La organización internacional Women’s Link Worldwide y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que recogen los casos de 6 mujeres migrantes en situación administrativa irregular a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Se trata de mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas eran víctimas de trata y de explotación sexual.

En la queja, las organizaciones denuncian que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018,  que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.

Women’s Link y la Comisión explican que, según la ley de interrupción del embarazo (Ley Orgánica 2/2010), el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas. Sin embargo, los requisitos que el decreto ley establece para que las mujeres migrantes puedan acceder a la asistencia sanitaria pública, se convierten en graves obstáculos en el acceso al aborto y provocan retrasos que pueden hacer que las mujeres se salgan de los plazos establecidos por la ley de interrupción del embarazo.

En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando por fin obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, muy cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.

“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción. Con esta queja queremos pedir al Defensor del Pueblo que investigue estos obstáculos y emita una serie de recomendaciones a las diferentes administraciones de salud para que esta práctica discriminatoria cese”, explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.

Las organizaciones también explican que, además del obstáculo que suponen los requisitos que establece el propio decreto ley, en algunos casos los centros de salud imponen otras limitaciones no contempladas en la ley. Una de las más habituales es tener que justificar 90 días de empadronamiento. Sin embargo, este no es un criterio establecido por el decreto, sino que se trata de una práctica restrictiva que se ha extendido en los centros de salud de Madrid.

“En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyos”, explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos. “Un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa”, concluye.

Sobre las organizaciones firmantes de la queja:

Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una organización sin ánimo de lucro compuesta por profesionales feministas que trabajan con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, defender sus derechos y lograr una sociedad igualitaria.