Denunciamos ante el Defensor del Pueblo los obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes para acceder al aborto

La organización internacional Women’s Link Worldwide y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que recogen los casos de 6 mujeres migrantes en situación administrativa irregular a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Se trata de mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas eran víctimas de trata y de explotación sexual.

En la queja, las organizaciones denuncian que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018,  que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.

Women’s Link y la Comisión explican que, según la ley de interrupción del embarazo (Ley Orgánica 2/2010), el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas. Sin embargo, los requisitos que el decreto ley establece para que las mujeres migrantes puedan acceder a la asistencia sanitaria pública, se convierten en graves obstáculos en el acceso al aborto y provocan retrasos que pueden hacer que las mujeres se salgan de los plazos establecidos por la ley de interrupción del embarazo.

En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando por fin obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, muy cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.

“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción. Con esta queja queremos pedir al Defensor del Pueblo que investigue estos obstáculos y emita una serie de recomendaciones a las diferentes administraciones de salud para que esta práctica discriminatoria cese”, explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.

Las organizaciones también explican que, además del obstáculo que suponen los requisitos que establece el propio decreto ley, en algunos casos los centros de salud imponen otras limitaciones no contempladas en la ley. Una de las más habituales es tener que justificar 90 días de empadronamiento. Sin embargo, este no es un criterio establecido por el decreto, sino que se trata de una práctica restrictiva que se ha extendido en los centros de salud de Madrid.

“En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyos”, explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos. “Un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa”, concluye.

Sobre las organizaciones firmantes de la queja:

Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una organización sin ánimo de lucro compuesta por profesionales feministas que trabajan con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, defender sus derechos y lograr una sociedad igualitaria.

La prostitución, un fenómeno inseparable de la trata

La pasada semana, los días 4 y 5 de febrero, se celebró en Madrid el Congreso mundial Avance y retos de futuro en la lucha contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, organizado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

Ponentes de más de una quincena de países diferentes acudieron a la capital para participar en esta Conferencia en la que se debatieron diferentes medidas y estrategias para tratar de erradicar esta vulneración de los derechos humanos. La abolición de la prostitución y la adopción del modelo nórdico fueron las propuestas más reclamadas entre las conferenciantes.

El objetivo central se basó en la construcción del 5.2 Global Partnership, un grupo formado por múltiples partes interesadas consagrado a cumplir la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 para la Agenda 2030: eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas y las mujeres en los ámbitos públicos y privadas, incluidas la trata y la explotación sexual.

El embajador de Suecia en España, Lars-Hjalmar Wide, acudió a estas jornadas y defendió la criminalización al demandante de sexo de pago. “En Suecia ha servido como una barrera para los traficantes. La ley envía una señal clara de que comprar una mujer para tu propio placer no es aceptable; ha cambiado la mentalidad de los ciudadanos suecos”, expuso.

Por su parte, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, explicó durante su ponencia que España se ha convertido en el tercer país del mundo en el ranking de demanda de prostitución. Según afirmó, en el año 2017 se incoaron 122 asuntos por delitos de trata de seres humanos en España, de los que 103 fueron con fines de explotación sexual. “Son números muy escasos para la magnitud real de este fenómeno”.

Una de las ideas más defendidas por las conferenciantes fue que prostitución y trata son fenómenos inseparables. “La prostitución es un crimen de género organizado y va de la mano de la trata”, explicó Dalia Leinarte, presidenta del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW).

El día 5 de febrero, once supervivientes de trata comparecieron en una rueda de prensa y explicaron en diferentes mesas redondas cómo sus experiencias personales las llevaron al activismo por la erradicación de la explotación sexual.

“La prostitución no sólo destruye la vida de las mujeres que atrapa, también destroza cualquier oportunidad de crear igualdad entre mujeres y hombres”, reclamó Amelia Tiganus. Junto a ella: Beatriz Rodríguez (Colombia), Rachel Morán (Irlanda), Mickey Meji (Sudáfrica), Autumn Burris, Vednita Carter, Cherie Jiménez, Melanie Thompson (EEUU), Fiona Broadfoot (Reino Unido), Graciela Collantes (Argentina) y Myles Paredes (Filipinas).

Meji, directora de Embrace Dignity, insistió en que la prostitución no puede considerarse un trabajo sexual. “Nadie acude al horror de la prostitución a trabajar, se va a buscar dinero para poder alimentar a los hijos”.

 

Consulta todas las noticias publicadas en torno a este Congreso en nuestra web.

Mejorar la identificación y las referencias para abordar la violencia de género entre las mujeres: Proyecto RESPONSE

Respuesta multiinstitucional para la presentación de informes sobre la violencia de género en los servicios de salud materna (2017-2018)

La omnipresencia de la violencia de género (VG) se entiende como una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, con un impacto significativo en la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres. A menudo los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario no disponen de conocimientos suficientes acerca de las consecuencias de la VG, a pesar de que es más probable que las supervivientes de VG revelen el abuso que están sufriendo a sus proveedores de salud que a profesionales de otros ámbitos.

Para abordar este problema, se puso en marcha el proyecto RESPONSE, de dos años de duración, cofinanciado por la Comisión Europea y sus socios, llevado a cabo con éxito en cinco países de la UE (Austria, Alemania, Francia, Rumanía y España) y que llegó a su fin en diciembre de 2018. El proyecto proporcionó formación en los países asociados y dio lugar a los siguientes logros: aumento de casos revelados de VG por parte de las pacientes en el entorno de la salud materna y crecimiento del número de casos remitidos a servicios especializados para las supervivientes de VG desde dichos servicios sanitarios.

Además, se incorporó el tema de la VG durante el embarazo en las sesiones de formación de los médicos de atención interna y los residentes de los hospitales; y se fomentó una mayor conciencia acerca de la necesidad de que hubiera una mayor coordinación entre los diferentes sectores que intervienen en la atención a las mujeres embarazadas.

Como parte del proyecto RESPONSE se desarrolló un modelo de asociación, consistente en un equipo de profesionales de la salud y de trabajadores sociales/especialistas en VG, que comparten la responsabilidad del apoyo y la mejor atención de las pacientes potencialmente víctimas. Este modelo fue desarrollado con el objetivo de cerrar la brecha entre dos sectores diferentes que apoyan a las mujeres supervivientes de VG, ya que los proveedores de servicios de salud son los profesionales en quienes las mujeres supervivientes de VG confiarían más para que revelen sus casos de abuso. Por lo tanto, las visitas de rutina de atención peri/antenatal ofrecen una oportunidad crucial para la identificación, la planificación de la seguridad y la notificación de la VG en mujeres embarazadas que se encuentran en alto riesgo durante este período especialmente vulnerable de sus vidas.

Antes del desarrollo del proyecto RESPONSE, algunos de los profesionales sanitarios con los que se ha intervenido, carecían de las suficientes habilidades para identificar y apoyar a las mujeres supervivientes de VG atendidas en atención primaria y hospitalaria. Según los datos recogidos, sólo el 17% de los profesionales sanitarios se sentían preparados para detectar la VG antes de las formaciones de RESPONSE.

Sin embargo, tras la realización de la formación RESPONSE -un total de 14 seminarios de capacitación con cerca de 200 profesionales en 5 países de la UE– la preparación de los profesionales de la salud para reconocer, identificar y derivar a los pacientes que se presentan en su clínica aumentó drásticamente.

Después de la capacitación, el 66% de los profesionales de la salud indicaron que se sentían más preparados para detectar la VG y el 64% se sentían preparados para responder apropiadamente a la revelación de la VG (en comparación con sólo el 18% antes de la formación). Se trata de un aumento significativo dado que una barrera común identificada por las clínicas de salud antes de la formación era la falta de conciencia e información acerca de las opciones de remisión a servicios de salud y la VG, así como la debilidad o la falta de mecanismos para abordar la VG.

Uno de los principales efectos de la formación en las clínicas de salud participantes fue el aumento de las remisiones a los trabajadores sociales y a la policía. Por ejemplo, Francia informó de que se había cuadruplicado la identificación y remisión de pacientes como víctimas de VG.

Los seminarios de capacitación no sólo mejoraron las habilidades del personal de salud para identificar la VG en las clínicas, sino también en la práctica, con una mejora significativa en la detección y remisión de las mujeres víctimas de VG en el ámbito de la salud de la mujer, que fue posible gracias al Manual de Capacitación de RESPONSE. Uno de los encargados de la formación del RESPONSE proclamó que “la formación de todo el personal en contacto con mujeres embarazadas debería ser obligatoria, y es esencial para la detección y, por tanto, la prevención de este problema tan frecuente en nuestra sociedad”.

El impacto positivo de RESPONSE en todos los países socios ha dado como resultado el compromiso de los socios de continuar con el modelo RESPONSE y las formaciones en las clínicas de control, y más allá en algunos casos, como en Francia, donde el manual de formación  RESPONSE se utilizará para apoyar la formación de al menos una matrona por cada sala de maternidad en el ámbito nacional.

Para más información sobre el proyecto y para acceder a los materiales de formación de RESPONSE gratuitamente y en cinco idiomas (inglés, francés, alemán, español y rumano), por favor visite el sitio web del proyecto en: http://gbv-response.eu/tools/

 

Información de contacto de los socios de RESPONSE:
Diana Dulf, Babeș -Bolyai University (Rumanía): diana.dulf@publichealth.ro; Ulrike Janz, GESINE (Alemania): janz@gesine-intervention.de; Medina Johnson, University of Bristol (Reino Unido): medina.johnson@nextlinkhousing.co.uk;
Irene Ramirez, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (España): comision@malostratos.org ;
Maria Rösslhumer, Austrian Women’s Shelter Network (Austria): maria.roesslhumer@aoef.at; Mathilde Sengölge, Psytel (Francia): mailto:sengoelge@psytel.eu

LA PROSTITUCIÓN EN MADRID SIN VISOS DE SOLUCIÓN

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos las posturas en contra de la imposición de medidas sancionadoras a los puteros en Madrid.

En particular rechazamos las posiciones de los grupos políticos PP y Ciudadanos que han votado en contra de las medidas de sanción a los puteros, así como la posición adoptada por Ahora Madrid que si bien han presentado enmiendas que someteremos a examen, se ha abstenido en la votación para avalar una sanción a los puteros en Madrid.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres criticamos la tibieza política empleada en relación a la adopción de medidas que están sobradamente probadas en otros países de nuestro entorno como Suecia, Noruega, Islandia y más recientemente en Francia y seguido por el Ayuntamiento de Sevilla en nuestro país.

Desconocemos el contenido completo de dos de los tres informes presentados por el Ayuntamiento en la Comisión donde se debatió esta semana la ordenanza municipal que entre otras medidas reclamaba la sanción a los puteros.

Lo que podemos es desmentir que exista un informe elaborado por la mesa técnica de Prostitución conformada por las asociaciones y recursos de atención a mujeres en situación de prostitución cotidianamente en el municipio, puesto que nuestra entidad es una de las que conforman dicha mesa técnica junto con otras 15 entidades más, y no ha participado de ningún informe en particular sobre esta cuestión. Siete de las 16 entidades que conformamos la mesa elaboraron un documento en contra de nuestra postura que expresamente trasladamos como parte de la mesa técnica a los distintos grupos políticos y al propio Ayuntamiento de Madrid a través de la concejalía que dirige Celia Mayer y de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Consideramos especialmente grave el informe técnico elaborado por la policía municipal, que denota que no tiene ningún interés en hacer cumplir la ley en cuanto a las medidas que se adopten sobre la prostitución. La mayor gravedad del informe deviene de la negación que se afirma en dicho informe de la potestad sancionadora de los Ayuntamientos, cuando los cuales imponen a diario multas de aparcamiento, multas por usos no autorizados de la vía pública, multas por los motivos que figuran en las distintas ordenanzas municipales sin que se cuestione dicha potestad sancionadora.

Por último, incidir en que no compartimos que la sanción a los hombres que acuden cada día a la prostitución suponga un perjuicio para las mujeres en situación de prostitución.

 

Organizaciones firmantes:

Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres

Plataforma de organizaciones de mujeres por la  abolición de la prostitución

Feminicidio.net

Feminicidio.net-Asociación La Sur

Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde

Custodia en Positivo

Grupo de Acción Feminista de Alcorcón-GAFA

Fórum feminista de Madrid

Plataforma de Mujeres por la Abolición

Asociación de Juristas Themis

Partido Feminista de España

Enclave Feminista

Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid

Foro de Madrid contra la Violencia de las Mujeres

Asociación de la Memoria Social y Democrática

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP)

Supervivientes de trata y explotación sexual se reúnen en Madrid para luchar contra la industria del sexo

Diez mujeres internacionales que han vivido en primera persona los daños provocados por la industria del sexo comparecen en rueda de prensa en Madrid para explicar ante los medios de comunicación españoles cómo combaten desde el activismo y desde distintas organizaciones la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas de todo el mundo.

No pueden existir soluciones ni formulaciones políticas que aborden estas violaciones de derechos humanos sin la participación de las líderes que sobrevivieron a la trata y la explotación sexual. Por este motivo, estas diez mujeres enfatizarán la importancia de un movimiento por la erradicación de la explotación sexual liderado por supervivientes abolicionistas de todo el mundo.

La rueda de prensa tendrá lugar con motivo de la celebración de la Conferencia mundial “Avances y retos de futuro en la lucha contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. La construcción del 5.2 Global Partnership” que se celebra en Madrid, en la Fundación Giner de Los Ríos (Paseo del General Martínez Campos, 14), los próximos días 4 y 5 de febrero.

Esta Conferencia ha sido organizada por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM).

La Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) es una de las organizaciones internacionales más antiguas que trabajan para poner fin a la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. En base a los derechos de las mujeres y los principios de derechos humanos, la CATW aboga por leyes y políticas firmes, sensibiliza a la ciudadanía sobre este tema y apoya el liderazgo de supervivientes de todo el mundo.

La Comisión Para La Investigación De Malos Tratos A Mujeres fue fundada en 1983 con el objetivo de trabajar para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta asociación, de ideología feminista, viene priorizando los temas de violencia hacia las mujeres, tales como la lucha contra la explotación sexual.

Participarán:

Amelia Tiganus (Rumanía/España): superviviente de trata y miembro de Feminicidio.net.

Beatriz Rodríguez Rengifo (Colombia): fundadora y directora de ASOMUPCAR (Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos del Caquetá).

Rachel Moran (Irlanda): fundadora y directora ejecutiva de SPACE International y autora de Pagado por: Mi viaje a través de la prostitución.

Mickey Meji (Sudáfrica): directora de Embrace Dignity y fundadora de Kwanele.

Autumn Burris (Estados Unidos): fundadora y directora de Survivors for Solutions.

Fiona Broadfoot (Reino Unido): fundadora y directora ejecutiva de Build A Girl Project.

Vednita Carter (Estados Unidos): fundadora de Breaking Free.

Cherie Jiménez (Estados Unidos): fundadora y directora del Centro EVA.

Myles Paredes (Filipinas): presidenta de la Cooperativa Bagong Kamalyan.

Melanie Thompson (Estados Unidos): estudiante y líder superviviente.

El 94% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas

– Una de cada tres mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia física o sexual al menos una vez en su vida

– En España se estima que unos 15 millones de varones son clientes potenciales de prostitución.

– Para Europol, el tráfico de personas aporta anualmente a los tratantes/traficantes 32.000 millones de euros

Madrid, 25 de enero 2019

La violencia sexual, el maltrato y la discriminación son parte del día a día de niñas y mujeres de todo el planeta. Una de cada tres mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Además, son víctimas de la violación de sus derechos humanos con prácticas culturales como la mutilación genital femenina, la quema de viudas o el matrimonio forzado e infantil.

La trata de seres humanos es uno más de este tipo de violencias que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y niñas de todo el mundo, no solo porque representan el mayor porcentaje de víctimas, sino por el severo nivel de violencia al que son sometidas, principalmente en los casos de trata con fines de explotación sexual.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. Este dato denota la enorme dificultad que encuentran las instituciones y organizaciones para detectar estas situaciones y, por tanto, para conocer y ayudar a sus víctimas.

La trata de personas constituye, según apunta Europol, la segunda fuente de ingresos ilícitos de la delincuencia, aportando anualmente a los traficantes 32.000 millones de euros.

España se ha convertido en el país con mayor demanda de sexo pagado en toda Europa, según alertaba el experto canadiense Richard Poulin en el año 2017. Hace ya una década, en nuestro país se estimaba en 15 millones de varones el número de clientes potenciales de prostitución.

2 de cada 3 víctimas de trata son mujeres, pero la cifra que afecta al colectivo femenino aumenta cuando se refiere a explotación sexual. El último informe global de la UNODC del año 2018 cifra en un 94% el porcentaje de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual en todo el mundo.

A pesar de contar con unas cifras tan alarmantes, en general, la voluntad política de los gobiernos y sus inversiones en materia de protección y promoción de los derechos de las niñas y mujeres muestran un peligroso retroceso.

Observando este hecho, la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) conmemora su 30 aniversario en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) en la celebración de este congreso, que tendrá lugar en Madrid los próximos días 4 y 5 de febrero en el salón de actos de la Fundación Giner de Los Ríos. A través de las diferentes sesiones y mesas redondas podremos crear nuevas estrategias para alcanzar los objetivos mundiales marcados y desarrollar soluciones innovadoras con las que abordar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La igualdad de género es condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible mundial y un principio fundamental de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En concreto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 recuerda a los gobiernos, las Naciones Unidas y la sociedad civil que para lograr la igualdad de género es necesario erradicar la violencia y la discriminación contra las niñas y las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo como tales la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.

El 5.2 Global Partnership persigue cumplir esta meta fomentando las inversiones destinadas a acabar con todo este tipo de violencias contra las mujeres.

Entre los objetivos de esta Conferencia está el dar a conocer los efectos devastadores provocados por la trata de personas y la explotación sexual, además de transmitir la urgente necesidad de seguir investigando en esta materia.

Para ello contaremos con el testimonio de supervivientes de la industria del sexo y personalidades internacionales con gran experiencia en la lucha por los derechos de las mujeres y la abolición de la explotación sexual. Adjuntamos en el correo el programa completo con el nombre y los datos de los conferenciantes.

Para más información y entrevistas: prensa@malostratos.org
91 308 27 04 / 616 00 12 35

NOS MANIFIESTAMOS COMO SIEMPRE EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN AUNQUE APOYA LAS SANCIONES A LOS PUTEROS

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres no puede asumir el escrito elaborado por algunas de las organizaciones componentes de la mesa técnica de Prostitución del Ayuntamiento de Madrid contra la propuesta de ordenanza sobre prostitución efectuada por el grupo municipal socialista de Madrid y sobre cualquier propuesta de ordenanza sobre prostitución.

Si bien nuestra entidad comparte plenamente el análisis efectuado sobre la prostitución en Madrid en cuanto al único de los aspectos que se ha elaborado; las mujeres en situación de Prostitución, consideramos que dicho análisis adolece del resto de los elementos que intervienen en el fenómeno prostitucional: la demanda y el proxenetismo.

Aunque sabemos que las competencias del Ayuntamiento de Madrid al respecto son escasas, creemos necesario que estos elementos también han de ser tenidos en cuenta en cualquier análisis que se haga sobre prostitución.

No compartimos el lenguaje utilizado en el documento, puesto que equipara la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual con un negocio en el que se dan relaciones entre sujetos con la misma capacidad de negociación, a pesar de haber admitido en el análisis previo que las mujeres están en su inmensa mayoría en situación de extrema vulnerabilidad y aislamiento al albur del sistema prostitucional.

Compartimos que debe garantizarse que no se sancionará nunca y, bajo ninguna circunstancia, a ninguna mujer en situación de prostitución. Y esto no solo se ha de garantizar en las leyes, sino en la implementación perversa que se viene haciendo de ellas.

Sin embargo, no compartimos la simplificación que se hace en dicho documento de las consecuencias que tiene para las mujeres en la prostitución, cualquier normativa que pretenda sancionar exclusivamente a los puteros.

Nuestra entidad trabaja para acabar con la desigualdad, discriminación, la violencia física, psicológica y sexual, la consideración como objeto de las mujeres para uso y abuso por parte de los hombres, la explotación sexual y económica de las mujeres… Pues bien, considerando que todas estas formas de violencia forman parte de la prostitución, es necesario establecer políticas que acaben con dicha violencia de forma contundente y ante todo, actuando contra las personas responsables de cometer agresiones contra las mujeres, tales como los prostituidores y los proxenetas.

Los prostituidores actúa sometiendo y con la consideración de que los varones tienen derechos de uso de la mujer y que todas las mujeres estamos disponibles para cubrir sus deseos convertidos en derechos.

Los proxenetas obtienen beneficio económico de otra persona explotándola sexualmente y abusando de las circunstancias de extrema vulnerabilidad de las mujeres en prostitución.

No es tolerable tratar de dar cobertura legal a ambas conductas si queremos acabar con la violencia hacia las mujeres.

La consecuencia negativa de la normativa que sanciona la demanda, no es el hecho de que se le impida la capacidad negociadora a las mujeres, ya que la inmensa mayoría de las mujeres en prostitución no tienen capacidad alguna de negociar con los nulos derechos que se les permite tener (carecen del derecho a la integridad física, psicológica y sexual, a un trabajo y a la consideración como seres humanos, siendo convertidas en objetos de uso y abuso comercial).

Examinar las causas que conllevan a empeorar las condiciones de vida de las mujeres es importante para no emitir falsas conclusiones:

1. La falta de consideración de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres es lo que realmente perjudica a las mujeres en prostitución, a las que se les presupone capacidad de decisión cuando ni siquiera pueden elegir protegerse.

2. Actuar tan solo contra un tipo de demanda, la que se produce en el espacio público, en lugar de actuar contra toda la demanda y en todos los ámbitos.

3. Actuar tan solo sobre la demanda sin intervención contra el proxenetismo organizado en todos los ámbitos donde se produce y en todas las circunstancias (con o sin consentimiento de las mujeres en prostitución), así como contra la trata.

4. Falta de información y de formación en derechos de las mujeres en situación de prostitución para que tengan conocimiento de que ellas tienen derecho a un trabajo acorde a su formación y capacidades, para acceder a sus derechos civiles, políticos y sociales de los que son privadas por ser destinadas a la prostitución (espacio socialmente acotado para la comisión de abusos y para relegar a la categoría de objetos a las mujeres). No olvidemos que las mujeres en situación de prostitución están privadas de derechos por el hecho de ejercer la misma.

5. Constatamos la falta de recursos suficientes destinados a lograr que las mujeres en prostitución puedan considerar como una realidad el abandono de la misma y conocer que pueden encontrar salidas laborales reales y en igualdad con los hombres.

6. La naturalización de la prostitución como inevitable por parte de algunos de los recursos asistenciales, debido a la carencia de perspectiva de género y de derechos humanos en esta materia, dificulta que las mujeres lleguen a tener y/o pensar en alternativas para lograr la salida de la prostitución.

7. Dicha naturalización de la prostitución conlleva igualmente la normalización de los comportamientos masculinos de uso y abuso de los privilegios que socialmente han sido asignados a los hombres, perpetuándose así la violencia contra las mujeres en lugar de trabajar para erradicarla.

Es necesario tener una posición política feminista por parte de todos los recursos asistenciales para evitar todas estas consecuencias, pero sobre todo es fundamental realizar políticas públicas integrales, que actúen sobre todos los factores que intervienen en el mercado prostitucional y que cuenten con los recursos económicos suficientes para dar alternativas de salida de la prostitución a todas aquellas mujeres que así lo deseen.

Nuestra postura técnica es inseparable de nuestra postura ideológica feminista no habiendo asumido por ello la firma del escrito enviado desde otras entidades que conforman la mesa técnica de prostitución del Ayuntamiento de Madrid.

En todo caso, compartimos la necesidad e importancia que tienen que los partidos políticos cuenten con las entidades especializadas para el diseño de políticas públicas.

La Audiencia Nacional declara la nulidad de los estatutos del Sindicato Otras por considerar que la prostitución no puede ser una actividad sindicable

La sentencia reconoce que “la explotación sexual y la prostitución forzada suponen una forma de violencia contra las mujeres’’

La Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en virtud de la cual se estima la nulidad de los Estatutos del Sindicato Otras, ha sido recientemente notificada a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, tras la demanda presentada por dichas entidades con el respaldo de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución.

Esta Sentencia supone un hito histórico para el movimiento feminista, puesto que se hace eco de las viejas reivindicaciones en las que venimos reclamando acabar con los privilegios masculinos de uso y abuso sexual de las mujeres, así como con la normalización de la industria de la prostitución que busca por todas las vías legalizar como actividad empresarial el proxenetismo organizado y la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Hoy el derecho a la igualdad se ha visto garantizado por esta resolución judicial.

La Sentencia recoge así los argumentos esgrimidos por estas organizaciones, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, considerando que “no resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un válido contrato de trabajo como es la prostitución por cuenta ajena”.

En efecto, tal y como señala la sentencia en base a los fundamentos acuñados por las organizaciones feministas: “la explotación sexual y la prostitución forzada suponen una forma de violencia contra las mujeres, que vulnera la dignidad de la persona, la libertad sexual y el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.

Queremos hacer hincapié acerca de las negativas repercusiones que una hipotética sentencia en sentido contrario hubiera tenido. El aceptar de forma colectiva que los proxenetas y sus asociaciones pudieran negociar con mujeres, hubiera supuesto la vulneración del derecho personalísimo a la libertad sexual, es decir, a decidir sin coacción con quién, cuándo y con qué tipo de prácticas se mantienen relaciones sexuales.

En base a lo expuesto, la Sentencia declara finalmente “que no resulta posible con arreglo a nuestro derecho la celebración de contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, esto es, un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener las relaciones sexuales que le indique el empresario, con las personas que éste determine, a cambio de una remuneración, y el contrato que así se celebre debe reputarse nulo”.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, esperamos que esta Sentencia marque la línea a seguir en nuestros tribunales y en especial los criterios por los que se rijan las políticas públicas, que hasta la fecha se han mostrado dubitativas sino pasivas ante esta lacra, e implementen los cambios legales necesarios para la erradicación de la prostitución y la consecución de una igualdad efectiva.

Aunque somos conscientes de que aún queda mucho por hacer en el camino hacia la erradicación de la prostitución y de toda forma de violencia contra las mujeres, celebramos enormemente la sentencia de la Audiencia Nacional, que sin lugar a dudas nos acerca al logro de los objetivos por los que luchamos incansablemente desde el movimiento feminista.

El miércoles 14 de noviembre se celebra el juicio por la demanda presentada solicitando la nulidad de los estatutos del Sindicato Otras

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución presentamos el pasado 11 de septiembre demanda solicitando ‘’se declare la nulidad de los estatutos y del acta de constitución del denominado Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales y, en consecuencia, la disolución de la organización sindical, ordenándose la baja de la misma en el registro correspondiente’’.

El próximo miércoles, día 14 de noviembre a las 11 horas, se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional, y desde las organizaciones de mujeres que hemos promovido esta demanda, entendemos imprescindible que el poder judicial rectifique el error cometido por el Ministerio de Trabajo, al posibilitar la inscripción de un ‘’sindicato’’ que pretende dar cobertura a actividades que no pueden ser, en ningún caso, enmarcadas en el ámbito de las relaciones laborales.

La constitución de este sindicato, en nuestra opinión, tiene como objetivo primordial la legitimación del proxenetismo y la normalización de la explotación sexual de mujeres. Desde el movimiento feminista abolicionista entendemos que esto es incompatible con una sociedad democrática e igualitaria.

La violencia sexual y la comercialización del cuerpo de las mujeres, NO son un trabajo y no pueden ser materia de negociación colectiva; constituyen atroces formas de violencia patriarcal y, como tal, deben ser tratada en nuestro sistema normativo.

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RECIBIMOS CON CAUTELA LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE DEJAR EN MANOS DE LA FISCALÍA LA IMPUGNACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE PROXENETAS

La Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, integrantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución hemos recibido con cautela la noticia del Ministerio de Trabajo en la que expresa su voluntad de que los Estatutos del Sindicato “Otras” sean impugnados por la Fiscalía General del Estado.

En el transcurso de estos casi tres meses, es decir, desde que el pasado 4 de agosto se publicara la inscripción del sindicato OTRAS, el Ministerio se ha caracterizado por una gestión errática, variando la versión cada vez que se le ha interpelado al respecto, y ahora deja la responsabilidad en la Fiscalía General del Estado.

Esperamos, que la voluntad expresada en este momento sea la definitiva y que la Fiscalía esté en sintonía y se adhiera a la petición de impugnación y nulidad de los Estatutos, realizada por el movimiento feminista.

Las organizaciones de mujeres hemos desplegado, en estos meses, todos los esfuerzos posibles para parar lo que es un atropello a la dignidad, a la igualdad y a los derechos humanos de las mujeres; por ello hemos presentado tanto la nulidad de pleno derecho en vía administrativa, como la correspondiente demanda ante la Audiencia Nacional.

Todo ello ha supuesto una inversión de recursos y esfuerzos, que se hubieran podido evitar si se hubiera actuado con diligencia desde el Ministerio y el Gobierno.