Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de buscar soluciones orientadas a un desarrollo inclusivo, es decir, que impulsen un mundo más accesible y equitativo para todas las personas.

Sin duda, la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Este día se celebra en línea con la promesa de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta la existencia de una innegable discriminación hacia las personas en situación de discapacidad.

Pese a los avances de los últimos años, el capacitismo sigue siendo una realidad clara en nuestra sociedad, que se manifiesta incluso en forma de barreras físicas.

Doble discriminación: por el hecho de ser mujeres y por el hecho de estar en situación de discapacidad.

Los datos reflejan una realidad ineludible:

Una de cada tres mujeres con discapacidad sufre violencia machista, según Fundación ONCE, y el riesgo de ser víctimas de violencia machista es cuatro veces mayor, según un estudio del Parlamento Europeo.

Tal y como expresa la ONU, las personas con discapacidad son las más excluidas y olvidadas, y esto solo hace que la violencia sufrida por mujeres y niñas con discapacidad sea tremendamente invisibilizada. Es una violencia que se sufre desde la infancia, de manera continuada y estructural, lo cual contribuye a su normalización

El estudio “Mujer, discapacidad y violencia de género”, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas en 2020, evidencia la gran variedad de violencias que pueden sufrir las mujeres y niñas con discapacidad. El informe destaca que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo mucho mayor de sufrir violencias basadas en estereotipos sociales, sobre todo en base a la deshumanización (ser tratadas como “mentalmente peligrosas”) y tremenda infantilización que sufren por parte de la sociedad. Estos prejuicios solo contribuyen a su exclusión y aislamiento, facilitando que sean objeto de violencia machista y dificultando su detección.

La violencia machista en mujeres con discapacidad puede ser sobre todo de naturaleza física, psicológica, sexual y económica, con unas terribles consecuencias, que incluyen el abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación, arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilización forzosa y tratamiento psiquiátrico forzoso. Cabe destacar también el grave abandono de cuidados que pueden llegar a sufrir, debido a negligencias e invisibilización.

Aumentan las consecuencias psicológicas para la víctima

El estudio (corroborado por los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la mujer 2019) muestra que el 77% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica frente al 69,4% de las mujeres sin discapacidad acreditada que han sufrido esta violencia.

Las mujeres y niñas con discapacidad que se encuentran en una situación de violencia machista se enfrentan a una serie de barreras aún mayor que el resto de mujeres(Mujer, discapacidad y violencia de género, 2020):

• Autoestima mermada y deteriorada
• Falta de información y dificultad para acceder a los recursos formales frente a la violencia de género.
• Falta o poca credibilidad  cuando deciden desvelar su situación.
• La perpetuación del amor romántico con el miedo a perder a su agresor que además es el que le cuida y del que, muchas veces, depende para las actividades básicas de la vida diaria y la imposibilidad de defenderse físicamente del agresor.
• Falta de concienciación y estereotipos nocivos por parte del funcionariado público, la judicatura, la fiscalía o la policía.

Todo lo anterior evidencia que la sensibilización es vital para la prevención y detección, por parte tanto de la sociedad y por parte de los diferentes servicios de los que las mujeres con discapacidad hacen uso: Servicios Sociales, Servicios de Salud, Centros ocupacionales, etc.

La cercanía de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas determina quién da la voz de alarma sobre los abusos, por lo que es absolutamente necesaria una formación específica a profesionales para que puedan actuar, sobre todo teniendo en cuenta que el cuidador es en gran parte de los casos el agresor, utilizando su posición y cercanía a la víctima para ejercer violencia.

Tampoco podemos olvidar que este tipo de violencia se previene cambiando nuestro imaginario, es decir, acabando con la conciencia social que perpetúa las desigualdades y discriminación estructurales hacia las personas en situación de discapacidad. Solo una sociedad sin barreras basadas en el género, discapacidad y otras realidades podrá ser una sociedad libre de violencias.

Aitana García Vilar-Colaboradora de la CIMTM