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La situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid es insostenible

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A/A Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
A/A Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
A/A María Concepción Dancausa Treviño Consejera de Familia, Juventud y Política social

 

Madrid, 22 de septiembre de 2021

 

Ante la situación de la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comunidad de Madrid, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

– El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el aborto Legal y Seguro, es una jornada que se celebra en todo el mundo para reivindicar la legalización del aborto y el acceso al mismo en condiciones de seguridad y calidad dentro de los sistemas de salud, concienciando sobre las muertes de mujeres que ocurren como consecuencia de abortos inseguros y clandestinos.

– Las condiciones de inseguridad se producen asimismo en países como el nuestro, a pesar del recorrido de once años desde que se aprobó la ley 2/2010 de salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, puesto que existen barreras al acceso a la IVE como prestación sanitara universal para todas las mujeres.

– Existe una importante diferencia territorial en España respecto a la práctica del aborto y al acceso de las mujeres a la IVE en función de las CCAA.

En concreto en la Comunidad de Madrid, tenemos que denunciar todas las trabas que hacen que la IVE siga sin ser una prestación normalizada ni se realice en los centros públicos, como cualquier otra prestación sanitaria integrada en la cartera de servicios de la sanidad pública.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pretendía revertir las medidas que contemplaba el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, pero al vincularse a la residencia legal, sigue siendo una importante barrera para el acceso a la IVE para las mujeres migrantes.

– Algunas CCAA han dado órdenes para habilitar el acceso a la IVE de las mujeres sin residencia legal, pero en la Comunidad de Madrid debe acreditarse residencia al menos durante 90 días para poder tener tarjeta sanitaria, y sin ella no es posible la financiación pública de la IVE.

– Negar el derecho al aborto a las mujeres por su situación administrativa, que justamente pueden ser las mujeres en situación más vulnerable, además de faltar a la responsabilidad ética que como sistema de salud tienen sobre la atención a la salud de las personas que se encuentran en su territorio, vulnera la dignidad y la autonomía de las mujeres, forzando a una maternidad no deseada o poniendo en riesgo su salud al abocarlas al aborto clandestino. 

– Reiteradamente las feministas nos hemos movilizado también para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, y que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, revertiendo la reforma de la ley 2/2010 que el Partido Popular hizo en 2015.

– Queremos que cesen los ataques continuos a las clínicas acreditadas, que a día de hoy son los únicos centros que realizan las IVEs en la CM, que se respete el ejercicio de las/los profesionales y la libertad de las mujeres sin cortapisas ni intimidaciones.

La Comunidad de Madrid debe actuar para frenar el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a los centros. Con su inacción, alegando que no es de su competencia, en la práctica está respaldando las acciones de los grupos anti-elección, a costa de vulnerar los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando la ciudadanía se ha manifestado de manera espontánea ante otras instituciones, si se envía a la fuerza pública.

– Reclamamos el ejercicio de la IVE como prestación sanitaria dentro de la sanidad pública. En 2018 se notificaron en la Comunidad de Madrid 18.914 IVEs, pero las notificaciones son de las 7 clínicas autorizadas de la CM y solamente hay dos de hospitales públicos.

Los datos de 2018 corresponden a 2017. Según el informe de 2019 del Ministerio de Sanidad (el ultimo publicado), en Comunidad de Madrid no se ha realizado ninguna IVE en centros públicos.

El 71,4% de las IVEs son de menos de 9 semanas de gestación, pero de más de 15 semanas hay un 4,3%. Son pocas, pero son los casos más graves y de mayor impacto emocional porque normalmente se trata de embarazos deseados, y en estas circunstancias, la sanidad pública madrileña se desentiende de estas mujeres para derivarlas a una clínica autorizada. La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que en estos casos el aborto se realice preferentemente en hospitales públicos.

En la Comunidad de Madrid se está haciendo un uso fraudulento de la ley y una perversión del derecho individual a la objeción de conciencia, pues todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid no pueden ser objetores. La realidad es que no existen registros ni se pide por parte de la Consejería de Sanidad conocer las/los profesionales que objetan. Simplemente se da por hecho que toda la prestación de la IVE está concertada, incluso los casos que mayores medios técnicos requieren para su resolución.

La situación de la IVE en la Comunidad de Madrid es insostenible. Las mujeres de Madrid reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa.

La Interrupción voluntaria del embarazo y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su maternidad hace muchos años que son asumidas de forma mayoritaria como un derecho básico por la sociedad española. No se deben aceptar trabas en función de la ideología personal, ni ceder a los sectores más retrógrados pese al ruido que provocan.

Apelamos directamente a su Presidenta, señora Isabel Díaz Ayuso, al Consejero de Sanidad señor Enrique Ruiz Escudero y a la Consejera de Familia, Juventud y Política social señora María Concepción Dancausa a comprometerse a adoptar las medidas aquí planteadas.

A fin de exponerles directamente nuestras propuestas, consideren este escrito registrado como solicitud formal de entrevista.

Reciban un saludo

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Cuarto Propio en Wikipedia
Fórum Feminista de Madrid
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
UGT Madrid
Asociación de Mujeres Feministas de Huelva
Secretaría de las Mujeres de CCOO-Madrid
COMARCA SUR DE CCOO
FSC CCOO Madrid
CONSEJO DE SALUD DE CARABANCHEL
Comarca Norte CCOO
Feministas Usera
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Emargi
Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad
Federación de asociaciones de mujeres de la comunidad de Madrid (FAMCM)
8M MoratalazMesa de Feminismos del Foro Local de Moratalaz
Araba Abolizionista
Mujeres Feministas Escorial
ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA ASOCIACIÓN SALUD
AMAL
Red Feminista de Mujeres Rurales del occidente de Asturias
Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI
IU
Mujeres Sembrando
Dofemco
Colectivo Escuela No-sexista de Asturies
Pretendemos Gitanizar el Mundo
FÓRUM de Política Feminista
Frente Abolición Prostitución
FSC CCOO CATALUÑA
Más Madrid
Asociación Círculo Feminista
Asoc. Feminista de Asturias-AFA Clara Campoamor
FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES
FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE AROUSA
Mujeres Progresistas Retiro
Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista
Feminista
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas Comusión 8M Perales del Rio
Mats
Asociación feminista luz ultravioleta
Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
Movimiento Feminista Madrid
Colectivo Luna de Mujeres de Villena
Matria
Unidas Podemos Becerril de la Sierra
Médicos del Mundo Madrid

Malos tratos

Denunciamos ante el Defensor del Pueblo los obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes para acceder al aborto

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La organización internacional Women’s Link Worldwide y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que recogen los casos de 6 mujeres migrantes en situación administrativa irregular a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Se trata de mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas eran víctimas de trata y de explotación sexual.

En la queja, las organizaciones denuncian que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018,  que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.

Women’s Link y la Comisión explican que, según la ley de interrupción del embarazo (Ley Orgánica 2/2010), el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas. Sin embargo, los requisitos que el decreto ley establece para que las mujeres migrantes puedan acceder a la asistencia sanitaria pública, se convierten en graves obstáculos en el acceso al aborto y provocan retrasos que pueden hacer que las mujeres se salgan de los plazos establecidos por la ley de interrupción del embarazo.

En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando por fin obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, muy cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.

“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción. Con esta queja queremos pedir al Defensor del Pueblo que investigue estos obstáculos y emita una serie de recomendaciones a las diferentes administraciones de salud para que esta práctica discriminatoria cese”, explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.

Las organizaciones también explican que, además del obstáculo que suponen los requisitos que establece el propio decreto ley, en algunos casos los centros de salud imponen otras limitaciones no contempladas en la ley. Una de las más habituales es tener que justificar 90 días de empadronamiento. Sin embargo, este no es un criterio establecido por el decreto, sino que se trata de una práctica restrictiva que se ha extendido en los centros de salud de Madrid.

“En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyos”, explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos. “Un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa”, concluye.

Sobre las organizaciones firmantes de la queja:

Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una organización sin ánimo de lucro compuesta por profesionales feministas que trabajan con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, defender sus derechos y lograr una sociedad igualitaria.