NOS MANIFIESTAMOS COMO SIEMPRE EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN AUNQUE APOYA LAS SANCIONES A LOS PUTEROS

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres no puede asumir el escrito elaborado por algunas de las organizaciones componentes de la mesa técnica de Prostitución del Ayuntamiento de Madrid contra la propuesta de ordenanza sobre prostitución efectuada por el grupo municipal socialista de Madrid y sobre cualquier propuesta de ordenanza sobre prostitución.

Si bien nuestra entidad comparte plenamente el análisis efectuado sobre la prostitución en Madrid en cuanto al único de los aspectos que se ha elaborado; las mujeres en situación de Prostitución, consideramos que dicho análisis adolece del resto de los elementos que intervienen en el fenómeno prostitucional: la demanda y el proxenetismo.

Aunque sabemos que las competencias del Ayuntamiento de Madrid al respecto son escasas, creemos necesario que estos elementos también han de ser tenidos en cuenta en cualquier análisis que se haga sobre prostitución.

No compartimos el lenguaje utilizado en el documento, puesto que equipara la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual con un negocio en el que se dan relaciones entre sujetos con la misma capacidad de negociación, a pesar de haber admitido en el análisis previo que las mujeres están en su inmensa mayoría en situación de extrema vulnerabilidad y aislamiento al albur del sistema prostitucional.

Compartimos que debe garantizarse que no se sancionará nunca y, bajo ninguna circunstancia, a ninguna mujer en situación de prostitución. Y esto no solo se ha de garantizar en las leyes, sino en la implementación perversa que se viene haciendo de ellas.

Sin embargo, no compartimos la simplificación que se hace en dicho documento de las consecuencias que tiene para las mujeres en la prostitución, cualquier normativa que pretenda sancionar exclusivamente a los puteros.

Nuestra entidad trabaja para acabar con la desigualdad, discriminación, la violencia física, psicológica y sexual, la consideración como objeto de las mujeres para uso y abuso por parte de los hombres, la explotación sexual y económica de las mujeres… Pues bien, considerando que todas estas formas de violencia forman parte de la prostitución, es necesario establecer políticas que acaben con dicha violencia de forma contundente y ante todo, actuando contra las personas responsables de cometer agresiones contra las mujeres, tales como los prostituidores y los proxenetas.

Los prostituidores actúa sometiendo y con la consideración de que los varones tienen derechos de uso de la mujer y que todas las mujeres estamos disponibles para cubrir sus deseos convertidos en derechos.

Los proxenetas obtienen beneficio económico de otra persona explotándola sexualmente y abusando de las circunstancias de extrema vulnerabilidad de las mujeres en prostitución.

No es tolerable tratar de dar cobertura legal a ambas conductas si queremos acabar con la violencia hacia las mujeres.

La consecuencia negativa de la normativa que sanciona la demanda, no es el hecho de que se le impida la capacidad negociadora a las mujeres, ya que la inmensa mayoría de las mujeres en prostitución no tienen capacidad alguna de negociar con los nulos derechos que se les permite tener (carecen del derecho a la integridad física, psicológica y sexual, a un trabajo y a la consideración como seres humanos, siendo convertidas en objetos de uso y abuso comercial).

Examinar las causas que conllevan a empeorar las condiciones de vida de las mujeres es importante para no emitir falsas conclusiones:

1. La falta de consideración de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres es lo que realmente perjudica a las mujeres en prostitución, a las que se les presupone capacidad de decisión cuando ni siquiera pueden elegir protegerse.

2. Actuar tan solo contra un tipo de demanda, la que se produce en el espacio público, en lugar de actuar contra toda la demanda y en todos los ámbitos.

3. Actuar tan solo sobre la demanda sin intervención contra el proxenetismo organizado en todos los ámbitos donde se produce y en todas las circunstancias (con o sin consentimiento de las mujeres en prostitución), así como contra la trata.

4. Falta de información y de formación en derechos de las mujeres en situación de prostitución para que tengan conocimiento de que ellas tienen derecho a un trabajo acorde a su formación y capacidades, para acceder a sus derechos civiles, políticos y sociales de los que son privadas por ser destinadas a la prostitución (espacio socialmente acotado para la comisión de abusos y para relegar a la categoría de objetos a las mujeres). No olvidemos que las mujeres en situación de prostitución están privadas de derechos por el hecho de ejercer la misma.

5. Constatamos la falta de recursos suficientes destinados a lograr que las mujeres en prostitución puedan considerar como una realidad el abandono de la misma y conocer que pueden encontrar salidas laborales reales y en igualdad con los hombres.

6. La naturalización de la prostitución como inevitable por parte de algunos de los recursos asistenciales, debido a la carencia de perspectiva de género y de derechos humanos en esta materia, dificulta que las mujeres lleguen a tener y/o pensar en alternativas para lograr la salida de la prostitución.

7. Dicha naturalización de la prostitución conlleva igualmente la normalización de los comportamientos masculinos de uso y abuso de los privilegios que socialmente han sido asignados a los hombres, perpetuándose así la violencia contra las mujeres en lugar de trabajar para erradicarla.

Es necesario tener una posición política feminista por parte de todos los recursos asistenciales para evitar todas estas consecuencias, pero sobre todo es fundamental realizar políticas públicas integrales, que actúen sobre todos los factores que intervienen en el mercado prostitucional y que cuenten con los recursos económicos suficientes para dar alternativas de salida de la prostitución a todas aquellas mujeres que así lo deseen.

Nuestra postura técnica es inseparable de nuestra postura ideológica feminista no habiendo asumido por ello la firma del escrito enviado desde otras entidades que conforman la mesa técnica de prostitución del Ayuntamiento de Madrid.

En todo caso, compartimos la necesidad e importancia que tienen que los partidos políticos cuenten con las entidades especializadas para el diseño de políticas públicas.

La Audiencia Nacional declara la nulidad de los estatutos del Sindicato Otras por considerar que la prostitución no puede ser una actividad sindicable

La sentencia reconoce que “la explotación sexual y la prostitución forzada suponen una forma de violencia contra las mujeres’’

La Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en virtud de la cual se estima la nulidad de los Estatutos del Sindicato Otras, ha sido recientemente notificada a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, tras la demanda presentada por dichas entidades con el respaldo de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución.

Esta Sentencia supone un hito histórico para el movimiento feminista, puesto que se hace eco de las viejas reivindicaciones en las que venimos reclamando acabar con los privilegios masculinos de uso y abuso sexual de las mujeres, así como con la normalización de la industria de la prostitución que busca por todas las vías legalizar como actividad empresarial el proxenetismo organizado y la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Hoy el derecho a la igualdad se ha visto garantizado por esta resolución judicial.

La Sentencia recoge así los argumentos esgrimidos por estas organizaciones, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, considerando que “no resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un válido contrato de trabajo como es la prostitución por cuenta ajena”.

En efecto, tal y como señala la sentencia en base a los fundamentos acuñados por las organizaciones feministas: “la explotación sexual y la prostitución forzada suponen una forma de violencia contra las mujeres, que vulnera la dignidad de la persona, la libertad sexual y el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.

Queremos hacer hincapié acerca de las negativas repercusiones que una hipotética sentencia en sentido contrario hubiera tenido. El aceptar de forma colectiva que los proxenetas y sus asociaciones pudieran negociar con mujeres, hubiera supuesto la vulneración del derecho personalísimo a la libertad sexual, es decir, a decidir sin coacción con quién, cuándo y con qué tipo de prácticas se mantienen relaciones sexuales.

En base a lo expuesto, la Sentencia declara finalmente “que no resulta posible con arreglo a nuestro derecho la celebración de contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, esto es, un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener las relaciones sexuales que le indique el empresario, con las personas que éste determine, a cambio de una remuneración, y el contrato que así se celebre debe reputarse nulo”.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, esperamos que esta Sentencia marque la línea a seguir en nuestros tribunales y en especial los criterios por los que se rijan las políticas públicas, que hasta la fecha se han mostrado dubitativas sino pasivas ante esta lacra, e implementen los cambios legales necesarios para la erradicación de la prostitución y la consecución de una igualdad efectiva.

Aunque somos conscientes de que aún queda mucho por hacer en el camino hacia la erradicación de la prostitución y de toda forma de violencia contra las mujeres, celebramos enormemente la sentencia de la Audiencia Nacional, que sin lugar a dudas nos acerca al logro de los objetivos por los que luchamos incansablemente desde el movimiento feminista.

El miércoles 14 de noviembre se celebra el juicio por la demanda presentada solicitando la nulidad de los estatutos del Sindicato Otras

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución presentamos el pasado 11 de septiembre demanda solicitando ‘’se declare la nulidad de los estatutos y del acta de constitución del denominado Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales y, en consecuencia, la disolución de la organización sindical, ordenándose la baja de la misma en el registro correspondiente’’.

El próximo miércoles, día 14 de noviembre a las 11 horas, se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional, y desde las organizaciones de mujeres que hemos promovido esta demanda, entendemos imprescindible que el poder judicial rectifique el error cometido por el Ministerio de Trabajo, al posibilitar la inscripción de un ‘’sindicato’’ que pretende dar cobertura a actividades que no pueden ser, en ningún caso, enmarcadas en el ámbito de las relaciones laborales.

La constitución de este sindicato, en nuestra opinión, tiene como objetivo primordial la legitimación del proxenetismo y la normalización de la explotación sexual de mujeres. Desde el movimiento feminista abolicionista entendemos que esto es incompatible con una sociedad democrática e igualitaria.

La violencia sexual y la comercialización del cuerpo de las mujeres, NO son un trabajo y no pueden ser materia de negociación colectiva; constituyen atroces formas de violencia patriarcal y, como tal, deben ser tratada en nuestro sistema normativo.

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RECIBIMOS CON CAUTELA LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE DEJAR EN MANOS DE LA FISCALÍA LA IMPUGNACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE PROXENETAS

La Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución hemos recibido con cautela la noticia del Ministerio de Trabajo en la que expresa su voluntad de que los Estatutos del Sindicato “Otras” sean impugnados por la Fiscalía General del Estado.

En el transcurso de estos casi tres meses, es decir, desde que el pasado 4 de agosto se publicara la inscripción del sindicato OTRAS, el Ministerio se ha caracterizado por una gestión errática, variando la versión cada vez que se le ha interpelado al respecto, y ahora deja la responsabilidad en la Fiscalía General del Estado.

Esperamos, que la voluntad expresada en este momento sea la definitiva y que la Fiscalía esté en sintonía y se adhiera a la petición de impugnación y nulidad de los Estatutos, realizada por el movimiento feminista.

Las organizaciones de mujeres hemos desplegado, en estos meses, todos los esfuerzos posibles para parar lo que es un atropello a la dignidad, a la igualdad y a los derechos humanos de las mujeres; por ello hemos presentado tanto la nulidad de pleno derecho en vía administrativa, como la correspondiente demanda ante la Audiencia Nacional.

Todo ello ha supuesto una inversión de recursos y esfuerzos, que se hubieran podido evitar si se hubiera actuado con diligencia desde el Ministerio y el Gobierno.

Solicitud de nulidad de pleno derecho del procedimiento para la inscripción del sindicato OTRAS

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en una solicitud conjunta han solicitado a la Dirección General de Trabajo adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la NULIDAD DE PLENO DERECHO del procedimiento seguido por la administración para la inscripción del sindicato OTRAS.

Esta petición ha sido efectuada por el movimiento feminista ante la certeza de que la inscripción del sindicato atenta contra los derechos humanos de las mujeres, ya que la prostitución es una de las formas más execrables de violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas, suponiendo una de las expresiones de dominación y violencia patriarcal, de todo punto incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dicha violencia.

Nuestra organización, que ya interpuso una demanda judicial instando la NULIDAD DE PLENO DERECHO de los estatutos y del acta de constitución del sindicato ante la Audiencia Nacional, complementa su actuación volviendo a actuar esta vez contra el Gobierno y solicitándole al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que enmiende su negligencia institucional en este asunto, puesto que cualquier negligencia o inacción gubernamental, podría suponer la normalización de la prostitución y la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.

La petición ante la Administración se realiza tras la dejación del propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en efectuarlo de oficio tal como había asegurado, así como ante la alarma generada con sus declaraciones en los medios de comunicación acerca de que no actuarán de oficio, permaneciendo a la espera de una resolución judicial.

La errática actuación de la Administración ante un asunto de esencial trascendencia para todas las mujeres y, por ende, para toda la sociedad, pone en cuestión las declaradas posiciones abolicionistas del actual gobierno, así como el compromiso del mismo en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, por lo que conlleva de vulneración de derechos humanos la admisión de un Sindicato denominado de trabajadoras sexuales (OTRAS) en el Estado español.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Podemos admite ante organizaciones del movimiento feminista que no tiene posicionamiento sobre la prostitución

El movimiento feminista se reunió el pasado viernes 5 de octubre en el Congreso de los Diputados con representantes de Podemos para exigir un claro posicionamiento abolicionista desde el partido.

Amelia Tiganus, superviviente de prostitución y trata y activista de Feminicidio.net, encabezó la comitiva de 15 representantes de 13 organizaciones abolicionistas: Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, Plataforma Abolicionista Canaria, Plataforma de Permisos Parentales Iguales e Intransferibles por nacimiento o adopción (PPiiNA), Fórum de Política Feminista, Fórum Feminista de Madrid, Partido Feminista, Libres y Combativas, Movimiento Democrático de Mujeres, Plataforma Feminista 7N contra las violencias machistas de Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Asociación Feminista Tiemar, Comunicadoras 8M, y Feminicidio.net-Asociación La Sur.

El grupo de mujeres fue recibido por Sofía Castañón, diputada por Asturias y portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados; Ángela Rodríguez, diputada por Pontevedra y portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad; Rita Bosaho, diputada por Alicante y vocal de la Comisión de Igualdad; y Beatriz Gimeno, diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Mujer.

Durante una hora las portavoces de las organizaciones abolicionistas expusieron sus argumentos y preguntaron a las diputadas por el posicionamiento de Podemos sobre prostitución, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y las elecciones europeas. Ante las preguntas, Sofía Castañón explicó que su partido se encontraba en un proceso de debate interno, por lo que evitó posicionarse, al igual que el resto de diputadas.

“Lo que nos destruye no es la trata, que puede ser un concepto vacío asociado a que una mujer está encadenada y no lo está la mayoría de las veces. La trata, en realidad, es ese proceso a través del cual llegamos a ser explotadas sexualmente. Lo que nos daña es ser penetradas por boca, vagina y ano por hombres que no deseamos. No hay consentimiento aunque nos resignemos a tolerar esa situación de extrema violencia. El lobby proxeneta tergiversa el Protocolo de Palermo y hace propaganda para cambiar la percepción social sobre el consentimiento de la víctima haciendo ver que hay una prostitución mala que es la trata, y una prostitución buena que es la prostitución voluntaria, cuando en realidad solo hay una prostitución que siempre es mala, y lo único que varía son las circunstancias a través de las cuales se llega a ella”, aseguró Tiganus, que planteó la abolición de la prostitución como el único camino para erradicar la trata. Ante la posición de debate abierto por parte de Podemos, la superviviente de prostitución insistió: “Yo me enfrento no solo el estigma de la puta, sino también a toda una mafia, a proxenetas, a puteros, a hombres machistas que aunque no sean puteros no quieren renunciar al privilegio de acceder al cuerpo de las mujeres”.

La Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, representada por Rosario Carracedo, reclamó a Podemos que se pronuncie y se sume a las iniciativas para desmantelar la industria del sexo y el proxenetismo apoyando la peticiones de penalización de todas las formas de proxenetismo. También recordó la oposición del movimiento abolicionista a la reforma del Código Penal en 1995, cuando alertó de que suponía una despenalización del proxenetismo y que “luego permitió que España, que era un país de tránsito de la trata, se convirtiera en un país de destino”.

Las Organizaciones Abolicionistas EXIGEN:

  • Que los organismos internacionales competentes ADOPTEN una Convención Universal sobre PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES y NIÑAS CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA PATRIARCAL.
  • Que esa Convención Universal defina todas las formas de violencia como prácticas incompatibles con los derechos humanos de las mujeres, incluidas la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Que los Estados adopten en su legislación interna normas que penalicen todas las formas de proxenetismo y establezcan mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las supervivientes.
  • Que los Estados promuevan normativas que sancionen la demanda de prostitución, pues los puteros son responsables directos de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
  • Que los Estados eliminen cualquier legislación o normativa que penalice o sancione a las mujeres en situación de prostitución, así como cualquier antecedente penal o administrativo que pudiera devenir de normativa anteriores.
  • Que los Estados garanticen a las mujeres en situación de prostitución los mecanismos y recursos suficientes para salir de esta forma extrema de explotación y violencia.
  • Que los Estados adopten una normativa que impida cualquier forma de explotación reproductiva de las mujeres, blindando sus ordenamientos jurídicos para impedir que bajo ninguna normativa, se pueda normalizar o validar los contratos de vientres de alquiler.
  • El movimiento feminista abolicionista exige a los partidos que se dicen “de izquierdas”, que desarrollen políticas abolicionistas que se traduzcan en compromiso económico y medidas concretas, para acabar con la prostitución.

La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por ello las mujeres feministas unimos nuestras voces para denunciar la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de los Gobiernos para abolir estas prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia.

Las Organizaciones asistentes y sus representantes en la convocatoria han sido:

Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución, representada por Rosario Carracedo Bullido.

Plataforma Abolicionista Canaria, representada por Esther Torrado Martín-Palomino.

Plataforma de Permisos Parentales Iguales e Intransferibles por nacimiento o adopción (PPiiNA), representada por Ángeles Briñón García.

Fórum de Política Feminista, representado por Lucía Mazarrasa Alvear (Fórum Estatal) y Fórum Feminista de Madrid, representado por Henar Sastre Domingo.

Partido Feminista, representado por Roma González Sanz.

Libres y Combativas, representada por Ana García Rubio y Bárbara Areal Casset.

Movimiento Democrático de Mujeres, representado por Nora Gabriela García Nieves.

Plataforma Feminista 7N contra las violencias machistas de Madrid, representada por Alba Pérez Ciudad.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, representada por Sara Vicente Collado.

Asociación Feminista Tiemar, representada por Vicenta Monge García.

Comunicadoras 8M, representadas por Yolanda Martos Wensell.

Feminicidio.net-Asociación La Sur, representada por Amelia Tiganus, Graciela Atencio y Nerea Novo.

Asistieron a la reunión también María Yolanda Rodríguez Villegas y Beatriz Sagrado Roberto.

MANIFIESTO CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES

Mujeres feministas de diferentes lugares del mundo, ante el 25 de noviembre de 2018, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres:

DENUNCIAMOS

Que el sistema patriarcal ha creado un conjunto de mecanismos económicos, políticos y culturales que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres y hacen posible la explotación sexual y reproductiva.

Que la violencia ejercida en la prostitución por hombres de todo el mundo y aprendida en la pornografía devalúa la imagen de las mujeres, normaliza la violencia sexual masculina y favorece la desigualdad entre hombres y mujeres.

Que en las últimas décadas, el capitalismo neoliberal ha mercantilizado todos los ámbitos de la actividad humana, incluidas la sexualidad y la reproducción. Y así ha reducido a millones de mujeres y niñas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, a la condición de mercancías para la explotación sexual y reproductiva.

Que el discurso del capitalismo neoliberal sobre la libertad individual y el consentimiento es el fundamento ideológico que legitima la explotación de niñas y mujeres en la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler.

Que el lobby pro-prostitución integrado por puteros y proxenetas, instalados algunos de ellos en cualificados ámbitos de poder, presiona para que la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler sean legalizados y considerados actividades libres, ocultando de esa forma la criminalidad, la violencia, la trata y la esclavitud que están en el origen esos negocios.

EXIGIMOS

Que los organismos internacionales competentes ADOPTEN una Convención Universal sobre PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES y NIÑAS CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA PATRIARCAL.

  • Que esa Convención Universal defina todas las formas de violencia como prácticas incompatibles con los derechos humanos de las mujeres, incluidas la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Que los Estados adopten en su legislación interna normas que penalicen todas las formas de proxenetismo y establezcan mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las supervivientes.
  • Que los Estados promuevan normativas que sancionen la demanda de prostitución, pues los puteros son responsables directos de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.
  • Que los Estados eliminen cualquier legislación o normativa que penalice o sancione a las mujeres en situación de prostitución, así como cualquier antecedente penal o administrativo que pudiera devenir de normativa anteriores.
  • Que los Estados garanticen a las mujeres en situación de prostitución los mecanismos y recursos suficientes para salir de esta forma extrema de explotación y violencia.
  • Que los Estados adopten una normativa que impida cualquier forma de explotación reproductiva de las mujeres, blindando sus ordenamientos jurídicos para impedir que bajo ninguna normativa, se pueda normalizar o validar los contratos de vientres de alquiler.

La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por ello las mujeres feministas unimos nuestras voces para denunciar la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de los Gobiernos para abolir estas prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA Y COMUNICADO EN OTROS IDIOMAS AQUÍ

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COMUNICADO INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN GLOBAL DEL ALQUILER DE VIENTRES

Las organizaciones de la sociedad civil y de los Derechos Humanos de las mujeres abajo firmantes venimos a denunciar que…

1. El alquiler de vientres (también conocido como “subrogación” o “maternidad subrogada”) es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial.

2. El alquiler de vientres pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho de las mujeres a la filiación y otros derechos fundamentales. En el caso de los menores, vulnera el derecho de estos a conocer su origen. De hecho, la práctica del alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva, reportando millonarios beneficios a agencias de intermediación y clínicas.

3. El alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a).

4. El deseo de ser padre o madre de niños/as que posean el material genético propio no es un derecho ni un derecho humano. Los deseos no son automáticamente derechos.

5. La subrogación “altruista” no existe. No se puede denominar como “altruista” una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece “compensaciones económicas”. La práctica del alquiler de vientres es más bien una práctica “mezquina y egoísta” que tiende a conformar un sistema de “criadas reproductivas” y convierte a los menores en objetos reproductivos de compraventa a la carta.

6. La industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos. Estas tácticas incluyen la identificación y captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social para que presten sus capacidades reproductivas.

7. Muchos países del mundo tienen un Estado de Derecho muy débil, por lo que la legalización de cualquier aspecto sobre el alquiler de vientres (como la mal llamada subrogación “altruista”) supone de facto la legalización completa de esta práctica y la legitimidad de la explotación reproductiva de las mujeres. Esta legalización abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas.

8. La industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de Naciones Unidas para legalizar esta práctica. Detrás de estas presiones hay puramente intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera “técnica de reproducción asistida” y una cuestión sobre la “libre elección” de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres que alquilan su vientre.

9. Naciones Unidas y dos de sus agencias están actualmente intentando influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”). Estas dos agencias de la ONU son el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés).

10. Recordamos a la práctica totalidad de los gobiernos y estados del mundo que, de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, ni pueden ni deben permitir el futuro traslado internacional de los niños y niñas nacidos/as a través del alquiler de vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos de menores y mujeres.

Y por todo ello …

1. Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncien públicamente en la Asamblea de la ONU a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres.

2. Demandamos a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales.

3. Exigimos la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de esta industria.

4. Exhortamos a los gobiernos donantes de Naciones Unidas que consideren sus aportaciones económicas a las agencias de la ONU que apoyan de forma más o menos velada la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”), a saber: el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).

5. Reclamamos a los gobiernos del mundo que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

Listado completo de organizaciones firmantes en ESTE LINK.
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DEMANDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE ‘’TRABAJADORAS SEXUALES’’, OTRAS

DEMANDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE ‘’TRABAJADORAS SEXUALES’’, OTRAS

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución recurre, a través de dos de sus organizaciones, la resolución de la Dirección General de Trabajo admitiendo la inscripción del Sindicato Otras
12/09/18

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en el día de hoy han interpuesto demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, contra la constitución del Sindicato de “Trabajadoras Sexuales”, denominado bajo las siglas de OTRAS.

El movimiento feminista es abolicionista porque entiende que la prostitución y todas las formas de explotación sexual de las mujeres y niñas, son expresiones de dominación y violencia patriarcal, incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dichos comportamientos.

El movimiento feminista con esta actuación pretende impedir que cualquier negligencia institucional o inacción gubernamental, consolide la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.

Con la interposición de este recurso, esperamos que el Tribunal competente resuelva a favor de todas las mujeres y lance el mensaje a la sociedad de que las mujeres no podemos ni queremos ser vendidas ni compradas y que no va a existir complicidad alguna con la Industria de la Prostitución, ni con sus colaboradores, los proxenetas y prostituidores.

 

Rueda de prensa de colectivos feministas y del movimiento popular en Pamplona

03/07/2018 – Pamplona

Hoy diferentes agentes sociales, pertenecientes tanto al movimiento feminista como al movimiento popular queremos dejar de manifiesto lo siguiente: Desde hace muchos años, el movimiento feminista de manera coordinada con el movimiento popular, cada cual desde su ámbito y respetando, como debe de ser, nuestras particularidades hemos trabajado por unas fiestas igualitarias, libres de cualquier agresión sexista y en las que todas y todos tengamos cabida.

A pesar de la lectura intencionada de algunos sectores y principalmente de algunos medios de comunicación, la lucha contra las agresiones sexistas no empezó el 7 de julio de 2016 ni la de aquella madrugada fue, ni será, la única que hemos vivido.

Entendemos la indignación por el proceso judicial iniciado tras aquella denuncia, las decisiones judiciales, la propia sentencia y los últimos sucesos de los que hemos tenido constancia pero esto no puede ser excusa para que nuestra lucha sea instrumentalizada ni para hacer análisis simplistas de lo que es la violencia contra las mujeres.

La violencia machista pasa por la prevención, la educación y la construcción de otro tipo de relaciones sociales. Sin embargo, dentro del marco jurídico actual, aunque nuestro objetivo final sea transitar hacia otros modelos no punitivos, exigimos que el estado no ampare a los agresores, proporcionalidad, que a las agresiones se las llame por su nombre y que se garantice la seguridad de la mujer agredida y del resto de mujeres.

Quienes estamos hoy aquí llevamos décadas de lucha contra las agresiones sexistas en el ámbito festivo. Nosotras no trabajamos a golpe de titular y la respuesta ejemplar que la ciudadanía de Iruñea ha dado, año tras año, a las agresiones sexistas, no ha sido casual. Es el fruto de un trabajo constante promovido por el del movimiento feminista, acompañado por el movimiento popular y desde 2014 respaldado también por las instituciones.

Año tras año trabajamos duramente para que los Sanfermines sean un espacio lo más seguro posible para las mujeres, libres de agresiones, poniendo en marcha campañas, renovando protocolos, reuniéndonos y tomando decisiones pero sobre todo, y esto lo más importante, compartiendo y acordando entre todas y todos, contrastando y pensando de manera colectiva nuestras decisiones.

Los sanfermines son unas fiestas de dimensión internacional pero por encima de todo son las fiestas de quienes vivimos y tenemos nuestro proyecto vital en esta ciudad y así creemos debe de seguir siendo.

Durante las últimas semanas fundamentalmente a través de RRSS han aparecido diferentes iniciativas de dudosa procedencia, muchas anónimas y otras que con la supuesta intención de empoderar a las mujeres atacan a una ciudad que ha sido y es ejemplo internacional de la lucha contra las agresiones sexistas.

Unas iniciativas que en muchos casos están promocionadas por agentes externos a nuestra ciudad y a los colectivos que participan en la fiesta, sin debate, sin consenso, sin contraste alguno y sin un objetivo claro. Estos llamamientos, aunque no sea su intención, ningunean el trabajo que estamos realizando desde aquí e influyen negativamente en las dinámicas locales que ya están consensuadas y previstas realizar este año.

A esto hay que sumarle que por el tipo de iniciativas que se proponen es evidente que se realizan desde el desconocimiento tanto del trabajo que se realiza en nuestra ciudad, como en sus fiestas y de la idiosincrasia de las mismas y que además entendemos que pueden ser poco afortunadas y contraproducentes en la lucha contra las agresiones sexistas. Entendemos por lo tanto que son una injerencia externa que condiciona y debilita el trabajo de tantos y tantos colectivos de Iruñea.

Por todo esto, desde aquí queremos pedir responsabilidad política y colectiva. Las iniciativas son bienvenidas, pero siempre siguiendo los cauces de comunicación necesarios, contrastándolas con los movimientos de Iruñea y adecuándolas a nuestra situación específica. Nuestras convocatorias han sido pensadas minuciosamente, están enmarcadas en campañas globales y tienen unos objetivos a largo plazo.

Queremos hacer por lo tanto un llamamiento a la responsabilidad y la altura de miras. Hay dinámicas coyunturales y muy oportunistas que en poco o en nada ayudan a la lucha por unas fiestas libres de agresiones y a las mujeres que sufren o han sufrido agresiones. Como no nos hemos cansado de repetir desde 2016, centrarse en un único caso invisibiliza el resto de agresiones, les quita importancia y sobre todo pone el foco en elementos que poco tienen que ver con la realidad. Todas las agresiones son importantes, todas las mujeres que sufren o han sufrido agresiones necesitan de nuestra solidaridad y ninguna de las agresiones ya sean de baja o de alta intensidad tienen justificación alguna.

Para terminar nos reafirmamos en nuestro compromiso a seguir trabajando por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista y a seguir articulándonos y organizándonos para luchar contra la violencia sexista. Y desde aquí, a 3 días del 6 de julio tanto el movimiento feminista como el movimiento popular de Iruñea queremos hacer un llamamiento a todas las mujeres* a disfrutar de los sanfermines con nosotras. Estas son nuestras fiestas, nosotras ponemos las reglas y tenemos que exigir nuestro espacio en ellas: Tomando las plazas, riendo, bailando, organizándolas, tomando las calles, los escenarios… En definitiva disfrutando y gozando de las fiestas como nos dé la gana.

En esta rueda de prensa estamos representantes de colectivos feministas, Bilgune Feminista, Emakume Internazionalistak, FARRUKAS, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista (de la que la CIMTM forma parte) y Andrea-Lunes lila. Y de colectivos del movimiento popular, Gora Iruñea! y la Federación de Peñas de Iruñea.