Apoyamos el manifiesto a favor de la agenda feminista, contra las leyes trans

Reproducimos a continuación el manifiesto promovido por la Confluencia Movimiento Feminista, al que se adhiere y apoya la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres: 

El retroceso en la protección de nuestros derechos como mujeres es ya desgraciadamente una realidad incontestable. La ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular, está llegando a una situación criminal tanto en nuestro país como en el resto del mundo, subvirtiendo todas nuestras reivindicaciones y penetrando en todo nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestro análisis es claro: quienes decían ser nuestros aliados y se autodenominan “el gobierno más feminista de la historia” están transformando las leyes contra la agenda feminista por la que hemos luchado durante los últimos 300 años. Ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres. Además, independientemente del color político, se están utilizando los parlamentos autonómicos como puertas de atrás para transformar todas las leyes sobre las que tienen competencias, haciendo aumentar la desprotección y afianzando el retroceso en materia de violencia, derechos sexuales y reproductivos y discriminación material y simbólica de las mujeres en todos los ámbitos, así como sobre los derechos más básicos de la infancia y adolescencia.

Esto ha llevado a que el movimiento feminista tome las calles hoy para exigir tanto al gobierno central como a los autonómicos:

El cumplimiento íntegro de la agenda feminista y la paralización y derogación de las leyes trans

Sí, en plural, leyes trans, porque incluyen toda la normativa que sustituye la categoría jurídica “sexo” por “identidad de género”. La cual pretende ser ampliada mediante las conocidas como Ley Trans, Ley LGTBI y Ley Zerolo, a punto de entrar en el Parlamento, que introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se “equivoquen” en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros. Libertad de expresión que ya ha sido coartada en otros lugares, como es el caso de Escocia, en donde asistimos, hace dos semanas, a la detención y apertura de juicio contra Marion Millar por el simple hecho de publicar en Twitter un lazo de las sufragistas. De mujeres sufragistas.

En esta línea, exigimos la derogación de todas las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como es el caso de la Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia), recientemente aprobada, y algunas disposiciones de la Ley Celáa (de educación), que generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en IGUALDAD, sin tergiversar su significado en términos de “diversidad”, como ya está ocurriendo.

Además, exigimos la derogación de la normativa trans autonómica compuesta, entre otras, por 15 leyes de “autodeterminación de género”, 14 protocolos educativos y 15 protocolos sanitarios, que está permitiendo, aún sin existir una ley estatal que reconozca el derecho de autodeterminación del sexo, la implantación de políticas educativas sexistas, la vulneración de los derechos de las mujeres basados en el sexo (permitiendo el acceso de hombres a nuestros espacios y pervirtiendo las estadísticas) y la hormonación infantil indiscriminada. Y ello a pesar de que países de nuestro entorno (como Reino Unido, Suecia o Finlandia) que aprobaron estas leyes estén dando marcha atrás y prohibiendo el uso de bloqueadores de la pubertad por sus irreversibles y nocivos efectos secundarios.

En fin, denunciamos y nos indignamos ante el uso de la normativa trans para que violadores y asesinos entren en prisiones de mujeres. No podemos dejar de hacer mención hoy aquí al asesinato de Vanesa Santana en Fuerteventura, cuyo violador y asesino, Jonathan Robaina, se autodeterminó mujer el primer día del juicio (apenas tres días después de que se aprobase por unanimidad la Ley Trans en el Parlamento Canario), lo que, de no ser por el equipo de forenses que, contraviniendo la normativa autonómica de afirmación de la “identidad de género”, negó la existencia de disforia de género, se hubiera traducido, una vez más, en el traslado de un violador y feminicida a un módulo de mujeres al amparo de la Instrucción 7/2006 y la Ley Trans 3/2007, con la consiguiente puesta en peligro de la integridad de las reclusas. Algo que desde el Ministerio de Igualdad y el resto del Gobierno se ha negado hasta la saciedad que las leyes trans permitieran. “#EstoNoIbaAPasar” -decían-, pero ha pasado.

En este escenario, ante la ofensiva dirigida desde las instituciones contra los derechos de la mitad de la población y las evasivas del Gobierno, este #26J, el movimiento feminista vuelve a llenar las calles de dignidad para exigir públicamente:

La modificación y ampliación de la ley de violencia contra las mueres con todos los supuestos, protocolos, medidas y financiación adecuados para luchar de forma efectiva 

#ContraElTerrorismoMachista #NiUnaMás #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #ContraLaViolenciaMachista #ContraLaViolenciaVicaria

La aprobación de una ley abolicionista de la prostitución que prohiba todo acceso sexual a las mujeres por un precio: una ley digna de una sociedad democrática y no un simulacro de persecución de la explotación sexual como la ley de trata que se debatirá en breve en el Congreso

#LeyAbolicionistaYa #ContraElSistemaProstitucional #AboliciónProstitución #AboliciónPornografía #ProstituciónEsEsclavitud #NiSexoNiTrabajo #LaViolaciónNoEsFicción

La derogación de la instrucción del Ministerio de Justicia que permite el registro en España de bebés nacidas/os de la explotación reproductiva de mujeres empobrecidas de otros países. 

#STOPVientresDeAlquiler #STOPtráficodebebés #STOPtráficodeóvulos #NoSomosVasijas #NoALaExplotaciónReproductiva

El fin de la tramitación de leyes “Trans” que borran a las mujeres y destruyen nuestros derechos, los de la infancia, los de las personas homosexuales y los de las personas que sufren disforia de género, así como la derogación de todos los artículos que introducen la agenda Queer en nuestro ordenamiento jurídico.

#NoLeyesTrans #NoAutoIDGénero #SexoNoEsGénero #LeyesTransSonMisoginia #SerMujerNoEsUnSentimiento #NoALaHormonaciónyLaMutilaciónDeMenores #LaInfanciaNoSeToca #StopModasCriminales

Exigencias a las que no podemos dejar de sumar la denuncia del pacto de silencio que impide que se escuchen las voces críticas de las feministas y de multitud de voces expertas en los medios de comunicación públicos, ante la ofensiva que destruye nuestros derechos, y la connivencia de estos con la propaganda de la agenda Queer, financiada por los lobbies farmacéuticos y económicos de las grandes corporaciones internacionales.

Mujeres, compañeras, hermanas, el feminismo está en marcha y la Historia nos ha demostrado que la lucha sirve y es imprescindible. Hecho que hemos tenido ocasión de volver a comprobar recientemente al conocer el fallo del Tribunal de Apelación Laboral en favor de Maya Forstater, un año y medio después de haber sido despedida del Centro para el Desarrollo Global del Reino Unido, por tuitear y escribir sobre las implicaciones de la autodeterminación de sexo para los derechos de las mujeres.

Este #26J el movimiento feminista vuelve a elevar su voz centenaria para proclamar que: 

#NoNosCallarán
#NoNosBorrarán
#NoPasarán

Porque juntas somos invencibles y no pararemos hasta conseguir la libertad:

¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha feminista!

Respuesta del Ministerio ante la situación de alerta machista

Ante la oleada de asesinatos machistas de las últimas semanas, consideramos relevante compartir la respuesta dada por las instituciones. Compartimos por tanto la nota de prensa enviada el 17 de junio de 2021 por el Ministerio de Igualdad. 


Igualdad impulsa la coordinación interinstitucional para mejorar los servicios contra la violencia de género ante la situación de alarma machista

La delegada ha informado sobre las actuaciones, medidas y reuniones llevadas a cabo durante el último mes para la mejora y modernización de los protocolos y herramientas contra la violencia de género

17 de junio de 2021.– La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación a través de videoconferencia para actualizar los datos del servicio 016 del mes de mayo, así como para informar sobre las medidas y actuaciones en las que está trabajando el Gobierno como respuesta ante el repunte de asesinatos.

Rosell ha explicado el trabajo que está realizando el Ministerio de Igualdad desde el pasado 21 de mayo, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, convocó una reunión urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para la puesta en marcha del Plan de mejora y actualización de las herramientas y protocolos contra la violencia de género.

Desde entonces Igualdad ha impulsado la coordinación interinstitucional para mejorar los servicios contra la violencia de género ante la situación de alarma machista. Con ese objetivo, la ministra Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada Victoria Rosell, han mantenido varios encuentros de trabajo con distintas entidades para trabajar de manera coordinada en la lucha contra la violencia de género. Entre ellos una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska o con la Fiscal de Sala Delegada para la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato.

Por otro lado, el pasado 28 de mayo, con motivo del 10º aniversario del Convenio de Estambul, tuvo lugar el encuentro entre todas las personas que han ocupado el cargo de delegada o delegado del Gobierno contra la Violencia de Género desde 2005. Este acto sirvió para valorar la situación y el futuro de las políticas contra las violencias machistas y afirmar de forma conjunta que estas deben ser políticas de estado gobierne quien gobierne.

Avances normativos

La reciente aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Ejercicio de su Capacidad Jurídica, han significado el cumplimiento de algunas medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que implican, por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas ante un indicio de violencia, aunque este no se dé por vía penal; o también la consideración de la violencia vicaria como forma de violencia de género. Estos avances, ha afirmado la Delegada, “se asientan sobre la creencia de que un maltratador no puede ser un buen padre”.

Además, el pasado 11 de junio se recibió el informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, con un respaldo unánime al texto. Rosell ha recordado que esta ley, que va a ir previsiblemente al Consejo de Ministros en las próximas semanas, “va a suponer un hito y el cierre de una brecha de protección que existía en nuestro país desde aquel otro hito que fue la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral Contra la Violencia de Género”, al extender el concepto de violencia de género y su ámbito de aplicación a todas las formas de violencia contra las mujeres más allá de la pareja o la expareja.

Violencia machista

La delegada ha informado también de que en el mes de mayo fueron asesinadas 7 mujeres por violencia de género y 6 en lo que llevamos de junio, un total de 20 en lo que llevamos de año y 1.098 desde 2003. A su vez, si se confirmara oficialmente el asesinato de las dos niñas canarias serían 4 menores asesinados por violencia de género en 2021 y 41 desde 2013. En cuanto a los menores huérfanos y huérfanas por violencia de género, la cifra asciende a 7 menores de edad huérfanos en 2021 y 311 desde 2013.

Rosell ha trasladado la solidaridad del Gobierno con las familias de las mujeres y menores asesinados y su compromiso para brindarles el apoyo psicológico, jurídico y social necesario. “Estos asesinatos son solo la punta del iceberg de una violencia estructural y normalizada contra las mujeres”, ha afirmado. “Hay una gran cantidad de violencia física, psíquica, sexual económica y vicaria que queda oculta. El negacionismo es cómplice de la violencia de género, porque el silencio es el mejor cómplice del agresor”.

Accede al documento original y completo: Nota de Prensa del Ministerio de Igualdad 17.06.2021

Estamos de luto

La CIMTM muestra su más absoluto rechazo ante un nuevo asesinato de menores inocentes a manos de su padre

Hoy estamos de luto

Anna y Olivia, uno y seis años. Rocío Caíz, 17 años.
Conocemos hoy también la noticia de que Juana Rivas ya ha ingresado en prisión para cumplir condena. Intentaba proteger a sus hijos.

”Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente está condena es para mis hijos”. Así expresa Juana su sentir en el día de hoy. Esperará, entre rejas, el indulto que tantas hemos pedido.

Beatriz Zimmerman, nunca volverá a ver a sus hijas.
Y no olvidamos a todas las demás, que han perdido la vida tras el fin del estado de alarma. Las prefirieron muertas a libres.

Más y más vidas destrozadas. Hoy, las y los feministas estamos de luto

Por supuesto el sistema puede ser reforzado, las leyes mejoradas, los recursos para víctimas, más y mejor dotados. Pero si seguimos permitiendo que se niegue la evidencia. Si seguimos permitiendo que, como un mantra vacío de sentido, se repita una y otra vez ”ni machismo, ni feminismo”, seguiremos lamentando muertes como la de Olivia, como la de Rocío Caíz.

Hagamos pedagogía en las calles, eduquemos a nuestras hijas e hijos en igualdad. Y no olvidemos que lo que se está llevando este sistema patriarcal, profundamente injusto y violento, son vidas.

Violencia vicaria, violencia institucional, patriarcado, machismo, desigualdad. Palabras. Palabras que quizá, tememos, no se están entendiendo.

Por tanto hoy, desde la tristeza más profunda, solo nos queda apelar a la sociedad en su conjunto:

– Al movimiento feminista: permanezcamos unidas. Que las diferencias no nos impidan seguir trabajando de la mano por todas ellas y por las que vendrán.

– A todos los hombres justos que se saben iguales a sus compañeras, madres, hermanas: declaraos abiertamente feministas. Defended la igualdad, no caigáis en las trampas del lenguaje.

– A los medios de comunicación: compañeras y compañeros, llamemos a las cosas por su nombre y desechemos todo tipo de comentarios banales acerca del asesino. Era un buen padre, muy trabajador, muy amable con sus vecinos. La comunicación es poder. Hagamos uso del mismo con responsabilidad.

– A los negacionistas de la violencia machista, que se han embarcado en una lucha estéril: el movimiento feminista no niega la violencia intrafamiliar. Es más, la condena, igual que condena cualquier tipo de violencia. Por favor, abrid los ojos ya. No neguéis la evidencia. Nos están matando, es así. Y lo están haciendo porque somos mujeres.

– A la comunidad educativa en su conjunto: exigid referentes femeninos en todas las áreas. Sin empoderamiento, jamás habrá igualdad.

– Y por supuesto, a quienes tienen el poder de hacer justicia en los tribunales: no permitáis una incorrecta o parcial aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Tenemos herramientas. Apliquémoslas. Es tarde para Anna, Olivia y Rocío. Pero no permitamos que tras ellas haya más.

Por todos los feminicidios, por todas ellas Y SUS HIJAS/OS, por todo el dolor y la injusticia que hoy sentimos.

 

Cartel Convenio de Estambul

Las tareas pendientes de España en el décimo aniversario del Convenio de Estambul

A diez años de la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, creemos conveniente hacer un diagnóstico de la aplicación y los avances alcanzados en España desde el 1 de agosto de 2014, cuando entró en vigor el Convenio de Estambul.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación,  un hecho reconocido por el Convenio de Estambul, que contempla todas las formas de violencia contra la mujer que puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Para evaluar el nivel de cumplimiento de la legislación española y sus prácticas en materia de violencia contra las mujeres, se encargó a un grupo independiente de expertos (GREVIO) la tarea de vigilar la aplicación de la convención en todos los estados.

Así, en diciembre de 2020 se publicó el primer informe de evaluación del GREVIO, sobre las medidas legislativas y de otra índole que dan efecto a las disposiciones del Convenio de Estambul en el estado español.

A pesar de los avances efectuados y de los reconocimientos del grupo de expertos en materia de violencia de género al Gobierno de España,  aún quedan grandes retos y desafíos por delante para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones en nuestro país.

En este sentido, el GREVIO efectuó en su informe un listado de propuestas y recomendaciones dirigidas a las autoridades españolas.

Recomendaciones del GREVIO:

• Mejorar la implementación del Convenio de Estambul en relación a todas aquellas formas de violencia que reciben en este momento menos atención en la legislación, las políticas públicas y programas españoles, adoptando para ello un enfoque holístico en la prevención, protección y persecución de tales formas de violencia. Esto es de particular importancia en relación con la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y el aborto/esterilización forzosos.

• Fortalecer las medidas de prevención y luchar contra la violencia que afecta a las mujeres que están o podrían estar expuestas a discriminación interseccional, lo cual abarca mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, incluidas las gitanas, las mujeres migrantes y solicitantes de asilo, mujeres LGTBI.

Garantizar que la recogida y recopilación de datos se extienda a todas las formas de violencia contra la mujer contempladas en el Convenio de Estambul, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina.

Mantener y desarrollar esfuerzos para involucrar a la sociedad en general, en particular a hombres y niños, a través de programas de prevención, campañas y otras medidas de base comunitaria como forma de prevenir y luchar contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Continuar con los esfuerzos de sensibilización en torno a la violencia contra las mujeres y a que su implementación incluya todas las formas de violencia contempladas por el Convenio de Estambul, en particular la violencia sexual y la violencia digital.

• Aumentar los esfuerzos proporcionando información a todas las víctimas de violencia contra la mujer.

Adoptar un enfoque coordinado y amplio en la prestación de servicios médicos y forenses a las víctimas de violación y agresión sexual que vincule a las fuerzas y cuerpos de seguridad a otras agencias oficiales relevantes y profesionales médicos capacitados para satisfacer las necesidades de estas víctimas de manera compasiva y sensible a sus experiencias traumáticas.

• Proporcionar o coordinar servicios de apoyo especializados para mujeres desde un enfoque de género en todas las comunidades autónomas y para todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul.

• Tomar medidas promoviendo, en todas las comunidades autónomas, un completo mapeo de los servicios de apoyo especializados existentes en casos de violación y violencia sexual, acecho, acoso sexual, matrimonio forzoso, mutilación genital femenina y aborto/esterilización forzosos con el fin de subsanar, según las necesidades, las lagunas en la prestación de servicios.

Acelerar la ampliación del alcance de la línea nacional.

• Tomar medidas a fin de establecer un número suficiente de centros que deriven a las víctimas en situaciones de violación o violencia sexual que sean accesibles a víctimas de estos delitos. Garantizando apoyo psicológico y jurídico y la derivación a organizaciones especializadas.

• Revisar el nivel de gravedad requerido para determinar que una conducta sea calificada como acecho en virtud del artículo 172 del Código Penal español.

• Proseguir con las modificaciones del Código Penal a fin de que el delito de violación tipifique la falta de consentimiento de forma que se pueda articular en la práctica de forma eficaz por las fuerzas de seguridad, la fiscalía y el poder judicial.

Introducir formación y orientaciones para todos los integrantes del sistema de justicia penal que garanticen la comprensión del significado de lo que es la violación y la violencia sexual en tanto que delitos basados en la ausencia de consentimiento, no en la utilización de la fuerza.

Alinear la definición de acoso sexual del Código Penal español con la establecida en el artículo 40 del Convenio de Estambul ampliando su alcance a fin de asegurar su aplicabilidad en todos los ámbitos de la vida, públicos y privados, y eliminando cualquier requisito de intimidación, hostilidad o humillación objetivas y graves.

Dotar a todas las autoridades policiales pertinentes de los recursos, conocimientos y competencias que les permita dar una respuesta pronta y eficaz a todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul, en particular en relación con la violencia sexual, el matrimonio forzoso y el acecho.

Reforzar la asunción de la perspectiva de género y la calidad del trabajo de las unidades de valoración forense en relación a todos los casos en los que emiten denuncias a los tribunales, en particular en relación con los delitos de violación y agresión sexual, así como de violencia de la pareja o expareja.

• Identificar y abordar a la mayor brevedad todos los factores legislativos y procesales que contribuyen a que exista un umbral de suficiencia probatoria excesivo en los juicios en relación a la violación, tomando como referencia el principio de ahorrar a las víctimas la experiencia traumática que supone los procedimientos judiciales y de investigación.

• Garantizar que las víctimas de todas las formas de violencia cubiertas por el Convenio de Estambul tengan acceso de jure y de facto a asistencia letrada en una etapa temprana del procedimiento.

Principales logros en los primeros diez años del Convenio de Estambul: 

En el informe lanzado por el European Women’s Lobby (EWL) titulado “Hacia una Europa libre de violencia machista contra mujeres y niñas” , se detallan los logros alcanzados hasta la fecha en los 23 países que han ratificado el tratado, subrayando el papel clave de la Convención en la promoción de cambios positivos en las medidas de prevención, enjuiciamiento y protección para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Entre los principales hallazgos:

  • En 14 de los 23 países analizados (61%), se han intensificado los esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica.
  • En 15 de los 23 países analizados (65%), las mejoras en las investigaciones y el enjuiciamiento ya son visibles.
  • 19 de los 23 países examinados (83%) han mejorado los servicios de protección para mujeres víctimas de violencia y víctimas de violencia doméstica.
  • En referencias específicas a España, el informe destaca que la aplicación de las disposiciones del Convenio de Estambul se ha incluido como una prioridad clave en los planes de los gobiernos para los próximos años.

Creciente oposición al Convenio

Sin embargo, el informe también alerta sobre la creciente oposición política contra el Convenio de Estambul presenciada en algunos países europeos y el bloqueo político que impide la adhesión de la UE al tratado. Recordemos la lamentable salida por parte de Turquía del Convenio de Estambul como el ejemplo más reciente de esta preocupante oposición que atañe a los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En este sentido y para finalizar reiteramos la urgente necesidad de que los países que aún no han ratificado el Convenio de Estambul, den un paso adelante, ratifiquen y apliquen el Convenio sin reservas, y se comprometan con el mecanismo de rendición de cuentas del GREVIO para intercambiar ejemplos de buenas prácticas.

Cartel Convenio de Estambul

Logo Plataforma 7N

Indulto para Juana Rivas

La Plataforma 7N contra las violencias machistas expresa su rotundo rechazo a la decisión del titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada que ordena el ingreso en prisión de Juana Rivas y exigimos al Gobierno que la petición de indulto para ella se resuelva de forma favorable con urgencia, y, mientras tanto, se suspenda la orden de ingreso en prisión al estar tramitándose la petición de indulto en virtud del art. 4.1 del Código Penal.

Pero no sólo reclamamos su indulto, también exigimos que le devuelvan de forma urgente la custodia de sus dos hijos, arrebatada judicialmente en virtud del falso síndrome de alienación parental, no teniendo en cuenta que son los tres, tanto ella como sus hijos, víctimas de violencia machista.

El CGPJ recomendó la no aplicación del falso SAP, y también la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de Junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, recién publicada en el BOE (BOE-A-2021-9347) prohíbe su uso

Su aplicación por los Juzgados contraviene los dictámenes de la Cedaw y del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Luis Pedernera, presidente de la comisión de los derechos del niño de Naciones Unidas ha instado a España a prohibir el falso SAP, y la Relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer resalta el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia de nuestro país y recuerda que España ya fue condenada en 2014 por el caso de Ángela González Carreño sin que hasta la fecha se adoptaran muchas de las medidas propuestas, y solicitó a España resultados de una investigación y tomar medidas ante el caso de Irune Costumero, algo que tampoco ha tenido respuesta.

A principios de Julio se resuelve de forma definitiva la custodia de los hijos de Juana Rivas en Italia

Exigimos que el Estado español actúe en aplicación de la reciente Ley de infancia y de las normativas internacionales, e interceda para que se investigue la violencia machista ejercida sobre los dos niños y se les escuche, especialmente a Gabriel, el hijo mayor, que ha expresado de forma reiterada un petición desesperada de ayuda ante el maltrato de su progenitor.

Juana Rivas es una víctima, y sus actos están motivados por la protección de sus hijos, también víctimas, ante un sistema que los abandona. Su desobediencia ha estado motivada por el intento de proteger a sus hijos, que es lo que habría hecho cualquier madre, y debería considerarse como una mujer luchadora que defiende a sus hijos de malos tratos, sin embargo el sistema judicial la castiga, castigando con ello también a sus hijos al separarlos de su madre. La responsabilidad plena es del Estado español que no sólo no protege a las víctimas, sino que además las castiga por tratar de defenderse y defender a sus hijos de la violencia machista, que ya fue demostrada judicialmente. Cuando la población grita “Juana somos todas” y “Juana está en mi casa” es el grito del clamor popular de que se haga justicia, y esto debería ser escuchado.

Estamos observando con estupor el constante dolor provocado por sentencias injustas, porque tanto en el caso de Juana, como en el del resto de madres en situaciones análogas, no se trata de sentencias desproporcionadas: son sentencias injustas.

Nuestra indignación se agrava con determinadas actuaciones judiciales, como la inminente premura del Juez Piñar de ordenar el ingreso en prisión adelantándose a la tramitación del indulto y al juicio sobre la custodia de los niños, cuando por otra parte observamos una ralentización excesiva de los procedimientos en los que existen indicios de violencia, la falta de investigación en casos de abusos sexuales y maltrato, que no se estudien los casos en profundidad desoyendo incluso informes médicos públicos y de especialistas que alertan de la presencia de violencia machista, y a pesar de las pruebas, se suceden retiradas de custodias y los desgarradores arrancamientos de niñas y niños de sus madres, la falta de órdenes de protección a mujeres, niñas y niños, y la revictimización constante que sufren.

Es inadmisible que en un estado de derecho se vulnere el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, así como el derecho fundamental al acceso a la justicia y a un proceso judicial con todas las garantías, siendo de especial gravedad cuando se trata de personas especialmente vulnerables como son los menores y que nuestra legislación reconoce como víctimas directas de la violencia de género. Observamos con indignación como los agentes públicos, especialmente los judiciales, proceden en demasiadas ocasiones con arbitrariedad y sin tener en cuenta las regulaciones de protección ante la violencia de género y la infancia. El sistema, dando la espalda a las mujeres y menores que solicitan protección, les condena a vivir en el desamparo y en una constante situación de riesgo, y además les castiga al tratar de escapar de ella.

Machismo estructural

Todo ello nos indica un machismo estructural por parte de nuestras instituciones que ejercen un abuso de poder contra las mujeres y sus hijos, que no sólo son víctimas de violencia machista, sino también de la violencia institucional, que es aún más grave, porque procede de aquellos órganos públicos que deben velar por la protección y seguridad de la víctima, dejándola en situación de desamparo.

Estamos siendo testigos de sentencias que alarman a la sociedad, que pretenden ser un castigo ejemplar y un aviso a navegantes, y que dejan en un estado de indefensión a las víctimas ante la violencia institucional. Y nos preocupa mucho porque esto no es un caso aislado, ni de varios casos mediáticos, se trata de miles y miles de madres anónimas. ¿Pedimos indulto para todas? No podemos suplicar de forma continuada la libertad de mujeres inocentes, mujeres que aunque consigan un indulto para no ingresar en la cárcel, se sienten ya encarceladas por el sufrimiento inmenso de haberles arrebatado a sus hijas e hijos sólo por el hecho de haberlos protegido, una protección que les ha negado el Estado, que además los ha castigado entregando a los niños víctimas de violencia machista a sus abusadores sexuales y maltratadores. Estamos ante la perversión de un sistema cómplice del maltrato y ejecutor de la violencia machista.

Esta justicia machista y patriarcal no nos protege a las mujeres ni a nuestros hijos, y por tanto no nos representa. Jueces y juezas suponen una amenaza de los derechos fundamentales de muchas mujeres y de niñas y niños de nuestro país. Es un sistema castigador, que pretende aleccionar a las mujeres que piden y esperan justicia para ellas y para sus hij@s, víctimas de la violencia machista.

Desde la Plataforma 7N contra las violencias machistas reclamamos que se ponga fin a la violencia institucional y la impunidad de este sistema de desprotección hacia las mujeres y sus hijas e hijos, y

Exigimos:

Indulto para Juana Rivas y su no ingreso en prisión. Que se reconozca la violencia ejercida sobre ella y sus hijos con la consiguiente restauración de la custodia a favor de ella, con medidas de protección ante el maltrato.

Indultos y restauración inmediata de custodias a favor de las madres protectoras de sus hijas e hijos frente a la violencia machista, sin régimen de visitas ni patria potestad para los maltratadores y abusadores sexuales: Irune Costumero, Sara (#mamaestacastigada), María Sevilla, Patricia González, María Ugarte (#marianoseva), Ana María Bayo, Silvia Aquiles (#justiciaparasilviaysushijos), María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, así como el resto de madres en situaciones similares.

Regulación específica de la violencia institucional, con especial atención a la mala praxis de los operadores jurídicos, y un desarrollo específico y completo de la prohibición del uso y apología del falso síndrome de alienación parental, con aplicación de penas, sanciones e inhabilitaciones profesionales. Exigimos que se ponga fin a la impunidad de los agentes públicos que ejerzan violencia institucional y que la desprotección y el castigo que ejercen las instituciones contra las madres protectoras y sus hijos víctimas de violencia machista sea calificado como delito de lesa humanidad.

Cartel Manifestación Juana Rivas

Hablamos de Ecofeminismo en el Día Mundial del Medio Ambiente

Cada 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

Es inevitable pasar por este día sin reivindicar el Ecofemenismo. Una corriente que, según define la Women´s Environmental Network, integra tres movimientos: el feminista, el ecológico y el de la espiritualidad femenina.

Las ecofeministas fueron las primeras en dar la voz de alarma acerca de que la pobreza cada vez más tiene rostro de mujer. Además de desarrollar su propia corriente feminista y realizar estudios sobre las dioxinas (un grupo de compuestos químicos que son contaminantes ambientales persistentes), nuevas técnicas agroquímicas y contaminación, son tremendas activistas.

Así lo demuestran dos de los movimientos más reconocidos:

Chipko, nacido en la India y difundido por Vandana Shiva, ganadora de un premio Nobel alternativo. El movimiento nace en los setenta como resultado de un grupo de mujeres que se opuso conjuntamente a la deforestación en el estado indio de Uttar Pradesh. Haciendo honor al significado en hindi del movimiento (abrazar), las mujeres se abrazaban a los árboles para evitar que fueran cortados e iniciaron una campaña masiva de plantación. En consecuencia, el Gobierno dió su aprobación en 1980 a una moratoria en la tala de árboles.

– Cinturón Verde, surgido en Kenia y liderado por Wangari Maathai (galardonada con el Nobel de la Paz en 2004), quien inició su activismo a partir de la reflexión de que las mujeres no podemos esperar sentadas mientras nuestros hijos se mueren de hambre. Este grupo nace en 1977 aunando el desarrollo comunitario con la protección medioambiental. Desde entonces las mujeres que lo componen han plantado treinta millones de árboles y creado cinco mil guarderías.

Las corrientes del ecofeminismo hasta la actualidad

La relación entre las mujeres y la naturaleza ha ido experimentando cambios y nutriéndose a lo largo de los años. En este largo recorrido por el movimiento ecofeminista, Ráchale Carson destaca por allanar el camino con la publicación en 1962 de su libro Primavera silenciosa. Una obra premonitoria en la que ya denuncia a los avances tecnológicos como los desencadenantes de una gran crisis ecológica.

El ecofeminismo clásico de los años ochenta se caracteriza por defender que las mujeres poseen características innatas para el cuidado de la naturaleza y la preservación de la paz. Bajo la influencia de Mary Daly y su publicación Gin/Ecología: la metaética del feminismo radical, se desarrolló una ginecología alternativa y se puso en el centro la salud de las mujeres y la recuperación del control sobre el propio cuerpo.

La segunda corriente llega con el ecofeminismo espiritual, para aportar una crítica al modelo del desarrollo occidental, lo que se entrelaza con el principio femenino de la naturaleza como fuente de vida y la cosmovisión de los diferentes pueblos. Destacan las aportaciones de Vandala Shiva.

El tercer salto lo marca el ecofeminismo constructivista, y a diferencia del resto, rechaza el enfoque esencialista y pone el foco en el origen sociocultural del vínculo entre mujeres y naturaleza.

Según plantea el movimiento, el hecho de que las mujeres hayan desarrollado su inclinación por el bien comunitario y la necesidad de proteger el medioambiente, es fruto de la división sexual del trabajo. En esta corriente destacan las voces de la australiana Val Plumwood y Bina Agarwal, quien señala que son las mujeres quienes más sufren los efectos de la degradación ambiental. Algo que unido a las tareas de cuidado que tradicionalmente nos han sido asignadas, sitúa a las mujeres en una mayor predisposición para la defensa del territorio.

Finalmente, ha sido la cuarta ola la que ha hecho del ecofeminismo una seña de identidad para todo el movimiento, entrelazando feminismo, pacifismo y ecologismo, señalando un cambio de modelo que implique al estado, al sistema económico y a las relaciones interpersonales y colocando como prioridades la crisis medioambiental y la crisis de los cuidados.

En definitiva, el ecofeminismo de la cuarta ola trata de poner la vida en el centro de un sistema económico – social sostenible, y alejándola del insostenible sistema que la desprecia y se desentiende de cómo criar, cuidar, alimentar, y sanar.

El ecofeminismo actual reivindica que la economía incluye todos los procesos sociales que fundamentan la vida digna de las personas sin olvidar la necesidad de mantener una relación sostenible con la naturaleza. Entre sus denuncias destaca el uso de las sustancias tóxicas en alimentos, cosméticos o productos de limpieza, ya que son altamente nocivas para el medioambiente y en algunos casos además provocan daños diferenciales en las mujeres.

En este sentido, las ecofeministas también critican la desproporcionada patologización y medicalización de los cuerpos de las mujeres en beneficio de la industria farmacéutica. Por otro lado, el movimiento denuncia los efectos colonialistas de los tratados de libre comercio que expolia los recursos locales de comunidades y pueblos , despojando a las poblaciones originarias de sus territorios y obligando en muchas ocasiones a la migración o a jugarse la propia vida en defensa de la tierra.

Si algo tiene claro este movimiento, es que no podemos seguir consintiendo la falta de compromiso e irresponsabilidad política ante la emergencia climática y su permisividad con el lucro de empresas energéticas.

Uno de los grandes objetivos de esta unión es lograr el desarrollo de otros modelos agrícolas más saludables y con mayor presencia de mujeres, ya que a día de hoy es más que evidente la masculinización de la industria agroalimentaria y la ganadería intensivas, que hasta el momento no ha tenido un especial cuidado por la conservación y el cuidado del medioambiente.

La prostitución no es trabajo, es violencia patriarcal

Suscribimos y reproducimos a continuación la nota de prensa emitida por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) al respecto del adelanto hecho por el Consejo General del Poder Judicial en referencia al Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

Esperaremos a conocer el texto íntegro de la Sentencia antes de pronunciarnos al respecto como organización que, junto a la Plataforma 8 de marzo de Sevilla y con el respaldo de la PAP, interpuso la demanda en primer lugar, solicitando la nulidad de los estatutos de OTRAS, argumentando que la prostitución es violencia, no un trabajo, y que por lo tanto no puede ser sindicable.


La prostitución no es trabajo, es violencia patriarcal

Señalamos que se ha cumplido el objetivo principal del Recurso inicial ante la Audiencia Nacional, que era impedir que la prostitución pudiera ser considerada como un trabajo y ese es el resultado.

El Tribunal Supremo establece claramente que: “con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo”.

Como consecuencia de ello, imposibilita que los proxenetas puedan organizarse empresarialmente y, por tanto, no cabe como pretendía el seudo-sindicato OTRAS, blanquear el proxenetismo.

En consecuencia, si no existe patronal y no existe relación laboral, es evidente, que es pura falsedad hablar de organización sindical, parece que, aunque el fondo de la Sentencia así lo reconoce, el TS no ha tenido la valentía de decirlo así de claro.

Lamentamos que el Tribunal Supremo, antes de trasladar la Sentencia a las partes, haya lanzado la noticia como si de un periódico amarillista se tratara, sin duda, con efectos desconcertantes y posiblemente de desinformación. Esta práctica del Consejo General del Poder Judicial es muy nociva pues representa un modelo de  desinformación, intoxicación y falta de respeto a las partes en los procedimientos.

Esperamos a tener definitivamente el texto de la Sentencia, que el Tribunal Supremo dice la tendrá en los próximos días, para entrar en el fondo del asunto. No obstante, sólo con lo apreciado en la nota informativa, se confirma lo que el Movimiento Feminista defiende y es que la prostitución no es un trabajo, sino una de las formas más extremas de violencia patriarcal y, por lo tanto, inasumible por un estado democrático asentado en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Hoy, con más razón exigimos la aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional –LOASP-  porque la prostitución no es un trabajo, es violencia patriarcal.


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