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Desde la CIMTM, pedimos el cumplimiento urgente de las medidas contenidas en el Pacto de Estado

24/11/2017

El actual sistema de Valoración es insuficiente. La necesidad del establecimiento de Unidades de Valoración Forense Integral en los Juzgados resulta acuciante.

Dos son los hechos sucedidos en las últimas semanas que nos mueven a compartir estas reflexiones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Desde la CIMTM condenamos el asesinato de una mujer de 28 años en la ciudad de Elda, el pasado 9 de noviembre y el asesinato de la niña en Alcira (Valencia), de tan solo dos años de edad ocurrido el domingo día 12 de noviembre.

El Informe del Pacto de Estado elaborado por la subcomisión de Violencia de Género del Congreso, aprueba entre sus 213 medidas, establecer en los Juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, de las que formen parte profesionales especializados, psicólogo/a, médico forense, trabajador/a social, que entre otras funciones asistan a los Tribunales para realizar la valoración del riesgo.

El actual sistema de Valoración es insuficiente. Más de un 99% del total de los casos de violencia de género activos, presentan un riesgo considerado como ‘no apreciado’, bajo o medio según los actuales estándares de valoración.
Este dato contrasta de forma evidente con el número de denuncias y casos de asesinatos de mujeres y menores por violencia de género. Algo está fallando en el sistema de Valoración.

No se tiene en cuenta que la violencia de género tiene unas especificidades que la diferencian de otros tipos de violencia. Es asimétrica, progresiva, en muchos casos hasta convertirse en habitual y normalizarse por la propia víctima, instrumental, y en ella juega un papel fundamental el elemento afectivo, que genera una simbiosis de dependencia entre la víctima y el agresor.

A ello se une la tendencia de los Tribunales a minimizar los hechos denunciados y en su caso a considerarlos como hechos puntuales, fruto de la tensión en las relaciones de pareja, que se vive en el momento de ruptura de la convivencia. Sin percibir que este es el momento donde el riesgo se intensifica como consecuencia de la inminente pérdida de poder del agresor sobre su víctima.

Que decir de las secuelas que sufren los menores que viven en contextos de violencia. Ya son entre 60 y 80 los niños y niñas que han quedado huérfanos/as en los dos últimos años y 8 los asesinados en lo que va de año.

Pero todavía son invisibles los niños y niñas que sufren en silencio la violencia. Desde nuestra entidad y en nuestro programa de intervención con menores, hemos podido observar que estos niños/as sufren cambios de comportamiento, bloqueo emocional, lesiones físicas y psicológicas que se cronificarán de no detectar a tiempo la situación.

Así mismo, suelen presentar baja autoestima, depresión, conductas agresivas o regresivas y problemas de alimentación. Una vez alcanzada la adolescencia, se identifican conductas delictivas, escapismo y consumo de estupefacientes entre otros.

En tal sentido desde nuestra entidad nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas, y manifestamos de forma enérgica que los Poderes públicos no pueden ser ajenos a estos hechos, que demuestran una vez más la necesidad de dar cumplimiento urgente a las medidas contenidas en el Pacto de Estado, porque sus hijos/as son nuestros hijos/as y todos/as somos parte de esta sociedad donde no aceptamos vivir bajo la amenaza de la Violencia.