El Parlamento ha aprobado este miércoles la primera normativa europea para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones. Esta directiva exige leyes más estrictas contra la ciberviolencia, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) acogemos con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo, que reconoce la urgente necesidad de abordar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, tanto en línea como fuera de ella. En un análisis del texto acordado, el European Women’s Lobby (EWL) destaca que esta Directiva marca un hito significativo al reconocer por primera vez que la violencia contra las mujeres obstaculiza la igualdad entre mujeres y hombres, una obligación fundamental de la Unión Europea según lo estipulado en los tratados.

A pesar de celebrar este hito, numerosas organizaciones de mujeres lamentamos el bloqueo de varios aspectos clave de la Directiva por parte del Consejo, especialmente la decisión de Francia y Alemania de excluir el artículo 5 sobre la definición armonizada de violación basada en el consentimiento, en línea con las normas del Convenio de Estambul.

En consonancia con el Lobby Europeo de Mujeres, desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, reafirmamos nuestro compromiso en la promoción de los derechos de la mujer.  Unidas, seguiremos trabajando por una Europa en la que todas las mujeres y niñas estén seguras para vivir una vida libre de violencia machista y discriminación.

Las nuevas normas pretenden prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas

Las nuevas normas prohíben la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, y establecen orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.

La normativa también incluirá una lista más exhaustiva de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos.

Accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva

Debe darse prioridad a la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluido el acceso a alojamientos protegidos. La asistencia sanitaria debe ser accesible, sin excluir los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades de los países miembros tendrán obligaciones más estrictas de elaborar informes y recoger pruebas. Asimismo, deberán sensibilizar a la población sobre el hecho de que mantener relaciones sexuales sin consentimiento se considera un delito.

Dada la insistencia del Parlamento, la Comisión realizará un informe cada cinco años para determinar si estas normas deberían someterse a revisión.

Declaraciones de las ponentes

Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda), coponente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, dijo lo siguiente:

El Parlamento ha dado los primeros pasos para convertir a Europa en el primer continente en acabar con la violencia contra las mujeres. Este es un texto legislativo de amplio alcance que evitará la violencia, protegerá a las víctimas y enjuiciará a los agresores. No puede haber igualdad sin erradicar la violencia contra las mujeres; debemos asegurarnos de que no hay impunidad para quienes cometen esos delitos.

Evin Incir (S&D, Suecia), coponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, declaró:

Esta directiva emblemática refleja nuestro compromiso sin fisuras de reforzar los derechos de la mujer y salvar vidas. Recordemos este momento como un primer paso histórico en el refuerzo de los derechos de las mujeres, que marca el camino hacia un futuro donde todas las mujeres pueden vivir sin miedo ni opresión. Es una victoria para la justicia y la igualdad en la Unión Europea.

Próximos pasos

Las nuevas normas entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los países miembros dispondrán de tres años para aplicar las disposiciones.