Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres queremos exponer que:

La ampliación del PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 con medidas adicionales para las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución propone el mantenimiento de las actuales medidas que, desde las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales, estamos implementando desde el comienzo de la emergencia sanitaria en unos casos y relega a posteriores desarrollos normativos en otros, como las ayudas económicas de renta mínima, según consta literalmente en el documento publicado: “así como los casos de extrema vulnerabilidad de mujeres en situación de prostitución, a través de su inclusión como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, regulado en una norma de próxima aprobación” .

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres, hemos adaptado nuestros recursos a la realidad actual y hemos sido las únicas que hemos dado respuesta a la mayoría de las necesidades de las mujeres en prostitución de un modo u otro.

Sin embargo, desde el Gobierno, se justifica el plan en la falta de servicios de atención que las entidades sociales y de mujeres hemos dejado de prestar estos días, responsabilizándonos de exponer a las mujeres a una mayor vulnerabilidad y desprotección de derechos, cuando la realidad es que todas las entidades seguimos trabajando del mismo modo y de manera adaptada.

Se transcribe literalmente el texto del Plan: “Las entidades y ONGs especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su intervención asistencial y ambulatoria de carácter presencial por la limitación de circulación, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos.”

A pesar de esto, todas las medidas previstas en el plan se sustentan en la atención prestada por las entidades sociales y de mujeres que venimos prestándolas.

Lo que estamos demandando las organizaciones feministas abolicionistas es que el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales y aproveche la situación actual para definir claramente la prostitución como una forma de violencia machista y acabar con el sistema prostitucional y con los que verdaderamente obtienen beneficios del mismo: las redes de proxenetismo y los prostituidores. Esto es lo que verdaderamente acabará con la trata con fines de explotación sexual, la prostitución, la vulnerabilidad y desprotección de las mujeres en contextos de prostitución.

En tal sentido hubiera sido deseable, que el plan hubiera incluido medidas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia machista, su integridad física, psicológica y sexual. Para ello se necesita articular una propuesta económica contundente, recursos habitacionales, atención integral y recursos laborales para todas las mujeres en contextos de prostitución. De otro modo, serán las redes de proxenetas las que seguirán explotando a las mujeres y beneficiándose de sus ayudas.

En todo caso, consideramos que la única medida realmente efectiva para acabar con el sistema prostitucional será la aprobación de UNA LEY ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL. Tan solo de este modo se acabará con la flagrante vulneración de los derechos humanos de todas las mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Mujer en situación de prostitución bajo el puente del río Guadarrama