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Llamamiento para condenar el proyecto de protocolo de la Conferencia de La Haya y los Principios de Verona, que pretenden fomentar la gestación subrogada transfronteriza

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Como organización integrante de la COALICIÓN INTERNACIONAL POR LA ABOLICIÓN DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN, apoyamos firmemente el siguiente comunicado en defensa de los derechos de mujeres y criaturas frente al pretendido derecho a la maternidad y paternidad.

Las organizaciones feministas y de la sociedad civil firmantes, como defensoras de los derechos humanos de las mujeres y los niños y niñas, consideran que las dos iniciativas mencionadas a continuación facilitarán y, por tanto, fomentarán la gestación subrogada transfronteriza, basándose en una interpretación engañosa del interés superior del menor, pisoteando los derechos de las mujeres, en beneficio exclusivo de los padres de intención y, por tanto, del mercado.

1 ⇒ Proyecto de Protocolo sobre la filiación en el contexto de la gestación subrogada (Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado – HCCH)

Un grupo de expertos lleva 8 años trabajando en un proyecto de protocolo que se someterá a votación de los Estados miembros probablemente en 2023. Su objetivo es facilitar el reconocimiento entre Estados de las decisiones judiciales extranjeras sobre la filiación legal de los hijos nacidos por gestación subrogada. En su planteamiento, el grupo de expertos reconoce que el uso de la gestación subrogada transnacional conlleva riesgos para las partes implicadas, los padres comitentes, las madres de alquiler y los niños y niñas. Sin embargo, ignorando todas las consideraciones éticas y la cuestión central de derechos humanos, construyen un proyecto de protocolo que responde a dos lógicas:

  • Proteger a los padres de intención facilitando su acceso a la filiación, bajo el pretexto de garantizar el interés superior del menor.
  • Construir un modo de cooperación transnacional que imite, desviándolo, el esquema adoptado en el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de modo que la gestación subrogada, que se inscribe en el marco de la «venta de niños», presente una apariencia de legalidad.

2 ⇒ Principios de Verona publicados por la ONG SSI Servicio Social Internacional en febrero de 2021

Establecido como guía para los Estados, este texto pretende defender los derechos de los menores nacidos por maternidad subrogada, que ya están protegidos por los convenios internacionales de la misma manera que todos los niños y niñas. Aunque no tiene valor jurídico, este texto puede servir de referencia para los legisladores partidarios de la legalización de la gestación subrogada.

Recordamos a los Estados que la gestación subrogada debe considerarse como:

– Un atentado contra la dignidad humana, la de las mujeres y los menores, a los que cosifica. La dignidad de la persona es un derecho fundamental garantizado por los textos internacionales que no puede sufrir ninguna excepción.

– Un atentado contra la dignidad humana de los padres de intención, a los que el mercado anima a recurrir a un sistema de explotación humana con fines de reproducción.

– Una forma de violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por su capacidad reproductiva, que combina la violencia física, económica y psicológica, impuesta con una farsa de consentimiento: el contrato.

– Una práctica que socava el principio de igualdad de los seres humanos, y de la igualdad entre mujeres y hombres, al crear una categoría subalterna de mujeres asignadas a la procreación para otros.

– Un ataque a la dignidad de los niños y niñas nacidos de la maternidad subrogada, cuyo interés superior no es ser comprado y vendido.

– Un riesgo para los hijos e hijas de las madres subrogadas, en términos de su salud psicológica, mental y emocional, que se enfrentan a la trata de niños dentro de sus propias familias.

– Una tendencia a crear un derecho a un hijo en lugar de un derecho adquirido y reconocido a fundar una familia.

– Por último, según los textos internacionales, la gestación subrogada puede asimilarse al tráfico de menores por un lado, y a la trata de mujeres con fines reproductivos, por otro.

Por todo ello, pedimos a los Estados:

1. Desaprobar el protocolo sobre la filiación en el contexto de la maternidad subrogada que se presentará en 2023 a los 85 Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

2. Ignorar los Principios de Verona como guía para ayudarles en su labor legislativa;

3. Mejorar su legislación para tratar la maternidad subrogada como un delito de violencia contra las mujeres, ya sea perpetrado dentro o fuera de su territorio, sobre la base del artículo 3 del Convenio de Estambul;

4. Comprometerse a incluir una perspectiva feminista (basada en el artículo 6 del Convenio de Estambul) en la aplicación y evaluación de los convenios que ratifiquen, y a promover y aplicar políticas de igualdad de género que reconozcan que determinados tipos de violencia afectan de forma desproporcionada y exclusiva a las mujeres;

5. Combatir este tipo de delito que afecta tanto a los niños y niñas como a las mujeres, reforzando la colaboración transnacional para acabar con la explotación reproductiva;

6. Promover el proyecto feminista de la convención internacional por la abolición de la maternidad de substitución, propuesto por CIAMS (Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad de Substitución).

7. Contribuir a la inclusión de la maternidad de substitución como una forma de violencia contra las mujeres, similar a la trata, en las legislaciones nacionales y en las convenciones internacionales, como el Convenio de Estambul.

Puedes firmar la petición en este link: Petition to condemn the Hague Conference draft protocol and the Verona Principles as they aim at organising cross-border reproductive exploitation (google.com)

Por el fin de la complicidad del Gobierno de España y los medios de comunicación españoles con la explotación reproductiva y el tráfico de criaturas

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Ante el escandaloso blanqueo de la práctica del alquiler de vientres por parte de los medios de comunicación, especialmente desde el comienzo de la invasión a Ucrania, y la inacción del Gobierno de España para frenar definitivamente esta práctica, apoyamos, firmamos  y reproducimos a continuación el manifiesto lanzado desde Stop Vientres de Alquiler, Plataforma de la que formamos parte como defensoras de la abolición de esta terrible práctica que vulnera los derechos de las mujeres y menores.

Por el fin de la complicidad del Gobierno de España y los medios de comunicación españoles con la explotación reproductiva y el tráfico de criaturas

Desde que se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, los medios de comunicación están llevando a cabo una campaña propagandística favorable e irresponsable de la práctica del alquiler de mujeres con fines reproductivos. A través de relatos edulcorados y lacrimógenos presentan como víctimas a ciudadanos y ciudadanas españoles que vulneran nuestra legislación al recurrir a la gestación subrogada transfronteriza.

Los medios de comunicación nos presentan a estos compradores de bebés como héroes de una odisea personal en busca de su sueño de paternidad/maternidad. Nos narran profusamente su periplo y las dificultades que ahora encuentran, debido a la guerra, para recoger a los bebés que encargaron por contrato a mujeres ucranianas. Raramente ponen el foco en la violación de los Derechos Humanos de las mujeres y los recién nacidos, que es inherente a esta práctica. Hemos visto incluso, cómo en un programa de la televisión pública se dio voz a una pareja que narró con naturalidad lo que a todas luces es un caso de tráfico de menores, ya que la entrega de la bebé nacida y registrada en Ucrania, se realizó en Polonia, un país donde no es legal la gestación subrogada.

Reiteramos que esta práctica es ilegal en nuestro país y está reconocida como nula de pleno derecho en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA):

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.

Además, la alteración de la filiación que se da siempre en la «gestación subrogada» aparece tipificada como delito en el artículo 221 del Código Penal:

1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años.

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.

3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de dos a seis años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años.

Sin embargo, a pesar de que la explotación reproductiva está prohibida y tipificada como delito en el código penal, el Estado español facilita que sus nacionales incurran en fraude de ley a través de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación subrogada, que permite en determinados supuestos, la inscripción de estos menores en los registros civiles de los consulados españoles, suponiendo una legalización de facto de la explotación reproductiva en nuestro país. A lo que también contribuye el epígrafe 3 del artículo 10 de la LTRHA.

Desde el feminismo español llevamos años denunciando esta situación y exigiendo la derogación de dicha instrucción y la modificación del epígrafe 10.3 de la LTRHA, que no solo permiten la compra de bebés y la explotación reproductiva de mujeres por parte de españoles, sino que establecen un contexto social, político y jurídico que favorece la actividad de las agencias y clínicas dedicadas al comercio de la maternidad; así como la publicidad de esta práctica y el blanqueo de la explotación reproductiva por parte de los medios de comunicación, quienes se ven amparados para presentar la subrogación como legítima en base a la mencionada normativa.

El Estado español, por tanto, es cómplice de esta situación, contraviene las recomendaciones del Parlamento Europeo e ignora el informe sobre la gestación subrogada elaborado por la relatora Especial de Naciones Unidas:

– En concreto, en el Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia en el Mundo 2014, el Parlamento Europeo condena la práctica de la «gestación por sustitución» por ser “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que debe prohibirse […], y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos».

– En el mismo Informe del 2017, el Parlamento Europeo pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen “principios claros e instrumentos jurídicos que aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con la gestación subrogada”.

– En el último Informe de 2021 sobre Derechos Humanos y Democracia en el mundo, el Parlamento Europeo reitera la condena de la práctica comercial de la gestación por sustitución, un fenómeno mundial que expone a mujeres de todo el mundo a la explotación y la trata de seres humanos, al tiempo que se dirige en particular contra las mujeres vulnerables desde el punto de vista económico y social; destaca sus graves consecuencias sobre las mujeres, sus derechos, su salud y la igualdad de género y subraya sus implicaciones transfronterizas; pide un marco regulador europeo para abordar las consecuencias negativas de la práctica comercial de la gestación por sustitución.

– En 2021, en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género, el Parlamento Europeo vuelve a insistir en la vulneración de derechos humanos que entraña la «subrogación», “reconoce que la explotación sexual con propósitos reproductivos y de gestación «surrogada» o para fines como los matrimonios forzados, la prostitución y la pornografía es inaceptable y constituye una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos”.

– Por su parte, en 2018, la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en el estudio sobre gestación subrogada incluido en el Informe sobre la venta y la explotación sexual de niños, señala que “la gestación por sustitución, en particular la de carácter comercial, suele comportar prácticas abusivas” y que la “gestación por sustitución de carácter comercial que se practica actualmente constituye venta de niños conforme la definición prevista en el derecho internacional de los derechos humanos”.

– En 2020, Mykola Kuleba, Defensor del Menor de Ucrania, declaró que esta práctica debería estar prohibida y que Ucrania se había convertido en un supermercado de bebés para extranjeros, lo cual es absolutamente intolerable en el contexto de países que afirman velar por los derechos de los niños y las niñas y la protección de los menores.

Desde Stop Vientres de Alquiler, así como desde las organizaciones y personas que a título individual firman el presente manifiesto:

1- Mostramos nuestra más absoluta repulsa al relato social que los medios de comunicación están contribuyendo a propagar sobre esta práctica aberrante para la dignidad humana y contraría al derecho internacional de los Derechos Humanos.

Los medios de comunicación, tanto los medios privados y más aún, los medios públicos, tienen la obligación ética y la responsabilidad social de contar la verdad sobre este mercado. Es inaceptable que amparen a quienes perpetran esta práctica, empatizando de manera acrítica y presentando como víctimas a personas que evaden la legalidad vigente. Es intolerable que el tratamiento de las noticias esté enfocado a generar empatía y lástima en la opinión pública por estas personas y, en definitiva, a hacer propaganda de una práctica contraria al derecho internacional de los Derechos Humanos.

Este enfoque propagandístico de la explotación reproductiva atenta contra el principio democrático de igualdad, vulnerando varias leyes cuyo cumplimiento exigimos a los medios de comunicación:

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

– Artículo 36: «Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres».

– Artículo 39: «Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación»

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:

– Artículo 13. «Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente».

– Artículo 14: «La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos».

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual:

–Artículo 4: «La comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres».

El Gobierno español tiene la obligación política y democrática de preservar la dignidad de todas las mujeres vulnerables del mundo, así como el interés superior de las y los menores nacidos de esta manera, frente a los dañinos intereses individuales de particulares y empresas españolas implicadas en la explotación reproductiva y el mercado de bebés. Por este motivo, exigimos al Gobierno que actúe de una vez por todas y que despliegue los medios necesarios para frenar este mercado internacional de la maternidad del que es cómplice por inacción.

En concreto le exigimos:

– La anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

– La modificación de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida para que se prohíba de manera explícita esta práctica de modo que no pueda ser reclamada la paternidad por parte del hombre que haya aportado su material genético.

– La prohibición de realizar en territorio español cualquier actividad relacionada con la publicidad y la intermediación que faciliten el acceso a estas prácticas en terceros países.

– Que lidere, junto a otros países prohibicionistas y la Unión Europea, el desarrollo de un instrumento específico que prohíba en todo el mundo esta forma de violencia contra las mujeres y las criaturas. Un instrumento jurídicamente vinculante que establezca un conjunto de normas para combatir la explotación de mujeres con fines reproductivos y la venta de sus bebés, en la línea del Convenio de Estambul o la Convención sobre la Esclavitud.

– Instamos al Gobierno de España a que promueva el proyecto de Convención Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución lanzado en octubre de 2020 por la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución, integrada por cientos de asociaciones feministas a nivel mundial, entre las que se incluye Stop Vientres de Alquiler y La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

El texto de la Convención está disponible aquí

¿A qué se enfrentan las mujeres ucranianas?

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El 24 de febrero de 2022, recibimos la terrible noticia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tras ocho años de conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk, ya en 2018 Amnistía Internacional denunciaba un gravísimo incremento de la violencia sexual contra las mujeres a manos de militares, y en 2019 un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas alertaba que el riesgo de sufrir violencia de género para las mujeres desplazadas era tres veces mayor que para las no desplazadas.

Con todo ello, las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que 12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la ofensiva militar de Rusia y según ACNUR, más de 368.000 personas, en su mayoría mujeres y niñas, se han visto obligadas a huir de Ucrania.

¿A qué se enfrentan las mujeres ucranianas?

En los últimos tiempos, Ucrania se ha convertido en un destino popular para la prostitución y el tráfico sexual . Hablamos de un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas y niños víctimas de trata transnacional con fines de explotación sexual.

La independencia de Ucrania de la URSS vio a la nación intentar pasar de una economía planificada a una economía de mercado. Este proceso de transición provocó dificultades económicas en la nación, con casi el 80% de la población forzada a la pobreza en la década que siguió a su independencia.

La situación de las mujeres en Ucrania antes de la guerra ya era de extrema pobreza, sobre todo desde la irrupción de la Covid-19. Este contexto ha aumentado la brecha salarial de las mujeres ucranianas, que trabajan de media 6 horas más y cobran un 30% menos que los hombres.

La precariedad tiene un impacto definitivo sobre la vida de las mujeres, pues provoca que ellas sean más vulnerables y estén expuestas a redes criminales que las someten a una terrible explotación sexual y reproductiva.

Ucrania tiene el mayor número de víctimas de trata con fines de explotación sexual que cualquier otra nación de Europa del Este después de la disolución de la Unión Soviética. En 1998, el Ministerio del Interior de Ucrania estimó que 400.000 mujeres ucranianas fueron víctimas de explotación sexual durante la década anterior.

En este sentido, denunciamos que las mujeres en contextos de conflictos armados sufren un incremento exponencial de la violencia de género y la violencia sexual:

Las mujeres son utilizadas como arma de guerra para borrar y destruir al adversario. Mas allá de humillar destruir y castigar, estas violaciones buscan perpetuar el control social, redibujar las fronteras étnicas y destruir a la comunidad del adversario.

Un fenómeno menos conocido en España es el de las “esposas por catálogo” (matrimonios forzados), muy popular en Canadá, Alemania o EEUU: se trata de agencias donde las mujeres de países del este se ofrecen para casarse con hombres occidentales y que esconden tramas de trata, tráfico y explotación sexual.

No debemos olvidar que estas violencias no acaban en el camino, sino que continúan y se reproducen en los campos de refugiadas. Recordemos que la ONU ha registrado desde hace casi dos décadas más de 1700 acusaciones de víctimas de agresión sexual (aunque se estima que son muchísimas más) a manos del personal civil y militar de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas.

Esta guerra pone de manifiesto lo que hay detrás de la explotación reproductiva de las mujeres. El comité de Bioética en España se pronunció sobre esta realidad, dejando de manifiesto que “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas, todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor, concluimos que ser padre o madre no es un derecho sino un deseo”.

Con todo ello, condenamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mostramos nuestra solidaridad con las víctimas de este terrible conflicto y hacemos un llamamiento internacional para que los gobiernos no permanezcan indiferentes y tomen las medidas pertinentes:

– Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

– Prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas.

– Insistir a los medios de comunicación en que narren esta realidad y no traten de blanquear la explotación reproductiva de las mujeres ucranianas. A menudo se transmite un discurso liberal que justifica la explotación de las mujeres que están abandonadas a su suerte.

– Reiterar la necesidad de legislar contra la gestación subrogada y abolir, por tanto, los “vientres de alquiler” en Ucrania. La CIMTM ya reclamó, junto con 200 organizaciones, la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania.

– Además, como miembros activos de la Plataforma CEB suscribimos el posicionamiento contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia y nos adherimos a las medidas de urgencia que se deben tomar al respecto para salvaguardar los derechos de las mujeres y menores en Ucrania.

Bebés y sus cuidadoras en un hotel de Ucrania

200 organizaciones reclamamos la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania

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La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha solicitado, junto a más de 200 organizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres, la prohibición de los vientres de alquiler en Ucrania.

La alegalidad del país europeo en materia de vientres de alquiler lo ha convertido en uno de los principales destinos para obtener un bebé a través de esta práctica. En Ucrania no está regulado, pero tampoco prohibido por la ley.

La pandemia de COVID-19 nos ha dejado unas duras imágenes que ilustran la problemática que supone la explotación reproductiva de las mujeres para comerciar con bebés. La recepción de un hotel en Kiev se convirtió en una especie de «supermercado» de bebés, con decenas de niños y niñas separados de sus madres, a cargo de un grupo de mujeres cuidadoras con precarias condiciones de trabajo.

Bebés y sus cuidadoras en un hotel de Ucrania

Fuente: Plataforma CIAMS

El confinamiento y el cierre de fronteras impiden a los compradores desplazarse a Ucrania para recoger a los bebés, con lo que los menores permanecen confinados, bajo la responsabilidad de una empresa que no cuenta con autorización legal de tutela, guarda y custodia de menores. 

De hecho, como denuncia la plataforma CIAMS, la empresa a la que corresponden esas fotografías continúa sus actividades en Ucrania a pesar del escándalo en el que estuvo involucrada en 2018 por trata de seres humanos, falsificación documental y evasión fiscal.

Las consecuencias económicas derivadas de la crisis que estamos viviendo llevará a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad que será aprovechada por estas empresas para su explotación.

«Las organizaciones que suscribimos esta petición, exigimos un cierre inmediato del turismo reproductivo y una prohibición de todas las formas de comercio de niños y mujeres», expresa la carta enviada al presidente de Ucrania, en la que recordamos el pronunciamiento de varios organismos internacionales, que han calificado esta práctica como una «socavación de la dignidad humana de la mujer» (Parlamento UE) y como la «venta de niños» (Relator ONU).

Contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres

MANIFIESTO CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES

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Mujeres feministas de diferentes lugares del mundo, ante el 25 de noviembre de 2018, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres:

DENUNCIAMOS

Que el sistema patriarcal ha creado un conjunto de mecanismos económicos, políticos y culturales que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres y hacen posible la explotación sexual y reproductiva.

Que la violencia ejercida en la prostitución por hombres de todo el mundo y aprendida en la pornografía devalúa la imagen de las mujeres, normaliza la violencia sexual masculina y favorece la desigualdad entre hombres y mujeres.

Que en las últimas décadas, el capitalismo neoliberal ha mercantilizado todos los ámbitos de la actividad humana, incluidas la sexualidad y la reproducción. Y así ha reducido a millones de mujeres y niñas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, a la condición de mercancías para la explotación sexual y reproductiva.

Que el discurso del capitalismo neoliberal sobre la libertad individual y el consentimiento es el fundamento ideológico que legitima la explotación de niñas y mujeres en la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler.

Que el lobby pro-prostitución integrado por puteros y proxenetas, instalados algunos de ellos en cualificados ámbitos de poder, presiona para que la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler sean legalizados y considerados actividades libres, ocultando de esa forma la criminalidad, la violencia, la trata y la esclavitud que están en el origen esos negocios.

EXIGIMOS

Que los organismos internacionales competentes ADOPTEN una Convención Universal sobre PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES y NIÑAS CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA PATRIARCAL.

  • Que esa Convención Universal defina todas las formas de violencia como prácticas incompatibles con los derechos humanos de las mujeres, incluidas la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Que los Estados adopten en su legislación interna normas que penalicen todas las formas de proxenetismo y establezcan mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las supervivientes.
  • Que los Estados promuevan normativas que sancionen la demanda de prostitución, pues los puteros son responsables directos de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
  • Que los Estados eliminen cualquier legislación o normativa que penalice o sancione a las mujeres en situación de prostitución, así como cualquier antecedente penal o administrativo que pudiera devenir de normativa anteriores.
  • Que los Estados garanticen a las mujeres en situación de prostitución los mecanismos y recursos suficientes para salir de esta forma extrema de explotación y violencia.
  • Que los Estados adopten una normativa que impida cualquier forma de explotación reproductiva de las mujeres, blindando sus ordenamientos jurídicos para impedir que bajo ninguna normativa, se pueda normalizar o validar los contratos de vientres de alquiler.

La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por ello las mujeres feministas unimos nuestras voces para denunciar la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de los Gobiernos para abolir estas prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA Y COMUNICADO EN OTROS IDIOMAS AQUÍ

PARA ADHERIRTE AL MANIFIESTO PINCHA AQUÍ

COMUNICADO INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN GLOBAL DEL ALQUILER DE VIENTRES

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Las organizaciones de la sociedad civil y de los Derechos Humanos de las mujeres abajo firmantes venimos a denunciar que…

1. El alquiler de vientres (también conocido como “subrogación” o “maternidad subrogada”) es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial.

2. El alquiler de vientres pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho de las mujeres a la filiación y otros derechos fundamentales. En el caso de los menores, vulnera el derecho de estos a conocer su origen. De hecho, la práctica del alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva, reportando millonarios beneficios a agencias de intermediación y clínicas.

3. El alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a).

4. El deseo de ser padre o madre de niños/as que posean el material genético propio no es un derecho ni un derecho humano. Los deseos no son automáticamente derechos.

5. La subrogación “altruista” no existe. No se puede denominar como “altruista” una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece “compensaciones económicas”. La práctica del alquiler de vientres es más bien una práctica “mezquina y egoísta” que tiende a conformar un sistema de “criadas reproductivas” y convierte a los menores en objetos reproductivos de compraventa a la carta.

6. La industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos. Estas tácticas incluyen la identificación y captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social para que presten sus capacidades reproductivas.

7. Muchos países del mundo tienen un Estado de Derecho muy débil, por lo que la legalización de cualquier aspecto sobre el alquiler de vientres (como la mal llamada subrogación “altruista”) supone de facto la legalización completa de esta práctica y la legitimidad de la explotación reproductiva de las mujeres. Esta legalización abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas.

8. La industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de Naciones Unidas para legalizar esta práctica. Detrás de estas presiones hay puramente intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera “técnica de reproducción asistida” y una cuestión sobre la “libre elección” de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres que alquilan su vientre.

9. Naciones Unidas y dos de sus agencias están actualmente intentando influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”). Estas dos agencias de la ONU son el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés).

10. Recordamos a la práctica totalidad de los gobiernos y estados del mundo que, de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, ni pueden ni deben permitir el futuro traslado internacional de los niños y niñas nacidos/as a través del alquiler de vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos de menores y mujeres.

Y por todo ello …

1. Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncien públicamente en la Asamblea de la ONU a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres.

2. Demandamos a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales.

3. Exigimos la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de esta industria.

4. Exhortamos a los gobiernos donantes de Naciones Unidas que consideren sus aportaciones económicas a las agencias de la ONU que apoyan de forma más o menos velada la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”), a saber: el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).

5. Reclamamos a los gobiernos del mundo que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

Listado completo de organizaciones firmantes en ESTE LINK.
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