La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) ha organizado este martes 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, unas jornadas para analizar los efectos que tiene la violencia de género en la salud de las víctimas, con especial referencia a las embarazadas.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y ha sido presentado por una de sus representantes, Miriam Benterrak; la coordinadora de programas del Observatorio de Salud de las Mujeres, Rosa Mª López Rodríguez y la vicepresidenta de la CIMTM, Asunción Miura.

Segunda mesa de las jornadas. De izquierda a derecha, Susana Martínez, María Luisa Lasheras, Sara Vicente y María de los Ángeles Ceballos

El embarazo es un periodo especialmente vulnerable en la violencia machista por el grave peligro que corre la vida de la mujer y del feto, y también por los distintos cambios que pueda provocar en la relación la llegada de una nueva persona que necesita atención y protección.

Marisa Pires, moderadora de la primera mesa y secretaria de la Comisión Técnica de Acciones en Salud frente a la violencia de género en la Conserjería de Sanidad, ha afirmado que aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas sufren violencia, con unas consecuencias devastadoras.

La ginecóloga Alexandra Arranz ha enumerado estos terribles efectos: traumatismos abdominales, desprendimiento de la placenta, empeoramiento de enfermedades crónicas, sangrados… Y psicológicos: ansiedad, suicidio, estrés postraumático…

Para el feto, la violencia de género durante el embarazo puede provocar la muerte, la prematuridad, la rotura prematura de membranas entre otros riesgos. Cuando crecen, los hijos de las víctimas pueden desarrollar actitudes agresivas, como el maltratador, y las hijas pueden normalizar la violencia en sus relaciones.

El embarazo es una forma más de que los maltratadores ejerzan control sobre las mujeres y por ello “un arma es no permitirlas controlar su propia fertilidad. Se les impide tomar anticonceptivos o se les obliga a hacerlo. Una víctima de violencia de género tiene muchas más posibilidades de tener un embarazo no deseado”.

Mónica López, trabajadora social y coordinadora del Programa Fortaleza de la CIMTM, ha criticado la ausencia de casas de acogida específicas para mujeres embarazadas. También destaca que no conoce “ninguna mujer a la que se le haya concedido el pago único a nivel estatal por ser víctima de violencia. La ayuda que reciben depende de que tengan una orden de protección en vigor o una sentencia y es solo de 426 euros”, una cifra con la que es imposible lograr su independencia económica, más aun con bebés a cargo.

Según la psicóloga Trinidad Soria, las víctimas de violencia machista aseguran que su embarazo fue “el periodo de su vida donde más inmensamente solas se han sentido, viéndose también solas ante el futuro”.

Algunos de los indicadores de que una mujer sufre esta situación son “mostrar una tristeza profunda, vergüenza, sentirse abandonadas. Sus parejas siempre están ausentes y distantes, ellas, en tensión y siempre alerta. Algunas creen que merecen una especie de castigo por continuar con el embarazo”.

PROYECTO RESPONSE

La segunda mesa la arrancó la presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, explicando el desarrollo del Proyecto Response, una iniciativa llevada a cabo por varios países europeos (España, Francia, Rumanía, Alemania y Austria) con el objetivo de formar al personal para mejorar la capacidad de identificación de la violencia de género en el ámbito sanitario.

“Con el embarazo aumentan las revisiones médicas, las visitas de atención perinatal son una oportunidad crucial para la identificación del caso y su derivación. Los proveedores de atención médica son profesionales en los cuales las mujeres generalmente confían”, ha explicado Susana Martínez.

Los datos expuestos por la presidenta de la CIMTM señalaron a España como uno de los países más avanzados de todos los que participaban en el proyecto, pero se apuntaron algunas medidas necesarias: consultas privadas en las que no se permita entrar a la paciente acompañada (para evitar que entre su agresor con ella y la coaccione), coordinación interinstitucional e interprofesional y un presupuesto específico en el sector sanitario para servicios destinados a víctimas de violencia de género.

María Luisa Lasheras, integrante del Servicio de Promoción de Salud de la Consejería de Sanidad, destaca también la necesidad de “disponer de servicios de interculturalidad para superar la barrera cultural y del idioma, crear comisiones de violencia en los centros de salud y llevar a cabo más programas de formación entre profesionales”.

También defiende un incremento de la plantilla de trabajo social en atención hospitalaria y una continuidad asistencial para víctimas, “para que no lleguen a urgencias después de recibir una paliza y no sepamos que su historial de atención primaria ya lo detectaba”.

Por su parte, la médica y jurista María Ceballos ha narrado en su intervención los distintos interrogantes que puede plantearse el equipo médico ante la sospecha de detectar un caso de violencia machista. “Nos dicen que la confidencialidad con el paciente (el secreto profesional) es fundamental para que nos pueda contar lo que le ocurre, pero por otra parte, el facultativo tiene la obligación legal de comunicar a la justicia cualquier lesión que pueda ser constitutiva de delito”.

Ante esta contradicción, prima el deber legal de comunicar el posible acto de violencia “a menores, mujeres, agresiones sexuales, heridas por arma, etc”. Por lo tanto, el personal médico está obligado a emitir un parte de lesiones “aunque la víctima se niegue, y además está obligado a dejar constancia en la historia clínica que la mujer se ha negado”. La experta recuerda que es fundamental realizar fotografías de las lesiones, en las que se identifique claramente a la mujer, como una prueba mantenida en el tiempo.

Para descargar material complementario sobre el Proyecto Response, pincha en este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=WODZXiIoi8Y