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Mujeres charlan alrededor de un cuadro

Charlamos con el Thyssen sobre la importancia de trabajar en grupos de mujeres

¿Qué necesidades tienen las diferentes comunidades y poblaciones que colaboran con el museo? ¿Qué es lo que el museo debe ofrecer para que esta relación funcione? En la situación actual, ¿cómo abordamos las nuevas necesidades?, ¿qué es lo que nos falta?, ¿qué necesitan las personas de nosotros?, ¿qué aprendizajes y posibilidades estamos descubriendo? Estas son algunas de las preguntas con las que parte este ciclo de conversaciones bajo el título de “En torno a una mesa. Miradas diversas”  y con las que se busca abordar las posibilidades de las instituciones culturales como espacios de hospitalidad y cuidados.

En esta ocasión, el encuentro online se ha centrado en abordar desde una perspectiva de género las posibilidades de las instituciones culturales como espacios de trabajo con diferentes grupos de mujeres.

La mesa de debate estuvo mediada por Alberto Gamoneda, educador del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y en ella han participado mujeres profesionales de diferentes ámbitos: Lola Triviño presidenta del Observatorio de la mujer de Plena Inclusión Madrid; Marian López Fdz. Cao, doctora en bellas Artes, investigadora y profesora titular de la UCM; Belén Pizarro psicóloga clínica responsable del programa APOYARTE de la Fundación ATENEA, y nuestra compañera Natividad Hernández Claveríe Gala como representante de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 

¿Por qué son necesarios los grupos de mujeres?

El trabajo en grupo de mujeres es una de las mejores herramientas para fomentar el empoderamiento, ya que se crean redes de apoyo y afectos en los que cada punto de vista suma y supone un aumento en la seguridad y autoestima de quienes participan.

En este sentido, el Thyssen ha supuesto un antes y un después en la reparación de la autoestima en mujeres víctimas de violencia de género, ya que el museo se convierte en un espacio terapéutico y de protección para muchas mujeres a las que siempre se les ha negado la voz y cuyo punto de vista ha sido sistemáticamente ignorado, minusvalorado o incluso ridiculizado.

Tal y como destacan las profesionales que han participado en los talleres con mujeres en el museo, el simple hecho de empezar a hablar y compartir experiencias creativas entre mujeres genera nuevas narrativas en torno a las obras, y en este sentido el feminismo ha venido a traer nuevas lecturas que enriquecen y suman.

Si algo se ha llevado al extremo en las líneas de educación y acción social emprendidas desde el propio museo es que el centro del trabajo no sean las obras de arte, sino las personas que participan en su propia narrativa e incluso en la cesión de roles , es decir, que sea la persona visitante la que disfrute de ese protagonismo y con ello se nutra de la experiencia y la narración significativa.

Participamos en Nos+otras 

Nuestra compañera Natividad Hernández, Psicóloga del Programa Fortaleza de atención a víctimas de violencia de género, enfoca su formación y experiencia en la reparación de la autoestima de las mujeres con las que trabaja y en este sentido destaca que la colaboración con el Thyssen ha supuesto un antes y un después para las mismas.

Natividad valora muy positivamente los avances alcanzados gracias a la iniciativa “Nos+Otras en red”, un proyecto iniciado en 2015 para abordar la perspectiva de género en el que colaboramos junto con otras asociaciones de mujeres y que ha sido de vital importancia para involucrarlas en las instituciones culturales y hacerlas partícipes de las narrativas que se desprenden de las obras artísticas, construyendo así un espacio de creación y reflexión permanente a partir de las colecciones del museo.

Sin embargo, es importante enfatizar y orientar el desarrollo de estas actividades en grupos de mujeres de mayor edad, ya que históricamente han sido las grandes olvidadas y quienes han sufrido la violencia de manera más fuerte e intensa. La experiencia de Natividad con este grupo revela ciertas reticencias a priori cuando se les propone participar en los talleres, ya que tienden a pensar que no tienen nada que aportar porque no están acostumbradas a que se tengan en cuenta sus puntos de vista. En este sentido el museo ejerce una gran labor a la hora de cambiar los esquemas y asegurar a las participantes un ambiente cómodo y de mutua confianza.

Por otro lado, a lo largo de la mesa redonda se reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los museos en hacer de sus espacios lugares accesibles, tanto desde el punto de vista físico como cognitivo.

El museo Thyssen lleva tiempo mostrando su compromiso en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres a través de sus colecciones, actividades y muestras temporales. Prueba de ello es la exposición “Heroínas” con la que se busca visibilizar a mujeres fuertes, activas, independientes y desafiantes. alejadas de los modelos sumisos y pasivos que tradicionalmente se le ha otorgado a las figuras femeninas representadas en el arte.

 

La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad

Pese a los avances experimentados en el plano legislativo, en el cual España es sin duda referente internacional, existe todavía una desigualdad social patente, doblemente negativa cuando hablamos de mujeres en situación de discapacidad.

Desde la perspectiva de la violencia que sufren las mujeres, aquella que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad presenta dos características, que suponen una barrera inicial a la lucha contra este tipo de agresiones:

LA INVISIBILIDAD. Es notorio que las mujeres con discapacidad por sus circunstancias específicas sufren mayores abusos, y sin embargo lo hacen de una forma mucho más silenciosa e invisible.

LA NORMALIZACION que se produce al sufrir estas violencias desde edades muy tempranas, de forma continuada y estructural.

De ahí que romper la invisibilidad que todavía existe respecto a las personas discapacitadas, MEDIANTE LA DETECCIÓN Y LA  PREVENCION se convierta en un factor esencial.

No podemos olvidar que sin una detección previa no hay posibilidad de denuncia y acceso a la Justicia.

Esto hace que sea muy importante que desde los Servicios de Salud así como desde los Servicios Sociales, Centros de Dia o residenciales, Centros ocupacionales, etc. a los que acude la víctima se extremen las medidas de detección de situaciones de violencia de que puedan estar sufriendo.

En el mismo sentido, que los profesionales de dichos servicios tengan una formación específica y directrices adecuadas para lograr una intervención, que pueda favorecer espacios de intimidad con la mujer discapacitada sin la presencia del cuidador –en alto porcentaje agresor- y para explorarla de forma acorde a su situación personal.

Veamos algunos datos relevantes, extraídos de la Macroencuesta 2019 de la Delegación de Gobierno contra la V.G.

  • El 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de alguna pareja o expareja dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Este porcentaje asciende al 23,4% en el caso de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual.
  • Entre las mujeres que tienen una discapacidad y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en su vida, el 14,3% dicen que la discapacidad es consecuencia de estos episodios de violencia sexual.
  • La violencia sexual tiene consecuencias en la salud de las mujeres afectadas que perduran en el tiempo y esto hace que asistan con mayor frecuencia a diversos servicios de atención sanitaria, aunque los episodios de violencia sexual hayan sucedido en el pasado. Así, por ejemplo, el 43,7% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 58,8% de las que han sido violadas afirman haber utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad suyo en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 28,3% de las que nunca han sufrido violencia sexual.

En relación a los factores que generan una dependencia de la víctima con su agresor, algunos de los cuales afectan a todas las víctimas de violencia de género, como la emocional o la económica, y otros como la dependencia física que inciden en mayor medida en las mujeres dependientes, me resulta interesante señalar un estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial, en relación a las personas dependientes, en el que se habla de otro tipo de conducta violenta, consistente en la dejación de las actividades de cuidado, de la siguiente forma:

Negligencia y abandono: Rechazo, negativa o fallo para iniciar, continuar o completar la atención de las necesidades de cuidado, ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte de la persona responsable de su cuidado. Como, por ejemplo, no aportar medidas económicas o cuidados básicos como comida, hidratación, higiene personal, vestido, cobijo, asistencia sanitaria, administración de medicamentos, confort, protección y vigilancia de situaciones potencialmente peligrosas, dejarla sola largos periodos de tiempo, no procurarle afecto, etc. La tendencia es a hablar de negligencia cuando el fallo se produce en los cuidados que debería proporcionar un profesional y de abandono cuando es el cuidador familiar el que no cumple con la responsabilidad de cuidado.

Barreras de acceso a la Justicia

Como señala en un estudio “Mujeres con discapacidad y Violencia de Género” la Magistrada María Tardón Olmos:

Por el hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente del agresor, por su mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros. El propio cuidador ejerce, así, de barrera, en su relación con el exterior.

Por tener mayores dificultades para expresar los malos tratos sufridos debido a problemas de comunicación.

 Por la dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de todo género de barreras arquitectónicas y de la comunicación.

Por tener una menor credibilidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos estamentos sociales.

Por vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia: familias desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales.

Dichas barreras se vienen dividiendo en dos tipos:

  1. Barreras de carácter subjetivo, entendido en el sentido de afectación del ámbito subjetivo de la persona.
  • Dependencia emocional. Dependencia física, incluida la atención a las necesidades de cuidado por parte de la persona responsable. Dependencia económica.

De nuevo, los agresores suelen ser personas conocidas, en un 99% de los casos. El 30% corresponden a abusos sexuales intrafamiliares. La cercanía de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas determina quién da la voz de alarma sobre los abusos: el 73% de los casos que llegan a la UAVDI vienen derivados de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, Servicios Sociales y Centros de Salud. En otro 19% es la familia la que acude a la unidad y, por último, un 2% de las víctimas acuden por ellas mismas a pedir ayuda. (El diario 4/12/2014.)

  • Desconfianza de las mujeres ante la respuesta por parte de la Administración de justicia.
  • Miedo a la pérdida de la guarda y custodia o a la guarda compartida impuesta por parte de los Juzgados y Tribunales como sistema de custodia preferente.

Cuestiones como la de la guarda y custodia de los hijos, resulta una barrera recurrente, puesto que se parte de la visión de que las mujeres con discapacidad no pueden cuidar de sus hijos de igual manera a las demás mujeres, con base a la propia naturaleza del rol que socialmente se las ha adjudicado.

En efecto, los procedimientos de divorcio y juicios de tutela pueden centrarse en la discapacidad de la madre y no en su comportamiento como progenitora, equiparando así implícitamente la discapacidad de la mujer con la incompetencia para ejercer como madre. Sin embargo, los recursos existentes, los medios tecnológicos disponibles y la ayuda que debe recibir la madre son la clave para no victimizar e incluso coartar los derechos de las mujeres con discapacidad.

 

2. Barreras estructurales, que afectan a la accesibilidad y al tratamiento que desde las instituciones se ofrece a las víctimas.

  • Barreras arquitectónicas y de accesibilidad a los recursos: La primera barrera parte de la necesidad de accesibilidad en los propios Tribunales. Numerosos estudios referidos específicamente a la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad, muestran que existen trabas para el acceso de una mujer con discapacidad a la información, así como barreras arquitectónicas y de accesibilidad a los recursos, incluidos por tanto los relativos a la Administración de Justicia.

 

  • Falta de recursos y personal especializado antes y después de la presentación de la denuncia. Es necesario que los Juzgados cuenten desde un primer momento con medios humanos y personales especializados, como servicios de intérpretes para personas con discapacidad.

 

  • Atención y asesoramiento letrado antes y después de la denuncia. Para que el acceso de la mujer a la Justicia se realice de forma adecuada y con suficientes garantías. Se debe potenciar la creación de Servicios de Orientación Jurídica a personas con discapacidad y familiares. Con suficiente especialización.

 

  • Unidades forenses de valoración integral del riesgo. Consideramos que el sistema de valoración actual, que se realiza por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no es integral, ni suficientemente fiable. Dichas unidades deberían contar con profesionales especialmente capacitados para la atención a mujeres con discapacidad, que realizaran una evaluación periódica, antes, durante y después del proceso judicial en su caso.

 

  • Escasa formación en género y discapacidad.

Consideramos necesario incidir en la formación de los profesionales que intervienen en el proceso de la violencia en general y en especial en relación a las personas con discapacidad, por sus especiales características y los factores de riesgo añadidos que tienen por su condición de discapacidad.

Esto incluye, juristas, trabajadores sociales, personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, medios de comunicación, etc.

Es necesaria la formación y capacitación en género y discapacidad, que incluya el conocimiento de conceptos tales como el feminismo, totalmente tergiversados y malinterpretados, así como módulos de sensibilización y capacitación específicos sobre personas con discapacidad.

Laura Galindo, psicóloga y especialista en la materia, señala la necesidad de formación de los agentes y del personal de los juzgados con los que entran en contacto las mujeres con discapacidad intelectual: “Si les hacen las preguntas con un tono rígido y de manera insistente, por ejemplo, la persona tiende a responder lo que se espera de ella. Ahí puede haber cambios de versión, pero no significa que la víctima esté mintiendo. Hay que enseñar de qué modo hacer las preguntas“.

Prácticas no deseables

Por parte de algunos sectores judiciales se detectan prácticas no deseables y falta de empatía.

  • Ejemplo de ello es que, en más de una ocasión, se cuestiona a la víctima antes que al agresor. En efecto, si esto ocurre con las víctimas de violencia de género en un importante número de ocasiones, cuanto más, con las mujeres con discapacidad. Así las mujeres con discapacidad cognitiva, por ejemplo, que pueden tener más dificultad para recordar la secuencia de los acontecimientos, y en su consecuencia más probabilidades de que se les reste credibilidad ante los tribunales.

 

  • El hecho de que no se valore debidamente el testimonio de las mujeres con discapacidad supone un problema en los casos de violencia basada en el género y agresión sexual, en los que el testimonio de las partes y la credibilidad de los testigos son especialmente importantes.

 

  • Se admite la estrategia de las denuncias cruzadas sin mayor repercusión para el agresor. Por el contrario son mucho más escasas las ocasiones en las que se admite la eximente de legítima defensa en favor de la víctima.

 

  • Solo en ocasiones excepcionales se procede en fase de instrucción a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, respecto de los presuntos hechos imputados a la víctima, incluso a falta de indicios racionales que sustenten una acusación mínimamente fundamentada.

 

  • El resultado en la mayoría de las ocasiones es la retractación en las denuncias, entendida en el sentido de retirar la acusación particular y acogerse al derecho a no declarar, haciendo extremadamente difícil la continuación del proceso o la conclusión del mismo mediante sentencia condenatoria.

 

 

Por último, no puedo acabar sin señalar que, a mi modo de ver, mientras los agresores sigan siendo invisibles, estamos colaborando con su impunidad.

Hemos de ser conscientes de que el problema no es la mujer, ni lo es la discapacidad, sino la conciencia social que permite que perduren desigualdades estructurales que afectan en mayor medida a determinados sectores de la población.

En conclusión, solo una sociedad sin barreras y tolerante, basada en el conocimiento y en el respeto a la persona como “ser humano”, sin distinción de sexo, ni de otras circunstancias personales, como en este caso, la discapacidad, podrá ser una sociedad libre de violencias.

 

Susana Martínez Novo

Abogada y Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Efectos de la violencia de género sobre la salud de las mujeres

Jornadas sobre Violencia de Género y Efectos en la Salud de las Mujeres – Conclusiones

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) ha organizado este martes 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, unas jornadas para analizar los efectos que tiene la violencia de género en la salud de las víctimas, con especial referencia a las embarazadas.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y ha sido presentado por una de sus representantes, Miriam Benterrak; la coordinadora de programas del Observatorio de Salud de las Mujeres, Rosa Mª López Rodríguez y la vicepresidenta de la CIMTM, Asunción Miura.

Segunda mesa de las jornadas. De izquierda a derecha, Susana Martínez, María Luisa Lasheras, Sara Vicente y María de los Ángeles Ceballos

El embarazo es un periodo especialmente vulnerable en la violencia machista por el grave peligro que corre la vida de la mujer y del feto, y también por los distintos cambios que pueda provocar en la relación la llegada de una nueva persona que necesita atención y protección.

Marisa Pires, moderadora de la primera mesa y secretaria de la Comisión Técnica de Acciones en Salud frente a la violencia de género en la Conserjería de Sanidad, ha afirmado que aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas sufren violencia, con unas consecuencias devastadoras.

La ginecóloga Alexandra Arranz ha enumerado estos terribles efectos: traumatismos abdominales, desprendimiento de la placenta, empeoramiento de enfermedades crónicas, sangrados… Y psicológicos: ansiedad, suicidio, estrés postraumático…

Para el feto, la violencia de género durante el embarazo puede provocar la muerte, la prematuridad, la rotura prematura de membranas entre otros riesgos. Cuando crecen, los hijos de las víctimas pueden desarrollar actitudes agresivas, como el maltratador, y las hijas pueden normalizar la violencia en sus relaciones.

El embarazo es una forma más de que los maltratadores ejerzan control sobre las mujeres y por ello “un arma es no permitirlas controlar su propia fertilidad. Se les impide tomar anticonceptivos o se les obliga a hacerlo. Una víctima de violencia de género tiene muchas más posibilidades de tener un embarazo no deseado”.

Mónica López, trabajadora social y coordinadora del Programa Fortaleza de la CIMTM, ha criticado la ausencia de casas de acogida específicas para mujeres embarazadas. También destaca que no conoce “ninguna mujer a la que se le haya concedido el pago único a nivel estatal por ser víctima de violencia. La ayuda que reciben depende de que tengan una orden de protección en vigor o una sentencia y es solo de 426 euros”, una cifra con la que es imposible lograr su independencia económica, más aun con bebés a cargo.

Según la psicóloga Trinidad Soria, las víctimas de violencia machista aseguran que su embarazo fue “el periodo de su vida donde más inmensamente solas se han sentido, viéndose también solas ante el futuro”.

Algunos de los indicadores de que una mujer sufre esta situación son “mostrar una tristeza profunda, vergüenza, sentirse abandonadas. Sus parejas siempre están ausentes y distantes, ellas, en tensión y siempre alerta. Algunas creen que merecen una especie de castigo por continuar con el embarazo”.

PROYECTO RESPONSE

La segunda mesa la arrancó la presidenta de la CIMTM, Susana Martínez Novo, explicando el desarrollo del Proyecto Response, una iniciativa llevada a cabo por varios países europeos (España, Francia, Rumanía, Alemania y Austria) con el objetivo de formar al personal para mejorar la capacidad de identificación de la violencia de género en el ámbito sanitario.

“Con el embarazo aumentan las revisiones médicas, las visitas de atención perinatal son una oportunidad crucial para la identificación del caso y su derivación. Los proveedores de atención médica son profesionales en los cuales las mujeres generalmente confían”, ha explicado Susana Martínez.

Los datos expuestos por la presidenta de la CIMTM señalaron a España como uno de los países más avanzados de todos los que participaban en el proyecto, pero se apuntaron algunas medidas necesarias: consultas privadas en las que no se permita entrar a la paciente acompañada (para evitar que entre su agresor con ella y la coaccione), coordinación interinstitucional e interprofesional y un presupuesto específico en el sector sanitario para servicios destinados a víctimas de violencia de género.

María Luisa Lasheras, integrante del Servicio de Promoción de Salud de la Consejería de Sanidad, destaca también la necesidad de “disponer de servicios de interculturalidad para superar la barrera cultural y del idioma, crear comisiones de violencia en los centros de salud y llevar a cabo más programas de formación entre profesionales”.

También defiende un incremento de la plantilla de trabajo social en atención hospitalaria y una continuidad asistencial para víctimas, “para que no lleguen a urgencias después de recibir una paliza y no sepamos que su historial de atención primaria ya lo detectaba”.

Por su parte, la médica y jurista María Ceballos ha narrado en su intervención los distintos interrogantes que puede plantearse el equipo médico ante la sospecha de detectar un caso de violencia machista. “Nos dicen que la confidencialidad con el paciente (el secreto profesional) es fundamental para que nos pueda contar lo que le ocurre, pero por otra parte, el facultativo tiene la obligación legal de comunicar a la justicia cualquier lesión que pueda ser constitutiva de delito”.

Ante esta contradicción, prima el deber legal de comunicar el posible acto de violencia “a menores, mujeres, agresiones sexuales, heridas por arma, etc”. Por lo tanto, el personal médico está obligado a emitir un parte de lesiones “aunque la víctima se niegue, y además está obligado a dejar constancia en la historia clínica que la mujer se ha negado”. La experta recuerda que es fundamental realizar fotografías de las lesiones, en las que se identifique claramente a la mujer, como una prueba mantenida en el tiempo.

Para descargar material complementario sobre el Proyecto Response, pincha en este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=WODZXiIoi8Y