales que conocen bien las diferentes formas de expresarse el trauma y la resiliencia.

No toda mujer agredida va a resultar traumatizada. Dependerá también de sus recursos internos y externos, personales y sociales.

Es fundamental, que no pueda utilizarse cualquier elemento del entorno individual como una herramienta para dudar de la palabra de la mujer, para generar una opinión contra el hecho denunciado, cuestiones que también forman parte de la responsabilidad de las personas que están trabajando en el caso. De ahí la importancia de contar con profesionales que conozcan bien las herramientas a utilizar cuando ocurre una agresión sexual.

Con el cuestionamiento a la mujer, a los hombres, ¿Qué modelo se les está reforzando? ¿Cómo van a desaprender y deconstruirse si el éxito se encuentra en violar, maltratar, burlarse o mentir? Es el modelo social patriarcal y capitalista en el que el hombre no pierde nunca. El mismo que nos lleva a comprar más, a gastar más, a adquirir más y a tenerlo todo ahora y sin esfuerzo.

Estamos hartas de sufrir agresiones sexistas y de la estructura social que las sustenta, ¡BASTA YA!

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Malos tratos

La CIMTM muestra su más absoluta repulsa ante hechos como los sucedidos en Getafe y su apoyo a los familiares de los dos menores

22/03/2018

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres muestra su más absoluta repulsa ante hechos como los sucedidos en Getafe y su solidaridad y apoyo a los familiares de los dos menores asesinados presuntamente por su padre el pasado 20 de marzo en el citado municipio.

Desde la CIMTM nos encontramos consternadas, recalcando nuestro más absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, en este caso a aquella en la que los menores son los principales afectados.

En 2017 fueron 8 los menores asesinados víctimas de la violencia de género, siendo ésta la cifra más alta registrada desde 2013. De demostrarse que los dos menores asesinados en Getafe son también víctimas de la violencia de género, se incrementaría esta terrible cifra a 28 menores desde 2013.

Desde la CIMTM queremos denunciar la pasividad de los Poderes Públicos, a la hora de implementar y desarrollar las medidas acordadas el pasado mes de noviembre en el Pacto de Estado. De manera más específica, aquellas que se refieren a la importancia de la protección de menores, así como el reconocimiento como víctimas a las madres de los menores asesinados a causa de esta violencia machista.

Consideramos necesaria y urgente la creación de la Comisión parlamentaria de seguimiento para el cumplimiento del Pacto de Estado, así como la dotación presupuestaria a las medidas acordadas, como muestra real del compromiso del Gobierno con la erradicación de la Violencia de Género.

Así mismo, instamos al Gobierno a tomar las medidas pertinentes a la vista de las Observaciones Finales sobre los informes periódicos de España emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 2 de febrero de 2018, en relación a la violencia contra los niños:

“22. El Comité lamenta la falta de progreso en la adopción de una ley integral sobre la violencia contra niños. En relación con su observación general No. 13 (2011) sobre el derecho del niño a la libertad frente a todas las formas de violencia, el Comité recomienda que el Estado parte:

(a) Agilice la adopción de legislación que garantice la protección integral de los niños contra la violencia y asegure su aplicación a todos los niveles;

(b) Lleve a cabo una amplia evaluación del alcance, factores de riesgo y naturaleza de la violencia, maltrato o abandono de niños, con objeto de desarrollar una estrategia nacional integral para prevenir y dirigir los fenómenos;

(c) Adopte un marco de coordinación nacional entre administraciones e instituciones para responder adecuadamente a situaciones de violencia, maltrato o abandono de niños, prestando particular atención a sus dimensiones de género;

(d) Incremente los programas de sensibilización y educación que conciernan a los niños sobre su derecho a una vida libre de violencia y para que sepan dónde solicitar ayuda en caso de violencia, maltrato o abandono;

(e) Asegure la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros apropiados para abordar sus causas fundamentales;

(f) Fomente programas basados en la comunidad dirigidos a evitar y hacer frente a la violencia doméstica, maltrato infantil y abandono.”

Para finalizar, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia y madre de los niños presuntamente asesinados ayer en Getafe y a todas aquellas mujeres y menores que siguen sufriendo violencia en sus hogares.

Para solicitud de información, ayuda o acceso a nuestro Programa FORTALEZA, no dudes en contactar con el 900 100 009.

Malos tratos

Desde la CIMTM, pedimos el cumplimiento urgente de las medidas contenidas en el Pacto de Estado

24/11/2017

El actual sistema de Valoración es insuficiente. La necesidad del establecimiento de Unidades de Valoración Forense Integral en los Juzgados resulta acuciante.

Dos son los hechos sucedidos en las últimas semanas que nos mueven a compartir estas reflexiones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Desde la CIMTM condenamos el asesinato de una mujer de 28 años en la ciudad de Elda, el pasado 9 de noviembre y el asesinato de la niña en Alcira (Valencia), de tan solo dos años de edad ocurrido el domingo día 12 de noviembre.

El Informe del Pacto de Estado elaborado por la subcomisión de Violencia de Género del Congreso, aprueba entre sus 213 medidas, establecer en los Juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, de las que formen parte profesionales especializados, psicólogo/a, médico forense, trabajador/a social, que entre otras funciones asistan a los Tribunales para realizar la valoración del riesgo.

El actual sistema de Valoración es insuficiente. Más de un 99% del total de los casos de violencia de género activos, presentan un riesgo considerado como ‘no apreciado’, bajo o medio según los actuales estándares de valoración.
Este dato contrasta de forma evidente con el número de denuncias y casos de asesinatos de mujeres y menores por violencia de género. Algo está fallando en el sistema de Valoración.

No se tiene en cuenta que la violencia de género tiene unas especificidades que la diferencian de otros tipos de violencia. Es asimétrica, progresiva, en muchos casos hasta convertirse en habitual y normalizarse por la propia víctima, instrumental, y en ella juega un papel fundamental el elemento afectivo, que genera una simbiosis de dependencia entre la víctima y el agresor.

A ello se une la tendencia de los Tribunales a minimizar los hechos denunciados y en su caso a considerarlos como hechos puntuales, fruto de la tensión en las relaciones de pareja, que se vive en el momento de ruptura de la convivencia. Sin percibir que este es el momento donde el riesgo se intensifica como consecuencia de la inminente pérdida de poder del agresor sobre su víctima.

Que decir de las secuelas que sufren los menores que viven en contextos de violencia. Ya son entre 60 y 80 los niños y niñas que han quedado huérfanos/as en los dos últimos años y 8 los asesinados en lo que va de año.

Pero todavía son invisibles los niños y niñas que sufren en silencio la violencia. Desde nuestra entidad y en nuestro programa de intervención con menores, hemos podido observar que estos niños/as sufren cambios de comportamiento, bloqueo emocional, lesiones físicas y psicológicas que se cronificarán de no detectar a tiempo la situación.

Así mismo, suelen presentar baja autoestima, depresión, conductas agresivas o regresivas y problemas de alimentación. Una vez alcanzada la adolescencia, se identifican conductas delictivas, escapismo y consumo de estupefacientes entre otros.

En tal sentido desde nuestra entidad nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas, y manifestamos de forma enérgica que los Poderes públicos no pueden ser ajenos a estos hechos, que demuestran una vez más la necesidad de dar cumplimiento urgente a las medidas contenidas en el Pacto de Estado, porque sus hijos/as son nuestros hijos/as y todos/as somos parte de esta sociedad donde no aceptamos vivir bajo la amenaza de la Violencia.