Malos tratos

Solicitud de nulidad de pleno derecho del procedimiento para la inscripción del sindicato OTRAS

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en una solicitud conjunta han solicitado a la Dirección General de Trabajo adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la NULIDAD DE PLENO DERECHO del procedimiento seguido por la administración para la inscripción del sindicato OTRAS.

Esta petición ha sido efectuada por el movimiento feminista ante la certeza de que la inscripción del sindicato atenta contra los derechos humanos de las mujeres, ya que la prostitución es una de las formas más execrables de violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas, suponiendo una de las expresiones de dominación y violencia patriarcal, de todo punto incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dicha violencia.

Nuestra organización, que ya interpuso una demanda judicial instando la NULIDAD DE PLENO DERECHO de los estatutos y del acta de constitución del sindicato ante la Audiencia Nacional, complementa su actuación volviendo a actuar esta vez contra el Gobierno y solicitándole al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que enmiende su negligencia institucional en este asunto, puesto que cualquier negligencia o inacción gubernamental, podría suponer la normalización de la prostitución y la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.

La petición ante la Administración se realiza tras la dejación del propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en efectuarlo de oficio tal como había asegurado, así como ante la alarma generada con sus declaraciones en los medios de comunicación acerca de que no actuarán de oficio, permaneciendo a la espera de una resolución judicial.

La errática actuación de la Administración ante un asunto de esencial trascendencia para todas las mujeres y, por ende, para toda la sociedad, pone en cuestión las declaradas posiciones abolicionistas del actual gobierno, así como el compromiso del mismo en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, por lo que conlleva de vulneración de derechos humanos la admisión de un Sindicato denominado de trabajadoras sexuales (OTRAS) en el Estado español.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres