Hace más de dos décadas, el testimonio de Ana Orantes sacudió a toda España. En 1997, su valentía al denunciar públicamente años de maltrato encendió una alarma social que no podía seguir siendo ignorada. Pocos días después, fue brutalmente asesinada por su exmarido, dejando una herida que se transformó en motor de cambio.

Gracias a su memoria, al clamor colectivo y al trabajo incesable de las organizaciones de la sociedad civil, en 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un hito que marcó un antes y un después en la protección de las mujeres que sufrían violencia en el ámbito de la pareja o expareja. Por primera vez, se reconocía de manera explícita la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se establecían medidas integrales para prevenirla, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. 

Lamentablemente 20 años después se pone en tela de juicio la ley, aún cuando los datos extraídos de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género , a fecha del 27/12/2024, evidencian que sigue siendo un problema social y estructural:

1.291 mujeres asesinadas a causa de la violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. 

62 menores de edad asesinatos a causa de la violencia de género desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.

468 menores huérfanos/as a causa de la violencia de género desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.

Avances significativos

Con la perspectiva de veinte años de recorrido e implementación de la ley 1/2004, podemos señalar como punto de partida que las violencias machistas pasaron de ser una cuestión privada a ser una cuestión pública. Antes de la ley, la violencia machista era un problema invisibilizado y estigmatizado. Las mujeres en situación maltrato se encontraban generalmente solas, sin recursos disponibles y sin protección cuando acudían a las autoridades a denunciar su situación, ya que el sistema judicial no contaba con una respuesta para plantar cara a la violencia machista, tal y como le ocurrió en reiteradas ocasiones a la ya mencionada Ana Orantes.

Desde la aprobación de la ley en 2004 más de dos millones de mujeres han denunciado la violencia de género sufrida.

• Creación de juzgados especializados: La ley estableció juzgados específicos para tratar casos de violencia de género, mejorando la atención y protección a las víctimas
• Planes de actuación y protocolos: Se han implementado planes y protocolos de colaboración entre distintas instituciones para garantizar una respuesta coordinada y eficaz.
• Sensibilización y educación: Se han desarrollado campañas de sensibilización y programas educativos para prevenir la violencia de género desde edades tempranas.
• Asistencia integral a las mujeres y menores en situación de violencia : Se han creado centros para ofrecer atención psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo social a las mujeres víctimas.

Retos pendientes

• Brecha rural: En zonas rurales, las mujeres denuncian en menor proporción debido a la falta de recursos cercanos o el miedo al estigma. En este sentido, es imprescindible garantizar el acceso de las mujeres a los recursos públicos independientemente de su lugar de residencia. Para ello es imperativo mejorar la coordinación y asistencia de los centros de salud como la primera puerta para la detección de casos y revertir la falta de servicios como juzgados especializados, formación específica de la Guardia Civil o prevención en centros escolares.
• Nuevas formas de violencia: con el paso del tiempo han surgido nuevas formas de violencia, como el ciberacoso o la violencia vicaria, que requieren de respuestas específicas y adaptadas a las nuevas tecnologías.
• Reforzar la prevención desde la educación: desde la CIMTM llevamos años reivindicando la prevención a través de la educación en igualdad desde edades tempranas como una herramienta clave para erradicar la violencia de género en las generaciones futuras. Hoy más que nunca, para hacer frente al negacionismo de la violencia machista que cala especialmente en las generaciones más jóvenes, es necesario trabajar en la transformación de los roles de género y en la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
• Compromiso de las instituciones públicas: La falta de recursos es responsabilidad de las instituciones públicas, ya que tienen un papel primordial en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, es fundamental garantizar y blindar la financiación destinada a la prevención, concienciación, identificación, intervención y protección  para las víctimas, así como fortalecer la coordinación entre las diferentes administraciones y mejorar la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito.

Necesidad de seguir avanzando

No podemos olvidar que el progreso en la erradicación de la violencia de género no sería posible sin el compromiso y la lucha incansable de las organizaciones feministas que trabajan día a día para proteger, acompañar y facilitar la recuperación integral de las mujeres y menores.

Solo juntas y juntos, desde la unión y el compromiso, podremos construir una sociedad más justa y libre, donde ninguna mujer sufra violencia por el mero hecho de serlo.

Si necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda estar sufriendo violencia de género, no dudes en contar con nosotras, a través de nuestro teléfono gratuito de atención a la mujer 900 100 009 llevamos más de cuarenta años al lado de las mujeres y menores en situación de violencia.